Emisoras Unidas, la hidra de los medios de comunicación en Guatemala (3/9)

Emisoras Unidas pasó de ser una cadena radial a un grupo multimedios. Tienen dos periódicos gratuitos, 46 radios, empresas publicitarias y recientemente adquirieron el canal de televisión por cable 1850. Durante los últimos diez años, sus empresas recibieron Q63,065,458 millones en contratos con el Estado, tres veces más de los Q14,259,820 que ha pagado por los usufructos y cargos administrativos para adquirir las frecuencias. En 53 años, el grupo propiedad de la familia Archila ha obtenido 124 frecuencias y enlaces, lo cual lo convierte en el segundo consorcio mediático de Guatemala con mayor cantidad de estaciones radioeléctricas, sólo por debajo de Albavisión, propiedad del mexicano Ángel González.

Los socios fundadores, Jorge Edgardo y Francisco Rolando Archila Marroquín, fueron acrecentando su patrimonio. Multiplicaron sus empresas, sumando 27 sociedades constituidas en el registro mercantil, desde la primera creada en 1980 hasta la última en 2013. Todas con la misma dirección de domicilio. Emisoras Unidas ramificó sus activos como si se tratase de una hidra, el animal de la mitología griega con múltiples cabezas.

Antes de la aprobación de la Ley General de Telecomunicaciones (1996), no existía la modalidad de subasta pública. Las frecuencias se otorgaban por medio de concesiones. Jorge Edgardo obtuvo permiso de operar su primera frecuencia Radio la Voz de la Costa Sur de Retalhuleu en 1964, durante el gobierno del coronel Enrique Peralta Azurdia, según relata durante una entrevista. Esta fue la primera radio a partir de la cual los Archila construyeron su capital en el campo de las comunicaciones.

En la década de 1960, Jorge Edgardo Archila Marroquín estudiaba mercadeo y trabajaba en una agencia de publicidad, por lo que se encargó de las ventas y comercialización de la emisora. Francisco Rolando Archila Marroquín, un recién graduado de cadete en la institución militar Escuela de las Américas, diez años después, ascendió al rango de Mayor dentro del Ejército. En marzo de 1966, aún bajo el mandato de Peralta Azurdia, se aprobó la Ley de Radiocomunicaciones en la que se crea la Dirección General de Radiodifusión como una dependencia del Ministerio de Comunicaciones. La normativa establecía que los interesados en obtener una concesión para explotar comercialmente canales de radio o de televisión, debían presentar su solicitud a la dirección de Radiodifusión y dar un depósito de Q200 a favor del Estado.

Las estaciones no se podían vender ni arrendar. Jorge Edgardo cuenta que empezó a comercializar su radio, y a vender paquetes de anuncios en conjunto para un grupo de emisoras departamentales. En 1971, inauguró la Fabucadena, conformada por seis operadores de radios departamentales. Él representaba a las estaciones en la ciudad y comercializaba anuncios para el grupo. La señal de Fabucadena alcanzó cobertura de todo el territorio nacional en 1974. Cuatro años más tarde, en 1978, Francisco Rolando Archila Marroquín ocupó el cargo de subsecretario de Relaciones Públicas de la Presidencia, en el período de gobierno del expresidente militar Fernando Romeo Lucas García.

A partir de la aprobación de Ley General de Telecomunicaciones (LGT), en 1996, adquirieron en subasta pública 25 frecuencias y compraron el título usufructuario de 21 a empresas y personas individuales. Según Jorge Edgardo Archila, presidente de Emisoras Unidas, el grupo tiene en la actualidad 40 estaciones en frecuencia modulada (FM) y seis en amplitud modulada (AM). Lo cual representa el 10.68% del espectro radioeléctrico en FM.

La modalidad de segregar sus activos

Emisoras Unidas concentra sus activos en diversas sociedades. Entre 1980 y 1993, el grupo constituyó cinco empresas en el Registro Mercantil. Estas sociedades recibieron 162 de los contratos con el Estado por Q9,732,742 a favor de Radio Campesina, Tacaná, Kiss FM, La Grande, Patrullaje Informativo, Costa Sur y Atmósfera. En 2009, durante el gobierno de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), inscribieron nueve de sus empresas. Entre éstas, Grupo Imágenes Urbanas, dedicada a la publicidad.

Los puestos clave de las presidencias y vicepresidencias de las empresas son ocupados por miembros de la familia, cofundadores del grupo: Jorge Edgardo Archila Marroquín y Francisco Rolando Archila Marroquín. Ellos fueron los dos socios del grupo, hasta que Francisco Rolando Archila Marroquín cedió sus acciones a su hijo, Francisco Rolando Archila Dehesa. En las empresas de radio, el accionista mayoritario es Jorge Edgardo y en las demás sociedades de vallas, publicidad, periódicos (Publinews y El Popular) y el canal de televisión, son socios igualitarios con su sobrino Francisco Rolando Archila Dehesa.

Su sobrino, Érick Archila Dehesa también es propietario de medios: creó el Grupo A, que integra a Canal Antigua, Antigua Sports, Contrapoder y Diario Digital. Desde noviembre de 2016, Diario Digital dejó de utilizar su plataforma web, ahora está fusionado con la página en línea de Canal Antigua. Su emporio creció velozmente mientras era ministro de Energía y Minas, del 14 de enero de 2012 al 15 de mayo de 2015.

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Érick Archila Dehesa permanece prófugo desde junio de 2016, acusado en el caso la “coperacha” por los delitos de lavado de activos y asociación ilícita. Además, sus medios de comunicación fueron allanados por el Ministerio Público (MP) en abril del año pasado por un posible caso de lavado de dinero que investiga la Fiscalía. Su hermano, Francisco Archila Dehesa dejó el cargo de gerente que ocupaba en Emisoras Unidas, para asumir la dirección de Grupo A, pero en febrero de 2017 abandonó el puesto. Ahora su padre Francisco Archila Marroquín dirige la corporación de medios. “Existe una confusión, Érick no es nuestro socio, no es nuestro asociado. Es mi sobrino. Somos familia, es innegable, pero no tenemos negocios cruzados. Érick no tiene aquí (Emisoras Unidas) ni un centavo, ni nosotros allá. Son empresas completamente diferentes”, asegura Jorge Edgardo Archila. Las oficinas de Emisoras Unidas también fueron allanadas en el operativo que realizó el MP en abril.

No hay manera de comprobar esta declaración: los registros de accionistas en las empresas no son de público acceso en Guatemala.

Aunque otras fuentes señalan que Erick sí tuvo participación en Emisoras Unidas. Otros cargos, como los puestos de gerentes y administradores se rotan entre los contadores y abogados de las sociedades. René Felipe Cardona Pérez, uno de los administradores de Servicios Troya, empresa de los Archila según el Registro Mercantil, también tuvo participación en una sociedad vinculada al exministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi, quien se mantiene prófugo por tres casos en su contra, el de la “Coperacha”, el denominado “Construcción y Corrupción” y el caso Odebrecht.

Cardona aparece como socio en la empresa offshore Summerhill Holdings, creada en noviembre de 2005 en Panamá, por el bufete de abogados Mossack-Fonseca –este bufete tramitó más de 200 mil empresas offshore reveladas en los Panama Papers–, Aneliese Mercedes Herrera Monterroso está registrada como presidenta de la compañía Summerhill Holdings. En los expedientes de empleados del Ministerio de Comunicaciones, Herrera Monterroso ocupó el cargo de coordinadora administrativa del despacho superior durante la administración de Sinibaldi.

Plaza Pública encontró 24 empresas que comparten la misma dirección de domicilio que Emisoras Unidas y entre sus representantes legales están miembros de la familia Archila. Sólo en diez años, estas sociedades obtuvieron Q60,938,949 en contratos con el Estado.

Jaime Torres, gerente de Emisoras Unidas, explicó que la razón para tener todas estas empresas no es para dispersar su capital, sino que el grupo radial fue comprando frecuencias de otras personas/entidades y las sociedades ya existían. Pero en el Registro Mercantil se puede ver el historial de cargos ocupados en puestos de presidente, vicepresidente y gerentes. En estas 24 empresas, integrantes de la familia Archila han ocupado puestos en el consejo administrativo desde la fecha de su constitución.

Los millones recibidos del Estado

En la última década, el grupo Emisoras Unidas ha recibido múltiples contratos por publicidad de las entidades estatales. En 2014, durante el periodo del Partido Patriota (PP) del que Érick Archila era ministro, fue cuando obtuvieron mayores ingresos. Un contrato abierto otorgado por el Registro Nacional de las Personas (RENAP) y la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia (SCSP) le asignó Q33,750,000.00 a Publimetro de Guatemala, empresa de Publinews, un diario gratuito propiedad del grupo, y Q7,880,000.00 a Emisoras Unidas; el otro grupo que ganó el concurso fue Radio Nuevo Mundo –propiedad de Miguel Alfredo González Gamarra– que obtuvo Q8,585,000.00. El contrato consistía en espacios publicitarios en esos medios de comunicación por 24 meses, culminando en marzo de 2016.

La modalidad de contrato abierto permite que las entidades no gasten el total del monto asignado en la compra. Según el Sistema de Gestión de Compras (Siges) del Ministerio de Finanzas sobre la asignación a Publinews y Emisoras Unidas, el Estado devengó sólo Q3,846,014.

Durante el gobierno de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), los medios de comunicación de los Archila recibieron Q25,564,690. Esta cantidad aumentó en el mandato del PP, en el que obtuvieron Q34,707,342. La administración actual del Frente Nacional de Convergencia (FCN-Nación) limitó la pauta para los medios de comunicación. La Secretaría de Comunicación ya no tiene presupuesto para gastar en publicidad. Hasta marzo de 2018, dicha entidad no registraba contrataciones relacionadas a medios de comunicación de este tipo.

A pesar de que el FCN no asignó dinero para pauta, en los últimos dos años, Emisoras Unidas recibió Q1,637,323 en contratos con el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), el Instituto del Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat) y la Superintendencia de Administración Tributaria. Algunas municipalidades del país, que antes no pautaban con el grupo, realizaron compras directas de publicidad el año pasado por Q30,137 para publicitar sus obras en sus emisoras. Entre las comunas que registraron contratos de Q1,200 a Q2,500 con el grupo están Totonicapán; San Pedro Jocopilas, Quiché; Santa Cruz del Quiché, San Juan Ermita, Chiquimula; San Pedro Sacatepéquez, San Marcos; Chicacao, Suchitepéquez y San Antonio la Paz, El Progreso. Tres de los alcaldes en estos municipios son del partido Líder.

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Los contratos obtenidos por el consorcio durante estos años van desde pago por publicidad de obras municipales, hasta pauta gubernamental para sus medios enviando una felicitación por su aniversario. En 2014, en la administración del PP, el Organismo Judicial (OJ) contrató publicidad por Q24,750 para felicitar a Emisoras Unidas por su 50 aniversario; ese mismo año, la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia (SCSP) pagó Q23,625 por una página a full color en Publinews con el mensaje: “¡Feliz aniversario a Emisoras Unidas en nombre del Gobierno de Guatemala!”. Es decir: pagaron con fondos públicos por felicitarles.

Jorge Edgardo Archila, presidente de Emisoras Unidas, asegura que los contratos del Estado representaban el 1% de los ingresos anuales del grupo. En promedio, durante los gobiernos de la UNE y PP recibieron entre Q9 y Q12 millones al año. Esto quiere decir que, si los datos de Archila son correctos, anualmente el grupo gana entre Q900 millones y Q1.000 millones en publicidad. “Puede haber pequeñas estaciones que vivieran del gobierno, han de estar sufriendo muchísimo. En nuestro caso, y en el caso de las corporaciones grandes, ni frío ni calor. Sí sentimos que no mande publicidad la Secretaría de Comunicación, pues plata es plata, pero 1% lo asumimos de la facturación comercial”. Sobre los recientes contratos con las municipalidades, Archila dice que no es una nueva modalidad y no representan mayores ingresos para el medio.

Ganancias comerciales vs. beneficios para el Estado

Por las 124 frecuencias y enlaces concedidos en usufructo –el 2.79% de todo el universo de frecuencias del país–, Emisoras Unidas ha pagado al Estado un total de Q14,259,820 millones desde la creación de la SIT en 1998 hasta julio de 2017. Pero ese monto lo ha recuperado con creces en contratos que el mismo Estado les ha otorgado. A partir de allí, todo ha sido ganancias.

Aunque Jorge Edgardo Archila tiene una postura distinta. “No solo consiste en el pago al Estado por el usufructo. Para tener una radio se necesita una torre, transmisor, la energía, el terreno, la gente que tiene que estar allí, cabina de transmisión. Si nos enfocamos al usufructo, el pago de la frecuencia es una mínima parte”, argumenta. Las otras 21 emisoras que posee el grupo, las adquirieron por medio de transacciones privadas a personas/entidades que tenían un título usufructuario, por lo que los montos pagados por estas no aparecen en los registros de la SIT. Jorge Edgardo Archila tampoco quiso especificar a quienes compró las emisoras.

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Con las modificaciones a la Ley General de Telecomunicaciones que el Congreso aprobó en 2012, durante el gobierno del PP, el trámite para renovar los usufructos se limita a una transacción administrativa a través de una carta de solicitud que envían las empresas. Antes de los cambios a la normativa, las renovaciones de usufructo tenían un costo entre Q16 a Q50 mil. De esta forma, el grupo Emisoras Unidasgarantizó la ampliación de sus usufructos por 20 años. La prórroga del tiempo de usufructo benefició también al monopolio televisivo del mexicano Ángel González. En el listado actual de radiofrecuencias, se puede corroborar que las cadenas televisivas y radiales de estos grupos vencen en 2026 o 2033.

“La concentración de medios no la inventamos nosotros”

En la ley se establece que el otorgamiento de las frecuencias de radio y televisión se hace por medio de subasta pública, es decir, al mejor postor. Esto genera una desventaja para quienes no tienen posibilidades económicas, debido a que no les permite competir contra las grandes cadenas de medios en el acceso a las frecuencias. Desde hace varios años espera ser aprobada la Iniciativa de Ley de Medios de Comunicación Comunitaria (4087). Sin embargo, esta ley no avanzó en el Congreso.

Raúl Solares, jefe de la Superintendencia de Telecomunicaciones (SIT), utiliza como argumento que no hay disponibilidad de frecuencias. “En el espectro radioeléctrico para el área de radiodifusión en FM, de 88 a 108, ya prácticamente no hay espacio”, explica. En FM pueden operar un máximo de 100 estaciones. Los grupos radiales como Emisoras Unidas que tienen cobertura nacional con tres de sus radios necesitan de una frecuencia por departamentos para llegar a todo el país. Según Solares, esto se debe a que no pueden tener grandes potencias con el fin de no causar interferencia entre las distintas emisoras que operan.

El técnico de la SIT, Marco Escalante, dice que existen las estaciones de cobertura nacional, pero cuando la propagación de la frecuencia usada es insuficiente para cubrir el territorio nacional se recurre a dar cobertura con varias estaciones. Hay 1,277 frecuencias que dentro del inventario de la SIT aparecen como “nacional”, en la categoría de “Área geográfica de influencia”.

El presidente de Emisoras Unidas, Jorge Edgardo Archila, asegura que necesitarían sólo tres frecuencias de cobertura nacional y seis departamentales. “La concentración no la inventamos nosotros. El problema es que para tener cobertura nacional hemos tenido que comprar estaciones en cada departamento para operar una sola emisora”, dice. En el futuro próximo, el grupo le apuesta a la expansión de sus radios en línea. El plan que tienen es desarrollar las tecnologías en la web. No descartan seguir compitiendo en subastas para adquirir más radiofrecuencias, pero la SIT no ha realizado convocatorias en los últimos años.

En diciembre pasado, Emisoras Unidas publicó vía twitter que Rolando Archila Dehesa –hermano del exministro prófugo– vendió la totalidad de sus acciones que tenía en los medios ligados al grupo a Edgar Archila Marroquín.

Esta publicación forma parte de una investigación periodística sobre la propiedad de los medios de comunicación en Guatemala, realizada por Laberinto del Poder, una plataforma diseñada para conocer las relaciones de poder en Centroamérica a partir de redes, personajes, datos y contratos. La metodología sobre este especial puede ser consultada aquí.