Fontierras: Arrendamientos en lugar de créditos para favorecer a los mismos

Cuando marcharon, en marzo de 2012, una de las ideas que más rondaba en la cabeza de cientos de campesinos era la deuda, el dinero que aún debían pagar por la tierra que el Estado compró para ellos hacía dos décadas. Tan sólo tenerlo en mente, atormentaba, decían, no los dejaba dormir en paz. Era lo que repitieron a lo largo de 216 kilómetros, durante nueve días, en el tiempo que duró la “Marcha Indígena Campesina y popular por la defensa de la Madre Tierra, contra los desalojos, la criminalización y por el Desarrollo Rural Integral”.

Entre las demandas más urgentes de los campesinos que marcharon desde Cobán a la Capital, estaba la de exigir al Estado una manera de saldar la deuda agraria con el Fondo de Tierras (Fontierras), adquirida desde la creación de esta institución en 1997. En consecuencia, la manifestación también exigía que se detuvieran los cientos de desalojos de campesinos sin tierra, sin posibilidades de acceder a un crédito, o bien a la espera de que Fontierras terminara el proceso de titulación de su propiedad.

—Nos dieron la tierra hace años. El Gobierno nos compró una tierra mala, mala, mala. Entre las piedras nada se podía cosechar. Y sin cosecha no hay dinero. Y sin dinero la deuda (con Fontierras) no se puede pagar— lamentaba Pedro Chub Choc, de 71 años, representante de la aldea Mercedes Camquin, en Alta Verapaz.

Maurilio Chiquín, campesino, pequeño, moreno, 69 años, representante del pueblo q’eqchí Chaabil Be, de la aldea Sactelá, de Alta Verápaz, también marchó hace tres años por la tierra:

 —En 2004 ofrecieron comprarnos la finca e instalarnos. En nuestra comunidad somos desplazados del conflicto armado interno. Somos retornados. Cuando regresamos no pudimos recuperar nada de nuestras propiedades. Y no teníamos dónde estar. Han pasado más de 10 años y aún no tenemos tierra —reclama Chiquín.

A lo largo de una década, en la comunidad de Sactelá como la de Mercedes Camquin, sin un título de propiedad, los desalojos violentos han sido continuos. En realidad, es la historia de cientos de comunidades del área rural: ocupar y ser desalojados; intentar comprar y no tener para pagar. “Sin tierra, intentamos ocupar un lugar. El finquero, el que decía ser el dueño, nos echó. Trajo a la Policía. Intentamos buscar otro lugar y lo mismo. Y así varias veces”, recuerda Chiquin.

Un año antes de la Marcha Indígena Campesina, la Policía Nacional Civil realizó uno de los desalojos más grandes y violentos en el Valle del Polochic. El 15 de marzo de 2011, a las cinco de la mañana, 512 policías, acompañados por miembros del Ejército, ejecutaron la orden de un juez en Alta Verapaz. El objetivo era recuperar 13 fincas y desalojar 800 familias que habían ocupado los terrenos del ingenio Chabil Utzaj, propiedad de Carlos Widmann, cuñado del expresidente de la República Óscar Berger, en el municipio de Panzós. Ninguna de estas familias había podido pagar por un espacio de tierra en el lugar donde crecieron, donde también vivieron sus abuelos. El saldo: cientos de viviendas quemadas, cosechas (maíz, frijol, chile) destruidas, 700 niños en situación de vulnerabilidad. La Marcha de 2012 se llevaba al cabo de un año de los desalojos en el Valle del Polochic con intención de que no fuera olvidado.

—Por eso marchamos. Porque sin tierra no podemos vivir —recuerda hoy Pedro Chub Choc.

El 28 de marzo de 2012, la marcha llegó a la capital. Exigían suspender las licencias de minería e hidroeléctricas en el territorio nacional, pedían que distintos conflictos agrarios en varias comunidades fueran atendidos, solicitaban que una reforma agraria fuera discutida; también demandaban suspender la actividad militar en sus comunidades, parar varios megaproyectos, y buscar el diálogo con finqueros y empresarios. Saldar la deuda agraria con el Fondo de Tierras (Fontierras) y detener nuevos desalojos en el área rural era prioridad entre las demandas de los campesinos que marcharon.

Las tierras que compró el Estado

Desde mediados del siglo pasado, en Guatemala se han creado distintas instituciones para cambiar el sistema de acceso a la tierra. El Instituto de Transformación Agraria (INTA) y la Empresa Nacional de Fomento y Desarrollo de Petén (FYDEP) se encargaron de repartir tierra desde los años 70 hasta finales de los 90. Sus resultados están lejos de haber sido exitosos. En años más recientes, las instituciones encargadas del tema de la tierra, sufrieron algunos cambios. A raíz de los acuerdos de paz, con el problema de la reinserción de más de 100 mil campesinos que se habían refugiado en  países vecinos, y la reinstalación de aproximadamente un millón de personas desplazadas hacia distintos puntos del país, no fue fácil crear el Fondo de Tierras (Fontierras) como la nueva institución de gobierno para dar acceso a la tierra. Dos grandes obstáculos impedían a los campesinos recuperar sus parcelas en ese momento: por un lado, los escasos fondos gubernamentales para financiar la compra de tierras; por el otro, la hostilidad de los terratenientes que se negaban a vender las tierras ociosas. Con la creación de la nueva institucionalidad, la lógica de la tierra, dio un giro de 180 grados.

Si durante varias décadas se promovió una especie de colonización (talar, poblar, cosechar y construir), la legislación actual que creó un banco de fincas para campesinos sin tierra administrado por Fontierras, se ha enfocado en una lógica de mercado (crédito, comprar, cosechar, déficit).

Y “mercado” para muchos durante años ha sido igual a deuda.

“Se creó Fontierras, pero ¿qué sucedió? El mercado (de tierras) colapsó porque había demasiada demanda pero muy poca oferta de tierras. Y lo que había no sólo era caro, sino de mala calidad. Los terratenientes no han querido vender. Y si venden son las tierras cansadas del área agrícola. De mala calidad”, dice Daniel Pascual, dirigente del Comité de Unidad Campesina (CUC), uno de los organizadores de la Marcha Indígena Campesina de 2012.

Fontierras, asegura Pascual, se convirtió en un banco de propiedades. Una cantera de compra de fincas al mejor postor para el que pudiera pagar, o más bien, endeudarse. Cada campesino debía negociar, agregar una carta de oferta, obtener un crédito del Banco de Desarrollo Rural (Banrural), y esperar. Mientras esperaban: la falta de tierras creaba más problemas de los iniciales.

A la deuda le siguieron (y le antecedieron), la falta de límites bien definidos entre fincas; títulos de propiedad con una ubicación diferente; engaños en el momento de la compra; ventas sin autorización de los propietarios originales; ocupación de fincas privadas por parte de campesinos sin tierra; ocupación de baldíos nacionales; ocupaciones de ejidos municipales; finqueros usurpando lotes baldíos del Estado; desalojos. Desorden, caos, anarquía.

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Además, Fontierras asumió todas las funciones del desaparecido INTA: legalizar y regularizar cientos de casos pendientes de titulación. Muchos aún hoy no han sido resueltos y permanecen en el limbo.

Por si fuera poco, “la mayoría de tierra adjudicada por el Estado tenía sobreprecio”, asegura Leocadio Juracán, Coordinador General del Comité campesino del altiplano (CCDA). “Nadie, ni el Estado ni los Campesinos ni los terratenientes, sabía a ciencia cierta el valor exacto de las propiedades. El valor de la tierra históricamente ha dependido de la cantidad de área que abarque, no por su utilidad, no por lo que pueda o no producir”, explica.

La deuda agraria, al momento en que campesinos como Pedro Chub Choc y Marulio Chiquín participaban en la Marcha Indígena y Campesina de 2012, ascendía a Q320 millones.

—Cuando marchamos —dice Chiquín—, queríamos que se perdonara la deuda. Lo que logramos, a pesar de todo, fue cambiar el agro.

—¿Cómo?

—La marcha obligaría a cambiar Fontierras —asegura Chiquín.

La marcha obligó a repensar la deuda agraria. Obligó al Estado a reevaluar cientos de propiedades campesinas. El Gobierno tuvo que volver a medir la tierra, ya no sólo por extensión, sino por utilidad. El valor de la tierra cambió desde entonces. La tierra mala para cosechar no podía tener el mismo precio que las áreas forestales. Y la deuda, a partir de la marcha, tuvo que ser reestructurada.

La marcha que reestructuró la deuda

Miles de campesinos, cansados luego de varios días de marcha, todos alrededor de la Plaza de la Constitución, no se retirarían sin una respuesta. Durante varias horas, aquel 28 de mayo de 2012, ya de madrugada, el presidente Otto Pérez Molina escuchó sus demandas. La primera de ellas: la deuda agraria.

—Queremos que nos condonen la deuda agraria —decía Omar Jerónimo, de Plataforma Agraria, otra de las organizaciones que participaron en la marcha desde el principio.

­—No es posible. No. —La respuesta, unánime, tenía como remitente a los técnicos del gobierno de Pérez Molina: Elmer López, en aquel momento, secretario de Asuntos Agrarios, y después Ministro de Agricultura; Adrián Zapata, excomisionado presidencial para el Desarrollo Rural Integral; y Miguel Ángel Balcárcel, comisionado presidencial del Diálogo Nacional.

La marcha, por su parte, había escogido a varios representantes, entre técnicos, sociólogos y abogados. En el interior del Palacio Nacional de la Cultura se daría un pulso de negociaciones.

“Condonar o no condonar la deuda —a pesar de las declaraciones del Presidente— nunca ha dependido del Ejecutivo”, recuerda ahora Balcárcel. “Eso es algo que depende del Congreso: por eso decíamos en aquel momento que no era posible”, agrega.

El compromiso que asumió el gobierno, no obstante, fue la creación de un subsidio para amortiguar la deuda. Meses después, luego de que los campesinos marcharan con una deuda agraria impagable en torno a sus cabezas, Fontierras sería reformado. De nuevo otro cambio para abordar la problemática de la tierra. Esta vez, la transición apenas hizo ruido en la prensa. “Se beneficiaron comunidades afines al gobierno, quizá por eso pocos alzaron la voz”, indica Daniel Pascual. El dirigente del CUC habla de organizaciones campesinas como la Coordinadora Nacional Indígena y Campesina (Conic), que con la crisis de los últimos meses han realizado marchas y protestas a favor del gobierno de Otto Pérez Molina. La nueva política sobre el acceso a la tierra abordaba, en efecto, la deuda, como dice Pacual, buscando una reducción para los campesinos, pero no atacaba el problema del agro de manera estructural. La lógica, el enfoque, se mantenía en el mercado.

El primer paso, no obstante, fue admitir la sobrevaloración de la tierra. Eddy Díaz, exgerente de Fontierras, explica que mucha tierra que se dio a los campesinos, durante años, tenía como función exclusiva la protección forestal. Lugares donde las cosechas apenas crecen. El plan, entonces —según Fontierras por iniciativa de su junta directiva, y según los campesinos gracias a la presión de sus peticiones—, fue encontrar una forma de cambiar el precio de las tierras: las malas, las pésimas para cultivar, serían devaluadas. Y una tierra casi sin valor, reduciría la deuda, crearía propietarios pero con tierra inutilizable. El único propósito: bajar el precio de la tierra ya comprada. “Que los campesinos paguen menos y que Fontierras viera por fin viable el pago de la deuda”, dice Díaz. Agrega que “con la Política de Reestructuración de la Deuda, se hizo una escala de valores para categorizar la tierra: clase uno, para la cultivable, y clase ocho para la forestal. Se reajustaron los precios”. Y la deuda bajó. Bajó tanto que a la fecha se ha logrado reducir en Q179,203,887.15. Un 81.42% de la deuda original de 2013 que ascendía a Q221 millones según datos de Fontierras. Los campesinos, no obstante, aún quedan debiendo alrededor de Q41 millones. Con la reducción de la deuda el subsidio aumentó en un 75% para cada campesino deudor con Fontierras.

—Son 95 casos, 95 comunidades beneficiadas —dice Díaz.

—Pero eso no resuelve el problema de los cultivos, se redujo la deuda por tanta tierra mala para cosechar —se cuestiona a Díaz.

—Estamos conscientes, sí. Por eso implementamos programas enfocados en la soberanía alimentaria. Si antes se veía la tierra como un fin, ahora se ve como un medio.

— ¿Fontierras se reestructura a partir de la Marcha Indígena Campesina?

—En parte sí, en parte no. Este era un plan de larga data. No podemos decir que la Marcha Indígena Campesina tiene todo el crédito. Hubo otros esfuerzos —responde Díaz.

Tampoco Balcárcel reconoce que la marcha de 2012 haya cambiado radicalmente el panorama respecto a la deuda agraria. Refiere trabajos de años, de reuniones, sí, pero lo evidente es que el agro empezó a sacudirse el día que miles de campesinos salieron desde Cobán, Alta Verapaz, y caminaron durante 11 días rumbo a la capital.

Virgilio Pérez, de Plataforma Agraria, miembro de la comunidad La Florida, en Quetzaltenango, marchante, tiene una lectura sobre por qué interesaba tanto modificar Fontierras luego de la marcha. “Fontierras reacciona por lo que el tema de la deuda agraria fue entendido en términos de gobernabilidad. Es decir: conflictividad. No es que este gobierno haya atendido la demanda del campesinado por buena gente. No. Se dio gracias a la presión de la protesta del campesinado, aunque cueste admitirlo. Pero de fondo estaba calmar protestas, oposiciones, demandas en muchos lugares de Guatemala”, dice.

Para el empresariado, desde la Cámara del Agro (Camagro) como miembros del Consejo Directivo de Fontierras, este enfoque de ingobernabilidad tiene sentido al preguntarles sobre los cambios en el agro a partir de la Marcha Indígena Campesina del 2012: “Asumiendo que su pregunta se enmarca en el contexto de la ingobernabilidad, a nuestro parecer, los actos fuera del margen de la ley se han venido incrementando como invasiones a propiedad privada, secuestro y retención de personas, destrucción y daños a la propiedad, derivado del inacción de las autoridades de Gobierno para hacer cumplir la Ley. Y hemos visto actos violentos cometidos impunemente en áreas como Cuyotenango en Mazatenango, y en municipios de Alta Verapaz e Izabal, en el área del Valle del Polochic. Estos hechos ilícitos afectan directamente a empresas a quienes invierten en el área rural y a los colaboradores de las empresas”, argumenta Carla Caballeros, directora ejecutiva de Camagro.

¿Alquilar para tener tierra?

Fontierras tiene tres formas de dar acceso a la tierra a los campesinos: la regularización (dar solvencia jurídica), la compra (pero con deuda), y el arrendamiento (alquilar para sobrevivir).

A la fecha, según datos de esa institución, desde su creación en 1997 se han otorgado créditos por Q736,415,510.55, para la compra de 273 fincas. En contraste, la misma institución ha concedido 530,151 créditos para alquilar fincas por medio de arrendamientos, por un costo de Q134,411,480.00.  

En lugar de comprar, Fontierras está alquilando tierras.

“Los arrendamientos hace más ricos a los que poseen tierra ociosa. Los grandes terratenientes alquilan la tierra por medio de Fontierras a cientos de pequeños agricultores. No se genera la autosostenibilidad en el agro como defienden. Se fomenta la riqueza de los mismos, del uno por ciento de la población que posee latifundios: la élite”, dice Leocadio Juracán del CCDA.

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En más de tres oportunidades Plaza Pública, por medio de acceso a la información pública, intentó obtener el monto completo de ganancias de los finqueros que alquilan la tierra. ¿Quiénes son?, ¿cuánto ganan por propietario?, ¿en qué finca?, ¿cuánta extensión poseen para arrendar? Y en tres ocasiones, Fontierras evadió dar una respuesta sobre estos datos. Respondió, cada vez, con un listado de cientos y cientos de campesinos que reciben entre Q300 a Q1,000 cada mes para arrendar una parcela, sin especificar el lugar, la extensión, la categoría de la tierra (forestal y cultivable) y el nombre del dueño que recibe el dinero. Los grandes terratenientes, los que podrían alquilar gran parte de sus propiedades, no aparecieron nunca en los datos solicitados.

—¿Qué opinión tiene Camagro sobre una mayor inversión en arrendamientos en lugar de la compra de tierras? —se le pregunta a Carla Caballeros.

—El programa de arrendamientos funciona similar a un crédito revolvente y esto permite que junto a los pagos de los créditos de arrendamiento se pueda seguir ampliando este programa. Mientras que el programa de compras de tierra requiere que el Estado asigne fondos adicionales al Fondo de Tierras para poder comprarlas, lo cual no se ha dado —responde Caballeros.

—¿Son los grandes terratenientes los beneficiarios de una mayor inversión en arrendamientos?

—Según registros del Fondo no, pues los beneficiarios que constan en dichos registros son campesinos de escasos recursos, calificados conforme a la Ley del Fondo– asegura la representante de Camagro.

Camagro tampoco informó sobre la cantidad de fincas, extensiones, lista de propietarios y montos de que se han beneficiado los terratenientes con la política de arrendamientos.

Para el exdirector de Fontierras, Eddy Díaz  los arrendamientos radican en la experiencia de la deuda, lo que hizo replantear el acceso a la tierra vía mercado. La nueva política establece la posibilidad de arrendamiento con opción a compra, indica. Después de cuatro años de alquilar, un campesino puede preguntar, por fin, si la tierra puede ser adquirida por medio de una compra. “Tras esos años los campesinos tienen capital de trabajo para que puedan producir ingresos propios. De lo que producen en arrendamiento, en Fontierras les genera un capital semilla, que al quinto año se les entrega para que puedan ir a un arrendamiento con opción de compra”, explica Díaz.

—¿Hay evidencia de que ha funcionado?

—Aún no. Está en proceso

—¿Se alquilan más fincas en lugar de comprarlas para los campesinos?

—Tienen objetivos diferentes. El arrendamiento es un programa paliativo enfocado en el tema de seguridad alimentaria. Gente que no tiene donde producir. Ese es el objetivo. Y que ha tenido éxito porque teníamos 35 mil casos, en 2011, y luego, en 2015 hablamos de 95 mil fincas para arrendar dentro de nuestra cartera. Si tuviéramos más plata podríamos cumplir más —responde Díaz.

Maurilio Chiquín, de Sactelá es arrendatario. “Toda la vida alquilando. Si no llegamos a la cuota apenas hay ganancia. Apenas hay para vivir. Pero hay que pagar la tierra, aunque nunca sea nuestra”, lamenta.

La colectividad como propietaria

Sin respaldo legal, la tierra no es de nadie. Muchas veces una propiedad se mantiene en disputa durante décadas. Muchas veces los límites entre una finca y otra tampoco están definidos. Saldos, casos irresueltos por anteriores instituciones como el INTA. Según Fontierras, el proceso de regularización dejado por otras administraciones, como parte de su responsabilidad, ya ha concluido. Lo afirma el exdirector Eddy Díaz. No obstante, los reclamos sobre la tierra, el desorden con que se ha llevado a cabo inscripciones anómalas, títulos de propiedad duplicados, despojos ilegales, continúa latente.

Fontierras se ha tenido que hacer cargo de varios casos aún no resueltos. En Quiché, por ejemplo, Acul y Tzalbal, dos comunidades fueron expropiadas en los años 80 como una estrategia contrasubversiva para la creación de polos de desarrollo. Durante 28 años nadie en esas comunidades supo nada de la expropiación. En 2013, otro de los ejemplos de casos irresueltos se dio con la denuncia de ocho comunidades q’eqchíes de Sierra Santa Cruz, El Estor, Izabal, se quejaban de la inscripción anómala de 254 caballerías. En ambos casos Fontierras mantiene los procesos de titulación abiertos, pendientes de terminar los procesos de regularización de propiedades.

“Con la Marcha Indígena Campesina se introdujo un nuevo término”, dice Daniel Pascual, del CUC: “La propiedad comunitaria”.

La génesis de este cambio dentro de Fontierras proviene en gran parte de las quejas y críticas al hecho de que el Estado otorgaba una propiedad y luego, los nuevos dueños (campesinos), la vendían; en muchos casos a latifundios o megaproyectos, dejando desprotegidos a los pequeños propietarios que se iban quedando aislados.

—La opción que se dio —señala Leocadio Juracán, de CCDA —fue crear una opción colectiva que incluye el reconocimiento de derechos ancestrales.

“La propiedad ahora es de todos, no sólo de una persona, y si se desea vender, separar una parcela, la aprobación debe ser colectiva”, explica Patzy Chavarría, directora de Regularización de Fontierras. “Es un candado”, admite.

Con la marcha de 2012, la “propiedad comunitaria” fue implementada por primera vez para 14 comunidades de la Sierra Chinajá, en Chisec, Alta Verapaz. Luego en Telemán, en el Valle del Polochic. Ahora es una figura recurrente a pesar de la oposición que existe para reconocer este tipo de derecho comunitario e indígena.

Virgilio Pérez, de Plataforma Agraria, recuerda el proceso en la boca costa de Quetzaltenango: “La plática era sobre inscribir la tierra pero no perderla. Cómo hacer para que aún quede tierra para nuestros nietos. La propiedad para todos tiene relación con el pensamiento de nuestros abuelos. Unos siempre verán la tierra como una mercancía y otros, como nosotros, que la ve como la madre tierra”.

La propiedad comunal es algo en lo que Fontierras y campesinos están de acuerdo. La oposición a esta figura, por la jurisprudencia que marca para adjudicar propiedades indígenas ancestrales, es política y también empresarial, como la exregitradora General de la Propiedad, Anabella de León lo dijo a Plaza Pública en 2013: “Entonces los propietarios de tierras ya no van a estar seguros de sus inscripciones porque van a venir muchos que van a decir: ‘aquí vivieron mis ancestros’. Póngase esa palabra que utilizan: ‘mis ancestros vivieron aquí’. Y si todos tenemos ancestros mayas, entonces podemos reclamar los montículos de Tikal, Kaminal Juyú. Entonces ¿dónde quedan las inscripciones?, entonces no va a haber Registro, ¿para qué va a haber Registro?”.

Mercado cerrado temporalmente

Tras la reestructuración de la deuda agraria todo se detuvo. El dinero desde el presupuesto de la Nación dejó de llegar. Las tierras disponibles se paralizaron para generar nuevos bancos de fincas en Fontierras. La marcha, como bromea Balcárcel, “dejó de avanzar”. Y Fontierras se quedó sin recursos: “Cuando se aprobó el presupuesto de 2015 —dice Bálcarcel— al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación se le colocaron varios candados: no dispone de dinero para resolver los casos agrarios”.

El último presupuesto ejecutado por Fontierras en 2014 fue de casi Q30 millones.

Maurilio Chiquín es uno de los afectados por la falta de presupuesto. Aún no han logrado que Fontierras compre la finca para que más de 60 familias se instalen en la aldea Sactelá. Chiquín dice que todo está listo, que el terrateniente quiere vender, que sólo faltan unas firmas del gobierno y luego ellos se comprometen a pagar. “Nosotros somos de fiar. Queremos algo propio para cosechar. No queremos estar en el aire, en la oscuridad, en lo de no saber y saber, en la duda”, dice.

Lo cierto es que con el cambio dentro de Fontierras, los beneficios se enfocaron en casi una sola organización: la Coordinadora Nacional Indígena y Campesina (Conic). En porcentajes globales, Conic resolvió el 82% de los casos en los que da acompañamiento, según datos de Fontierras. CCDA y CUC, 67% y 50%, respectivamente. “Conic pactó con el gobierno. Desde hace años, lamentamos, se ha plegado a la agenda de los políticos de turno. Es una lástima que fueron ellos los que marcharon en 2007 para pedir 15 mil formularios de arrendamientos. Toda una lógica contraria a la marcha de 2012. Todas la organizaciones que vemos el tema de la deuda nos sentimos traicionados”, señala Daniel Pascual.

Juan Tinay, dirigente de Conic, en un tono derrotista, acepta: “Si esperamos a que por fin se pueda sembrar en 15 o 10 o 20 años, la gente se va a morir. Nosotros los vemos con ese ojo. Si sólo lo vemos crítico, desde la ciudad, desde la academia, nuestras familias se van a morir”. 

—¿Pero plegarse al Gobierno, a pesar de sus contradicciones?

—Nos critican tal y cual. Pero lo vemos desde lo humanitario, con visión humanitaria, con visión de la realidad —dice Tinay.