Guatemala y las petroleras: El socio tonto

El petróleo guatemalteco vive hoy sus horas más bajas. Desde el año 2003, la producción no ha parado de caer. Esta depende en un 90% de un campo petrolífero en vías de agotamiento: el campo Xan operado por la empresa franco-británica Perenco. Así, la producción de 2015 (3.6 millones de barriles) es la mitad de lo que era hace apenas 10 años.

A esta debacle se le suma, desde 2013, la caída de los precios del crudo a nivel internacional. De US$96 por barril en 2011, éste pasó a US$41 en 2016. Por lo tanto, los ingresos petroleros para el Estado de Guatemala han sufrido un descalabro considerable. En 2011, uno de los puntos más altos de la renta petrolera, el Estado ingresó a sus arcas Q1,100 millones de quetzales. En el 2015, apenas logró captar Q205 millones.  

En Venezuela, por poner un caso extremo, la caída del precio del barril ha tenido consecuencias dramáticas para la población. Las exportaciones del país suramericano dependen en un 96% del petróleo, y por lo tanto, el país presidido por Nicolás Maduro vive al ritmo de los precios internacionales del barril.

En Guatemala, en cambio,  los efectos son menos dramáticos. Incluso en los  mejores años en términos de ingresos, 2008 y 2011, el petróleo apenas representó un 0.7% del PIB nacional. La producción petrolera ocupa el puesto 11 dentro de los principales productos de exportación, quedando por detrás del azúcar, el café, el cardamomo, el papel o los productos farmacéuticos.

A nivel internacional, Guatemala es un microbio petrolero. La producción nacional de todo un año  representa un día y medio de producción mexicana, o siete horas de producción saudita. Sin embargo, Guatemala tiene una larga historia petrolera. Empezó en los años 30 con las primeras exploraciones realizadas por la Shell en Petén y Alta Verapaz. En los años 50, otros gigantes petroleros (Texaco, Standard Oil, Esso), tuvieron operaciones en los departamentos norteños. Sin embargo, la pobre calidad del crudo guatemalteco, la escasa productividad de los yacimientos y la inestabilidad política acabaron con el interés de estas empresas por Guatemala. Su legado fue, sin embargo, la identificación de los principales yacimientos.

En 1974, llegó al país la empresa registrada en las Bahamas, Basic Resources para explotar el campo Xan, situado en el área de la Laguna del Tigre, municipio de San Andrés, Petén. Basic Resources fue absorbida en 2001 por la franco-británica Perenco, una petrolera “junior” (en comparación con empresas “senior” como Texaco o Shell) especializada en campos petrolíferos modestos y de mediana rentabilidad.

Hoy en día, el campo Xan produce más del 90% del crudo nacional. Pero tras 40 años de explotación continua, está en neta decadencia. “El campo está condenado a dejar de producir”, explica Luis Ayala Vargas, director de hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas (MEM). “Lo que se hace son trabajos para evitar que el declive sea muy rápido. Por ejemplo, se reinyecta el agua de la producción en el subsuelo o se intervienen los pozos para limpiarlos de ceras acumuladas”.

Otra razón de la caída de la extracción en el campo Xan, según Ayala, es que no se han perforado nuevos pozos. En 2010, cuando se le renovó el contrato petrolero a Perenco por 15 años más, la empresa se comprometió a cavar cinco pozos nuevos en el campo Xan. Pero éstos no se han realizado, explica Ayala, porque el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) no ha aprobado los Estudios de Impacto Ambiental.

Perenco ingresó al MARN varios instrumentos ambientales después de la prórroga del contrato, y éstos nunca recibieron respuesta ni por parte del MARN ni por parte del Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap). En cambio, se dieron varias anomalías: un estudio de impacto ambiental se “perdió” en el Conap, y, a finales de 2015, un diagnóstico de impacto ambiental fue reencontrado en el archivo muerto del MARN sin que los funcionarios lo hubieran estudiado. Estas situaciones muestran la indecisión de las autoridades ambientales frente a Perenco: ni el MARN ni el Conap han querido pagar el precio político, ni las posibles consecuencias legales, de aceptar o rechazar una explotación petrolera realizada en el corazón de un parque nacional de gran importancia ambiental, protegido tanto por las leyes nacionales como por tratados internacionales.

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“Es el Estado contra el Estado”, admite Luis Ayala, director de hidrocarburos. Por un lado, el MEM promociona la explotación de campos petroleros y minas, y por el otro, el MARN, en su indecisión, frena el desarrollo del campo Xan, pero sin atreverse a cerrarlo por el impacto ambiental que genera la actividad petrolera.

Además de Perenco, hay otras tres empresas petroleras con contratos de explotación en Guatemala. La Empresa Petrolera del Istmo, que explota los campos de Tierra Blanca, Rubelsanto y Campos Caribe en Chisec y Sayaxché produce alrededor de 500 barriles diarios de crudo. Petro Energy, que opera los campos de Yocop y Yalpemech en Chisec y San Luis, Petén, reporta unos 200 barriles diarios. La última es Latin American Resources, que opera el campo Atzam, en Cobán, Alta Verapaz, que brinda 200 barriles diarios.

¿Un buen negocio para Guatemala?

La repartición de los ingresos del petróleo entre las empresas y el Estado ha sido motivo de controversia. Como señal de la dureza del debate, basta mencionar el título del informe sobre producción petrolera realizado en 2010 por el entonces diputado independiente Aníbal García: “Petróleo, historia de una traición a Guatemala”.

Para entender este debate, hay que entender el sistema de repartición de estos ingresos. El dinero obtenido por cada barril de petróleo producido se divide en tres partes: las regalías, los costos de producción y los hidrocarburos recuperables. Esta división genera debate en sus tres componentes.

Las regalías

Las regalías representan un porcentaje de la producción bruta. Van de 5% al 30% según la densidad del petróleo: un petróleo pesado como el del campo Xan paga solo un 6%, mientras que un petróleo ligero como el de Rubelsanto, paga 22% de regalías.

Esto, dice Luis Ayala, tiene una explicación histórica que ha perdido vigencia. Cuando se aprobó la Ley de Hidrocarburos en 1983, el petróleo pesado que producía Guatemala se vendía muy mal en el mercado internacional. Su alta densidad hacía más difícil su transporte y su refinación. Su alta concentración de azufre, sustancia altamente corrosiva, todavía hace que muchos puertos y refinerías prefieran no lidiar con el petróleo guatemalteco. Por estas características, el precio del crudo guatemalteco era apenas una fracción del barril de petróleo estándar. Por lo tanto, con cierta lógica, las regalías que se le imponían eran bajas.

Esta situación ha cambiado en un mercado cada vez más ávido de petróleo. En 2015 el crudo de referencia se vendió a US$51 por barril mientras que el crudo nacional se vendió a US$41. La diferencia, que suele oscilar entre los US$9 y los uS$11 por barril, es pequeña comparada con la de los años 80.

Esta leve diferencia de precio entre el petróleo estándar y el petróleo del campo Xan ya no justifica las bajas regalías que se le cobran. Sin embargo, según el exdiputado Aníbal García, durante las discusiones por la Ley del Fondo para el Desarrollo Económico de la Nación (Fonpetrol), y durante los debates por la prórroga del contrato de Perenco, ese nunca fue un tema de discusión en el Congreso. Con esta prórroga no hubo mejora en los ingresos por regalías para el Estado de Guatemala.

Costos de producción

En Guatemala, la producción petrolera es un negocio que no se rige por las leyes del capitalismo. Dentro de una economía de mercado, una empresa invierte su capital, acepta un riesgo y, si tiene éxito, recupera capital y ganancias. En el caso del petróleo guatemalteco, la empresa invierte el capital del Estado, quien asume todo el riesgo, y luego, recupera la mayor parte de las ganancias. En otras palabras, la empresa apuesta el dinero de los guatemaltecos.

Todas las inversiones que realiza la empresa para producir petróleo le son devueltas por el Estado. Son los llamados costos recuperables definidos de esta forma en la Ley de Hidrocarburos: “costos de capital, exploración, explotación, desarrollo, operación y gastos administrativos”.

En 2004, el gobierno de Óscar Berger reescribió la lista de gastos de las empresas que el Estado debe asumir. La lista es larga, y conlleva los gastos por sueldos y salarios, carreteras, perforación de pozos, geología, gastos de medio ambiente, productos químicos, vestuario para el personal de campo.

No acaba allí. El Estado paga las consultorías por temas legales y fiscales de la empresa. Paga los programas de responsabilidad social destinados a las poblaciones locales. Paga una parte (hasta 1% del total de los costos recuperables) de los gastos administrativos y gerenciales de la casa matriz en su país de origen.

Como ejemplo, entre 2010 y 2015, Perenco exigió al Estado la devolución de $453 millones en costos recuperables, que equivalen al 27% de la producción petrolera. El costo promedio de producción de un barril ha sido de $13. Pero este costo varía mucho entre las empresas. Por ejemplo, la Empresa Petrolera del Istmo necesita $33 para producir un barril, mientras que Petro Energy necesita $66. Esta empresa es la menos eficiente. De 2009 hasta 2015, Petro Energy produjo petróleo por US$30.136 millones. En ese mismo periodo, pidió, en costos recuperables un poco más: $30.330 millones. En otras palabras, el Estado pierde dinero y pierde petróleo confiando en Petro Energy. Sin los beneficios que el Estado de Guatemala le otorga, esta empresa hubiera quebrado años atrás.

¿Cómo hacen las empresas para que se les devuelva su inversión? Cada trimestre, éstas entregan al MEM un pliego en el que detallan los gastos que pretenden recuperar. Y cada trimestre, los auditores del Ministerio revisan ese pliego. Nunca están de acuerdo con todo, y en cada ocasión, señalan, en un “pliego de ajustes”, los desembolsos que el Estado no tiene por qué asumir. Los montos que el MEM disputa suelen ser relativamente pequeños. Para hacerse una idea, el primer trimestre 2010, Perenco reportó $8,8 millones en costos recuperables, de los cuales, el Ministerio decidió no devolverle $151,202.

Pero aunque los montos que el Ministerio pelea sean modestos, el listado de los gastos que los auditores rechazan tiene su interés. Muestran, acaso, el poco respeto que tienen las empresas por el ministerio que las tutela, y por el Estado de Guatemala en general. Así lo muestra el pliego de ajustes del primer trimestre 2010 consultado por Plaza Pública.

Algunas facturas que Perenco intentó colar dentro de sus costos de producción eran puramente anecdóticas: repuestos para bolígrafos marca Cross, comprados en la Boutique Mont-Blanc por el ingeniero Antonio Minondo Ayau (Q146); Llamadas internacionales realizadas por los directivos a Gabón, Perú y Colombia (Q4,784); Bebidas ingeridas durante una excursión al volcán Pacaya (Q62); Tres facturas del restaurante Tapas y Cañas (Q4,123).

Otros gastos rechazados resultan más problemáticos, como, por ejemplo, en ese mismo trimestre, el “transporte de tres camionadas de aserrín y tres de estiércol para la remediación de la finca n°2 por rebalse del tanque, derrame de la línea de producción Xan 1, fuga en el acarreo de crudo en Torre Alta. Este gasto (Q29,196), indica el MEM, no es de producción, puesto que es fruto de “la negligencia o imprudencia del contratista”.

Pero el grueso de los cobros que ni el MEM ni Perenco quieren asumir, venían los bonos a directivos de Perenco como Fredy Misael Gudiel, gerente legal, Antonio Minondo Ayau, gerente de seguridad industrial o Erick Oswaldo Campos, supervisor general de mantenimiento mecánico. Siete altos cargos de la empresa recibieron ese trimestre Q971,664 en bonificaciones que pretendían cargarle al Estado. También pretendían cargarle el alquiler de las casas de los expatriados franceses de la empresa: Q12,768 mensuales por la casa de Olivier Aberlin, gerente financiero; Q17,936 por la casa de Geoffroy Martin, gerente general.

Casi todos los trimestres, sucede lo mismo. El MEM rechaza algunos gastos, Perenco impugna la decisión mediante largos oficios donde explica por qué dichos gastos sí son necesarios para la producción petrolera. El MEM vuelve a decir que no, y el expediente va a parar a las Salas de lo Contencioso. Empieza un largo proceso judicial que contribuye a la mora del sistema de justicia.  En el caso del diferendo por el primer trimestre de 2010, la Sala tardó cuatro años en darle la razón al Ministerio, con lo cual, Perenco se fue a Casación, y luego a la Corte Suprema de Justicia. Tras movilizar a la Procuraduría General de la Nación, la CSJ dio la razón al MEM en julio de 2015.

Dato curioso: en diciembre 2005, Perenco pidió al MEM que le devolviera el dinero que gastó con el bufete Beltranena, de la Cerda y Chávez (Q11,103). Estos abogados representaron a la empresa en un pleito en Corte de Casación… contra el MEM. No lo lograron colar, ya que solo se pueden considerar como gastos de producción las asesorías legales que no van contra el Estado.

En el juego de intentar colar gastos superfluos, las otras empresas petroleras no se quedan atrás. Así, en diciembre de cada año, la lista de costos de producción se tiñe de espíritu navideño. En 2010, la Empresa Petrolera del Istmo, trató de recuperar los Q38,848 de las canastas navideñas, los Q3,400 de un show de payasos, los Q81,607 de los uniformes deportivos, playeras para niños y gorras con el texto “Desarrollo petrolero sostenible”. El MEM no quiso jugar a Santa Claus, y rechazó las facturas.

Hidrocarburos compartibles

Una vez que al barril se le han restado las regalías que percibe el Estado, y los gastos que recupera la empresa (que suelen ser entre tres y siete veces mayores a las regalías), queda la ganancia que se reparten en partes desiguales el Estado y el contratista. El término técnico para esto es “hidrocarburos compartibles”.

Esta repartición varía según los contratos, los precios internacionales y los barriles diarios producidos. En la actualidad, según el contrato 1-2005 con Latin American Resources, 30% de la ganancia es para el Estado y 70% para la empresa. Con la producción actual de Perenco, el Estado recibe el 42% y la empresa el 58%.

Según los contratos firmados con estas empresas, esta “participación del contratista” constituye “la remuneración total por sus servicios y por sus compromisos técnicos y financieros”.

Cuando los precios son bajos y los costos de operación elevados, lo que queda en hidrocarburos compartibles es mínimo. En el caso de Perenco, entre 2012 y 2015, los ingresos del Estado cayeron de US$106 millones a US$19 millones.

Peor aún: Latin American Resources, que explota campos en el norte de Alta Verapaz, no ha brindado al Estado un dólar de ganancias desde 2013, año en que retomó el contrato 1-2005 que poseía la empresa Petro Latina. Petro Energy tampoco ha aportado nada desde 2004.

“Estas empresas pequeñas han tenido problemas económicos por los precios bajos y le adeudan al Estado. El MEM ya ha iniciado las acciones legales para que se realice el pago”, asegura Luis Ayala, director de Hidrocarburos

Lo cierto es que sus gastos de operación son tan elevados, que superan a veces los ingresos de la venta del petróleo.

Según la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), la empresa Petro Energy está inhabilitada desde mayo 2015 por adeudo tributario. Esto no le impide seguir operando. Desde la fecha de su inhabilitación, ha logrado obtener por parte del Estado más de Q742 mil en costos recuperables.  Ayala indicó que los problema tributarios no son una causal para rescindir los contratos petroleros, por lo cual, Petro Energy puede seguir trabajando, y cobrando sus costos de operación.

Fonpetrol: el caballo de Troya de Perenco

Corría el mes de marzo de 2008 cuando los diputados se sentaron a una de sus primeras sesiones del recién iniciado periodo legislativo durante el gobierno de Álvaro Colom. Ese día, el diputado petenero Manuel Baldizón, levantó la mano y pidió que se cambiara el orden del día: quería que el pleno conociera una iniciativa de ley de su autoría: la Ley para la Creación del Fondo para el Desarrollo Económico de la Nación, la también llamada “Ley Fonpetrol”.

Hasta ese entonces, todos los ingresos generados por el petróleo entraban al fondo común del Estado. Baldizón quería cambiar eso, y entregar una parte de éstos a las municipalidades.

Con la nueva ley, el 28% de los ingresos petroleros serían repartidos de esta forma:

-5% para los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes) de todo el país.

-20% para los Codedes de los departamentos productores de petróleo.

-3% para la vigilancia y recuperación de las áreas protegidas.

Los restantes 72% pasarían al fondo común.

La propuesta generó entusiasmo entre los diputados. Manuel Barquín, Roxana Baldetti y Mario Taracena tomaron la palabra para apoyarla. La ley hubiera podido ser aprobada ese mismo día, sin mayor discusión, sin que los diputados o sus asesores la leyeran siquiera. Pero no fue así: un joven y novato diputado llamado Aníbal García aprovechó los discursos a favor de la iniciativa para leerla. Se topó entonces con el artículo 8. Este artículo modificaba la Ley de Hidrocarburos, que prohibía la renovación de los contratos petroleros. La nueva iniciativa autorizaba una prórroga a favor de las empresas. En la redacción final, esta prórroga es de15 años.

Aníbal García pensó que allí estaba el gato encerrado, que ese octavo artículo era el verdadero objeto de la Ley Fonpetrol. Poco después descubrió que el contrato de Perenco estaba a dos años de expirar. Sin un cambio a la legislación, la empresa franco-británica tendría que abandonar su área de concesión.

Aníbal García tomó la palabra, reveló su hallazgo a los diputados. De un tajo, rompió el consenso que tenía la iniciativa de Baldizón.

“Nos tiramos ocho meses de discusiones y citaciones. Realicé diversas actividades para denunciar que el contrato con Perenco era lesivo para el país. Pedí que se replanteara un esquema de explotación del petróleo”, recuerda García. Fue en vano, puesto que, al final, la ley Fonpetrol fue aprobada con todo y artículo 8. Dos años más tarde, Álvaro Colom renovó por 15 años el contrato con Perenco.

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 Aníbal García recuerda que, a lo largo de su lucha por cambiar el esquema de producción petrolera, recibió el apoyo de diversos diputados. Pero pronto se dio cuenta que ese apoyo no era sincero:

—Al final de cuentas, solo fui un factor para que costara más la aprobación de Fonpetrol, y salieran más favorecidos los diputados, porque entonces ya tenían el pretexto para ir con la empresa y decirle que había problemas. Ellos estaban subiendo su precio —explica García, no sin amargura.

Aníbal García asegura haber recibido presiones por parte de diversos actores, alcaldes, diputados, y también amenazas de muerte de las que culpa, directamente, a Perenco.

Hoy en día, el fondo petrolero está en funcionamiento. En 2015, Fonpetrol recibió Q184 millones. Muy poco comparado con los más de Q1,000 millones que recibió en 2011, año de vacas gordas para los productores de oro negro.

 Mucho de estos recursos han sido invertidos en infraestructura. Una investigación de Plaza Pública mostró hasta qué punto la construcción ha representado un suculento negocio para alcaldes, diputados y gobernadores, en general, y para Manuel Baldizón y los alcaldes de Petén como Julián Tesucún Tesucún, de San José, en particular. La misma investigación muestra que los recursos de Fonpetrol alimentaron a grandes emporios constructores, como el de la familia Guerra. Uno de sus miembros prominentes, Carlos Gabriel Guerra Villeda, dueño de varias constructoras, está prófugo. La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el Ministerio Público lo acusan de lavado de dinero y cohecho activo en el caso de Cooptación del Estado.

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El socio tonto

Para Ricardo Castaneda, economista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), el Estado es el que debería quedarse con la mayor parte de los ingresos. Este no es el caso. “El Estado está jugando el papel de socio ‘tonto’, puesto que asume todo el riesgo mediante el sistema de costos recuperables”, señala el experto.

El exdiputado Aníbal García no tiene palabras suficientemente duras en contra de los funcionarios que erigieron el sistema que considera una “traición a los intereses del Estado”. En su análisis sobre la repartición de los ingresos petroleros, denuncia su actitud “entreguista”, “vergonzosa”.

Una posición diametralmente opuesta sostiene Luis Ayala, director de hidrocarburos. Según el funcionario, el sistema de regalías, costos recuperables e hidrocarburos compartibles, es “un negocio justo”. Sin embargo, admite, el modelo no es perfecto.

El modelo viene de Indonesia. Es un modelo implementado por los países del tercer mundo con incipientes explotaciones petroleras. Es una forma de atraer a empresas para que hagan la inversión inicial, y luego la producción pase a la empresa petrolera estatal. Ese es el diseño original. Pero en Guatemala nunca hubo empresa petrolera estatal”, explica el funcionario

Según este modelo, toda la infraestructura petrolera, al haber sido pagada por el Estado, le pertenece a este último.  Una vez expirado el contrato, los pozos, las instalaciones, las carreteras, los oleoductos, los vehículos, deberían pasar a manos de una empresa estatal para que prosiga la explotación del petróleo para el beneficio del Estado, y por ende, de la población.

 Pero en Guatemala, al no haber empresa estatal, no hay nadie a quien entregar las llaves de los campos petroleros. Cuando en el año 2025 Perenco termine sus operaciones en la Laguna del Tigre, Guatemala heredará un campo petrolero agotado y una infraestructura inútil. A cambio, le habrá cedido a la empresa el 58% de las ganancias petroleras y devuelto todos sus costos de operación.

 Al no tener Guatemala una empresa estatal, no tiene la capacidad instalada para extraer su propio petróleo. Depende pues, de empresas transnacionales. Y para atraerlas, el país no dispone de muchos argumentos más allá de este sistema de repartición de los ingresos: los campos son pequeños y poco productivos. Las mayores reservas están en el subsuelo de la Reserva de la Biosfera Maya, y por lo tanto, son imposibles de explotar sin romper con las leyes ambientales. Por otro lado, la burocracia, la corrupción y el rechazo social a las industrias extractivas en algunos departamentos tampoco son un buen aliciente.

En 2012, el Ministerio de Energía y Minas organizó una ronda internacional para concesionar siete áreas y firmar nuevos contratos de exploración. Al cabo del proceso, adjudicó cinco áreas al mismo número de empresas, pero hasta la fecha, sólo ha firmado dos contratos con dos pequeñas empresas: la estadounidense Greenfields Petroleum, que tiene operaciones en Azerbaiyán, y la chipriota Island Oil, empresa proveedora de combustibles que nunca ha operado pozos petroleros. Ninguna de las dos firmas ha empezado sus operaciones. Según Luis Ayala, esto se debe a que el Ministerio de Ambiente les ha rechazado en dos ocasiones sus Estudios de Impacto Ambiental.

En los discursos oficiales que acompañaban esa ronda de concesiones, el MEM aseguraba lograría enderezar la curva de la producción petrolera. En 2012, era de 3.6 millones de barriles anuales. En 2020 se acercaría, pensaban, a los 20 millones. Las previsiones están lejos de haberse cumplido: la producción ha seguido bajando. La coyuntura, con un mercado petrolero en plena contracción, es tan desfavorable, que el gobierno ha desistido de licitar nuevas áreas. “Las condiciones no están dadas”, concluye Luis Ayala.

El sueño de una Guatemala petrolera parece alejarse cada vez más; el que los ciudadanos se beneficien del negocio, más aún.