La última de estas entradas y salidas ha sido la propuesta de reforma fiscal que hace apenas algunos días el presidente y su ministro de Finanzas defendían como perfecta e intocable. Presentada como la solución mágica a los problemas de caja del Gobierno para los próximos años, Morales y su ministro, abierta y claramente de color Cacif, hicieron su propuesta sin considerar nada de lo discutido y nunca acordado en las distintas mesas sobre la reforma fiscal. Según se dijo, no hablaron con nadie más que con los técnicos del Minfín, y ellos, abanderados por su ministro, pensaron su grande propuesta, la que, si bien podría afectar a algunos, no tendría por qué poner a temblar a los meros meros.
Como bien anotara Martín Rodríguez en Nómada, gravar efectivamente a las mineras y a los que más ganan parecería una buena propuesta. No obstante, Rodríguez simpatiza con el impuesto a los combustibles y razona igual que el presidente Morales, quien en su entrevista por Cindy Espina en elPeriódico dijera que, cuando los precios de los hidrocarburos bajaron, los empresarios siguieron cobrando lo mismo. Ahora no tendrían por qué trasladar el impuesto al consumidor. El presidente instó a que, si en el país hay libre mercado, «seamos un libre mercado y no le subamos los precios por subirle», palabras que finalizó, luego de un silencio, con: «Les estamos gravando la renta porque ganan demasiado».
Morales se ponía así, según él, del lado de los de la plaza, aquellos que el año pasado pedían a gritos, pero disciplinadamente, la renuncia de Pérez Molina por corrupto. Pero la propuesta no grava las ganancias de importadores, distribuidores y comerciantes, sino el producto como tal. Allí el impuesto no es a la ganancia del comerciante, y nada se opone a que estos comerciantes ganen demasiado cuando el mismo adverbio es difícil de cuantificar.
En ese mercado libre que él supone, el comerciante simple y llanamente trasladaría el aumento al consumidor, pues nada se lo estaría impidiendo, tal y como lo ha hecho siempre que se aumentan impuestos. Fijar precios topes sería, en ese mercado que más que libre es anárquico, oligopólico y desleal, enfrentarse aún más al suprapoder de la oligarquía guatemalteca.
Morales dijo que no había negociado con el Cacif y envalentonado afirmaba en esa entrevista: «Todo el mundo me decía que había que hablarla con los empresarios, pero eso no es lo correcto. Lo correcto es que en el Congreso todos los sectores hablen». Sí, eso sería lo correcto, que el Ejecutivo presentara su propuesta y que en el Congreso las distintas fuerzas políticas, escuchando a los distintos sectores, aprobaran lo que correspondiera. Evidentemente, toda iniciativa de ley está sujeta a modificaciones, pues en el Congreso es donde están presentes casi todas las fuerzas políticas que supuestamente representan los intereses de los distintos sectores. Pero el presidente, ¡de nuevo!, se desdijo y, bajando antes de terminar de subir, mandó traer su propuesta dizque para que ahora sea en el Minfín, y no en el Congreso, donde se produzcan los diálogos y las negociaciones.
Todo hace pensar que ese sube y baja del tono presidencial se debe a las presiones de los que hoy, como desde que Guatemala es territorio con ese nombre, mandan en las cuestiones económicas y fiscales. No fueron los grupos organizados de mujeres, de campesinos o de trabajadores los que exigieron el diálogo previo, pues todos esos sectores estaban prestos a presionar al Congreso para modificar una propuesta a todas luces incoherente y poco efectiva. Fueron los dueños de las grandes fortunas los que, temerosos de que en un Congreso mediamente empoderado se avanzara en acciones progresistas, le pidieron que se retirara la iniciativa, de manera que sean ellos quienes dirijan el tono y el contenido de lo que pueda ser que se envíe al Legislativo.
Evidentemente, nadie quiere pagar más impuestos, aunque los que vociferen y agiten a las masas sean los que siempre han dejado de pagar y trasladado los impuestos al consumidor y a sus trabajadores. Dícese que el IVA y los impuestos al consumo son los que más fácilmente se recaudan y que por ello hay que mantenerlos, pero resulta que son las grandes empresas las que no solo no pagan el impuesto ya recaudado, sino que falsean documentación para lograr ese fin. En la práctica, el comerciante que no traslada efectivamente el impuesto les está robando a sus consumidores, pues ellos sí pagaron a través de él el impuesto.
Pero resulta que nadie se atreve en el Congreso, mucho menos en el Ejecutivo, a gravar las ganancias, pues con ello se desmantelaría uno de los pilares que han sostenido esta patria criolla. El debate sobre las ganancias nunca se ha querido abrir, y se ha mantenido a la población siempre indispuesta al pago de contribuciones, pues son los consumidores finales los que resultan pagándolo todo.
Como puede verse, la Guatemala previa a la crisis de 2016 está más activa y viva que nunca. Y si bien hay algunos actores dispuestos a modificarla, aquellos que en ese entonces controlaron el volumen y los márgenes de las movilizaciones están decididos a impedir que esa patria criolla se modifique en al menos algunos aspectos.
La propuesta llegará en algún momento al Congreso. Y es allí donde se tendría que presionar para que no se castigue más al consumidor y se comience a gravar el ingreso de los que sin trabajar se llevan las mayores tajadas. Transparentar las sociedades anónimas e imponer cargas a las rentas de los socios en lo individual es el gran cambio que el sistema impositivo guatemalteco exige.
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