La guatemalteca que se entregó a la DEA y confesó sus pecados

La narcotraficante guatemalteca Marllory Dadiana Chacón Rossell está en el purgatorio. No se sabe si es una antesala para el cielo o el infierno. Cuando salga de su celda en el Centro Federal de Detención, en Miami, Florida, EE.UU., sus pasos la podrían llevar a una sentencia benévola, o a purgar hasta cuatro décadas en prisión. Para alguien de 43 años de edad como ella, está en juego envejecer tras las rejas.

El que se haya entregado a autoridades de EE.UU. el 10 de septiembre de 2014, y se haya declarado culpable de narcotráfico en una corte de Miami, el 12 de diciembre del año pasado, significa que Chacón delató a cómplices importantes. De hecho, el expediente del caso, número 11-20582-CR-MARTINEZ, revela que se comunica con fiscales estadounidenses desde 2012. Para finales de febrero pasado no era de acceso público la fecha en que un juez anunciaría cuántos años podría pasar Chacón en la cárcel, según Marlene Karavetsos, vocera de la Fiscalía del Distrito Sur Florida. Sin embargo, para marzo, el expediente revelaba una audiencia de sentencia programada para el próximo 5 de mayo, en una corte de Miami, Florida. Ese día se definirá su futuro.

En enero de 2012, el Departamento del Tesoro de EE.UU. aseguró que Chacón había traficado drogas para varios carteles mexicanos. La calificó como “la lavadora de dinero más activa de Guatemala”, y una de las narcotraficantes más prolíferas de Centroamérica. Además, identificó como cómplices de Chacón a su esposo, al hondureño Jorge Fernández Carbajal; al colombiano César Barrera (alias “Nigua”), al guatemalteco Hayron Borrayo Lasmibat, y a la esposa de este, Mirza Hernández.

Varias publicaciones de medios locales han revelado supuestas relaciones entre Chacón y Borrayo con el presidente Otto Pérez Molina y la vicepresidenta Roxana Baldetti, e incluso sostienen que éstos habrían aportado US$2 millones a la campaña electoral del Partido Patriota en 2011. Baldetti ha negado conocer a Chacón, y ésta aseguró conocerla, pero no tener relación alguna con la vicemandataria.

En 2012, la Fiscalía de Guatemala anunció que no encontró evidencias contra Chacón, y la Policía Nacional Civil afirmó que ésta no aparecía en ninguna de sus investigaciones. No obstante, el Departamento de Justicia de EE.UU. se refería a ella como a una “fugitiva”. En 2015, ya declarada culpable, el ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, dijo que Chacón sí tiene varios casos abiertos por narcotráfico, pero no aportó detalles de los mismos.

Para junio de 2012, un cómplice de Chacón, el colombiano César Barrera, le hizo saber a la Agencia Federal Anti-Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) que quería colaborar “ampliamente”. Los documentos públicos del expediente no revelan si comprometió aún más a Chacón, o si su colaboración facilitó la captura el 18 de septiembre de 2012 del narcotraficante Daniel “El Loco” Barrera en Venezuela. Las autoridades describían a “El Loco” Barrera, socio de otro cómplice de Chacón, como uno de los últimos grandes capos colombianos del narcotráfico, en libertad.

La DEA tras la pista de Chacón

Chacón coordinaba la recepción, compra, transporte y distribución de múltiples toneladas de cocaína, cuyo destino final era EE.UU. La DEA le sigue la pista desde noviembre de 2008, y la comenzó a investigar después de recibir datos de varios informantes. Entre ellos había narcotraficantes detenidos que cooperaban con la justicia estadounidense, que también le ayudaron a ubicar a otros coconspiradores en Colombia, Venezuela, Panamá, Honduras, Guatemala y México, entre otros países.

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Una fuente confidencial dijo a la fiscalía de Florida que, entre 2008 y 2009, Chacón organizó la recepción en Honduras de dos cargamentos de cocaína de 1,200 kilos cada uno. Un grupo, que identificó como “Los Caracoles”, recibió la droga y la transportó a Guatemala “para su posterior distribución a un cartel mexicano”. Los Caracoles no aparecen en documentos públicos del Departamento de Justicia de EE.UU., ni en cables de 2008 a 2010 del Departamento de Estado, que Wikileaks filtró. Pero se presume que el grupo operaba en la costa norte de Honduras donde los hondureños de habla hispana llaman “caracoles” a los residentes afro descendientes con raíces inglesas, o de otro origen europeo, de las Islas de la Bahía.

Borrayo y César Barrera aparecen en el expediente 11-20512-Criminal-King, una acusación distinta a la de Chacón, en una corte del Distrito Sur de Florida. Sin embargo, les unen los señalamientos del Departamento del Tesoro, y coincidencias en su modus operandi. Entre 2008 y 2009, César Barrera era el representante de una organización narcotraficante en Colombia. No transportaba droga ni negociaba precios, según su abogado Jay Allen White. Pero, según la fiscalía de Florida, el colombiano era “los ojos y los oídos” de sus jefes colombianos en Guatemala y en México. Supervisaba la recepción de cargamentos enviados desde Venezuela vía Honduras, y su entrega al cartel mexicano de sicarios y narcotraficantes Los Zetas (a quienes EE.UU. vincula con Chacón).

“(César Barrera) tenía un papel que requería un trato cara a cara con personas de muy alto nivel”, dijo la fiscal Monique Botero en una audiencia (según el expediente). “Hablaba con los traficantes guatemaltecos y mexicanos, se aseguraba que la cocaína llegara hasta sus manos, y que estuvieran satisfechos con el trato”. Dos de esos traficantes eran Borrayo y Chacón.

Un par de cargamentos que supervisó César Barrera sumaban al menos 2,300 kilos, según el documento 68 del caso. “Los dueños de la carga (presos en Miami para febrero 2014) habían negociado personalmente, en una finca en Guatemala, los términos de las dos transacciones con los jefes del cártel mexicano”, reveló White. El documento no identifica a los dueños de la droga, que no podían ser Chacón ni Borrayo, porque aún no estaban detenidos en Miami en febrero de 2014, ni los hermanos Fernández Barrero, condenados dos años antes.

César Barrera jugó su papel de intermediario hasta que, en mayo de 2009, sus jefes enviaron menos cocaína de la pactada a Los Zetas. Entonces éstos secuestraron a Barrera en la frontera Guatemala-México para matarlo. Escapó vivo, aunque con un tiro en la cabeza y otro en la espalda, después de una refriega entre sus secuestradores y soldados mexicanos que lo liberaron. Barrera huyó hacia Colombia, desde donde anunciaría su entrega a la DEA años después. Pero su salida de Guatemala no detuvo las operaciones de Borrayo y Chacón.

Una fuente confidencial (“CS-2”, o confidential source en el expediente), y exsocio de Chacón, declaró ante la fiscalía de Florida que participó en el envío de tres cargamentos aéreos de droga. Reveló que Chacón proveyó la estructura de recepción en Honduras, y era dueña de una parte de la carga, 300 kilos. Un envío de noviembre de 2010 fue el último en el que participó el CS-2. La fuente dijo que, cuando trabajó con Chacón, ella lavó unos US$4 millones de dólares del narcotráfico entre Guatemala y Panamá.

Para finales de 2010, la fiscalía de Florida tenía a otro infiltrado en el círculo cercano de Chacón. Este “informante confidencial” llegó a una residencia de Chacón en Guatemala con el colombiano Orlando Fernández Barrero (socio de “El Loco” Barrera), y grabó y filmó la reunión entre los tres. Su furtiva misión demostró que Chacón no era una simple bisagra. Ella administraba detalles operativos claves.

El informante (o “CS-1”) filmó a Fernández pidiéndole a Chacón que le encontrara “una estructura en Honduras que pudiera recibir un cargamento de 800 kilos de cocaína”, procedente de Colombia. Según el expediente, el vídeo muestra a Chacón coordinando la recepción del cargamento con dos teléfonos celulares. En uno da instrucciones acerca de la pista de aterrizaje que se debía utilizar, y cuánto combustible era necesario para llegar al lugar. Ordenó que el grupo “Los Caracoles” recibiera la carga en nombre de ella, en dos días. También dijo que “había comprado un avión Cessna Caravan capaz de transportar hasta dos toneladas de cocaína”. Durante la misma reunión, el informante y Chacón discutieron cuántos kilos recibiría y pagaría ella, “para estar lista para pagar al contado”. Luego Chacón coordinó el envío a Guatemala.

La fiscalía utilizó las revelaciones del informante CS-2 para abrir una investigación y acusar en 2010 al colombiano Fernández Barrero y a su hermano Javier. Ambos viajaban con frecuencia a Centroamérica. La persecución penal contra Chacón se desprendió de su relación con los hermanos Fernández, quienes se entregaron a EE.UU. a finales de 2010.

Acusación escrita con tinta de traición

El 25 de agosto de 2011, la Fiscalía del Distrito Sur de Florida acusó formalmente a Chacón de conspirar para traficar cinco o más kilos de cocaína. Ese día, el juez magistrado Stephen Brown autorizó que el expediente quedara sellado al público “por razones de peso”, hasta que Chacón fuera capturada o así lo ordenara la corte.

En enero de 2012, el Departamento del Tesoro de EE.UU. hizo públicos por primera vez los señalamientos de narcotráfico contra Chacón. En julio de 2012, un juez federal condenó en EE.UU. a los hermanos Orlando y Javier Fernández Barrero a 11 años y 13 años de cárcel respectivamente. Según el Buró Federal de Prisiones, Orlando está preso en una cárcel de mediana seguridad en Carolina del Sur. Su hermano Javier en una cárcel de mínima seguridad en Texas. Ambas sentencias podrían ser un augurio de la suerte que le espera a Chacón, porque la acusación contra ambos sustentó la acusación contra ella.

En agosto de 2012, el Departamento del Tesoro presionó a Chacón de nuevo, reiteró la acusación en su contra, y dijo que suministraba cocaína a Los Zetas. Además, involucró a su hija, Christina Stefanel Castellanos Chacón, y a otras personas más (aunque en el expediente del caso, en Florida, su hija no aparece entre los acusados). Esta vez, Chacón reaccionó. Para el 22 octubre de 2012, había contratado un abogado en EE.UU. Mientras tanto, la fiscalía de Florida urgía a la corte a mantener sellado el expediente porque “la divulgación del contenido, una investigación en marcha de ofensas federales (en el Distrito Sur de Florida y en otros lugares), podría comprometer seriamente la investigación y exponer a (ciertos) individuos a peligros potenciales”. Sin embargo, a pedido de la fiscalía, el Juez José Martínez autorizó el acceso parcial del expediente sólo para Chacón, “para que (ella) comprenda cuáles son los cargos en su contra y ella y su abogado puedan hacer una decisión informada respecto a cómo proceder”.

Para octubre de 2012, en el documento número siete del expediente, el abogado de Chacón (no identificado en este documento) afirmó que Chacón “comprendía que enfrenta cargos criminales por los cuales la pueden perseguir penalmente”, y (aun así) “desea entregarse”. Para entonces, agentes de la DEA se habían reunido con César Barrera en Colombia, donde él les trasladó información sobre algunas personas que EE.UU. pretendía capturar en Guatemala y México. En enero de 2013, Barrera se entregó a la DEA en Panamá. En cuestión de días acabó en Miami, y se entrevistó con otros agentes de la DEA a quienes habló de otros individuos importantes que EE.UU. quería capturar en Panamá. César Barrera fue clave para que EE.UU. lograra varias capturas y condenas. El expediente revela que ayudó a cerrarle el cerco a tres acusados importantes, que no identifica, pero que podrían ser Daniel “El Loco” Barrera, Borrayo y Chacón.

Lo que siguió a la colaboración de César Barrera fue un vaivén de Chacón y Borrayo. En abril y julio de 2013, Chacón viajó a El Salvador dos veces, según los registros de la Dirección General de Migración. El segundo viaje ocurrió sólo dos semanas después de que Borrayo viajó a México y luego a Francia, que lo capturó por narcotráfico a petición de EE.UU.

César Barrera, detenido en Miami, cambió su declaración de “no culpable” a “culpable” de narcotráfico, a sólo 48 horas de iniciado su juicio en octubre de 2013. En noviembre, Chacón salió cinco días a un destino desconocido y volvió a Guatemala. El mismo mes viajó a Honduras, y regresó 24 horas después. El 9 de febrero de 2014, Chacón viajó a Panamá por cinco días. El 20 de febrero volvió a Panamá, pero ya no regresó a Guatemala.

El 14 de marzo, Borrayo fue extraditado desde Francia a Florida, EE.UU., y sólo dos meses después, en mayo, Chacón concedió una entrevista telefónica a Prensa Libre y dijo que estaba en Francia de vacaciones, porque su hija estudiaba en ese país. Además, reveló que en noviembre tenía una cita con el Departamento del Tesoro de EE.UU. para resolver su situación, y que su esposo e hija estaban libres de toda responsabilidad. Pero antes, Chacón acabaría en la cárcel.

Ajedrez en una corte de Miami

Chacón actuó estratégicamente. Las delaciones potenciales de sus excómplices, y cumplir tres años como acusada de narcotráfico, la llevaron a contratar a una abogada estrella: Bonnie S. Klapper, una exfiscal neoyorkina de 58 años. En 2012, a Klapper la describían en Colombia como la “exfiscal antimafia”. En California, se especializó en investigar lavado de dinero de narcóticos. En Nueva York, se especializó en casos de lavado de dinero internacional y tráfico de drogas. Ayudó a liderar investigaciones que desbarataron redes de lavado de dinero entre Nueva York y Colombia, y que acabaron en la acusación de Vicente Carrillo (Fuentes), hermano de Amado Carrillo Fuentes, alias “El Señor de los Cielos” y exjefe del Cártel de Juárez. En 2009, Klapper integró el equipo de fiscales que, desde EE.UU., persiguió a uno de los líderes de Los Zetas, Miguel Treviño Morales (capturado en 2013, en México), por narcotráfico y trasiego de armas ilegales.

La DEA se refería a Klapper como  “la fiscal de hierro”. La administración del Presidente estadounidense Barack Obama consideraba a Klapper como una de las “funcionarias más valiosas” contra el narcotráfico, hasta que —para suerte de Chacón— dejó la fiscalía neoyorkina en 2012 y se convirtió en abogada defensora. Pronto contó entre sus clientes a narcotraficantes prominentes y personajes a quienes el Departamento del Tesoro acusa de lavado de dinero. En algunos casos trabajó con Jack Denaro, un abogado de Miami, que también representa a Chacón.

En 2011, el Departamento del Tesoro acusaría a Chacón de ser una de las proveedoras de cocaína para Los Zetas, y en 2014 Klapper aceptaría defenderla. Para el 29 de agosto de 2014, Klapper y Denaro eran abogados de Chacón. Sólo días después Klapper le recomendó a Chacón que se entregara.

El compromiso de Chacón

El 10 de septiembre de 2014 se cumplió la orden de captura emitida tres años antes contra Chacón. Ese día, Chacón se entregó al Servicio de Mariscales de los EE.UU. en Miami, Florida, y la fiscalía solicitó prisión preventiva para ella mientras llegaba a juicio. Según el documento 19 del expediente, el juez magistrado William C. Turnoff ordenó al Buró Federal de Prisiones no ingresar el nombre ni número de reclusa de Chacón en su archivo electrónico, disponible al público vía internet, hasta nueva orden de la corte. Tan urgente era la orden de proteger la información, que el juez escribió la orden a mano, para que se ejecutara de inmediato. Divulgar el encarcelamiento de Chacón enviaba la señal que ella había delatado a socios cercanos.

En Miami, Chacón se presentó por primera vez ante el juez Turnoff a mediados del año pasado, y escuchó en persona los cargos en su contra. Se declaró “no culpable”, y pidió ser llevada a juicio. Tenía 70 días para que eso ocurriera, o cambiar de parecer y declararse “culpable”. La corte programó la primera audiencia para el 1 de diciembre. Pero el 14 de octubre de 2014, Chacón cambió de parecer y se declaró “culpable”. Sin embargo, la fiscal Botero pidió a la corte registrar la declaración de culpabilidad en una fecha más cercana al 16 de diciembre, porque oficiales del gobierno de EE.UU. “(todavía) estaban conduciendo operaciones de captura de varios objetivos, sustentados en información provista por la procesada”. No hay más datos disponibles acerca de las capturas. Botero explicó que pedía el cambio de fecha “para minimizar el riesgo de que esos objetivos averiguaran que la procesada estaba encarcelada en EE.UU.”

Desde noviembre, Chacón también dio su consentimiento para que la fiscalía y sus abogados comenzaran negociaciones entre el 16 de diciembre de 2014 y el 15 de enero de 2015, respecto al acuerdo de su declaración de culpabilidad y sentencia. Chacón, entonces descrita como una “procesada cooperante”, dio su visto bueno un día después de que el “Loco” Barrera se declaró culpable de narcotráfico en una corte de Nueva York.

El 11 de diciembre de 2014, Chacón firmó el documento 36 del expediente “para aceptar que los hechos allí descritos (entre 2008 y 2011) eran comprobables más allá de la duda razonable, y serían suficientes para que se le encontrara culpable si el caso llegara a juicio”.

El “mea culpa”

En el documento 37, Chacón acepta haber conspirado para traficar cinco o más kilos de cocaína a sabiendas de que ésta sería importada a EE.UU. Indica que sabe que la sentencia será impuesta después de considerar los Lineamientos Federales de Sentencia, y que la corte también considerará las pruebas presentadas. El documento indica que Chacón no podrá retirar su declaración de culpabilidad después de conocer la sentencia. Según las leyes estadounidenses, por conspirar a distribuir cinco o más kilos de cocaína, Chacón podría pagar una multa de hasta US$10 millones, y cumplir una condena de cárcel de entre diez años y cadena perpetua.

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La fiscalía y la defensa recomendaron sanciones por traficar por lo menos 500 kilos de cocaína, porque Chacón colaboró, se declaró culpable en el plazo estipulado, y le ahorró a la corte prepararse para ir juicio. Por su papel en la ofensa, como organizadora y líder de una actividad criminal, que involucró a cinco o más participantes, recomendaron de cinco a 40 años de cárcel y una multa de US$5 millones a US$25 millones. Este fue un rango similar al aplicado a los Fernández Barrero.

La fiscalía podría retractarse de su recomendación si Chacón se niega a divulgar a la corte todas las circunstancias de los cargos en su contra; divulga datos inexactos antes de declararse culpable, o comete cualquier ofensa federal, o provee información falsa al gobierno de EE.UU. Además, la corte deja claro que cualquier estimación de la sentencia “es sólo una predicción, no una promesa”, que no compromete a la corte.

Al declararse culpable, Chacón también renunció a apelar la sentencia. Pero podría tener que seguir pagando la benevolencia de la corte durante años, aun afuera de la cárcel, porque queda comprometida a “cooperar completamente en este caso, acudir a cualquier diligencia a requerimiento de la fiscalía (incluso en otros casos), servir como informante confidencial o encubierto bajo supervisión, y a no volver a delinquir ni proteger a otros actores en este caso”. Así, Chacón firmó su declaración, y el 12 de diciembre de 2014 se declaró culpable bajo juramento frente al juez Martínez.

En diciembre de 2014, la corte archivó en el expediente de Chacón otros cuatro documentos (del 40 al 43), bajo la orden “retricted/sealed until further notice” (restringido/sellado hasta nueva orden). El 20 de enero de 2015, la corte envió a la fiscalía y a la defensa un reporte de pre-sentencia de Chacón (con los principales puntos del caso). Además, ya había notificado a las partes que sentenciaría a Chacón el 17 de febrero de 2015.

Pero el 17 de febrero de 2015 llegó y se fue, y ningún documento con esa fecha aparece en la porción pública del expediente. La fiscalía de Florida aseguró a finales de febrero que ninguna información acerca de la sentencia de Chacón es pública, pero para el 4 de marzo el expediente incluía una nueva fecha para el anuncio de la sentencia: 5 de mayo de 2015, una audiencia de dos horas, para la cual Chacón solicitó presentar a tres testigos (aún no identificados en el expediente). La tarea de los testigos será hablar en favor de Chacón para persuadir al juez Martínez de mitigar la sentencia.

Cuando el caso de Chacón todavía avanzaba tras bambalinas, con su declaración de culpabilidad restringida al público, el juicio contra Borrayo avanzaba sin secretividad alguna, aunque con retrasos. Pero había una razón por la que el juicio se aplazó, programado para comenzar en noviembre, y luego recalendarizado para el 23 de marzo: El juez James Lawrence King advirtió a Borrayo que tenía hasta esa fecha para cambiar su declaración de “no culpable” a “culpable”. El hecho de que la fiscalía anunció que tenía pruebas de magnitud en su contra, y se cuidó de no filtrar dato alguno sobre los movimientos de Chacón, podrían haber persuadido a Borrayo dar un giro de 180 grados.

La liberación del expediente de Chacón fue casi simultánea a la reserva ordenada sobre el expediente de Borrayo, con documentos sellados al público a partir de su extradición desde Francia hacia Florida hace un año. La fiscalía dijo tener videos y hasta droga incautada como evidencia contra Borrayo. Es un misterio aún si el vídeo que la fiscalía utilizó contra Chacón y los Fernández Barrero también es una de las evidencias contra Borrayo.

Es de suponer que el juez King ordenó la reserva del expediente para proteger información sensible. Si se trata de una declaración de culpabilidad, sólo se sabrá cuando comience el juicio, cuya fecha de inicio sigue firme (según la fiscalía de Florida). King es el mismo juez que condenó a Barrera a diez años de cárcel. Le esperaba una condena más larga, pero su colaboración y el hecho de que pagó una multa de US$100 mil, jugaron en su favor.

Borrayo es el único capturado en la red de Chacón, identificado por el Departamento del Tesoro, que sostiene su declaración de “no culpable”. Con el expediente en reserva, ahora Borrayo va a juicio el 23 de marzo en un velo de misterio: Mientras tanto, los alcances de las declaraciones de Chacón todavía están en manos de la corte, algo que hace temblar a sus exsocios y amistades en Guatemala. Y si la audiencia de sentencia del 5 de mayo no es reprogramada, a Chacón le esperan seis semanas más en capilla ardiente.