El juez Gálvez y la represión de los 80 en formato 2022

Gálvez acumula un historial como juez de instrucción en casos de alto impacto, pero nunca antes se había sentido tan vulnerable, perseguido y hostigado como ahora. «Si en el 80 mataban, ahora es el exilio y bueno y esperemos que no lleguen a más», dijo en una entrevista para Plaza Pública.

Acostumbrado a las presiones de su profesión, porque fue el juez que tuvo al todavía presidente Otto Pérez Molina en su sala de audiencias en septiembre de 2015, el que mandó a juicio al exjefe de facto Efraín Ríos Montt, y el que tuvo que resolver la situación legal de 53 personas, entre las que había exfuncionarios y empresarios en el caso Cooptación del Estado, ha vivido horas tensas desde el fin de semana pasado.

 

Todo arreció después de enviar a juicio a nueve militares que en los 80 ejercieron las labores de inteligencia estatal en el marco del conflicto armado interno. El caso se conoce como Diario Militar.

Durante el proceso y después de la resolución, el juez ha recibido llamadas telefónicas de personajes cuestionados, como Bárbara Hernández, una cubana que se dedicó a criticar el trabajo de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y a profesar apoyos al gobierno de Jimmy Morales cuando tenía una cruzada por sacar a la comisión del país.

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Desde el fin de semana ve su rostro en tuits y escucha su nombre en videos en donde le atacan por su trabajo y lo colocan como enemigo del Ejército. El ataque es abanderado por Ricardo Méndez Ruiz, presidente de la Fundación contra el Terrorismo, quien se ha encargado de denunciar con éxito a jueces, fiscales e investigadores de la desaparecida Cicig. Fue él quien advirtió en un tuit que había llegado «el turno» del juez Gálvez.

El miércoles por la noche, el mismo día que el juez concedió esta entrevista, la Fundación contra el Terrorismo lo denunció por cinco delitos. Prevaricato (dictar resoluciones contrarias a la ley) porque supuestamente aplicó «la prisión provisional de forma reiterada», abuso de autoridad, incumplimiento de deberes, detenciones ilegales y resoluciones violatorias a la Constitución.

«Lo que preocupa es la relación de esa persona con las demás instituciones, especialmente con el Ministerio Público», expone Gálvez, quien además señala  que estas acciones ponen en riesgo la independencia judicial. Una garantía que asegura que un juez resolverá conforme la ley, sin presiones de ningún grupo. «Esto es una represión total… en pocos días inician los procesos en el Ministerio Público. Entonces, ¿quién está obedeciendo a quién?», cuestiona.

Con el único respaldo de algunos de sus colegas, que emitieron un pronunciamiento escrito, y del Procurador de los Derechos Humanos, que lo visitó, el juez sigue con su trabajo. No ha tenido ninguna comunicación de los magistrados o el pleno de la Corte Suprema de Justicia.