La historia del único exfiscal encarcelado y cómo su aprendiz le ganó un juicio al MP
La historia del único exfiscal encarcelado y cómo su aprendiz le ganó un juicio al MP
En la Guatemala reciente, investigar corrupción de alto nivel es considerado un delito. Bajo la gestión de Consuelo Porras como jefa del Ministerio Público, un fiscal y su auxiliar terminaron en la cárcel tras procesar algunos de los hechos de corrupción más escandalosos en los gobiernos de Jimmy Morales y Alejandro Giammattei. Esta es la historia de Stuardo Campo y Eduardo Pantaleón.
Un mentor y su aprendiz, apasionados por resolver casos de corrupción, fueron capturados en diferentes momentos. Uno de ellos pasó 20 días en la cárcel y el otro sigue tras las rejas. Ambos reunían las pistas con que se enfrentarían a funcionarios públicos y empresarios poderosos. Durante dos periodos, los fiscales generales apoyaron su trabajo, hasta que llegó Consuelo Porras, la jefa del Ministerio Público (MP) que se convirtió en su verdugo.
En 2022, Stuardo Campo era jefe de la Fiscalía contra la Corrupción y Eduardo Pantaleón, su auxiliar. En diferentes momentos de ese año, ambos fueron denunciados por supuestamente hacer mal su trabajo. Seguían entonces las pistas del caso por la construcción del Libramiento de Chimaltenango, que vinculó a José Luis Benito, exministro de Comunicaciones del gobierno de Jimmy Morales, y a otros funcionarios en una trama de corrupción. Sobre ello fueron acusados y capturados. Campo también fue denunciado por la Fundación contra el Terrorismo y una persona más sindicada en otro de los casos que investigó.
El caso contra Pantaleón avanzó más rápido. En abril de 2024 un tribunal lo absolvió de todos los cargos que le imputó el MP y se convirtió en el primer exfiscal en ganarle el pulso a la persecución de Porras. El tribunal incluso ordenó investigar a los fiscales que lo llevaron a juicio.
Mientras tanto, Campo sigue en prisión. Aunque es trasladado de forma constante a la Torre de Tribunales, durante un año se han retrasado sus audiencias. Esto es parte, denuncia Campo, de una estrategia para retrasar su caso y mantenerlo más tiempo encarcelado.
Encerrado
Con las manos esposadas hacia atrás, el exfiscal anticorrupción Stuardo Campo, mantiene el pecho erguido y una sonrisa. Se nota tranquilo. Está en el tercer nivel de la Torre de Tribunales en la Ciudad de Guatemala, custodiado por agentes del Sistema Penitenciario. Es 12 de junio y por enésima vez, su audiencia fue suspendida, lo que extiende su tiempo en prisión.
Antes de ser criminalizado, como él llama a la persecución en su contra, Campo había tenido una carrera destacada en el Ministerio Público. Trabajó en la Fiscalía contra el Crimen Organizado, donde conoció al joven auxiliar fiscal Eduardo Pantaleón.
El 7 de septiembre de 2016, durante el primer año del gobierno de Jimmy Morales, Campo fue ascendido a jefe de la Fiscalía contra la Corrupción. Una vez en el cargo pidió que Pantaleón fuera parte de su equipo.
Eran tiempos de gloria para perseguir a los corruptos. La población estaba volcada en apoyo para los fiscales luego de que estallaran los escándalos de corrupción en 2015, cuando la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) descubrió tramas de desvío de fondos públicos en casi todas las entidades dirigidas por el gobierno del Partido Patriota.
«Yo vi en él una persona con la que podía trabajar bien, meticuloso y ordenado, y él vio eso en mí también. Hicimos una mancuerna maravillosa y se generó mucha confianza y amistad», recuerda Pantaleón en una entrevista realizada a inicios de junio para Plaza Pública.
Pero, en 2015, las intenciones de hacer un buen trabajo no eran suficientes. En ese tiempo, relata el antes auxiliar, la fiscalía trabajaba con limitaciones, no contaba con suficiente personal ni vehículos, dependía de analistas financieros que trabajan con otras unidades del MP y de informes de auditoría de la Contraloría General de Cuentas (CGC) que podían tardar hasta un año en ser entregados. Eso ocurría mientras la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), que trabajaba con la Cicig, ocupaba titulares semanales con nuevas investigaciones de corrupción.
Aunque lento, las investigaciones de Campo empezaban a tomar forma y cada vez se acumulaban más.
«Todos los días revisábamos la prensa y tras hacer una verificación, se abría una investigación de oficio», cuenta Pantaleón.
En 2018, durante el tercer año de la presidencia de Morales, el equipo de Campo y Pantaleón allanó por primera vez en la historia del país, el Palacio Nacional de la Cultura, donde estaban ubicadas oficinas del Ministerio de Cultura y Deportes. La diligencia se hizo ante los ojos agresivos de funcionarios y empleados de Morales, entre ellos personal de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia (Saas), que a regañadientes los dejó trabajar.
Este caso era contra el entonces ministro de Cultura, Elder Suchité Vargas, señalado de supuestas contrataciones anómalas. Ambos, Campo y Pantaleón, recibieron amenazas por esta investigación, lo que provocó que se les asignara personal de seguridad.
Al mismo tiempo que esto ocurría, la fiscalía empezaba a documentar derrumbes en la construcción del Libramiento de Chimaltenango, la obra de infraestructura insignia del expresidente Morales, que inauguró en abril de 2019 y que pronto se vio envuelta en cuestionamientos sobre los pagos a la empresa, la calidad de los materiales utilizados y cómo durante el invierno afectó a los agricultores ubicados alrededor de la carretera, que recibían en sus cultivos la arena que se deslavaba de la construcción.
Mientras los casos avanzaban, los enemigos de Campo y Pantaleón se dibujaban con más claridad.
El 10 de julio de 2020, durante el primer año del gobierno de Alejandro Giammattei, el caso por el Libramiento de Chimaltenango pasó a otra fase: con la Policía Nacional Civil, los fiscales ejecutaron 34 órdenes de captura. También solicitaron la aprehensión de José Luis Benito, exministro de Comunicaciones e Infraestructura del presidente Morales, la cual el juez Mynor Moto se negó a firmar. Poco después, Campo pidió la detención del juez por obstrucción a la justicia. Moto ya era buscado por la Feci, que lo vinculó al caso Comisiones Paralelas, donde un grupo de abogados operó para influir en la elección de magistrados.
Las amenazas para Campo y Pantaleón arreciaron.
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«Teníamos muchos casos»
Pantaleón no tenía contemplado convertirse en investigador de crímenes. En su adolescencia estudió Bachillerato en Dibujo Técnico y destacó por su pulcra elaboración de planos. Sus profesores veían en él a un futuro arquitecto o ingeniero. Parecía un buen camino para Pantaleón, excepto porque su sueño de niño era vestirse formal y usar corbata.
«Yo miraba que los ingenieros y arquitectos toda la vida andaban sucios por el polvo y miraba a los abogados con traje. Parece chistoso, pero esa fue la razón que me motivó a estudiar Derecho”, cuenta Pantaleón.
En 2013, cuando tenía 20 años y era estudiante de la Universidad de San Carlos, Pantaléon llegó al MP como pasante. Fue asignado a la Fiscalía Metropolitana y al terminar ese período, recibió buenas recomendaciones e ingresó formalmente a la Fiscalía contra el Crimen Organizado, donde conoció al fiscal Stuardo Campo, con quien empezó a trabajar.
«Uno sacrifica a la familia, la salud, estudios, tiempo con amigos y para uno mismo, porque el trabajo en el MP demanda demasiado tiempo, esfuerzo y desgaste», comenta el exfiscal.
Sin embargo, ese afán por investigar corrupción viró en su contra. Giammattei afianzaba su relación con la Fiscal Porras mientras ella movía piezas en la institución para perseguir a las y los fiscales a cargo de los grandes expedientes.
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«Con la administración del señor Giammattei ya fue imposible desarrollar nuestro trabajo de investigación, dada la cooptación de diferentes instituciones de Estado, dentro de las que está el MP y la Contraloría, que soslayaron diferentes actos de corrupción que eran evidentes», señala Pantaleón.
El parteaguas para su trabajo fue cuando Porras trasladó a Campo de jefe de la Fiscalía contra la Corrupción a la Fiscalía contra el Tráfico Ilícito de Migrantes.
«Campo era una gran piedra en el zapato para toda esta gente, entonces le cortaron las alas. Si lo hicieron con él, siendo el jefe de la Fiscalía, cómo no iban a actuar conmigo que era un subalterno más», dice Pantaleón.
Así, se quedó sin su mentor, justo cuando recibió un caso que terminó por revelar a su próxima enemiga: las anomalías en las contrataciones del Instituto de la Víctima, entonces dirigido por la exdiputada Alejandra Carrillo. La denuncia fue presentada por Evelyn Vega, exasistente de Carrillo, quien además reportó haber recibido amenazas.
Pantaleón investigaba ese caso cuando también fue trasladado. Su destino fue la Fiscalía Liquidadora, donde tenía como trabajo darle salida a denuncias que llevaban hasta 20 años empolvadas sin ningún movimiento.
«Teníamos muchos casos y si nos hubieran dado un poco más de tiempo, estarían en los tribunales de justicia», explica Pantaleón. Según el entonces auxiliar fiscal, el traslado de Campo fue el primer paso para «cortarle la cabeza a la fiscalía». «Imagínese usted qué incómoda se puede volver una sola persona para tanta gente, para tantos actores (con poder)», agrega.
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Oficialmente, el caso contra Pantaleón inició con algo que no tuvo nada que ver con él. El 29 de enero de 2022 el MP publicó un comunicado en el que anunció una investigación contra los fiscales que diligenciaron el caso contra el exministro Benito, luego de que la jueza Silvia de León, en la primera declaración dijo que los planteamientos de la Fiscalía eran «pobres». Aunque Pantaleón no participó en esa audiencia, el peso cayó sobre él.
El juez Jimi Bremer, sancionado por Estados Unidos, que lo incluyó en la Lista Engel de actores corruptos y antidemocráticos, quedó a cargo del caso. Un juzgado de turno giró la captura.
El 5 de mayo de 2022 Pantaleón fue detenido dentro del MP por la Policía Nacional Civil (PNC) en un proceso dirigido por la Fiscalía de Asuntos Internos, la que concentra los casos contra exfiscales anticorrupción, la mayoría en el exilio debido a la persecución.
Pantaleón fue envíado a la cárcel Mariscal Zavala, donde están recluidos exfuncionarios, empresarios y políticos investigados por la Cicig. Debido al riesgo en el que se encontraba, fue aislado en una bartolina del área de mujeres, donde era custodiado por agentes del Sistema Penitenciario (SP). El abogado pasó alrededor de 20 días encarcelado, y al salir la situación no fue más fácil. En redes sociales había una campaña: ejércitos de cuentas anónimas buscaban desprestigiarle y burlarse de su situación con memes.
La fiscalía de Asuntos Internos pidió que fuera a juicio y, según Pantaleón, tanto el MP como el juez Bremer bloquearon sus posibilidades de defenderse, ya que no aceptaban que propusiera diligencias de investigación que podrían beneficiarlo, tampoco aceptaron todas sus pruebas de descargo. Bremer lo envió a juicio pero, pese a las limitaciones para que Pantaleón pudiera defenderse, el exfiscal salió bien librado.
En febrero de 2024 inició el juicio contra Pantaleón y dos meses después el Tribunal presidido por el juez Erick Velásquez lo absolvió de todo cargo y lo declaró inocente. Este fue el primer caso que ganó en debate oral y público uno de los fiscales perseguidos por la gestión de Porras.
El Tribunal no solo dejó libre a Pantaleón, también detectó anomalías en el caso y ordenó que se investigara a los fiscales que lo acusaron.
«La sentencia fue histórica, no porque fue contra un proceso arbitrario que el MP inició en mi contra, sino porque en Guatemala no habíamos visto que el MP persiguiera y criminalizara a sus propios fiscales y el juez vio los indicios de hechos delictivos que se cometieron», dice Pantaleón.
La situación contra Campo es más compleja. El MP lo señala en tres casos, fue capturado en dos ocasiones y sigue en prisión en la cárcel Mariscal Zavala.
Campo fue detenido por primera vez el 26 de mayo de 2023; el caso derivó de una denuncia de la Fundación contra el Terrorismo, organización de extrema derecha que amenaza constantemente a jueces y fiscales con la frase «preso o prófugo». El juez Bremer le otorgó medida sustitutiva el 31 de agosto y salió de prisión. Tres meses después, el 1 de diciembre de 2023, fue detenido otra vez y desde entonces permanece en la cárcel.
«Al día de hoy soy el único exfiscal que está guardando prisión por un proceso totalmente espurio que el Ministerio Público insiste en mantener bajo reserva», dijo Campo a Plaza Pública, en junio, mientras esperaba audiencia en el Juzgado Décimo Penal.
El exfiscal dice que no hay elementos creíbles para acusarlo de un delito.
«No me pueden atribuir bajo ningún punto de vista haber recibido dinero, haber cometido algún acto de corrupción, de haber negociado algún caso o de tráfico de influencias. Tienen que inventar casos».
Mientras tanto, sus días en la cárcel se alargan. Pantaleón y Campo no han vuelto a comunicarse desde que fueron procesados, ya que un juez se los prohibió. Ambos denuncian que desde su salida, el MP no ha revelado ningún caso significativo por corrupción y que, al contrario, los empleados de la institución están amedrentados con ser destituidos, trasladados o perseguidos si se atreven a hacerlo.
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