¿Cómo es la solidez institucional en el Estado mafioso? La respuesta: interesante. Apunta a que no necesariamente debe pensarse en una gravísima debilidad institucional. Parece contradictorio, pero cierto nivel de solidez institucional y de funcionamiento político que aseguren estabilidad mínima es necesario para producir cierto nivel de bienes y servicios. Esa riqueza económica asegura la existencia de un mercado de consumidores de drogas ilícitas, así como la existencia de nichos de consumo con los cuales se puedan lavar los ingresos provenientes de actividades ilícitas. Aquí está el principio del narco-Estado. Por eso, dicho sea de paso, es ridículo pensar que los carteles del narcotráfico tengan como intención generar crisis total de estabilidad, dado que estarían atentando contra la capacidad de tener consumidores. También hay que reconocer que transformar el Estado en botín de reparto requiere una economía que pueda producir recursos para luego transformarlos en partidas de gastos que se puedan desviar. Ningún Estado que se jacte de ser cleptócrata puede negar lo anterior.
En ocasiones un Estado puede derivar en la cleptocracia, pero no por fuerza interconectar totalmente su economía con el narcotráfico. Lo anterior quiere decir que no todas las industrias de expansión están conectadas con flujos de capital ilícito. Habrá sectores que crecerán debido a lo anterior, pero no son el componente estructural de la economía. La cleptocracia no siempre se acompaña de procesos electorales conectados con flujos ilícitos de capital. Allí también se traza la frontera entre el Estado clepotocrático y el narco-Estado, donde esos flujos ilícitos pueden conformar el 25 % del financiamiento de la campaña electoral. Hay Estados que tienen esta característica y que además permiten o aceitan rubros específicos de su economía para 1) lavar capitales y 2) generar un sentimiento de bonanza económica en la ciudadanía.
Esta última característica es la que acompaña contextos económicos en los cuales, si bien la capacidad de compra no se empodera, ciertos sectores económicos tienen una irracional sobrexpansión. En algunos contextos en particular, esta última condición incluye la evasión fiscal y la colusión con el crimen organizado. Nótese, por favor, que en esta radiografía ni siquiera nos hemos referido a la categoría del Estado paralelo. No obstante, si la introducimos, se presenta una dualidad interesante: la solidez institucional es suficiente para producir riqueza, pero al mismo tiempo suficientemente débil para no depurar actores oscuros que se enquistan en el sistema.
Se necesitan varios actores para que el concepto de narco-Estado pueda funcionar: pactos entre criminales y políticos (que pueden ser de corta o larga duración) y pactos no formales entre políticos, miembros del crimen organizado y miembros de los sectores económicos para desarrollar el proceso de legitimación del capital ilícito. El PP se caracterizó por llevar esta relación trinitaria a un nivel antes desconocido.
Un simple ejemplo: durante el gobierno patriota, las estructuras paralelas en las aduanas mostraban a todas luces la institucionalización de estas prácticas no formales. Si a eso se suman los bajos niveles de decomiso de drogas durante esa administración, puede pensarse que el primer indicador para la consolidación del Estado mafioso sería el intento de institucionalizar no solo el contrabando, sino también el narcotráfico, aspecto que no sería para nada imposible dada la relación de cercanía entre figuras de alto nivel del Ejecutivo y el crimen organizado. La incidencia de Jairo Orellana como uno de los financistas importantes de la campaña, las relaciones directas entre Byron Lima y Mauricio López Bonilla (para definir políticas del sistema carcelario) y la vinculación entre Roxana Baldetti y Marllory Chacón hacen total sentido cuando pintamos el carácter tan complejo del Estado mafioso. Aquí no se trata solo de robar o de defraudar a todo nivel (como en la cleptocracia). No se trata solo de cobrar réditos al permitir el paso fácil de la droga (como en los narco-Estados tradicionales). Es que se borran las fronteras que los actores institucionales trascienden.
Lo interesante de las pruebas aportadas por la Reina del Sur serán las kilométricas horas de grabaciones de todas las reuniones que sostuvo. No hay que olvidar que ella siguió operando, pero registrando todas sus reuniones a petición de la Administración para el Control de Drogas estadounidense (DEA, por sus siglas en inglés, con la cual colabora la Reina del Sur desde 2012). Por lo tanto, surge la siguiente pregunta: ¿cómo son, en un Estado mafioso, las relaciones frente a los actores económicos? El Estado mafioso necesita, como cualquier otro tipo de estructura de Estado, la capacidad de hacer uso del sistema económico para transparentar los flujos ilícitos. La cuestión es que en el Estado mafioso parece que ese proceso prácticamente se institucionaliza, en lugar de ser un conjunto de actos esporádicos.
Y allí está el detalle. Por ahora parece que en el caso de Guatemala es más fácil develar las relaciones directas entre narcos y una exvicepresidenta que, por ejemplo, trazar las líneas de complicidad entre el empresariado y los actores del crimen organizado.
Por ahora.
Más de este autor