“En cualquier decisión que se tome, el error va a ser del Presidente y de mi persona”

La carrera política de Jafeth Ernesto Cabrera Franco ha sido, cuando menos, meteórica. En mayo de 2015 se adhirió al Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación); semanas después fue designado como compañero de fórmula de Jimmy Morales; el 6 de septiembre, con amplia ventaja pasan en primera posición a la segunda vuelta electoral, y el 25 de octubre ratifican el triunfo. Así, en cinco meses, este médico y cirujano de 65 años, exrector de la estatal y autónoma Universidad de San Carlos de Guatemala (1994-1998), se convirtió en el Vicepresidente electo de Guatemala. A partir del próximo 14 de enero, cuando asuma el cargo, este “socialdemócrata” de “centro derecha”, como él mismo se define, será el encargado de dirigir, junto al presidente Morales, los destinos de Guatemala durante los próximos cuatro años.

El Vicepresidente electo recibe a Plaza Pública en sus oficinas particulares. En la impersonal sala de espera, representantes de diversas instituciones, inquietos por la asignación de recursos del próximo gobierno y apertrechados con informes y carpetas, aguardan impacientes a ser recibidos por el Vicepresidente electo. En las próximas horas el Congreso aprobará el Presupuesto General de la Nación de 2016, y quienes formarán parte del próximo Gobierno quieren estar seguros de que habrá recursos para sacar adelante sus proyectos. En el pequeño espacio destaca la presencia de los agentes de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia, que desde la noche del 25 de octubre son los responsables de su seguridad.

1. Finanzas públicas y un presupuesto de crisis

El año 2016 se avizora aciago para el próximo gobierno. Con unas finanzas ajustadas y la credibilidad del sistema político por los suelos, el presupuesto del primer año de gobierno de FCN-Nación fue aprobado sin su intervención directa en el debate. Q70.79 millardos para los gastos de un Estado del cual Q12.44 millardos ya están comprometidos para el servicio de deuda pública es el panorama inicial que enfrentara el binomio Morales-Cabrera.

¿Por qué, contrario a lo que han hecho otros gobiernos electos, retiraron a su equipo técnico de la discusión por el Presupuesto 2016?

La comisión nombrada por nosotros era de acompañamiento, para ver cómo estaba el presupuesto planteado. Buscar apertura en parte de los legisladores, para que si había algunos reglones que se pudieran mejorar dentro de la crisis que se maneja del Estado, pudiese tener alguna injerencia. Sin embargo, el Legislativo se quedó en el aspecto del plan de gobierno. Un diputado dijo: “es que no tienen plan de gobierno”. Ellos no iban a permitir que nosotros presentáramos otro proyecto de presupuesto; si así hubiera sido, la cosa hubiese cambiado. Ellos tenían que ver el proceso que ya se había planteado por el gobierno del Partido Patriota, ni siquiera por el gobierno de transición.

Ellos principiaron a tratar de bloquear la situación pidiéndonos un plan de gobierno. Nosotros sí conocemos cómo se puede plantear un presupuesto en base a la problemática y de planificación estratégica por objetivos, pero eso llevaba tiempo para armarlo y no hubiese dado tiempo a que el Legislativo lo conociera. Nosotros llegamos para tratar de verificar los renglones más vulnerables en el presupuesto, para tratar de apuntalarlos y que fueran de beneficio para la sociedad guatemalteca.

¿Quién tomó la decisión de retirar al equipo técnico del partido de la Comisión de Finanzas?

Fue el señor Presidente electo. Si no hay apertura, ¿qué estamos haciendo al dar acompañamiento a algo que no va tener más que críticas para nosotros, cuando la responsabilidad es del Congreso?

No contaban con una bancada los representara en el Congreso

Esa es otra alternativa de debilidad para nosotros. Sin embargo, de fortaleza, porque el pueblo de Guatemala se debe enterar qué es lo qué está haciendo el Congreso. En qué condiciones se está aprobando el presupuesto. Antes los presupuestos se aprobaban bajo condiciones, para tener poder de ejecución dentro de los propios diputados. Ante esa situación, nosotros creemos que la responsabilidad sigue siendo del Legislativo. Nosotros teníamos todo el deseo de implementar cambios dentro del presupuesto para fortalecer.

El presidente de la Comisión de Finanzas, Leonardo Camey, asegura que para los partidos en el Congreso la salida era aprobar una cifra alrededor de lo que ustedes pidieron (la cual incluso era menor a la solicitada por el Ejecutivo y que finalmente fue aprobada) ¿Por qué pedir esto?

Es que al final de cuentas ya no se pidió concretamente una cifra. Nosotros hablábamos que si iban a aprobar un presupuesto de Q52 millardos, era una situación crítica para el país. Entonces se pidió, en base al análisis que se hizo de los expertos, Q69 millardos. ¿Qué sucedió? Cómo no hubo esa apertura, hubo bloqueos al decir que si no se presentaba un Plan de Gobierno entonces no se iba a tomar en cuenta lo que nosotros opinábamos, entonces se tomó la decisión (de retirarse). Pero yo sí creo, con base a lo que el Congreso está aprobando, que es responsabilidad de los legisladores. Vamos a tener que entrarle al presupuesto que nos aprueben. Allí tendremos que hacer las modificaciones ya en el ejercicio del poder que permita la Ley de Presupuesto.

2. Los primeros cabildeos y las primeras discrepancias

FCN-Nación llegará al Congreso de la República con 11 diputados electos. Será la quinta fuerza política del Legislativo, pero desde ya se avizora la posibilidad de que se incorporen a su bancada diputados electos por atrás agrupaciones. Aunque oficialmente aún no se confirman adhesiones, los primeros acercamientos de este tipo se dieron poco antes de la aprobación del Presupuesto 2016, cuando el diputado electo Javier Hernández Franco, próximo jefe de bancada, se acercó a otros congresistas para tender puentes con otros bloques. Sus intentos, de momento, aún no fructifican.

Tenemos entendido de que fuera del Ejecutivo en formación, un grupo de los próximos legisladores de FCN-Nación se acercó a varias bancadas para negociar el presupuesto. ¿Esto fue iniciativa de sus legisladores o del partido?

No sé si la bancada nuestra está negociando esas posturas, porque la última reunión que nosotros tuvimos con ellos fue para designar al jefe de bancada, designar políticas a seguir, pero no se mencionó ninguna situación de esa naturaleza. Voy a llamar para que me Informen qué es lo que están haciendo en este proceso antes de ingresar al Congreso.

¿Cuáles prevén que sean los principales problemas que enfrentarán durante el primer año de gobierno?

En esa situación estamos, hoy cada Secretaría está presentándonos sus problemas financieros, cómo lo dejan, cómo lo vamos a encontrar… Y en base a ese diagnóstico vamos a trabajar; ya nos entregaron mucha información. Lo que estamos pidiendo es el acompañamiento de la Contraloría General de Cuentas, una auditoría, para que determine realmente el aspecto financiero-contable. Cómo van a dejar cada una de las instancias de Gobierno, cómo se van a recibir y con base en ese diagnóstico, ya nosotros, dependiendo del presupuesto que apruebe el Congreso, iniciamos procesos de acomodamiento.

El próximo 8 de febrero vencerá el Pacto Colectivo del Magisterio. En otras ocasiones, eso ha requerido una nueva negociación. La última, de hace dos años, incluyó un incremento de Q1.200 millones de presupuesto. ¿Cómo abordarán esa situación?

Yo ya estoy en pláticas con todo el sector sindical. Tuvimos una reunión con el Ministro de Trabajo, y se está planteando la oportunidad, como nuevo Gobierno, de evaluar todos estos procesos y determinar la situación que está viviendo el sindicalismo en Guatemala. Hay una petición para que la Procuraduría General de la Nación declare lesivos estos pactos. Hay formas del acompañamiento jurídico de algunos entes jurídicos que dicen que esto no es factible, porque una vez está establecido en un pacto no puede decirse de la noche a la mañana “esto desaparece, ya no sigue”. Sin embargo, yo estuve en la primera reunión con todos los sindicatos y vamos a estar en un diálogo constante. Porque si no entraría el otro proceso que le traería situaciones nefastas al país, hemos platicado con los sindicatos para que en los primeros tres meses del año veamos toda esta problemática de los pactos colectivos. Porque si no hay dinero, la irresponsabilidad del pacto cuando se firmó en esas condiciones ya está dada, no es idea de nosotros.

No, pero las consecuencias las sufrirán ustedes, como nuevo gobierno.

Si los sindicatos se ponen a pensar que no solo ellos existen en Guatemala, que hay una crisis de salud, educación, seguridad, medio ambiente, y que todos los guatemaltecos somos responsables de ello, yo creo que caería de su peso que los sindicalistas sigan pidiendo prebendas. Taiwán ¿cómo salió de su crisis?, bajando todos los salarios desde el Presidente hasta los últimos rincones de los que manejan la gobernabilidad en ese momento, hace años. Un ejemplo que dejaron al mundo, que además se reinventó.

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Además de eso, Taiwán también aprobó reformas estructurales al Estado, tributarias, un plan de desarrollo…

Pero yo se lo pongo como ejemplo de que hay oportunidades de diálogo y hay oportunidades de salir adelante. Los sindicatos tienen que tomar con mucha responsabilidad su actitud, en estar solicitando situaciones económicas que el país en este momento no está en condiciones de darles. Ese es el tema.

3. Reforma tributaria, la palabra prohibida

¿Cómo harán para incrementar los recursos del Estado? ¿Han contemplado alguna ruta para retomar el pacto fiscal o impulsar una reforma?

¿Se acuerda de la promesa que nosotros hicimos? Cero aumento de impuesto. Lo que habría que hacer es restablecer un proceso de readecuación para la captación de los impuestos del país. Porque hay una evasión enorme, hay contrabando; hay una cantidad de problemas alrededor de la captación económica de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT). Si es por la corrupción… hay una ruta de los contenedores que están en el puerto, que hacen espera de un mes dos meses, y si no había la mordida no les daban para el paso a esos contenedores, todo eso va a ayudar a que la recaudación mejore y se capten más ingresos para el Estado.

En comparación con el resto de Latinoamérica, Guatemala tiene una de las cargas tributarias además de más baja, regresiva. ¿Cómo modificar esa situación?

Eso hay que revisarlo y tratar de que se ponga con las reglas claras este proceso y lo otro, pues se sabe que el Impuesto Sobre la Renta no deduce lo que uno utiliza en facturas. Ese es otro proceso que vino a afectar la recaudación, porque la gente no pide factura. Dicen: “me quita el IVA y como ya no es deducible me hace un costo menor y no me da factura”.

¿Entonces sí buscaría las reformas puntuales?

Reformas puntuales que vayan a ayudar a la recaudación, definitivamente. Pero pensar en este momento en hacer un pacto en el que vaya el aumento de impuestos, sería ir contra nuestros propios principios. Y si hablamos que íbamos a trabajar con transparencia, no podemos entrarle diciendo una cosa en el proceso de campaña y después actuando de otra manera. Pero estas cosas muy puntuales que sí van a ayudar a la recaudación, sin cambiar las reglas del juego, en el sentido de los impuestos, creo que sí es oportuno hacerlo.

¿Es decir que no apoyarán la propuesta que hizo la UNE, de revisar la tasa impositiva del ISR y de incrementarlo probablemente al 1% con mayores ingresos del país?

Como todavía no estamos en el poder no hemos podido analizar todas estas alternativas. Y como no tenemos gente dentro del Congreso… al tenerla, aunque sea el poco porcentaje de diputados que vamos a tener, vamos a tener una voz cantante dentro del Congreso y vamos a iniciar el análisis global de esta situación. Porque tampoco el Legislativo, si no tiene establecido qué es lo que va a aprobar en leyes para la recaudación… eso tiene que nacer del Ejecutivo a través de concesos de todas las partes, que es lo que nosotros vamos a hacer.

Para lograr esas reformas puntuales van a necesitar apoyos en el Congreso. ¿Con que bloques negociarán?

Yo creo que nosotros podemos hablar con todos los bloques. Si hay un bloque que no está deseoso de acompañar un proceso transparente en el país, pues en su momento lo vamos a tener que denunciar. Pero la idea es que todos los diputados nos quitemos banderas partidarias, aunque mucha gente dice que eso no es posible, porque ellos tienen su ruta de vida política, pero el pueblo también está atrás de todo esto, y la ruta de la vida política del país es mejorar. Y esa sería la única alternativa. Dialogar con todos, esa es la propuesta que nosotros tenemos. Dialogar con todas las bancadas y con cada uno de los diputados. Se hablaría con los jefes de bancada y el operador político sería nuestro jefe de bloque (Javier Hernández Franco).

4. Corrupción, un mal endémico

La reciente aprobación de reformas a la Ley de Contrataciones va a ser clave para el próximo año de gobierno, algunas de sus modificaciones cambian las reglas del juego en el marco de la corrupción generalizada, por ejemplo ahora ya todos los fideicomisos, todos los fondos sociales, estarán sujetos a la Ley de Contrataciones, cosa que hasta el momento no estaba normado.

¿Ya han diseñado que entidad será la responsable para verificar que este tipo de reformas puedan tener resultados efectivos?

Hemos escuchado varias propuestas de diferentes sectores que piden alguna instancia alternativa de seguimiento al proceso. Sin embargo, yo he dicho que la Contraloría es la única responsable. Y porqué la Contraloría no ha cumplido con esa función, ellos pueden aducir que no hay presupuesto, pero ellos son fundamentalmente los encargados de efectuar las auditorias correspondientes y determinar dónde han estado los procesos anómalos. Tenemos informes de arbitrariedades.

¿Y cómo fortalecer a esa Contraloría para que no suceda esto?

Yo creo que si se llega a detectar que hay una situación de esta naturaleza, el Gobierno tiene instancias como poner técnicos, un grupo de ingenieros que diga: “Realmente esta obra no vale esto y por qué la Contraloría lo está avalando”. Y quién sería el responsable, quien realizó la auditoría. Y allí deducir las responsabilidades dentro de la propia Contraloría.

¿Quién sería el ente? Al final de cuentas institucionalmente la responsabilidad tiene que caer en alguien.

La Vicepresidencia, porque la Vicepresidencia tiene el compromiso constitucional de llevar la transparencia del Gobierno. Entonces nosotros buscaríamos allí gente que pudiese darle acompañamiento de forma paralela, pero sí unirnos con la Contraloría para determinar todos estos procesos que han sido anómalos.

¿Reducirán la Comisión Presidencial de Transparencia (COPRET)?

Yo creo que ese sería el espíritu de una Comisión más pequeña, más específica e incluso temporal dependiendo de las obra que se van ejecutando, porque allí habría gente especialista, por ejemplo en obra gris; ingenieros, arquitectos y en el campo de electricidad un ingeniero eléctrico. Así le podría mencionar verdad; de la educación, en torno a la licitación de los libros de texto o los folletos que nunca se entregan al tiempo. Y que se dan de forma clientelar a la gente que apoyó al partido en el Gobierno. Todo eso necesita una supervisión y poder hacer supervisiones contractuales dependiendo de las necesidades que se tenga dentro de la vicepresidencia para aclarar estas situaciones.

5. El gobierno de FCN-Nación, las Alianzas Público-Privadas y la cooperación internacional

Otro de los grandes temas que ustedes han impulsado en su discurso es el de las alianzas público-privadas ¿Cuál debería ser la prioridad de las alianzas público-privadas, a qué áreas en específico?

Las áreas más específicas actualmente de la crisis son salud, educación, medio ambiente, que son de los problemas más serios que tiene Guatemala; mire lo que está sucediendo con el lago de Amatitlán que no se logra determinar la ruta específica de salvación. Y porque sencillamente las alianzas no han funcionado. Los empresarios que tienen grandes fábricas no han abierto el deseo de componer las cosas, poner plantas de tratamiento, hacer todo el proceso para que los ríos no se contaminen y los que llegan al lago, bueno al menos parar ese proceso.

Pero según la ley específica, las alianzas público-privadas aplican solo para proyectos de infraestructura, no para salud y educación.

Indudablemente.

Entonces ¿por qué menciona salud y educación, qué réditos pueden sacar de allí?

Apoyar al país. Fíjese que por ejemplo, una alianza en salud, usted sabe que la OPS es la que da los medicamentos a un costo bajo. Y ahorita una compañía farmacéutica está ofreciendo dar al 50% que la OPS ofrece. Esa es una alianza.

Pero técnicamente la Ley de Alianzas Público-privadas iba más por la vía de productos conjuntos. Como el proyecto de creación de un Centro Administrativo del Estado que reemplazaría las oficinas de numerosas instituciones en terrenos de Fegua.

Ese es otro tipo de estructura que puede caer en eso: puertos, aeropuertos… que eso va a beneficiar el mejorar las exportaciones para Guatemala.

¿Pero en salud o en educación, qué réditos puede sacar un inversor privado de esto?

Yo le mencionaba esto porque como es la crisis fundamental y ahorita hay apoyos de cooperación internacional y apoyos de empresas privadas que quieren fortalecer el proceso de abastecimiento hospitalario, allí pueden hacer una alianza público-privada que va a mejorar el campo de la salud. En el campo de la educación, con los textos que yo le digo, con la refacción, por ejemplo.

¿Con los textos, se refiere a la adquisición de libros de texto que ya se realiza?

No, a la forma de impresión de todos los textos que se tiene que son elevadísimos y que no llegan a tiempo. Y hay empresas que están deseosas de hacer las cosas de diferente forma. También pudiera haber una alianza.

Pero la Ley de Contrataciones van a tener que sujetarse a un proceso de licitación, no pueden solo acercarse y decir “nosotros tenemos esta oferta.”

Sí, eso indudablemente hay que agotar el proceso legal. Y la subasta inversa si no estoy mal, ya se aprobó.

En su propuesta de ajuste al Presupuesto, ustedes lo justificaban: “Se recortan alrededor de Q1 mil millones de comunicaciones, porque consideramos que mucho de eso lo podemos sustituir o complementar con las alianzas público-privadas”.

Fíjese la carretera del Atlántico, hay una oferta de financiamiento de Taiwán, hay otra de la Comunidad Económica Europea para construir otros tramos de carretera. Entonces, ellos traen las compañías y mejor que ellos lo construyeran y no entra como una donación, porque ¿qué pasa en el Congreso? están paradas una cantidad de donaciones que tienen que ser aprobadas por ellos. Pero si se hace una cooperación internacional a través de un acuerdo gubernativo en donde ellos vienen, construyen y ellos ejecutan la obra, ellos fiscalizan la obra, auditan la obra y recibe el gobierno la obra.

¿Cuál sería la diferencia en este tipo de acuerdos?

La donación tiene que entrar al Congreso por ley. Cualquier donación para aumentar el presupuesto nacional. Una cooperación internacional a través de un proyecto de cooperación suscrito por ambos gobiernos no tiene que entrar al Congreso.

¿Y no les causa suspicacias como Gobierno el seguir recibiendo ayudas de Taiwán? recordando el “Caso Portillo”, el expresidente condenado en Estados Unidos por lavado de dinero proveniente de ese país.

En ese caso como usted comprenderá, a él le entregaron un cheque, nosotros no vamos a recibir cheques. Como postura de cooperación internacional nosotros debemos mantener la credibilidad como Gobierno, de que estamos haciendo las cosas transparentes. Si Taiwán ya está ofreciendo una ayuda para red hospitalaria. Si ellos traen los medicamentos y nosotros los vamos a entregar, no habría ningún compromiso de parte del gobierno. Nosotros estamos cuidando la responsabilidad gubernamental de no caer en esa situación de ayudas personificadas aquí, de que le dan un cheque a uno y uno pueda hacer cosas anómalas.

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¿Han pensado revisar su política de relaciones exteriores en materia de cooperación por casos como el de Portillo?

Eso fue muy específico y creo que tampoco un país que tiene el deseo de cooperar lo vamos a relegar por una situación de esa naturaleza, yo creo que tenemos que ver también el beneficio del país.

Eso también pasó en El Salvador y también tienen a un expresidente, Francisco Flores, en proceso. No parece ser una práctica aislada.

Creo que esos son casos muy específicos en donde los presidentes cayeron en la tentación de caer en ese tipo de tráfico de influencias. En cambio si nosotros lo hacemos a través de transparentar las cosas, de ver que realmente una ayuda llegue de la manera más adecuada, sin que el Gobierno tenga que tocar nada, eso sería ideal. Por lo menos cuando estuve de rector en la Universidad, en la época de la firma de la paz, el Gobierno noruego nos donó cinco millones de dólares para crear la Escuela de Salud Pública. O sea que experiencias ya hay, sí se puede hacer.

6. Derechos humanos y justicia transicional

¿Cuál va a ser la política de Derechos Humanos del próximo Gobierno?, ¿quién la va a orientar, para empezar?

La Secretaría de Derechos Humanos de la Presidencia. Está la propia Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH). En base a estas instancias tenemos que seguir el eje de respetarlos, allí sí que no hay para dónde porque eso está bien establecido. No vamos a descubrir el agua azucarada en respetar los Derechos Humanos, por supuesto que hay cosas que hay que volver a plantear. Por ejemplo, hay alguna inquietud de que los reos participen en obra, que se ganen el alimento, la PDH se oponían a esto. Esta es una cuestión que habría que revisar en beneficio de todos los actores del país. Si un individuo que está privado de su libertad, ya tiene privación de sus Derechos Humanos, porque está juzgado bajo una condena.

Esa es una de las artistas en el tema de los Derechos Humanos, la otra es la justicia transicional. Hace unos días se reactivaba el caso Bámaca contra el expresidente Otto Pérez Molina, y es posible que otros casos del período de la guerra se reactiven, ¿Qué postura tienen ustedes sobre este tema?

Nosotros lo que pretendemos es el principio de respeto a lo ya actuado. Y bajo lo que está acordado. Lo que se firmó en los Acuerdos de Paz que no se formularon como ley. En principio debiéramos acatar esos acuerdos, y si no entrarle a una revisión de todos esos acuerdos que dejaban algún eje vertical para resolver la problemática de lo que usted está planteando, como el caso Bámaca.

Pero entonces ¿sí hay anuencia a la justifica transicional?

En lo personal yo le diría, conocedor de los Acuerdos de Paz, ya que participe como Rector de la Universidad de San Carlos en ese momento, que lo que allí se planteó era para buscar el fin del conflicto, un conflicto armado que le había dejado mucho daño a Guatemala. Y que se iba arrancar después de la firma de los acuerdos de paz con cero procesos e implicación de parte de los dos lados. Sin embargo, esto ha trascendido y ahora los diferentes sectores involucrados están pidiendo el resarcimiento de toda esta gente.

Y la búsqueda de justicia…

La búsqueda de justicia en casos que supuestamente en los Acuerdos de paz se iban a quedar finiquitado el proceso. Se recuerdan que existió la Comisión para el Esclarecimiento Histórico de la verdad, que integró el licenciado Alfredo Balsells.

¿Entonces ustedes dicen: los acuerdos de Paz ya finiquitaron esa etapa?

No, es que la etapa no fueron los acuerdos los que la finiquitaron, los que la están reactivando son los sectores sociales. Entonces habría que aplicar lo que ya estaba legalizado y si no revisar todo este proceso para entrar a un diálogo de los sectores participantes. Pero igual que la guerrilla está pidiendo esto, el Ejército también está pidiendo el resarcimiento para todos los movilizados. Y allí hay toda una situación pendiente de resolver, que están pidiendo aumento de presupuestos, aumento de esto, aumento de lo otro. Ya llevamos 18 años de la firma de la paz, ya no deberíamos de estar en ese problema si se establecieron bien las reglas del juego. ¿Por qué ahora está surgiendo otra serie de problemas aunadas con este proceso que ya se llevó a cabo?

Porque no se garantizó en su momento el acceso a la justicia...

Yo creo que allí fue falta de voluntad política de ambas partes. Y eso nos tiene en este entorno tan difícil porque cada día la conmoción social es mayor y todo el mundo dice que no quieren otra guerra interna, pero tampoco se sientan a dialogar. Y eso es una cuestión que nosotros podríamos proponer. Es un diálogo nacional de toda la problemática del país que estamos convocando.

¿En qué marco podría ser ese diálogo, en el marco de una revisión de los Acuerdos de Paz, qué es lo que no se está cumpliendo?

A raíz de las peticiones que hay, que involucran presupuestos fuertes, yo creo que esa es una instancia que nosotros debemos de retomar para aclararles a los actores la situación de este país. Ese es el paso inicial de poder retomar un diálogo. Porque hemos visto que hay tendencias ideológicas de ambas partes, unos atacan de un lado y otros atacan por otro, toman a la prensa como un medio de comunicación que da no solo la noticia, la orientación, sino también tiene un alto grado de orientación ideológica.

7. Ideología, conflictividad social y peso del sector privado

El partido FCN se definía en 2008, al momento de su inscripción y antes de unirse con el Movimiento Nación, como integrada por “libertarios, colocados a la derecha en el cuadrante ideológico”, “una derecha abierta, no mercantilista ni recalcitrante y que ubicaba entres sus fuentes ideológicas Dios, la patria, la familia, la nación, el honor y la individualidad, según la Monografía de los partidos políticos 2004-2008, elaborada por la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES).

Desde su fusión como FCN-Nación, al menos discursivamente según el exjefe de campaña, Javier Hernández, la línea del partido ha cambiado: “Ha terminado la agenda de FCN y se ha creado la agenda de FCN-Nación, enfocada en el nacionalismo: Generar identidad, pertenencia, reivindicar héroes nacionales olvidados. Recuperar símbolos patrios, hoy irrespetados”, defiende Hernández.

¿Usted cómo se definiría ideológicamente?

Yo siempre he sido un pensador socialdemócrata desde muchos años atrás. Porque la socialdemocracia lo que buscaba era la resolución de conflictos a través de las leyes, de los Congresos, de los Parlamentos y que dignificaron los procesos de guerra. Alemania inició con ese precepto, lo instituyó, muchos países de Latinoamérica lo agarraron, pero muchos políticos no entendieron el proceso y pensaron que decir socialdemocracia era decir soy de izquierda.

Lo cual es irónico porque en otros países es casi decir una centro-derecha.

También es cierto. Pero para nuestro país muchos que lo tomaron eran de izquierda radical.

Respecto a la polarización social, por un lado se ha mencionado que en los conflictos alrededor de las industrias extractivas, como la minería, y en el caso de la hidroeléctricas que se ha llegado a criminalizar a los activistas sociales. ¿Ustedes consideran que ha habido alguna política para criminalizar a estos sectores sociales?

Bueno yo de momento le diría que tendría que hacerse un análisis muy profundo.

¿De parte del Ejecutivo, de los Gobiernos sucesivos, usted cree que sí ha habido esa intención?

Yo lo que creo es que sabemos, por ejemplo, en la extracción minera, de que se condonaron dentro de la extracción, algunas normas de extracción que solo conllevaban beneficios para las compañías, no a la población guatemalteca. Eso es lo que realmente hay que buscar, porque los países que tienen extracción minera ¿qué han hecho?; poner en los reglamentos y las normas de extracción un porcentaje de beneficio para el país, que es lo que no se dio aquí. O sea, el 1%, las mineras dicen que no es cierto, que han dado hasta el 9% pero no está determinado y ese es uno de los problemas de la conflictividad que hay.

La otra conflictividad seria es la propiedad de la tierra, la ocupación de fincas, a eso hay que entrarle de forma frontal. Hay fincas que han sido ocupadas porque los dueños no les pagan los salarios a los trabajadores y a ellos no les queda a otra opción que tomar la finca. Eso es una irresponsabilidad de los actores que son los contratantes

Y también es consecuencia de los retrasos del Estado para alcanzas soluciones, como en el caso del Sistema Nacional de Diálogo que durante años ha sido visto como inefectivo.

Eso también es cierto. Fíjese que hay ahorita una propuesta de una serie de actores sociales en donde están planteando que se reforme la Secretaría de Asuntos Agrarios y que se haga solo una institución en la cual converja la conflictividad a través de una organización estatal que permita que vayan cumpliéndose los pasos.

¿Han tenido acercamientos con la Cámara del Agro para tratar este tema?

Respecto a la conflictividad no. Yo tuve una reunión con actores sociales que han indagado en solicitar que se respeten los Derechos Humanos de los trabajadores, que se respete la conflictividad agraria.

¿Van a cogobernar con el sector privado organizado? Se habla de que FUNDESA es uno de los grandes aportes para el gobierno, en términos de funcionarios…

Para el Gobierno solo ha sido evidentemente especulaciones. En el momento en que ustedes vean cómo están los gabinetes puede ser que confirmen lo que yo les estoy diciendo.

Y hay algunos factores que son inevitables, si no recordemos lo que pasó hace poco con la designación de Óscar Germán Platero Trabanino como subdirector de Inteligencia Civil, vinculado a la Fundación Contra el Terrorismo y retirado del cargo por su mala relación con CICIG.

Que allí nos habían involucrado a nosotros y nada tuvimos que ver. El Vicepresidente actual, me le preguntó. Alfonso Soría, me llamó y me dijo: “Mirá vos, quieren proponer a alguien”. “No”. le dije. “Eso es responsabilidad de ustedes. Yo allí lo que haría es no nombrarlo y dejar el espacio abierto. Porque nos quedan dos meses. Eso con toda responsabilidad la Ministra lo puede dirigir”. Es el propio gabinete el que está viendo opciones. Sin embargo, ya nos estaban involucrando a nosotros que lo habíamos propuesto. Y el propio presidente Alejandro Maldonado salió desmintiendo esto.

¿Cómo elegirán a los funcionarios de seguridad de su gobierno?

Nosotros le hemos estado pidiendo a la CICIG que incluso investigue a los que van a estar en las carteras, para que no haya ningún problema para nosotros mismos como funcionarios. Para ese puesto no se necesita ser militar: mayor de 40 años y una licenciatura, eso es lo que dice el perfil del puesto.

Es complicada la situación, yo creo que entre más actores haya para tomar la responsabilidad es un error. El error va a ser del Presidente y de mi persona en cualquier decisión que se tome. Y la sociedad, los medios de comunicación deberían de dejar que nosotros hiciéramos nuestro trabajo, para que se cargue con responsabilidad, porque para uno es fácil decir que la CICIG investigue. De allí uno no tiene nada que ver, es salvarse salomónicamente, cuando no debiera de ser así. Entonces la responsabilidad es de los que ganamos la elección. Esa es mi manera de pensar.

¿Y en otros puestos claves en materia de Gobernación, inteligencia y seguridad sí se podría contemplar gente proveniente del Ejército?

Para mi manera de pensar, no. Para la manera de pensar de las gentes que están alrededor mío que es el mismo Presidente y otras instancias partidarias, no lo hemos dialogado. Pero yo en particular le diría que no.