La amenaza a las radios comunitarias es política

En 2013, el entonces presidente Otto Pérez Molina, anunció la creación de un Programa de Protección de Periodistas, e instruyó a su secretario de Comunicación Social de la Presidencia, Francisco Cuevas, para que se hiciera cargo del asunto. Los meses, los años pasaron, y lo que se logró fue un esbozo de un plan que nunca fue terminado. Luego de la renuncia de Pérez Molina, el diseño de un mecanismo para proteger a los comunicadores de Guatemala, a cargo de la socióloga Ana Margarita Castillo, quedó abandonado, en un impasse.

Ahora, Frank La Rue, subdirector de Comunicación e Información del Fondo de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), anuncia que esa institución retomará el Programa de Protección para Periodistas de Guatemala. Esta vez, el enfoque se centrará en seguridad, con una perspectiva más amplia en torno a prevención, protección y procuración de justicia. La propuesta de la Unesco consiste además en la inclusión, en conjunto, de periodistas de medios comunitarios, públicos y comerciales. “La información no puede ser exclusiva de un solo sector, sino debe tener una apertura democrática para otras voces. La sociedad forma un criterio propio a partir de la información que necesita”, dice La Rue, quien entre 2008 y 2014 fue Relator Especial de Naciones Unidas sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión.

Los criterios de la Unesco para reconocer y validar el trabajo periodístico son muy amplios: cualquiera que cumpla con el servicio de informar es periodista. De esta forma, La Rue, indica que el periodismo es una profesión a la que no se le puede condicionar desde el Estado, como tampoco desde la academia. En este sentido, el representante de la Unesco ubica una pugna política por los medios de comunicación, los comerciales, los públicos y los comunitarios. “Todos importantes”, indica. En consecuencia, La Rue señala que el periodismo en Guatemala necesita establecer consensos, necesita entablar diálogos para evitar la exclusividad, promover la inclusión de todas las voces posibles, para que pueda existir un marco legal que aseguré la libertad de expresión.

¿Cómo lee el panorama actual sobre medios de comunicación y libertad de expresión en Guatemala?

La libertad de prensa, lo que necesita para el país, es un marco legal. Es decir, que se reconozca que cualquiera puede practicar el periodismo, que es considerada una profesión sin condiciones, sin requisitos ante el Estado. Lo segundo, es que el marco legal también permita la libertad de investigar, documentar, averiguar y escribir sobre cualquier tema que a uno le interese. Pero fundamentalmente se debe poner atención a la seguridad de los periodistas. Debemos empezar a usar el término seguridad y no protección, porque la seguridad es más amplia. Implica las tres “P”: prevención de actos de intimidación y agresión; protección, que debe darse cuando la agresión y la intimidación ya han ocurrido o sean inminentes; y la procuración de justicia, la plena investigación de los hechos que se han dado.

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¿Es necesario caracterizar las distintas formas en que se puede definir la profesión de periodista?

En el marco legal, lo que a veces falla en ciertos países, es darle cabida a todas las voces. Un principio básico de la libertad de expresión es la libertad y el pluralismo. El ejercicio de la libertad de prensa no es sólo la función del periodista, sino también implica el ejercicio de la sociedad para recibir información. Estamos hablando de un interés de mayorías, de un interés común y público. Se trata de construir pensamientos propios a través de los contrastes de diversas fuentes e ideas, diversidad de medios y pluralismo de posiciones.

¿Qué significa entonces una diversidad de medios?

Que no puedo recibir información sólo de medios comerciales. Que no son malos, que también hay que protegerlos. Pero hay que entender que estos medios están configurados por el lucro a partir de la información. Entonces hay que procurar la convivencia de medios comerciales y medios públicos pero independientes, no controlados por el gobierno ni por un partido político. Debe haber una frecuencia radial y otra televisiva que sea gestionada por el Estado, pero que no sea una propuesta desde el gobierno. Dentro de nuestros contextos de países en desarrollo, tenemos los medios comunitarios. La idea es que tienes comunidades con realidades económicas distintas, bolsones de población que viven en más y menos pobreza, pero con una diversidad étnica y cultural muy grande. En el respeto a esta diversidad, se plantea el reconocimiento de otros medios que respondan a los intereses de estas comunidades. En la declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de Pueblos Indígenas, se dice que todo pueblo tiene derecho a usar los medios tradicionales o tener medios propios de comunicación. Los países con mayor población, en particular deberían tener medios comunitarios.

No obstante, el libre mercado, la propiedad privada, ha configurado el espacio de la libertad de expresión en Guatemala.

Fue una tendencia mundial. Pero especialmente de América Latina. Hubo un momento en que la tendencia era que únicamente lo privado era bueno y lo público era malo. En Europa no sucedió lo mismo, y tenemos por ejemplo que muchos olvidan: la BBC de Londres, que es de lo mejor que hay, es pública, con fondos estatales. Lo mismo con la Radio Netherlands, Francia Internacional, que son estatales pero no controlados por el gobierno. Hay una tradición de radios públicas que es importante. En Guatemala se dio la “modernización” de privatizar todas las frecuencias del Estado. Y se privatizó arbitrariamente, creando orden, como suelen argumentar desde el libre mercado, con las subasta. Lo importante es que esta dinámica es aplicable a las comerciales. Pero nunca se creó la categoría para radios comunitarias ni se guardó la reserva del espectro. Es el gran fallo de Guatemala, y aún hoy se niega el reconocimiento de una ley para este tema.

La ley de comunicación tiene muchos problemas. Por ejemplo, el órgano regulador es la Superintendencia de Telecomunicaciones (SIT). En todos los países se ha instado a que el órgano regulador de una ley de comunicaciones sea del Estado, pero independiente, con presupuesto propio, con diversidad de participantes técnicos. Aquí la SIT tiene apariencia de algo autónomo pero no lo es, es una dirección general del Ministerio de Comunicaciones, que hasta resulta en una ficción legal dentro del marco jurídico que se intenta en Guatemala para la libertad de expresión. Las subastas son aplicables, claro, a lo comercial, pero no se puede intentar este tipo de mecanismos para radios estatales o comunitarias. No se trata de que el que tenga más recursos es el único que tiene acceso al espacio radiofónico. La idea de democracia y pluralismo implica el combate a los monopolios. Como ocurre en EE.UU. donde la Federal Comunications Commission (FCC) controla quién tiene un medio televisivo en un área no puede tener un medio de prensa escrito en la misma jurisdicción; el fin es garantizar la diversidad, que la gente no se informe sólo con un mismo discurso, sino desde distintas aproximaciones a la noticia.

¿A qué atribuye el ataque mediático de los últimos meses en contra de la legitimidad de las radios comunitarias desde la Cámara de Radiodifusión de Guatemala?

La amenaza es política. No es económica ni de discurso, sino política. Evidentemente económica no es, porque las radios comunitarias no pueden competir. Las radios comunitarias tienen que tener tres características: deben ser de la comunidad, no ser lucrativas y no pueden hacer proselitismo ni político ni religioso. Si es la radio de una iglesia no entra dentro de la lógica comunitaria. Entonces, la amenaza es política porque el gran negocio de la comunicación en Guatemala, tanto radio, prensa, televisión, se da a partir de los procesos electorales. Quien controla la publicidad política también controla las elecciones. La televisión, la radio configuran el voto. Esa es la pugna. El dilema.

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¿Cómo entender las acusaciones de corrupción en torno a la Ley de Radios Comunitarias por parte del sector comercial? Por ejemplo, se ha pedido a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) que inicie investigaciones…

Lo piden pero no dicen por qué. Tiran el comentario pero no el argumento, la lógica, la razón… Se habla de radios piratas, claro, pero se trata sobre todo de la criminalización de la comunicación comunitaria. Aun cuando se difunde sin autorización no es un delito, no está tipificado como tal. Se trata de una falta administrativa, no de otra cosa. Si se acusa de hurto, ¡hurto!, una frecuencia electromagnética no se puede robar… el hurto es para inmuebles. Por lo tanto no hay y no debería de haber tipificación de delito en estos casos. Tampoco digo que interferir la señal de una radio autorizada sea correcto, pero únicamente es una falta administrativa.

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¿Cómo queda la categorización de los periodistas, es decir, el comunitario, el empleado público y el comercial?

Es válido para todos. Es periodismo. Todos hacen un servicio de informar. No es dable que se diga que sólo los medios comerciales tienen periodistas.

¿Cómo enfrenta entonces el Estado un mecanismo para brindar seguridad a todos los periodistas?

Es muy importante, el criterio, tanto de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), como de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la ONU, que el periodismo es la profesión sin condiciones. No se exige título. No se exige colegiación profesional. Ni se exige registro con el gobierno. No significa, en todo caso, que estemos en contra de que se tengan estudios profesionales, como tampoco demeritamos a las asociaciones de periodismo, como mucho menos, dependiendo los distintos tipos de cobertura, se deban registrar las profesiones ante alguna autoridad. Pero lo que no debe hacerse es que existan condiciones indispensables para hacer periodismo. Sería muy fácil, en caso contrario, negarle a cualquier el oficio de informar.

¿Cómo evalúa cuando en la información no hay contrastes, y sí hay discurso y activismo?

Un activista puede ser periodista. Pasa, como pasa en todo el mundo, que los gremios suelen ser exclusivos. Es como los médicos que no quieren reconocer la medicina homeopática: “es que esos no son doctores”. Cada gremio se protege a sí mismo y es por ello la necesidad de marcos legales y mecanismos de seguridad para periodistas.

La mesa de trabajo para la protección de periodistas en Guatemala, quedó en un limbo luego del gobierno del Partido Patriota…

La idea, la misión, es retomar el tema de seguridad para la libertad de expresión. Es parte de la agenda de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la Unesco. Se continuará con lo ya trabajado con la mesa. No es empezar de cero. Hasta el momento hay un plan de trabajo, una evaluación del plan de trabajo que estaba bien. El cambio, sí, es que en el gobierno anterior se planteó desde la Secretaría de Comunicación de la Presidencia, y este no es un tema que debería ser parte de sus funciones. La propuesta es que, bajo la perspectiva de Derechos Humanos, debe ser retomado ahora o con Copredeh (Comisión Presidencial de Derechos Humanos) o por el Ministerio de Gobernación desde el Viceministerio de Prevención. Ese es el planteamiento que tenemos desde la Unesco para Guatemala. Es importante que cada país cuente con un mecanismo, un protocolo de seguridad para los periodistas. Es importante además que todas las asociaciones de prensa de Guatemala se pongan de acuerdo en este tipo de temas; que no se excluyan entre ellos y reconozcan la pluralidad del periodismo. Hay 13 asociaciones de prensa en el país, más otras de periodismo comunitarios. Unesco puede acompañar pero no puede sustituir el papel de los propios periodistas para ponerse de acuerdo. No debe haber exclusividad de nadie.