IGSS anula contrato para construir edificio que trataría pacientes con COVID19
IGSS anula contrato para construir edificio que trataría pacientes con COVID19
El 7 de mayo el Seguro Social hizo la adjudicación por 17 millones de quetzales, la anuló el jueves pasado. Una nota de Plaza Pública evidenció que la entidad contratada está vinculada con personas y organizaciones señaladas de corrupción.
Un mes después de que tres miembros de la Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) aprobaron adjudicar el evento, la misma Junta, esta vez por unanimidad, decidió prescindir de la negociación con Ramón Aníbal Hernández Osorio, propietario de Constructora Bajaverapacense.
La decisión quedó plasmada en el punto noveno de la sesión extraordinaria J-52-06-20, celebrada el 11 de junio, según registra Guatecompras.
[relacionadapzp1]
En los considerandos de la resolución, la Junta Directiva apunta que el empresario no presentó constancia de inscripción y precalificación como proveedor del Estado, específicamente para la construcción y acabado de edificios. Por su parte, el empresario, para continuar con el proceso de contratación, entregó una declaración jurada en la que se compromete a entregar el documento.
El 14 de mayo, dice la resolución, el Departamento Legal del Seguro Social gestionó la suscripción del contrato, pero al 25 de mayo la empresa aún no había entregado el documento solicitado y prometido. Por lo tanto, este Departamento informa a la Subgerencia Administrativa sobre la imposibilidad de firmar un contrato con la entidad adjudicada.
Aunque la resolución la aprobaron por unanimidad, dos miembros razonaron su voto. Edgar Balsells, representante de la Universidad de San Carlos, explicó que él votó en contra de la adjudicación y, por ende, esta vez está de acuerdo con que quede anulada. «La negociación fue presentada con muy poca información», resalta en su razonamiento, y añade que aconsejó desde hace mucho tiempo fortalecer el Departamento de Infraestructura.
El otro miembro de la Junta Directiva, quien también votó en contra de adjudicar el evento, razonó de nuevo su voto a favor de prescindirlo. El representante del Colegio de Médicos, Allan Ruano, reiteró en su razonamiento que desde 2016 solocitaron el plan de infraestructura de la administración central, pero hasta la fecha no le han entregado nada.
[relacionadapzp2]
Los vínculos
Días después de la adjudicación, Plaza Pública describió algunas vinculaciones de la empresa beneficiada con personas y organizaciones señaladas de corrupción.
Constructora Bajaverapacense registra 89.2 millones de quetzales por distintos contratos. Las adjudicaciones, que en conjunto suman el mayor monto, muestran vínculos con organizaciones y empresas señaladas por corrupción.
Las ONG mencionadas son Asociación Teculuteca para la Democracia y el Desarrollo Integral (Asoteddi), Asociación para el Desarrollo de los Pueblos (Asodep) y Asociación Prodesarrollo Integral Vida (Provida). Entre 2006 y 2011, los contratos de estas tres organizaciones para Constructora Bajaverapacense suman 34.4 millones de quetzales. Sin la adjudicación del IGSS, los contratos con las tres organizaciones representaban el 48.20% de los ingresos de la constructora provenientes del gobierno.
El actual gobernador departamental de Zacapa, César Augusto Paz García, fue miembro de Asoteddi en 2004. Su hija también fue parte de la asociación ese año.
El gobernador no solo era parte de Asoteddi, sino que él y su familia fueron miembros de otra ong que benefició a Constructora Bajaverapence: Asodep. Los hijos de Paz García, y su esposa , Nora Yaneth Morales Figueroa de Paz, fueron directivos de esta organización. Incluso, la esposa está registrada como representante legal de la ong en Guatecompras.
Notas de prensa de la época detallan que a las organizaciones estuvo señalada de incumplimiento de contrato por no finalizar las obras encargadas.
La otra ONG, Provida, fue denunciada porque construyó un camino para una aldea fantasma en Chimaltenango. El camino dirigía a un spa de la ex diputada de Lider, Delia Back.
Además, según un reportaje de elPeriódico, Ramón Aníbal Hernández Osorio, propietario de Constructora Bajaverapence, registra que, entre abril y diciembre de 2019, trabajó en relación de dependencia con Denizard Aqueche Medrano, otro proveedor del Estado que utiliza su empresa individual para obtener contratos con entidades públicas. Aqueche pagó el aporte del IGSS de Hernández.
[relacionadapzp3]
Aqueche Medrano trabajó para el exdiputado de la UNE, de Lider y del FCN, Edín Leonel Casasola Martínez. Casasola fue congresista desde 2012 hasta 2020. En la pasada legislatura, cuando Casasola fue miembro del partido oficial, la constructora de Aqueche Medrano obtuvo 490.9 millones de quetzales en contrataciones con el Estado.
Más de este autor