Este es un fragmento del discurso emitido por Martín Toc, presidente de la junta directiva de los 48 Cantones de Totonicapán con motivo de la recepción de la silla de Atanasio Tzul, el 12 de julio del 2021, por parte de autoridades del gobierno de Guatemala[1].
Ese discurso contundente, dirigido especialmente al presidente de la República, Alejandro Giammattei, tenía un carácter de advertencia y marcaba una ruta clara sobre el compromiso necesario que las autoridades debían asumir ante un país que, según sus palabras, «aún creía un poco en el Estado».
En su mensaje, Toc enfatizaba el sentido de la organización ancestral que presidía, cuyo motor de trabajo es ser consecuentes con los principios cosmogónicos y políticos legados desde su fundación en el siglo XIX, desde los cuales el servicio es un valor fundamental. Los 48 Cantones, expresó, históricamente han buscado generar oportunidades de desarrollo y vida digna, no solo para su territorio sino para todo el país.
Toc, en ese momento, invitaba a las autoridades electas a construir conjuntamente un país incluyente; a escuchar la voz de la población que demandaba un esfuerzo de los funcionarios públicos para lograrlo y fue enfático en enunciar que las manifestaciones ciudadanas son un signo de que aún existe convicción en que el gobierno puede dar solución a los problemas. Advirtió que en el momento en que las mismas ya no existieran, se podía tener claridad de que el gobierno había dejado totalmente de ser funcional para el país. Este es un signo de vital importancia para comprender los acontecimientos que estamos viviendo. Si se interpretan las palabras de Toc, el hecho de que diversos sectores de la población hoy estén ocupando las calles con demandas muy claras, es un símbolo inequívoco de que la esperanza, aunque cada vez más debilitada, aún no ha muerto.
Otro punto fundamental en el discurso de Martín Toc fue aclarar que los 48 Cantones no buscan una pugna ideológica, sino que su objetivo es exigir que existan oportunidades para todos los sectores del país.
El espíritu de la convocatoria
El 30 de septiembre, la junta directiva de esta organización, convocó a un paro nacional indefinido a partir del lunes 2 de octubre. Esta medida se adoptó luego de agotar otras iniciativas que no fueron atendidas, como la presentación de un memorial a instancias estatales, presentado el 18 de septiembre del presente año. Las autoridades de los 48 Cantones iniciaron un plantón permanente frente a las oficinas del Ministerio Público. Las demandas fueron las siguientes: la renuncia de la fiscal general, Consuelo Porras, del fiscal Rafael Curruchiche y del juez Fredy Orellana. Cabe destacar que la convocatoria se hizo pública luego de que funcionarios del ministerio mencionado allanaran las oficinas del Tribunal Supremo Electoral, llevándose por la fuerza las actas electorales 4 y 8, documentos fundamentales de registro en los resultados de los recientes comicios.
A cuatro días de iniciado el paro nacional, el 6 de octubre, autoridades de los 48 Cantones realizaron una conferencia de prensa[2]. Dentro de los mensajes claves emitidos resalta la unidad, el planteamiento de que Guatemala «somos todos». Esta idea es un hilo conductor de lo planteado por Martín Toc en 2018, en el sentido de que esta organización no pretende obtener un beneficio propio, sino ser un punto de alianza para que diversos sectores se unan en defensa de la democracia, un sistema vulnerado que invitan a rescatar mediante la participación activa de los diversos territorios nacionales.
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Otra idea fuerza fue resaltar la naturaleza pacífica de las manifestaciones, solicitar que se eviten acciones que atenten contra la vida y el respeto a la población. En tal sentido también agradecieron el actuar de la policía nacional en diversos puntos del país, que ha contribuido a resguardar la integridad de las y los participantes en las expresiones ciudadanas. Reconocieron también las muestras de solidaridad de organizaciones y personas que han contribuido a dar alimento y objetos básicos de sobrevivencia para quienes se han mantenido firmes frente al Ministerio Público.
De primera mano, tuve la experiencia de estar frente a dicho Ministerio y presenciar diversos símbolos, formas particulares de interrelación. Dentro de lo más impactante puedo decir que en un país con liderazgos agonizantes, con una credibilidad erosionada en las instituciones públicas, me impresionó la dignidad de la presencia de las autoridades de los 48 Cantones; hombres y mujeres con sus varas en mano, demostraban un ejercicio de autoridad que se legitima con el ejemplo y con la coherencia. Con sus mejores trajes, símbolo de fuerza, legado histórico y raíces profundas asentadas en principios ancestrales, muchas y muchos de ellos se mantenían en silencio; no necesitaban emitir palabra, encarnaban su mensaje.
Quienes representan a la organización mencionada, han demostrado una constante coherencia y no han cedido a provocaciones. Un ejemplo de ello fue la visita de Alejandro Córdova, procurador de los Derechos Humanos al Ministerio Público. A su llegada, diversos manifestantes le increparon y en un momento percibió amenazada su integridad. En respuesta, varios líderes indígenas hicieron una valla para protegerle, no por estar de acuerdo con su actuar, sino por ser consecuentes con el principio de respeto y no violencia. Este hecho fue narrado por Claudio Solís, director del colegio Liceo Javier, calificándolo de la expresión clara de un milagro y expresión de amor[3].
El despertar de la ciudad
La ciudad de Guatemala parecía estar dormida hasta el jueves 6 de octubre, día en el que progresivamente aumentó la participación de diversos sectores, entre ellos la comunidad académica, organizaciones de sociedad civil, instancias empresariales, la organización de mercados unidos[4] y grupos independientes que han tomado acción mediante el bloqueo de tránsito en distintos puntos estratégicos. Se vive algo histórico porque de forma espontánea y sin estar dirigidos por un liderazgo específico, poco a poco distintos sectores de forma autónoma han acudido a las calles. Sitios como calles del Centro Histórico, Puente El Incienso, la Calzada Aguilar Batres, el Anillo Periférico, Calzada Atanasio Tzul, Boulevard Vista Hermosa, entre otros, están totalmente paralizados. Esto no había sucedido en los años recientes.
Un caso particular fue la toma de puntos estratégicos en Cayalá por un grupo de motoristas que se autodenominan simplemente como «bykers», un grupo pequeño, pero con gran poder de acción, los cuales interceptaron el tránsito en todas las entradas que conducen al sector[5]. Esta es una muestra de las iniciativas ciudadanas autónomas que emergen en esta coyuntura.
Las reacciones
La mayoría de acciones se han desarrollado de manera pacífica y las muestras de solidaridad a los manifestantes han sido patentes. Sin embargo, han existido brotes de violencia, grupos infiltrados que pretenden tergiversar el sentido de las manifestaciones. Asimismo, ante la frustración de no poder movilizarse, se han dado reacciones violentas en puntos específicos. En el sector de Cayalá, en dos casos, conductores de automóviles, sin miramiento alguno, arremetieron con sus automóviles contra manifestantes. En uno de los casos, el hecho fue cometido por un líder religioso[6].
Estos hechos han despertado fuertes cuestionamientos y nuevamente se pone sobre la mesa la discusión sobre la confrontación de clases sociales y el ejercicio de la fuerza. Son temas que es necesario reflexionar en un país con múltiples polarizaciones latentes que emergen en momentos de crisis.
El 9 de octubre, por la mañana había advertencia de saqueos en negocios y diversos mensajes que provocan temor y confrontación. Se han emitido mensajes por parte del Ministro de Gobernación y la Fiscal General. El primero[7] hace énfasis en la función de esta cartera en garantizar la seguridad ciudadana y cuestionando actos intimidatorios, así como a la obstaculización al derecho de libre locomoción. Justifica el posible uso de la fuerza para hacer valer el Estado de derecho y el orden público. La segunda[8] cuestiona los bloqueos como acciones ilegales. Llama a las autoridades, especialmente al Ejecutivo y al Ministerio de Gobernación, a asumir su responsabilidad y garantizar el Estado de derecho. No hace referencia alguna sobre la demanda ciudadana a su renuncia.
En la tarde-noche del 9 de octubre sucedió algo que se veía venir: un grupo de infiltrados arremetió violentamente en la Plaza de la Constitución, causando destrozos en el área[9], iniciaron atacando a policías que custodiaban la manifestación pacífica que se realizaba desde la tarde. En una reacción apresurada, los agentes hicieron uso de la fuerza con bombas lacrimógenas, que alcanzaron a quienes, reitero, participaban de forma pacífica en la manifestación.
Posterior a los hechos, Edwin Ardiano, director de la Policía Nacional Civil, dio declaraciones asegurando que en ningún momento se dio la orden para que los antimotines respondieran con este tipo de agresiones y pidió disculpas a la población[10].
Es curioso que esto sucediera especialmente el lunes y analizar la cadena de hechos. Durante 9 días, desde el inicio de las expresiones ciudadanas, el 2 de octubre, salvo brotes de violencia muy específicos y no perpetrados por quienes participan en las marchas, todo se había desarrollado bajo el principio de mantener el enfoque pacífico. Fue hasta el lunes que este grupo, ya identificado por la PNC como infiltrados, perpetró estas acciones que culminaron con destrozos en el Centro Histórico, entre ellos, el monumento a la Plaza de las Niñas y el Monumento al bicentenario de la independencia.
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La cadena de hechos inició con las declaraciones del Ministro de Gobernación y la Fiscal General, donde advertían sobre el uso de la fuerza ante posibles actos violentos, continúa con esta puesta en escena del grupo infiltrado descrito. Cabe destacar que posterior a las bombas lacrimógenas, causaron destrozos a sus anchas; los medios informativos tuvieron suficiente tiempo para grabarlos sin que se impidiera el vandalismo. Posteriormente hubo pocas capturas.
Para finalizar, el presidente de la República, luego de una larga ausencia hizo su aparición en cadena nacional con una conferencia de prensa[11]. La idea fuerza transmitida desde la mañana se mantuvo: advertencia de captura ante los bloqueos calificados de ilegales y, según sus palabras, financiados por ONG y cooperación internacional. (Por cierto, ¿había servicios sanitarios portátiles en los bloqueos? ¿Es posible poner baños en las calles?) y ninguna referencia a las demandas ciudadanas.
La mesa de negociación entre autoridades de los 48 cantones, representantes del gobierno de Guatemala, con la mediación de la OEA, había iniciado por la tarde. No hubo referencia de los primeros avances en las declaraciones del funcionario. Sobre el tema, solamente hizo un llamado al presidente electo, Bernardo Arévalo, para participar en las conversaciones y asegurar la transición de mando.
Imaginarios que se reproducen y riesgos latentes
Hemos visto un manejo estratégico de mensajes de choque que pretenden tergiversar el sentido de las acciones ciudadanas. Se atiza el fuego de las confrontaciones ideológicas, de clase y se insiste en dividir a la población que, difícilmente, ve un horizonte de objetivos comunes. Con las acciones del grupo de choque el lunes, se pretende despertar temor y pareciera un plan estratégico para justificar el uso de la fuerza para disolver el movimiento ciudadano.
Ante el momento histórico que hoy vivimos, es importante observar la coyuntura, pero también crear procesos estratégicos y preguntas que nos lleven a sostener procesos de mediano y largo plazo.
Estas son algunas preguntas que intuyo en este momento:
¿Qué reflexiones y aprendizajes plantean los pueblos originarios sobre un ejercicio legítimo de autoridad ante las crisis actuales?
¿De qué manera podemos trascender los mensajes de choque, que mueven emocionalidades de confrontación, para crear horizontes comunes?
¿Qué procesos podrían establecerse más allá de la coyuntura para aprovechar las iniciativas autónomas y generar procesos organizados con iniciativas que permanezcan a mediano y largo plazo, a partir de los liderazgos emergentes?
¿Cuál es el rol de las y los líderes de opinión pública para asumir la responsabilidad de emitir mensajes bien fundamentados desde ámbitos culturales, políticos y jurídicos para mitigar la desinformación?
¿Qué espacios de diálogo, desde y junto a las juventudes, pueden generarse y mantenerse para que este sector de la población ejerza su poder de decisión y cambio?
El reto es grande y el llamado es a no ceder a la provocación y al ejercicio de la violencia. Como dijo Martín Toc en 2018: «Lo que hagamos tendrá eco en la historia y en la eternidad…».
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