IGSS contrata empresa vinculada al gobernador de Zacapa y ong acusada por corrupción para construir un hospital

El 7 de mayo pasado, tres integrantes de la Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) decidieron que Ramón Aníbal Hernández Osorio, propietario de la empresa individual Constructora Bajaverapacense, era la mejor propuesta para construir los módulos de encamamiento y médico administrativo que atenderá la crisis sanitaria generada por la COVID19.

El monto de la contratación es de 17,806,781.07 quetzales y tiene un plazo máximo de ejecución de seis meses. La cifra destaca por su volumen y el proveedor porque su organización u origen no ofrecen demasiadas luces. A diferencia de una sociedad anónima, de la cual son rastreables las direcciones, abogados, representantes, fundadores, accionistas y otros datos; con una empresa individual las indagaciones son escasas.

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Guatecompras, el portal de compras y contrataciones de gobierno, refleja el rastro de Constructora Bajaverapacense en las adquisiciones públicas. La empresa ha ganado 89,223,390.40 quetzales por distintos contratos. Las adjudicaciones que en conjunto suman el mayor monto muestran vínculos con organizaciones y empresas señaladas por corrupción.

Las ONG y el gobernador

Los contratos obtenidos por Constructora Bajaverapence, entre 2006 y 2011, son el inicio de una red más grande que vincula entidades públicas, organizaciones no gubernamentales (ONG) y empresas privadas.

Las ong mencionadas son Asociación Teculuteca para la Democracia y el Desarrollo Integral (Asoteddi), Asociación para el Desarrollo de los Pueblos (Asodep) y Asociación Prodesarrollo Integral Vida (Provida). En el lapso mencionado, los contratos de estas tres organizaciones para Constructora Bajaverapacense suman 34.4 millones de quetzales. Antes del contrato con el IGSS de hace dos semanas, este monto con las tres ong representaba el 48.20% de los ingresos de la constructora provenientes del gobierno. Luego de esa adjudicación, la más grande que ha obtenido en su historia, los pagos de las ong representan el 38.5%.

En orden de montos, fue Provida la más generosa, con 13,184,795.87 quetzales, le sigue Asoteddi con 12,542,311.5 quetzales y, por último, Asodep con 8,700,900 quetzales. Aquí empiezan los vínculos con el gobierno actual.

Las auditorías anuales de la Contraloría General de Cuentas indican que el actual gobernador departamental de Zacapa, César Augusto Paz García, fue miembro de Asoteddi en 2004. Su hija, Sindy Jeannete Paz Morales, asesinada en mayo de 2017, también fue parte de la asociación ese año.

El gobernador no solo fue parte de Asoteddi, sino que él y su familia fueron miembros de la otra ong que benefició a la empresa que construirá el nuevo hospital del IGSS: Asodep. Los hijos de Paz García, Sindy Jeannete y Jasser Jonathan Paz Morales y la esposa del gobernador Nora Yaneth Morales Figueroa de Paz han sido directivos de esta organización. Incluso, la esposa está registrada como representante legal de la ong en Guatecompras.

Paz García fue nombrado gobernador de Zacapa el pasado 18 de abril por el presidente Alejandro Giammettei. El actual funcionario ocupó el mismo cargo en 2015 cuando fue seleccionado por Otto Pérez, luego de que la gobernadora de esa época, Carolina Orellana, dejó el puesto para lanzarse como diputada por el partido Unión del Cambio Nacional (UCN). No fue electa.

Mientras Orellana ocupó la Gobernación de Zacapa desde 2012 hasta febrero de 2015, Paz García era su mano derecha en la Dirección Ejecutiva del Consejo Departamental de Desarrollo (Codede). Orellana fue electa como diputada en 2019 por la UCN, partido dirigido por Mario Estrada a quien Estados Unidos acusa por narcotráfico. Actualmente, Orellana es presidenta de la Comisión de Comunicaciones, Transporte y Obras Públicas en el Congreso.

El gobernador Paz García confirmó que formó parte de Asoteddi desde 2004 como fundador, pero en 2009 rompió relación con la organización por desavenencias con los otros integrantes. Ese mismo año fundó, junto a su familia, la Asodep, aunque él salió en 2011 antes de ocupar un cargo en el Codede.

Sobre los señalamientos de corrupción, Paz resta importancia y dice que no manejaron fondos estatales de forma anómala. «Cualquiera puede poner una denuncia», responde.

También recuerda que Constructora Bajaverapacense realizó un buen trabajo cuando fue contratada por ambas asociaciones. Dice además que no coincidió tantas veces con Hernández Osorio, porque otra persona se encargaba de administrar los proyectos

Obras pagadas pero no terminadas

Publicaciones de prensa de la época de los contratos de la Constructora Bajaverapacense con las tres organizaciones, dan cuenta de que Asoteddi despertó sospechas de corrupción en el manejo del dinero otorgado por el extinto Fondo Nacional para la Paz (Fonapaz). «Muchas de las obras que han entregado son de mala calidad o están inconclusas, por ejemplo, el estadio de la aldea Sahila, Livingston, Izabal, que quedó paralizado desde 2007, pese a que la Constructora Integral (subcontratada por Asoteddi) recibió el 90 por ciento del pago», registra una nota del diario elPeriódico de marzo de 2010.

Asodep, en tanto, fue señalada de manejar fondos del Estado de manera ilegal en 2012. Ese año la Ley del Presupuesto prohibió la utilización de organizaciones no gubernamentales para ejecutar obra física, sin embargo, algunos Consejos Comunitarios de Desarrollo y Municipalidades continuaron con esta modalidad.

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También existe una denuncia publicada por Prensa Libre en noviembre de 2015 sobre la ejecución anómala de un proyecto para el Programa Nacional de Resarcimiento, en la que hace referencia a que la Asodep, junto a otra organización, no construyeron la totalidad de la obra.

En 2010, Asodep tuvo que devolver 5.2 millones de quetzales a Fonapaz, según un reportaje de Plaza Pública.

Una aldea que no existe y el diputado Lider

La ong Provida, la que más dinero pagó a Constructora Bajaverapacense de 2009 a 2011, fue la encargada de construir un camino hacia el spa de la exdiputada del extinto Libertad Democrática Renovada (Lider) en Sumpango, Sacatepéquez. El costo de la obra fue de 1.9 millones de quetzales y fue autorizada por el Codede de ese departamento para favorecer a una aldea llamada El Paxtal, que según documentó elPeriódico, no existe. Por ese caso existe una denuncia penal en la Fiscalía contra la Corrupción.

Una de las integrantes de Provida, María de los Ángeles León Mauricio, estuvo involucrada en el caso de estafa para la construcción de la cárcel Fraijanes II en 2009 por el que fue condenado el exministro de Gobernación Salvador Gándara. A León Mauricio lo acusaron de lavado de dinero, aunque fue absuelta por el juez Walter Villatoro.  

Por último, según un reportaje de elPeriódico, Ramón Aníbal Hernández Osorio, propietario de Constructora Bajaverapence, registra que, entre abril y diciembre de 2019, trabajó en relación de dependencia con Denizard Aqueche Medrano, otro proveedor del Estado que utiliza su empresa individual para obtener contratos con entidades públicas. Aqueche pagó el aporte del IGSS de Hernández.

Aqueche Medrano trabajó para el exdiputado de la UNE, de Lider y del FCN, Edín Leonel Casasola Martínez, según la misma publicación de elPeriódico. Casasola fue congresista desde 2012 hasta 2020. En la pasada legislatura, cuando Casasola fue miembro del partido oficial, la constructora de Aqueche Medrano obtuvo 490.9 millones de quetzales en contrataciones con el Estado.

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La Constructora Bajaverapacence de Ramón Aníbal Hernández Osorio obtuvo, solo entre 2018 y 2019, 22.8 millones de quetzales, una diferencia notoria, pues de 2013 a 2017 recibió adjudicaciones menores.

Plaza Pública intentó conocer la versión de Ramón Hernández. A pesar de que atendió la llamada no quiso responder preguntas, pues reclamó que necesitaba ver la credencial del reportero. Al momento de preguntar por una entrevista personal el proveedor del Estado terminó la llamada. Si Hernández accede a condecer una entrevista, Plaza Pública agregará su versión a la presente publicación. En cuanto al IGSS, el vocero de la institución indicó que «siempre somos vigilantes de que todos los procesos se hagan con transparencia».