La decepción. El gobierno de la desesperanza

Mayo, 2009. El asesinato de Rodrigo Rosenberg y la conmoción causada por sus revelaciones póstumas, difundidas planetariamente a través de un video colgado en Youtube, tienen sumida a Guatemala en un clima de alta volatilidad política.

La institucionalidad del país está en jaque. Su futuro republicano pende de un hilo. Aires de generalizada incertidumbre flotan en el ambiente. El otrora ‘gobierno de la esperanza’, escaso de respaldo y falto de credibilidad, languidece al tenor de las adversas circunstancias.

Álvaro Colom se encuentra en el centro mismo de la vorágine, señalado por Rosenberg de haberlo hecho matar. La élite capitalina, concentrada en la plaza central, exige su renuncia. De lo contrario –dicen los más severos– habrá que sacarlo a la fuerza. Resuenan ecos viscerales clamando por un golpe de Estado. La prensa local, borracha de sensacionalismo, no hace sino exacerbar aún más los ánimos, amplificando la confusión y el malestar ciudadanos.

Suena el teléfono de Roberto Ardón, director ejecutivo del CACIF. Atiende: es su amigo, el Presidente Colom. Llevan un buen tiempo sin hablarse (las agendas apretadas, la inercia, las diferencias inherentes al desempeño de sus respectivos cargos; todo ello restringe las opciones de comunicarse más a menudo), no obstante lo cual, y pese a la escabrosidad de saberse ubicados en extremos opuestos de la pugna del momento, consiguen ambos romper el hielo inicial y ceder al calor del afecto.

(Faltándole el respeto casi, la presentadora de CNN en español Patricia Janiot había dejado muy mal parado al gobernante días atrás, en una entrevista transmitida por todo el continente. En su programa televisivo, transmitido desde Miami al resto del mundo hispanohablante, el también presentador Jaime Bayly lo había tildado de ‘tontorrón’. Una parte de su propia familia –refiere Yuri Melini– le había dado la espalda, recriminándole el haber sido tan tibio en sus respuestas, tan ‘aguambado’ en su calidad de representante del pundonor nacional, tan falto de pantalones a la hora de salirle al paso a la adversidad).

“Lo conozco”, refiere Ardón, quien admite también haber sido amigo de Rosenberg. “Es un hombre sencillo y muy sentimental. No te voy a contar de qué hablamos porque son cosas personales, pero sí puedo decir que su llamada fue como un relámpago en medio de la tormenta. Me reveló a la persona detrás de la etiqueta que le da el cargo. Percibí en él al amigo que quería conversar fuera de los protocolos políticos e institucionales. Hubiera querido recibir más de esas llamadas”.

¿Cuánta presión, cuántas dudas, cuánta angustia, cuánto temor habrá sufrido Colom en aquellos momentos? ¿Qué tan hondo fue su sentimiento de derrota y desamparo ante el rechazo casi unánime que le mostraba la opinión pública? ¿Qué tan solo y vacío de aliento se sentía (aun sabiéndose acompañado por su esposa y apoyado por su equipo de colaboradores cercanos) para decidirse a realizar aquella llamada?

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La mayor fortaleza política de Álvaro Colom (su talante juicioso, reflexivo, mesurado, conciliatorio, con alta capacidad de negociación) fue también el motivo que lo llevó en varias ocasiones al borde de la ruina. “Es un gran manejador de crisis”, explica Ardón, haciendo referencia a cómo su carácter le permitió desmantelar muchas de ellas: aunque a ambos les tocó enfrentar esas coyunturas álgidas desde sectores divergentes en intereses, dice, él contribuyó a que la relación no se saliera de su cauce.

Pero “había siempre una impresión de no saber qué era lo que estaba acordando concretamente: o no se cumplía la palabra o se revisaban las decisiones”. Y eso, en política, es fatal, asegura. “Su corazoncito se conmovía”, refuerza Melini, “pero cambiaba de decisión de un momento a otro”.

En otras palabras, muy útil puede resultarle a un jefe de Estado el contar con recursos suficientes para torear las crisis que se le presentan, pero mucho más útil es saberlas anticipar; o, mejor aún, impedir.

La crisis Rosenberg, por ejemplo, aunque imposible de prever, ¿hubiera podido evitarse? Edgar Gutiérrez opina que Colom la sobrevivió de manera fortuita, por el involucramiento de la CICIG, y porque la segunda ‘torre’ que buscaban derribar los sediciosos, el Banrural, resistió el embate gracias a su particular estructura de negocio. A criterio de Víctor Gálvez Borrell, decano de la facultad de ciencias políticas de la URL, el Rosenbergazo se inscribe dentro de un escenario de polarización notorio desde que el gobierno inició labores. “Cualquier suceso se aprovechó políticamente, como lo aprovechó el mismo Rosenberg al hacer su denuncia, y como lo aprovecharon los grupos que usaron su muerte como bandera de agitación golpista”.

En aquel suceso, recuerda Berganza, un sector privado ya de por sí incómodo con Fuentes Knight y su esfuerzo por impulsar la reforma fiscal vio el impasse como una oportunidad en sintonía con el golpe de Estado a Manuel Zelaya en Honduras. “Y ahí”, destaca, “hay que reconocerle el mérito al canciller Haroldo Rodas, quien logró movilizar a la Organización de Estados Americanos y traer a José Miguel Insulza en muestra de apoyo al gobierno”.

Por otra parte, concluye Berganza, el escándalo sacude y pone en evidencia los negocios a la sombra del RENAP y Banrural, vinculados particularmente con Gregorio Valdés, financista de Colom. A decir de Ardón, “la crisis pudo haber generado la apertura de ventanas a ese mundo subrepticio de intereses, negocios, clientelismo, nombramientos y manejos financieros que no ocasionaron el problema pero que se hicieron visibles cuando surgió”. Lamentablemente la oportunidad fue desaprovechada, pero en cambio –dice, optimista– hoy tenemos mejores capacidades institucionales en materia de seguridad y justicia en buena medida gracias a aquel remezón, que asimismo provocó un despertar de conciencia en muchos grupos sociales, y en consecuencia, “hoy tenemos mayores y mejores niveles de participación”.

Una participación traducida, sobre todo, en antagonismo puro y duro: a partir de entonces Colom encontraría aún más dificultades para gobernar (y aún menos poder para intentarlo), habida cuenta de una polarización magnificada como nunca antes en la historia ‘democrática’ del país. En opinión de Orlando Blanco, ex titular de la Secretaría de la Paz, al expresidente le faltaron arrestos para enfrentarse al poder económico. “Nunca lo confrontó, nunca se hicieron los cambios que se tenían que hacer, y a pesar de eso fue satanizado por ese sector”.

Los motivos que explican esa paradoja parecen encaminados a la figura que lo eclipsó a lo largo de todo su mandato: la temida y detestada Sandra Torres.

Matrimonio por conveniencia

Antes de conocer a Torres, Colom estuvo casado dos veces. De su primera esposa enviudó en 1977 debido a un accidente automovilístico. Su segundo matrimonio culminó en divorcio. Y también el tercero… pero eso ya es de sobra conocido gracias al culebrón que la prensa nacional nos fue ofreciendo por entregas en marzo del año pasado.

Nacida en Plancha de Piedra (hoy Melchor de Mencos), Petén, un lejano municipio fronterizo con Belice, Sandra Torres encarna el súmmum de todas las fobias latentes en la cultura hegemónica guatemalteca, tan conservadora y discriminatoria como hipócrita: mujer, pueblerina, de origen humilde, no muy favorecida físicamente, poco femenina además en sus rasgos de personalidad y, para colmo, “igualada y arribista”.

Ella, a su vez, aun siendo mujer ostentaba para sí buena parte de los rasgos que nuestra sociedad autoritaria y machista tiene por costumbre reservar exclusivamente a los varones: don de mando, carácter fuerte e impulsivo, modales parcos, hablar directo, exigente en sus demandas, perentoria en sus plazos, implacable en sus juicios, impetuosa en sus acciones, inflexible en sus decisiones.

Su vínculo con Álvaro Colom se dio, al menos en principio, por motivos de conveniencia. “Fue un matrimonio político”, explica Ricardo Barrientos, ex-viceministro de Finanzas. “En su momento se barajaron varios nombres dentro de la UNE para sellar alianza con ella”, revela. “Lo sé porque algunos de esos nombres son de amigos míos”. Ella necesitaba una pareja política y la encontró en Álvaro Colom, al mismo tiempo que él se benefició también del caudal político que la enjundiosa petenera traía consigo.

De hecho, ambos provenían de la industria textil: él tuvo una destacada trayectoria no sólo como empresario sino en su calidad de líder gremial, mientras que ella era propietaria de la maquila ‘Tejidos Shebla’. Divorciada también, y madre de cuatro hijos, conoció en 1999 a Colom, con quien contrajo segundas nupcias en febrero del 2003. En aquella época fungía como asesora personal, responsable de la financiación de la UNE, directora de la Coordinadora Nacional de Mujeres del partido y presidenta de la Fundación de la Esperanza, entidad dedicada al trabajo social.

Enrique Godoy, quien trabajó con Colom en FONAPAZ, da fe de lo mucho que le cambió el temperamento bajo el influjo de la mujer que algunos medios de prensa, en referencia despectiva a su capacidad de tejer alianzas, apodaron la Tarántula. ¿Cuál es la diferencia entre el Álvaro Colom de FONAPAZ y el Álvaro Colom posterior? “Sandra Torres”, responde. “Él tenía más conocimiento de la realidad nacional que ella, pero no lo usó”.

En cierta ocasión, refiere, llegó un grupo de personas a protestar a FONAPAZ. Bloquearon la quinta avenida de la zona nueve y ocuparon el patio de entrada. Colom no se afanó. Mandó a comprarles comida, les proporcionó pedazos de nylon cuando empezó a llover, les dijo que con medidas de ese tipo no iban a lograr nada con él y que, si querían diálogo, levantaran todo y se sentaran a platicar para ver cómo solucionar el problema. “Lo que él buscaba era siempre llegar a un consenso”, dice. “Sandra Torres lo absorbió, lo copó. Muchas cosas las hizo quedando bien con ella, en vez de hacer lo que tenía que hacer”.

No obstante, el mismo Godoy reconoce que cuando Torres tomaba el control de algo, se informaba, tomaba decisiones y daba órdenes. “No había tanta discusión, a diferencia de Álvaro, que trataba siempre de conciliar y consensuar antes de girar instrucciones. Son dos estilos muy diferentes de dirigir”.

La descomedida Sandrofobia

En el espacio específico dominado directamente por Sandra Torres imperaba la disciplina más estricta y fuertes ritmos de trabajo, pero a la Primera Dama le faltó proyectar con objetividad lo que en realidad estaba haciendo: “A través del clientelismo que estos programas permitían, se decía que ella iba a entronizarse en la presidencia, para entonces sí emprender el socialismo del siglo veintiuno”, asegura Gustavo Porras, secretario privado en tiempos de Álvaro Arzú. “Ella, y sobre todo sus ‘representativos’, hicieron más que suficiente para consolidar esta imagen, que muy probablemente le costó la inscripción como candidata y la victoria posible”.

Iduvina Hernández considera, en cambio, que el influjo de la doña fue sobredimensionado en su descalificación, a partir de una imagen que la mostraba como el enemigo público número uno. “Hay un linchamiento político de tal calibre que impide identificar a plenitud dónde está la realidad y dónde el mito respecto de esta figura. En todo caso, la influencia que tuvo fue inversamente proporcional a la fortaleza de la gestión gubernamental, y sus programas se mantuvieron estables, constantes y con resultados concretos”, señala.

Hubo una marcada oposición política, económica y mediática desde la asunción del gobierno que se mantuvo durante todo su mandato, prosigue Hernández. “Apenas tres meses después de asumir funciones circuló un documento atribuido a la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala (AVEMILGUA), en el cual se señalaba a Sandra Torres de controlar el gobierno y de haber sido miembro de la guerrilla”, recuerda. La batalla mediática, altamente subjetiva y discriminadora, realizada por grupos de poder hizo que la gestión de la Primera Dama se tornara en defensiva, destaca Claudia Samayoa. “Al final, Guatemala perdió en el proceso, ya que todas las fobias se activaron y el ciudadano común y pobre replicó el racismo y discriminación de la élite criolla”.

La oposición cerró filas ante las intenciones del gobierno de repetir en el poder, que en realidad son las de cualquier equipo una vez gana las elecciones. Se armó una estrategia de alto impacto en contra de la esposa del Presidente y de sus programas porque advertían el riesgo de que ella fuera la próxima en ganar, explica Gálvez Borrell. “Torres le exigió eficiencia al aparato público en el marco de la mediocre tecnocracia guatemalteca”, agrega, con lo cual consolidaba su imagen y preparaba su candidatura. “La campaña anticipada de ella y la contracampaña mediática opacaron lo que debió haber sido una política social eficientemente manejada, como el resto de las políticas. Cohesión Social no tenía por qué estar por encima ni por debajo de nada”.

Fueron, pues, las malogradas ambiciones proselitistas de Torres y el haberse aprovechado del aparato estatal para destacar su imagen y lanzar su candidatura (negada con lujo de dolo por ella, por el partido y por el gobierno hasta el último momento) los factores que, sumados a ese ancestral desprecio clasista típicamente chapín, explican la llamada Sandrofobia. Ella “secuestró” buena parte de la agenda de gobierno, apunta Carrera, haciendo que éste tuviera una lógica electoral, como si fuera un partido político, a pesar de requerir una lógica de gobierno. “Hubo también mucha corrupción, aunque no sé si más que en cualquier otro gobierno. Lo cierto es que se hizo muy poco para combatirla”, dice.

Mucha corrupción, sí, y escasas acciones encaminadas a combatirla; pero sobre todo –según se explica en el capítulo anterior– opacidad, ignorancia y desprecio por los procesos.

Las controvertidas transferencias de fondos entre ministerios…

En un contexto de asfixia fiscal (dominado además por el peso de una oposición ultraconservadora, renuente a cualquier política social que modificara las prioridades administrativas del Estado), la captación de fondos suficientes para que los programas de la Primera Dama pudieran cumplir sus ambiciosos objetivos de cobertura requería, inevitablemente, recurrir a las transferencias interministeriales, una figura legal, aunque severamente cuestionada.

Slowing considera aceptable el mecanismo de las transferencias si éstas provienen de organismos con baja ejecución y se dirigen a otras que tienen necesidad de recursos porque así se balancea el desempeño total del presupuesto del Estado, pero advierte que se abusó del procedimiento en función de agendas de interés. Los traslados, sin embargo, se dieron echando mano de fondos que no se usaban, explica Samayoa, señalando concretamente la atávica subejecución en Salud y Gobernación.

No obstante, y pese a ser legales, las transferencias fomentan también cierta canibalización institucional. El efecto de transferir recursos fue devastador para los ministerios, denuncia Edgar Gutiérrez, a la vez que boicoteó sus propios objetivos y formó una masa burocrática sin otro propósito que el activismo electoral.

… y las inveteradas transas

A muy pocos sorprende que entre los diputados sea cada vez más común el hecho de obtener ingresos adicionales no sólo de negocios legítimos (gasolineras, estaciones de radio y de televisión de cable local) sino ilegítimos (obras públicas ejecutadas a través de oenegés y constructoras) e incluso ilegales, como el narcotráfico. En general, los ingresos que cosechaban los diputados por la vía de las obras les permitían contar con suficientes recursos para financiar su campaña de reelección y volver permanente la inmunidad de la que gozaban por ser diputados, explica Fuentes Knight, lo cual garantizaba la impunidad y les permitía seguir involucrados en el ‘negocio’ de la política.

En varias ocasiones, las cámaras patronales se pronunciaron no sólo contra el desfinanciamiento y la pésima administración de Colom y de su equipo sino, sobre todo, contra la carencia de un plan claro de a dónde quería ir y qué era lo que había que hacer para llegar ahí.

Pero, ¿y qué había de aquel ambicioso Plan de la Esperanza cuyos alcances llegaban hasta el año 2032?

Orlando Blanco ofrece una no muy honrosa explicación: el programa de gobierno, dice, vino a ser algo así como una carta de presentación ante la sociedad, no la brújula del quehacer administrativo. “La misma composición del gabinete empezó a generar ciertas fisuras que con el tiempo se fueron ahondando”.

Uno puede contar con el mejor de los planes para gobernar, matiza Ronaldo Robles, exsecretario de Comunicación Social, “pero si no se tienen los votos en el Congreso, no sirve de nada; y si los diputados son instrumentalizados de acuerdo a fines e intereses de otros grupos, te topás contra la pared”. En efecto, las agendas de negocios que en el Legislativo se realizan impunemente y en alevosa contravención a las leyes y los intereses nacionales son prácticas consuetudinarias.

Hubo corrupción, subraya un empresario constructor, fenómeno que –aclara– viene de administraciones pasadas: “Ya desde antes había mucha intromisión de congresistas, y eso no sólo continuó sino que aumentó. Fueron obvias las asignaciones para obras a cargo de empresas de personas que tenían contactos con diputados, con miembros del partido oficial o con gente que sencillamente apoyaba los programas de Cohesión Social”.

Lo que tenían que hacer las empresas para ganar una licitación, explica, era conseguir un padrino: un diputado o un funcionario bien conectado. “Se aprobaron muchos contratos a través de las municipalidades, creció exponencialmente la cantidad de oenegés al verse que a través de ellas era fácil obtener fondos sin mayores controles, poniendo a alguien más que administrara y sacando cada quien su tajada”.

El ciclo de corrupción se intensificó durante el proceso de cabildeo en el que Gustavo Alejos consiguió que su hermano Roberto fuera nombrado Presidente del Legislativo. Ese cabildeo, explica Berganza, se basaba en repartir obras del ministerio de Comunicaciones entre los diputados que votaran por él. “Lo político”, dice, “se resolvió con clientelismo y con transa”. La cartera, según cálculos de Blanco, terminó ejecutando unos 20 mil millones de quetzales, sin que ese gasto se haya visto reflejado en obras de infraestructura ni mejoras en la red vial.

Pero no sólo en Comunicaciones ni en el Congreso se vieron casos de tráfico de influencias. La prensa abundó en denuncias sobre cómo el espectro del clientelismo y la impunidad se esparció asimismo en casi todas las dependencias del Ejecutivo, desde Educación hasta Salud, pasando por Relaciones Exteriores, Ambiente y Recursos Naturales, Gobernación, Agricultura y Energía y Minas.

Durante el régimen de Colom se duplicó la ejecución de gasto público a través de fideicomisos, mecanismos opacos que, al ser administrados fuera del Estado (a través de un banco), no están sujetos a la ley de Contrataciones. De los contratos adjudicados por el gobierno, el 95 por ciento fueron sin licitar. “Las obras impulsadas en el Congreso, los bonos colocados en el mercado financiero, los bienes y servicios adquiridos por el Estado a empresarios nacionales, todos eran fuentes de ingresos importantes para un pequeño pero influyente grupo de empresarios, políticos y banqueros”, escribe Fuentes Knight.

Grandes fracasos: el desarrollo rural

Acaso el mayor fracaso del gobierno anterior haya sido el desarrollo rural: Colom prometió atender las necesidades del campo, que fue la región que le dio la victoria electoral, y no lo hizo. “Cuando uno mira el desfile de ministros en Agricultura”, comenta Barrientos (hubo cuatro nombramientos en menos de tres años), “se ve un proyecto de negocios empresarial ligado a la distribución de fertilizantes”, dice, en referencia a Disagro, propiedad de Roberto Dalton, quien fue director de Programa Nacional de Desarrollo Rural (ProRural) y financista de campaña.

El problema con el Ministerio de Agricultura, explica Barrientos, se remonta a los años noventa y se enmarca en el impacto que tuvo el llamado Consenso de Washington. “Desde hace veinte años, Guatemala se subió al tren de la reducción del Estado, especialmente en la política agraria. Con Álvaro Colom se advierte sólo la agudización de esta debacle estructural. El bastión de su oferta electoral, que era el desarrollo del agro, lo tuvo que ceder ante la agenda empresarial de los importadores de agroquímicos y distribuidores de fertilizantes. La plutocracia trabajando”.

Los altos índices de desnutrición son un claro indicador de lo poco que, históricamente, ha hecho el Estado guatemalteco para remontar el subdesarrollo, evidenciando una cultura finquera que, según Eugenio Incer (investigador de AVANCSO en el área de estudios sobre el campesinado), es racista o, en el mejor de los casos, paternalista. “Aquí el sector agrícola recibe el 8 por ciento de los préstamos que da el sistema bancario, siendo este un país que vive de la agricultura”, pondera.

De poco le sirvió al gobierno el haber establecido un Sistema Nacional de Diálogo Permanente, fustiga Incer, si al mismo tiempo fijaba una política de criminalización respecto de la búsqueda de oportunidades para salir de la pobreza. “Y es que, desde mi punto de vista, las ocupaciones son eso: una señal desesperada de comunidades que arriesgan toda su integridad física en ir a ocupar fincas que no están siendo utilizadas o producidas”.

De hecho, el gobierno de Álvaro Colom sobrepasó al de su antecesor, Óscar Berger, en número de desalojos efectuados (152 contra 127), traducidos en violencia estatal; además de reducir su contribución en entrega de fincas. Lo que esto demuestra, dice Incer, es una clara dificultad para entender la dinámica de la pobreza en el campo, ya que, haciéndose llamar socialdemócratas, “aplicaron represión y ofrecieron una política pública mediocre y de muy baja aplicación”.

¿Hasta qué punto el dinero de los programas de asistencia están generando la posibilidad de un desarrollo sostenible y permanente?, se pregunta. Habría que ver la unidad familiar como un eje de la política pública, agrega, apoyándola con transferencias no necesariamente de dinero sino de semillas, de animales, de tierras, o de capacitación.

“Yo me sitúo en los pies de un niño del área rural y mi horizonte es terrible: o me muero de desnutrición, o consigo sobrevivir para convertirme en un proletario mal pagado trabajando en una plantación de café o de azúcar, o me voy de mojado. Esas son las posibilidades que el Estado guatemalteco le brinda a la mayoría de su población”.

Cabe aclarar que el incremento de desalojos tuvo que ver no tanto con políticas emanadas del Ejecutivo sino con órdenes judiciales, regatea Blanco, pese a que hubo, eso sí, violencia excesiva. Carlos Menocal, ministro de Gobernación saliente, se defiende: “Creo que no se ha entendido cómo funciona el proceso de judicialización de un caso. El gobierno no decide antojadizamente desalojar una finca. Lo ocurrido en el valle del Polochic, por ejemplo, fue una petición que hizo el Ministerio Público al juzgado de Alta Verapaz. Teníamos que actuar; de lo contrario, cometíamos desacato”.

Vulnerabilidad ambiental

La problemática ambiental no se considera una prioridad nacional porque, para empezar, no le interesa a la élite, explica Karin Slowing, la última titular de Segeplan durante el gobierno de Colom, y para colmo el ciudadano común es muy poco consciente de su relevancia. Destaca, sin embargo, la labor de la cartera del ramo mientras estuvo a cargo del doctor Ferraté: utilizando fondos privativos (es decir, recursos no asignados por Finanzas sino generados por el mismo ministerio a través de la venta de servicios, como la elaboración de estudios de impacto ambiental) consiguió redactar y colocar catorce leyes en el Congreso. “Son marcos normativos y regulatorios que no se ven ni se sienten, pero revisten una gran importancia para el país”, expresa. Lamentablemente, las iniciativas siguen estacionadas en la agenda legislativa, víctimas de la indolencia de los llamados ‘padres de la patria’.

Existe una cantidad de estudios que muestran la relación entre el modelo productivo y su impacto ambiental, recalca Incer: “Tenemos suficiente evidencia para decir que es necesario hacerle un ajuste profundo al modelo productivo vigente”.

De hecho, el Perfil Ambiental de Guatemala 2008-2009, publicado por el Instituto de Agricultura, Recursos Naturales y Ambiente (IARNA) de la URL y titulado Las señales ambientales críticas y su relación con el desarrollo, arroja algunos indicadores que llaman la atención: “La tasa nacional de extracción de bienes naturales por unidad de superficie es de las más altas comparada con países de igual desarrollo económico”, concluye el estudio. “Por ello, deben buscarse mecanismos de crecimiento que no estén basados en extracciones de recursos. Actividades como el ecoturismo, que aprovechan los servicios ambientales generados por los ecosistemas, son una opción compatible”.

Qué mejor demostración de la pobreza del Estado y su incapacidad de proteger a la ciudadanía que los mal llamados ‘desastres naturales’. “Sabiendo que hay que planificar”, reprocha Melini, “no hay respuestas adecuadas bajo planes de gestión de riesgos”.

No debería extrañarnos, entonces, que Guatemala ocupe el segundo lugar mundial en vulnerabilidad por el cambio climático.

Las concesiones mineras…

Son muchos los problemas sistémicos cuyas causas sería injusto atribuir exclusivamente a la administración de Colom: la corrupción generalizada, el deterioro ambiental y la escasez de gasto público asignado al desarrollo rural, entre otros.

¿Y qué decir de los conflictos derivados de las operaciones que realizan las industrias extractivas? ¿Por qué, si se trata de un problema común a varios gobiernos, el peso de la saña recae de manera más acentuada en Colom y su equipo?

“Si te das cuenta”, observa el ex secretario de la Paz Orlando Blanco, descargando de cierta responsabilidad al gobierno pasado, “no fueron muchos los contratos de exploración que otorgamos; pero el gobierno de Berger nos heredó más de doscientas licencias autorizadas. Y no querés saber el problema legal que implica derogar algo así. Ahí está Ferrovías para demostrarlo”.

A estas alturas parece evidente que la explicación está no sólo en las licencias autorizadas por ejecutivos anteriores o en el boicot mediático que lo tuvo casi permanentemente en la picota. Está sobre todo en la estafa que para la ciudadanía supuso constatar cómo, a juzgar por varias acciones concretas, el discurso socialdemócrata del expresidente fue mera cortina de humo.

No puede ser que en los últimos siete años hayan llegado 33 iniciativas al Congreso para modificar la ley de minería y ninguna haya avanzado más allá de la primera lectura, denuncia Melini. “Durante dos años, Alejandro Sinibaldi (hoy ministro de Comunicaciones) fue presidente de la Comisión de Energía y Minas del Congreso y nunca convocó a reunión. Eso nos sugiere que el poder político está comprado por el poder económico a través de corrupción que no deja rastro”, dice. “Es obvio que Guatemala está cooptado por un poder económico compatible con las industrias extractivas y las transnacionales”.

Técnicamente la mina Marlin, operada por la firma Montana Exploradora en dos municipios de San Marcos, está haciendo lo que la ley le permite que haga. El problema, entonces, no es de la compañía sino del Congreso y su negligencia al no modificar la Ley de Minería con el propósito de incrementar los controles ambientales y el margen de regalías para el país; y eso, subraya Melini, permite sospechar que Montana ha estado financiando a los principales partidos políticos desde antes incluso de empezar sus operaciones.

Resulta curioso, por decir lo menos, que cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó resolución sobre una medida cautelar previniendo la posible contaminación de la cuenca y la consecuente transgresión del derecho de las comunidades aledañas a gozar de un ambiente sano, Álvaro Colom se apresuró a salir en defensa de las actividades extractivas con el argumento de que éstas no contaminan.

¿Qué se hubiera podido hacer? Melini se apresura a contestar: regalías mineras a una tasa fija de no menos del 16 por ciento, una tasa fija del Impuesto Sobre la Renta (ISR) del 7.5 por ciento y la indexación del precio de las regalías al comportamiento de los mercados internacionales del oro. “De ser así”, asegura, “el pisto nos sobraría. Producir una onza de oro le cuesta a Goldcorp 134 dólares (incluyendo ISR, IETAPP, IVA, RSE, regalías mineras y todo lo demás) y la está facturando hasta a mil 730 dólares en el mercado internacional”.

Algunas decisiones administrativas de Colom hacen pensar que en ocasiones se limitó a corresponder con algunas deudas de campaña. Por ejemplo, el hecho de nombrar, como secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP), a un abogado que había trabajado antes para el grupo TOMZA, S. A. (cuyo propietario, Tomás Zaragoza, fue su financista) nos habla, dice Melini, “de lo influenciable y manipulable que fue”.

Por su parte, desde el ministerio de Energía y Minas Carlos Meany impulsó las carboneras, permitió que siguiera la mina Marlin a pesar del incumplimiento de regulaciones, le dio luz verde a los rusos en El Estor y a los chinos en la explotación de arenas en el Pacífico. Todos esos intereses, teniendo en cuenta que quien le hablaba al oído a Colom era alguien tan orientado a los negocios como Gustavo Alejos, provocaron que la agenda ambiental fuera considerada como una piedra en el zapato, denuncia Melini.

El sector privado, recuerda Fuentes Knight, se mostró siempre propenso a dejar de lado lo social y lo rural para destacar, como medida prioritaria, la promoción de la minería, concibiéndola como fuente capaz de generarle al Estado recursos suficientes para que éste no se decantara a favor de una reforma tributaria. “Creo que el Presidente”, prosigue Fuentes, “consciente del carácter conflictivo de la minería, pero probablemente influenciado por su relación cercana con ciertos grupos empresariales, incluyendo al propio círculo de Carlos Meany, manifestó cierta ambivalencia no sólo en relación con la minería en un sentido amplio sino, más específicamente, en lo que se refiere a la renovación de un contrato de explotación petrolera situado en un área protegida en el Petén por parte de la empresa Perenco”.

… y la prórroga a la petrolera

El 22 de julio del 2010, en consejo de ministros, el Presidente Colom firmó la extensión del contrato con la compañía francesa Perenco, el cual le permitía a ésta seguir realizando operaciones en el campo Xan durante quince años más. Finalizaba así un largo y controvertido proceso cuya gravedad se explica porque el mencionado campo, de donde proviene el 95 por ciento de la extracción petrolera guatemalteca, está ubicado en el corazón de la biosfera maya, concretamente en el área núcleo de la reserva natural más grande del país: la Laguna del Tigre, con una extensión similar a la de los departamentos de Sololá, Chimaltenango y Sacatepéquez juntos.

“No se trataba de cerrar el campo asumiendo posiciones ecológicas dogmáticas”, protesta Melini. “Eso hubiera sido técnica, jurídica, política y económicamente imposible”. En cambio, explica que el país hubiera ganado mucho más permitiendo que el contrato venciera para luego tomar posesión del campo petrolero, de las instalaciones, del oleoducto y de la refinería, para después licitar a nivel internacional un contrato de operación distinto. “Ahí hubo negocio”, asegura Melini, “y detrás de todo están las oligarquías: Álvaro Arzú, los Biguria, el G8. Las regalías de Perenco se quedan en el país, y eso puede comprobarse en las estadísticas económicas del Banco de Guatemala. Hubo colusión. Hasta Álvaro Colom tiene acciones ahí”.

Difícil de comprobar. Lo cierto es que, al día siguiente de firmado el contrato, el gobierno le entregaba la Orden del Quetzal a Michèle Ramis-Plum, embajadora de Francia en Guatemala. ¿Casualidad o causalidad?

Algunos escándalos de corrupción

Solel Boneh, la empresa israelí beneficiaria del contrato de la Franja Transversal del Norte, aseguró a su favor el voto mayoritario en el Hemiciclo mediante “transferencias considerables” hechas a “un buen número” de congresistas, según le confió a Fuentes Knight “un diputado por encima de toda sospecha”. Por aparte, dice el ex ministro, la relación de amistad que Gustavo Alejos y Álvaro Colom sostenían con uno de los dueños de las empresas de telecomunicaciones permitió que entre los tres acordaran desistir del incremento tributario al sector telefónico “a cambio de un aporte que haría para la campaña electoral de la próxima candidata de la UNE”.

No serían esos los únicos dos casos de corrupción. La creación del Transurbano y el desempeño del RENAP estuvieron plagados de irregularidades, sin contar los procesos seguidos contra tres ex ministros de Gobernación: Francisco Jiménez, Salvador Gándara y Raúl Velásquez.

En junio del 2009 salió a luz el desvío de 82.8 millones de quetzales en ahorros del Congreso hacia la casa de bolsa Mercado de Futuro, operación avalada por el entonces presidente del Legislativo (integrante y fundador de la UNE) Eduardo Meyer. El diputado es acusado de peculado culposo, omisión de denuncia e incumplimiento de deberes. Varios recursos legales presentados por sus abogados tienen estancado el proceso judicial. A todo esto, el dinero no ha aparecido.

También en 2009 el Ministerio Público abrió una investigación en contra de Óscar Comparini, presidente de la Corporación Financiera Nacional (CORFINA), por pagar a una socia de su bufete 595 mil quetzales a cambio de una escritura, y por vender a plazos dos hipotecas por 45 millones de quetzales estando valoradas en 70 millones.

Caso aparte, Obdulio Solórzano, exdirector de FONAPAZ, fue asesinado en julio del 2010. El MP lo investigaba por incumplimiento de contratos de oenegés que manejaban 440 millones de quetzales y por sobrevaloración de proyectos con otras veintidós oenegés por 93.7 millones de quetzales.

La lista sigue, por lo general sin evidencia suficiente para proceder a levantar cargos. Los trapos sucios de la administración anterior apenas empiezan a ver la luz, conforme se van realizando las auditorías respectivas a las distintas dependencias gubernamentales. Así, la Contraloría General de Cuentas presentó en días recientes cinco denuncias penales en el MP por malversación, abuso de autoridad, resoluciones que violan la Constitución y sobrevaloración contra el programa Mi Familia Progresa, el ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, FONAPAZ y el Tribunal Supremo Electoral.

Neftalí Hernández, exdirector de Mi Familia Progresa, es sindicado de asumir compromisos sin espacio presupuestario (deuda flotante) por mil 114 millones de quetzales. Al MAGA se le atribuye el gasto de cien millones de quetzales en alimentos destinados para el programa Damnificados de la Tormenta Agatha y el volcán de Pacaya que luego trasladó al programa Bolsa Solidaria, de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia. Esos movimientos –dice la nota de prensa– dejaron sin protección a cientos de familias afectadas como consecuencia de los fenómenos naturales ocurridos en el 2010.

Al igual que el MAGA, FONAPAZ utilizó de su presupuesto más de 113 millones de quetzales para la Bolsa Solidaria, de los cuales se destinaron 107 millones para la compra de alimentos, 4.2 millones en renta de vehículos y 1.7 millones en contratación de personal. Las denuncias contra el TSE, por su parte, se refieren a la sobrevaloración del papel adquirido y del pago excesivo por la impresión de las papeletas electorales para corporaciones municipales.

Con todo, para situar esta roñosa marea de impunidad en su debido contexto conviene recordar lo apuntado al inicio del primer episodio de esta serie: en el transcurso del siglo pasado Guatemala dejó de ser un Estado supuestamente liberal para convertirse en un Estado militar y por último en un Estado residual, raquítico, debilitado por la influencia estadounidense en esta región del mundo que bien podríamos denominar su patio trasero, disminuido a fuerza de infiltraciones mafiosas desde antes de la refundación democrática de 1985, y desmantelado a fuerza de privatizaciones, emprendidas sobre todo durante la administración de Arzú.

En nuestro país, explica Edelberto Torres Rivas, el Ejército retuvo el poder, cedió la administración del Estado y siguió cometiendo delitos, vinculándose a los negocios de las drogas y el contrabando, iniciando el ensamblaje del crimen organizado. Y la administración, claro, también se corrompió ante la dejadez sordomuda de una población que, en la práctica, no entiende aún qué rayos es la democracia ni qué responsabilidades implica el hecho de asumirla como sistema de gobierno.

Los guatemaltecos estamos pagando muy cara nuestra incapacidad para trascender intereses particulares o gremiales, negándonos a dar el paso decisivo de pensarnos estratégicamente como un todo de cara al presente (un presente al que no es posible arrancarle el pasado que lo explica) y, en esa línea, sobre bases más anchas diseñar políticas a futuro con una lógica de nación. Más que un Estado fallido, Guatemala es una sociedad fallida, postula Torres Rivas. Un no-país.

Pocos procesos, durante la pasada administración, ponen tan en evidencia este amargo diagnóstico como el nudo de fuerzas y pugnas que dieron al traste con los reiterados intentos de reforma fiscal.

La malograda reforma fiscal

En un documento del Informe Estado de la Región sobre los mecanismos para la obstaculización de las reformas tributarias en Guatemala se sugiere que las raíces de nuestra inveterada reticencia al pago de impuestos habría que rastrearlas en la oposición de los indígenas a los tributos durante la Colonia, pero sobre todo en la razón principal que tuvo la élite criolla en 1821 para independizarse de España: liberarse de sus obligaciones impositivas para con la Corona. En él, Richard Aitkenhead, ex comisionado presidencial de Óscar Berger y ex ministro de Finanzas de Serrano Elías, observa que el no pago de impuestos es parte de la cultura política nacional, y que ciertamente la oposición tiende a crecer entre los sectores más acomodados.

Se calcula que, sólo en el año 2006, el Estado guatemalteco dejó de percibir casi la mitad del total de la recaudación de impuestos registrados. En términos monetarios, la evasión del ISR de las empresas superó ese año los 1,400 millones de dólares. Aproximadamente dos de cada tres quetzales del ISR se evaden. Según Gustavo Porras, durante el 2007 el 48 por ciento de las empresas se declararon con pérdidas (es decir, no tributaron ni un centavo), mientras que el 52 por ciento restante declaró un 0.07 por ciento no de sus utilidades, sino de sus ingresos globales.

La reforma fiscal propuesta por Fuentes Knight y su equipo proponía modificar la ley de bancos y grupos financieros para que la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) pudiera contar con información de contribuyentes individuales bajo garantía de confidencialidad. Contemplaba, también, transparentar la propiedad de las empresas privadas mediante la obligación de que todas las acciones tuvieran el nombre personal de sus propietarios. El empresariado, no obstante, alegaba que la opacidad era necesaria para evitar secuestros, justificando de esa manera su renuencia a cualquier medida que contribuyera a hacer más visibles sus operaciones.

Para colmo, Álvaro Colom se metió zancadilla a sí mismo al prometer en campaña que en su primer año de gobierno no haría nada en materia de reforma fiscal. Ello en desmedro de lo dicho en el discurso de toma de posesión, en el que manifestó sus intenciones de lograr una política fiscal “estable y responsable”. Algo “serio, de largo plazo”, que permitiera a los sectores privados “sentirse seguros”, dijo, para lo cual “nos tenemos que poner de acuerdo”.

Ese acuerdo no llegó nunca: bien dicen que, en materia de impuestos, lo que no se hace en el primer año ya no se hace.

No había tampoco, dentro de la UNE, una conciencia o reconocimiento sobre la importancia del problema fiscal en Guatemala y sobre la necesidad de resolverlo, recuerda Fuentes Knight. Y, si la había, prefirieron no enfrentarla debidamente ante el costo político que hubiera podido representar.

Como era de preverse, los efectos de no haber impulsado la reforma fiscal con mayor vigor y convicción no se hicieron esperar: Guatemala contaba con reservas demasiado escasas para hacer frente a las dos crisis económicas (la primera, en 2008, derivada del incremento de los precios del petróleo; la segunda, un año después, resultado de la especulación financiera en los mercados inmobiliarios) y se mostraba impotente a la hora de encarar los riesgos derivados de los torrenciales chaparrones y las intensas sequías que año con año azotan al país, y que se suman al efecto de la penetración del crimen organizado, principalmente el narcotráfico.

Era el Congreso de la República el escenario donde confluían los sectores en pugna respecto de la reforma fiscal. Por un lado el Ejecutivo, por otro lado la élite empresarial encarnada en el CACIF y representada sobre todo a través de sus tentáculos en el Partido Patriota, principal bloque opositor; y en el medio algunos grupos supuestamente afines a la UNE, como los diputados de la Gran Alianza Nacional, entre los que parecía haber malestar e insatisfacción “con las obras que se les habían asignado”, según refiere Fuentes Knight.

Pero el CACIF siempre quería dos tipos de garantías, dice. Primero, que se negociara con ellos antes de enviar la iniciativa al Congreso, y segundo, que la propuesta enviada no se modificara más. “¡Y todo ello sin rendirle cuentas a nadie!”.

En respuesta, Ardón comenta el “estilo particular” de Fuentes Knight, refiriéndose a él como “un buen técnico pero con algunas ideas demasiado rígidas que no le permitieron atender otras visiones del problema”. En suma, la credibilidad y la confianza se deterioraron muy pronto: “Llegaba al Congreso una propuesta de reforma que no había sido conversada con nosotros. Eso mina la comunicación y la confianza, aunque no haya obligación de hacer pasar todas las decisiones por esta puerta giratoria”, asegura.

Lo cierto es que la inoperancia del Legislativo favoreció el papel de los actores empresariales. A pesar de que el Presidente había hablado de una ‘batalla’ y de que no se negociaría el contenido de la reforma fiscal, el temor a la confrontación pronto lo condujo a iniciar negociaciones con diversos actores. Los primeros contactos se realizaron con los representantes de las empresas de telecomunicaciones.

Juan Antonio Busto, quien presidía la Cámara de Industria de Guatemala (CIG) a finales del 2009, comentó a la prensa: “No necesitamos un pacto fiscal; hay suficientes impuestos. Si se cobra a los que no se les está cobrando, se generaría una gran cantidad de ingresos para el fisco”.

Sus declaraciones se sumaban a la percepción de los representantes del CACIF cuando, en una reunión sostenida con Julissa Reynoso, secretaria de Estado Adjunta de los EE.UU., mencionaron que el gobierno era extremadamente corrupto y que “Colom sólo había proporcionado promesas vacías a la fecha”, según se establece en un cable filtrado por Wikileaks.

Cuando Reynoso presionó al sector privado para que se centraran en encontrar soluciones prácticas, descargaron la culpa en Colom e indicaron que sin un socio creíble no podían lograr nada.

Reynoso presionó de nuevo, instando a la cúpula empresarial a asumir una responsabilidad de reducir las extremas brechas en la distribución de la riqueza en Guatemala.

En respuesta, señalaron que ellos pagaban el 89 por ciento de los impuestos del país (lo cual es falso si se toma en cuenta que sólo el IVA, pagado por todos los consumidores, representa alrededor de la mitad de los impuestos recaudados), mientras que las personas individuales contribuían con sólo el once por ciento restante.

Varios agregaron que los ricos no eran los únicos responsables de luchar contra la pobreza, y argumentaron que el gobierno necesitaba aumentar la competencia y atacar la corrupción, la evasión fiscal y el contrabando –eximiéndose tácitamente de estas tres actividades, como si de hecho no estuvieran ellos mismos involucrados en dichas prácticas; y negándose a reconocer, además, que para frenar el contrabando se requiere una serie de controles en puertos y fronteras traducibles en altísimos costos que los empresarios se negaban a pagar.

Saldo amargo

La burguesía de este país será responsable de condenarlo al desastre por negarse a entender que, para los fines de su propia reproducción como clase, necesita un Estado mejorado, amonesta Gálvez Borrell. El anticomunismo, dice, ha marcado el antiestatismo. “La desconfianza hacia todo lo que es público es de las mayores en América Latina. En esos términos, no podía esperarse mucho de la reforma de Fuentes Knight, quien además era identificado como hijo de un dirigente izquierdista”.

Tampoco hubo una unidad de mando de parte del gobierno, reconoce el mismo Fuentes Knight, y en cambio prevalecieron los enfoques equivocados frente a la oposición. “Ante el sector privado habíamos seguido una política que fluctuaba entre la confrontación y la conciliación”, menciona, “y a final de cuentas ésta última había predominado a tal extremo que había dado lugar a algo cercano a la claudicación”. Y remata: “El poder de veto del sector privado surge, al menos parcialmente, de la debilidad de los partidos políticos, que es en parte el resultado de su falta de independencia financiera”.

Guatemala tiene un sector privado ultraconservador, movido por el miedo, describe Barrientos. “Algunos abogados pro-empresariales me decían: ‘Lo que ustedes están proponiendo es razonable, es lo que el país necesita, pero en la Cámara nunca va a pasar’ ”.

Somos el país de América Latina que menos tributa sobre el PIB, recuerda Godoy. Le da risa, dice, la reacción de los empresarios cuando traen al Encuentro Nacional de Empresarios (ENADE) y a la Fundación para el Desarrollo (FUNDESA) a sus grandes líderes de derecha, desde Felipe González hasta Álvaro Uribe y Julio María Sanguinetti. “Todos ellos les dicen que tienen que pagar más impuestos, entre el 13 y el 16 por ciento del PIB, combatir la pobreza, generar más equidad en la sociedad. Pero se niegan terminantemente a hacerlo. La diferencia es que a ellos los aplauden y no se atreven a decirles que son comunistas o que son de izquierda”.

La reforma fiscal es una asignatura pendiente en la agenda de Guatemala, reconoce Ardón, cuya queja se centra en que el abordaje del gobierno fue el mismo de siempre: “Unidimensional, cortoplacista, dejando de lado aspectos como transparencia, calidad de gasto, control de la ejecución presupuestaria, etcétera. Querían ingresos, no reformas para el desarrollo”.

El fracaso de la reforma tributaria tiene nombre y apellido, postula Melini refiriéndose a Sandra Torres: “el sector privado percibía que estaban haciendo piñata con los recursos del Estado y que pretendían obtener financiamiento para seguir una estrategia política que ellos asociaban con Evo Morales y con Hugo Chávez; una propuesta reeleccionista con visión de largo plazo. Dijeron que iban a gobernar por treinta años, y estaban haciendo bases en áreas marginales y entre grupos vulnerables”.

Fuentes Knight tenía una noción casi mesiánica de su rol histórico y de su deber heredado en el mundo, pero con poca experiencia política previa para manejar uno de los desafíos cumbre del país, que ha ocasionado guerras y muchas muertes, comenta Slowing. Le faltó callo, dice; y le faltó con creces, para vérselas con un sector privado cuya carta corriente era ofrecer a puerta cerrada determinados planteamientos discursivos “que luego no tenían nada que ver con lo que hacían y decían públicamente”.

Este gobierno se vendió como extremadamente autónomo del poder económico y yo cuestiono que haya sido así, observa Carrera. “Fue débil frente a ese poder, lo cual se demuestra en que nunca pasó la reforma tributaria. Lo que molestaba era su discurso, porque sus acciones no fueron tan independientes, y eso rompe también el mito de que fue un gobierno inclinado al chavismo, enemigo del mercado, socialista del siglo veintiuno… Nada de eso. Yo lo calificaría de socialdemócrata conservador”.

Conclusión con sabor a desesperanza

Cuatro años después de aquel hiperbólico discurso inaugural, ¿qué nos queda? Un racimo de promesas incumplidas y el tufo emanado de eslóganes gastados que hoy saben a estafa. “Las frases fueron negadas de manera rotunda y sistemática”, condena Gutiérrez.

Veamos.

¿El gobierno de la esperanza? “Esa fue la ilusión de Colom”, responde Godoy. “Pura retórica”, señala Incer. “Una oportunidad perdida”, zanja Ardón.

¿El gobierno de los pobres? Ardón contesta: “Siempre hay muchos que hablan en nombre de los pobres, mientras que ellos son los que menos hablan”. Y Melini repone: “Se utilizó la pobreza como mecanismo electorero”.

La justicia, las garantías sociales, el resarcimiento –expresó varias veces Colom a la hora de hacer entrega de obras– son una obligación del Estado para con su población más necesitada, no algo que la gente tenía por qué agradecer. Habría que reconocerle, al menos, el hecho de haber admitido en público una verdad que sus antecesores se negaban a ver. Que lo diga, si no, Óscar Berger: “Hagan el favor de desalojar el parque, pues dan mal aspecto al turismo y a la imagen del país internacionalmente; vayan a trabajar a las fincas, que en Guatemala hay trabajo para el que quiere”, fue su regaño a un grupo de manifestantes.

¿Un gobierno con rostro maya? “Tal vez por eso fue un gobierno sin rostro”, se mofa Gutiérrez. “Si hizo algo por los mayas no fue porque eran mayas sino porque eran pobres”, repone Carrera. Fue bonito ver la Bandera de los Pueblos en todas las instituciones, pero no se trascendió, tercia Blanco. “Como justificación se dijo que los programas sociales favorecieron principalmente a los indígenas, pero más allá de eso, quedamos cortos en materia de discriminación, eliminación de racismo y generación de nuevas relaciones interculturales”.

No hizo nada por evitar el entrampamiento en la reasignación del canal 5 para la Academia de Lenguas Mayas. “La mejor evidencia de la marginación puede encontrarse en el presupuesto que el Estado asignó a todas las dependencias indígenas, que para el 2010 fue poco más de 52 millones de quetzales mientras el Presupuesto General de la Nación superaba los 49 millardos”, reclama Irmalicia Velásquez.

“El intento de reglamentar el proceso de consulta previa, libre e informada a los pueblos indígenas garantizada en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)”, prosigue Velásquez, “buscó responder a intereses de exploración y explotación de empresas nacionales e internacionales”. La manipulación de Colom evidenció lo contradictorio de su discurso, de que sería un gobierno con rostro maya, señala.

¿La violencia se combate con inteligencia? Berganza: “no tuvieron la inteligencia de hacerlo desde el principio, y lamentablemente la inteligencia de Menocal tampoco llegó a tanto para no pelearse con Helen Mack, lo cual demoró el proceso de reforma policial”. Gálvez: “El gobierno no se dio cuenta de las altísimas expectativas que generó esa promesa como reacción humana a la mano dura militar. La seguridad fue la tumba de esta administración en sus pretensiones de hacerse reelegir, sobre todo en el voto urbano”. Ardón: “Me parece un buen consejo”.

Barrientos sueña con una Guatemala que ataque la violencia como lo ha hecho Medellín: con educación, protección social y cultura. En cambio, dice, aquí “le quitamos el 15 por ciento de presupuesto a Cultura y Deportes y le aumentamos las asignaciones a la compra de armas, además de quitarles los controles de transparencia”. Esa no es inteligencia para combatir la violencia, se queja, no obstante “la ciudadanía está desesperada y quiere ver sangre”.

¿Qué hubo del proyecto Cuatro Balam, aquel parque nacional que supuestamente integraría, protegería y estimularía los sitios arqueológicos de El Mirador y Tikal? ¿Qué hubo de la Ley de la Dignidad Humana? ¿Los 700 mil empleos? ¿Las 200 mil viviendas populares? ¿Qué hubo del Ministerio de la Familia? ¿El Plan de los Cien Días? ¿El Plan de la Esperanza? ¿El plan de choque sanitario? ¿El plan urgente de atención a la desnutrición infantil? ¿El Plan de Desarrollo Rural? ¿Las acciones medioambientales en prevención al impacto provocado por el cambio climático? ¿Su compromiso con los pueblos indígenas? ¿El cumplimiento “inquebrantable” de los Acuerdos de Paz y los derechos humanos? ¿Los ocho meses que pidió de plazo “para tener una seguridad estable”?

“En la práctica se aparentaban cambios para no cambiar”, observa Fuentes Knight dejando entrever cierta carga emocional no exenta de reclamo hacia el gobierno en el que se desempeñó, y sobre todo hacia su timonel, Álvaro Colom, cuya tibieza dejó sin frutos los esfuerzos –y las esperanzas– de muchos: “No había un empuje decisivo, presidencial o político-partidista”, escribe.

Fue “una larga noche oscura”, en palabras de Melini. “Mancharon y quemaron el nombre de la socialdemocracia. La clase política se desvirtuó como nunca. Los diputados salientes son tan depurables como los que había en tiempos de Serrano”.

“Yo creo que Colom, en su soledad, entiende muy bien este país, pero fue incapaz de dejarse guiar por esa visión”, observa Incer. Aunque sería injusto atribuírselo todo a él, dice, porque en su contra estuvo la élite económica “más conservadora, más intolerante y más intransigente” de toda América Latina. “La sociedad también es responsable, porque tenemos ciudadanos apáticos que generan gobiernos mediocres”.

Incluso las misiones cooperantes tienden a levar sus anclas y marcharse a otras latitudes en las que sus programas de apoyo, financiados por ciudadanos que sí pagan impuestos, sean mejor aprovechados y no caigan en el saco roto de la ineficiencia, la corrupción y la desidia.

En la cancillería, según Gutiérrez, “la gestión que ahora termina provocó un daño institucional insospechado. Debilitó la columna vertebral de las misiones en el exterior y dañó la moral del funcionario mediante la invicta infección corrupta, sin precedentes en el Ministerio”.

Los cientos de millardos gastados durante la gestión de Colom “no se reflejan en nada”, se queja elPeriódico en uno de sus editoriales. “Simplemente, no hay obra ni servicios públicos que justifiquen tanto gasto”; y criticaba a la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia y su decisión de despilfarrar 30 millones de quetzales adicionales en las dos últimas semanas del mandato.

De hecho, el exsecretario Ronaldo Robles ha sido denunciado recientemente en el MP por su sucesor en el cargo. “Nosotros partimos de un entorno mediático adverso”, recuerda Robles; lo cual, dice, justificaba una mayor inversión para contrarrestar en la opinión pública esos impactos cuya gravedad –sostiene– consistía no en que fueran negativos, sino en que estaban equivocados. “Quisimos utilizar nuestros propios medios de reproducción ideológica para promover una transformación cultural de fondo”, defiende, “y quisimos invertir en equipo propio para evitar subcontrataciones onerosas”.

Como sea, no sólo la percepción generalizada sino las cifras duras apuntan a que se gastó más de lo que se tenía; lo cual, si se pondera templadamente, es lo que hace la mayoría de países (y familias) en tiempos de crisis. El resultado es una deuda de 3.8 millardos de quetzales en el ministerio de Comunicaciones, 1.6 millardos en FONAPAZ, 201 millones en Gobernación, 73.9 millones en Educación y 13 millones de quetzales en el ministerio de Salud, según datos proporcionados por el gabinete económico. El diario La Hora, en cambio, reporta una deuda en salud de 180 millones de quetzales por compra de medicamentos que no eran de prioridad para dicho ministerio, y un déficit del más del 50 por ciento en cobertura.

EPÍLOGO: a título, tal vez, demasiado personal

Entre la Guatemala de tarjeta postal (esa que, con sus recodos bucólicos en presurosas vías de extinción, sacamos a relucir cada vez que la mala conciencia aguijonea nuestra ya de por sí deteriorada autoestima) y la que nos embiste día con día en su vorágine de tribulaciones; entre la Guatemala que nos gusta evocar y la que nos resistimos a encarar; entre la balsámica mentira que enajena, no enaltece, y la convulsa realidad que nos escupe su veneno y sus fisuras; entre los extremos opuestos de este controvertido y contradictorio imaginario común de nación bullen las pulsiones que nos explican en toda nuestra aparatosa complejidad.

Somos el conflicto resultante de esas pulsiones en juego, a menudo autonegadas, operando siempre al amparo falso de normas que no se cumplen para unos del mismo modo que se aplican en otros. Somos el saldo, para empezar, de una Constitución que no nos representa a todos. Somos herederos de un sistema económico excluyente y de una idiosincrasia discriminatoria, basada en la descalificación del otro: indio huevón, muco cholero, marero maldito, chonte ladrón, chafa mierda, culo fresa, canche hueco.

Venimos arrastrando, como carta de identidad cultural, un legajo frágil de mitos fatuos y momentos de dudosa ralea: la sangre de Tecún, el pecho del quetzal, un pedazo de cielo del que pende una nube su albura, el gol que Carlos Plata le metió de cabeza a Brasil, las ruinas de Tikal, el lago de Atitlán otrora sin rastros de caca y cianobacteria, la marca más vendida del oligopolio cervecero, nuestro gusto por el pollo frito caro, las cumbres domadas por Jaime Viñals, las consignas de GuateÁmala cayendo como nube de confeti, el triunfo de Carlos Peña y Fabiola Rodas en sendos montajes para exacerbar el consumismo, la fama de Arjona puesta al servicio de una guatemorfosis en clave de agua gaseosa.

Frente a nuestros ojos vendados fluye un caudaloso corredor de armas, cocaína y mano de obra barata, forzada a largarse de aquí pero sin visa para entrar allá. Bajo nuestros pies se pudren todavía los restos con señales de tortura de doscientos mil hombres, mujeres y niños, en su gran mayoría civiles desarmados, desechable carne de cañón, desoídas víctimas indirectas en una escabechina de sangre cuyo propósito era quitarle el agua a aquel temido pez que, por lo visto, sigue coleando.

Nuestra psiquis es como la de una niña que, tras ser violada reiteradas veces, bloquea el trauma ensayando tortuosos y desesperados mecanismos de defensa para no volverse loca y, al hacerlo, evidencia lo gravemente loca que está. Recompensamos (a veces con votos, a veces con consumo, a veces con pleitesía) a la recua de verdugos que tienen secuestrado nuestro derecho a una existencia libre, justa, sana y digna. El síndrome de Estocolmo nos retrata de cuerpo y alma enteros.

No hay que creer ni dejar de creer, solemos pensar y decir los chapines. El miedo (que a veces es pavor), la desconfianza (que a veces es rechazo) y la indolencia (que a veces es parálisis) nos impulsan a querer quedar bien a la vez con dios y con el diablo. El sadismo más brutal convive dentro de nosotros amancebándose con la más tierna candidez. Somos una sociedad antisocial, un lienzo humano descosido por todos lados, un cuerpo colectivo con cuadro de esquizofrenia.

Por eso estamos como estamos. Y por eso, diría mi amigo el borracho, no tenemos el gobierno que merecemos; más bien, tenemos el gobierno que somos.

La evidencia es demoledora.