La muy sorpresiva y un poco misteriosa extradición de Portillo

La agenda mediática para ese viernes 24 de mayo parecía estar ya definida. Además de los sucesos del día, la controversia por la anulación del juicio por genocidio en Guatemala continuaba y estaba prevista una marcha de protesta que se llevaría de manera simultánea en otros siete países de América Latina. Pero sería otra la noticia que acapararía los titulares de los periódicos al día siguiente, una que nadie esperaba sobre un caso que en ese momento parecía olvidado: la extradición del expresidente Alfonso Portillo.

Sobre el exjefe del Ejecutivo guatemalteco durante el gobierno del Frente Republicano Guatemalteco (FRG) pesaba en Estados Unidos una acusación por contribuir al lavado de 70 millones de dólares, entre los que se cuentan Q1.5 millones en cheques a su nombre del Gobierno de Taiwán en 2001.

Los rumores sobre su extradición se comenzaron a oír desde las primeras horas de la mañana. Las personas que tenían comunicación directa con el exmandatario lo llamaron para confirmar o descartar el evento que se avecinaba. David Pineda, uno de los abogados de su defensa, habló con él pero Portillo le dio a entender que no sabía nada; aún no sabía que estaba a punto de viajar a Estados Unidos.

Cerca de las 10:00 am, pese a la contraindicación de su médico, Amílcar Rodas, se vería obligado a abandonar la cama en el Centro Médico Militar, donde estaba hospitalizado desde abril de este año debido a una intervención quirúrgica de un absceso en el pulmón.

Afuera lo esperaban las fuerzas de seguridad y los medios de comunicación, quienes protagonizarían una persecución en su ruta a las instalaciones de la Fuerza Aérea Guatemalteca, con un saldo de pequeños accidentes automovilísticos dentro de la caravana.

"Es un abuso, un secuestro, es una injusticia y un abuso de poder. Estoy malo, tengo agua en un pulmón y una arritmia cardiaca y aun así me llevan", declaró el mandatario a Radio Sonora, un medio de comunicación vinculado a Luis Rabbé, quien fuera ministro de Comunicaciones durante su presidencia, y habitualmente favorable a los viejos miembros del FRG.

Dos jornadas antes, el 22 de mayo, el mismo día que se dictaba su extradición y que la defensa metía su último amparo, César Augusto Hernández y Julia Motta, los médicos del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), responsables de evaluar la salud de Portillo, le habían diagnosticado derrame pleural, arritmia cardiaca, sospecha de isquemia miocárdica y absceso hepático, y concluyeron que de ser necesario trasladarlo por aire, tendría que ser en una nave ambulancia. Aún así, creían que el traslado era arriesgado.

Aproximadamente en el momento en que salía del hospital, la oficina del Procurador de los Derechos Humanos (PDH) recibió una llamada telefónica de Amílcar Méndez, otro de sus abogados. Informaba que se dirigían a las instalaciones de la Fuerza Aérea Guatemalteca.

Los miembros de la oficina del Procurador, entre ellos Rodman Pérez, subdirector nacional de procuración, llegaron al mismo tiempo que la caravana del Ministerio de Gobernación en la que viajaba Portillo. Con dificultades lograron que les permitieran llegar hasta la pista, pero no pudieron ingresar el vehículo. Después de caminar casi un kilómetro, llegaron al avión en el que ya se encontraba el exgobernante. La puerta y ventanillas de la nave ambulancia estaban cerradas. Según relata Pérez, en el lugar ya no se encontraba ningún guatemalteco, sólo “personas extranjeras” y, por más que intentaron que les permitieran ver al expresidente o que les mostraran documentos sobre su estado de salud, la respuesta fue siempre negativa.

Unas horas más tarde, el ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla y la ministra en funciones de Relaciones Exteriores, Rita Claverie, ofrecieron una conferencia de prensa para explicar que todo había sido regular y parte de un proceso administrativo. También garantizaron todo el acompañamiento necesario por parte del Estado guatemalteco al exgobernante en el extranjero. En la conferencia, los funcionarios hicieron hincapié en que no había ningún proceso pendiente con la justicia guatemalteca y que podía ser extraditado según el proceso que se había iniciado cuando la embajada de Estados Unidos lo solicitó en 2010. La aseveración se fundamentó con un documento de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Las copias que repartió la Cancillería correspondían a la subsecretaría de la Corte. El documento, sin fecha, decía que no existían recursos ni notificaciones pendientes. También que no se habían recibido nuevos recursos de los juzgados de turno.

El extraño caso de un procesado que objeta su absolución, y otras inconformidades

La cosa estaba un poco más enredada.

Para poder extraditarlo a Estados Unidos por el caso de lavado de dinero, era necesario que el proceso por peculado en Guatemala concluyera formalmente. Se le acusaba haber malversado Q120 millones del Ministerio de la Defensa. En mayo de 2011, Portillo fue absuelto. Los tribunales lo declararon inocente, y junto a él, también a sus ministros de Defensa y Finanzas, Eduardo Arévalo Lacs y Manuel Maza Castellanos. El 9 de abril, la Sala Tercera de Apelaciones confirmó la sentencia absolutoria y eso parecía abrirle las puertas hacia Estados Unidos.

Pero sucedieron dos reacciones fuera de guión después de que el expresidente quedara absuelto. El Ministerio Público no apeló la decisión de la Sala de Apelaciones para que la Corte Suprema de Justicia la revirtiera, y la defensa de Portillo fue la que protestó.*

Conscientes de que prolongar el proceso era la forma de evitar la extradición, los abogados de Portillo decidieron interponer nuevos recursos. Lo hicieron a pesar de que Portillo estaba ya absuelto. La defensa planteó, entonces, uno de casación, orientado a anular la sentencia. Lo que les parecía ilegal, justificaban, era que un abogado de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) figurara como querellante adhesivo. La cámara penal rechazó el recurso. Su presidente, César Barrientos, explica que no podía haber agravio si el exmandatario había sido juzgado inocente: “No podíamos declararlo inocente al cuadrado”.

En ese momento, razona el fiscal del caso, René Herrera, la defensa podría haber planteado un recurso de reposición (se le pide al órgano que tomó la decisión que la revise). Pero la defensa no lo hizo. En  cambio, recusó a Barrientos como presidente de la Cámara Penal para que no conociera la casación. Barrientos considera que esto no sólo fue una medida para atrasar el proceso, sino que además era improcedente, porque debían haber especificado con anterioridad, en la casación, los nombres que la defensa quería que se inhibieran. La Cámara Penal declaró sin lugar también este recurso. Cuando se cumplieron los 30 días hábiles desde que la sentencia quedó firme, se le notificó al Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex) que Portillo podía ser extraditado.

Pineda sostiene lo contrario. No podían hacerlo. Había recursos pendientes. Cuatro, según él.

El primero, un amparo contra la decisión de no aceptar la recusación de Barrientos.

El segundo, un ocurso de queja contra la desestimación de un amparo en el que la defensa alegaba doble persecución (one bis in idem: un principio jurídico que impide que alguien sea procesado dos veces por un mismo delito). Los defensores aseguran que un 70% del dinero, según había declarado Portillo, por el que se le juzga en el caso de lavado en EEUU corresponde al dinero de caso de peculado, en el que ya había sido absuelto.

Había también pendiente, según Pineda, un tercer amparo para conseguirle al exmandatario una medida sustitutiva que le había sido negada. El riesgo de fuga es uno de los factores clave para otorgar o negar un beneficio de este tipo, y aunque Portillo llevaba ya dos años en prisión preventiva, en el expresidente ser prófugo constituía casi una tradición. La primera vez lo había sido en el estado de Guerrero, México, después de matar a dos hombres en 1982. Logró evadir a la justicia hasta 1995, cuando el caso prescribió en el país norteamericano.Y lo fue de nuevo en 2010, cuando con una orden de captura en su contra en los juzgados de Guatemala, huyó. Su captura tuvo lugar el 25 de enero de ese año en Punta de Palma, Izabal. Según las autoridades, su destino era Belice.

El cuarto es distinto de los otros tres, que se relacionaban con el caso por peculado: éste se centraba en el proceso de extradición. Los abogados interpusieron un recurso de exhibición personal debido a que el delito por el que se encontraba recluido no existe, alegaban, en la legislación nacional. El delito del que se acusa Portillo en Estados Unidos es el de “money laundering conspiracy”. Ésa fue la causa de su orden internacional de aprehensión y la primera traducción –no oficial– de la orden de captura establecía:“conspiración para el lavado de dinero”. Al ser oficializada después, quedaría como “asociación delictuosa para el lavado de dinero”. Francisco Capuano, también abogado de Portillo, explica que los convenios internacionales establecen que una persona no puede ser extraditada por un delito diferente al que le imputa el país que la requiere, y que aunque la “asociación ilícita” está tipificada en Guatemala, no así la “asociación delictuosa”, y nadie debe ser extraditado por un país que no tipifica como delictivos los hechos que se le imputan.

Lo que no es muy entendible, información clave y despistes

A pesar de que las autoridades del Ejecutivo aseguraron que no había procesos pendientes y mostraron el documento sin fecha de la CSJ, Gustavo Mendizábal, presidente en funciones de la Cámara Penal el día de la extradición, confirmó que ese recurso de exhibición personal estaba pendiente de resolverse. ¿Por qué la Subsecretaría de la CSJ no lo notificó y dijo, en cambio, que no había nada en la fila? Según Barrientos, la explicación pasa por diferenciar la jurisdicción ordinaria de la constitucional. El proceso que tenía lugar en la Cámara Penal (vía ordinaria) concluyó el 22 de mayo. Los procesos pendientes estaban en tribunales de amparo o en la CC (vía constitucional). Según el magistrado, la Cámara que preside sólo tiene a su cargo los recursos ordinarios, pero “la jurisdicción ordinaria no puede controlar lo que ocurre en la constitucional, porque le es ajena”.

Para Capuano, esto contradice principios fundamentales de derecho y cita el artículo 25 de la Ley Reguladora del Proceso de Extradición: “La decisión de la Sala de la Corte de Apelaciones no admitirá recurso alguno. Quedan a salvo de esta disposición, las garantías constitucionales correspondientes”, y hace el énfasis en la última oración.

El abogado de Portillo también alega que en este caso no aplicaba el plazo de los 30 días que se venció cuando se notificó que su defendido podía ser extraditado, pues la Ley de amparo y exhibición personal establece que éste no se aplica cuando un amparo se promueva contra el riesgo de aplicación de leyes inconstitucionales.

Barrientos acepta que puede haber puntos de vista diferentes sobre su decisión: “Todo esto es muy discutible. En el derecho hay muchas discusiones y muchos puntos de vista. Además, sus canales no son muy entendibles, pero eso ya no dependía de la justicia ordinaria”.

La investigación pendiente

¿Fue ilegal la actuación de las autoridades que extraditaron al expresidente aun con procesos pendientes? Si fue así, ¿de quién es la responsabilidad? Encontrar las dos respuestas es parte del trabajo del Procurador de los Derechos Humanos, Jorge de León Duque. Hasta el momento, y pese a la evidencia, la versión oficial es que ningún proceso estaba vigente, a la espera de los hallazgos que logre la PDH. Su oficina ya investiga, y lo hace bajo la conminación de los abogados defensores: “Si no”, subraya Pineda, “nosotros lo denunciamos a él por no cumplir con su función”.

Pineda se ampara en que cuando la Corte de Constitucionalidad (CC) autorizó la extradición de Portillo, en septiembre de 2011, también le ordenó al PDH vigilar el cumplimiento de algunas de las disposiciones e informar a los Organismos Ejecutivo y Legislativo. La mañana de ese viernes, a sus personeros ni siquiera les fue posible ver a la persona cuya vigilancia tenían a su cargo.

Cuatro días después, al procurador lo citó la Comisión de Derechos Humanos del Congreso para conocer de primera mano qué había pasado. Pedro Gálvez, el presidente de la sala y miembro del Partido Republicano Institucional, la nueva versión del FRG, le preguntó sobre las ilegalidades de la extradición. El Procurador se limitó a señalar que hay serios indicios de que las hubo. La PDH ya pidió los informes circunstanciados a once entidades públicas, entre ellas el Ministerio Público, el Organismo Judicial, la Corte de Constitucionalidad y dependencias del Ejecutivo que participaron en la extradición. Los documentos se esperaban para el pasado 3 de junio, aunque la oficina del PDH empezó a recibirlos antes, el pasado 31 de mayo. Y De León se pronunciará cuando cuente con todos los elementos y sepa si no se precisa una investigación posterior. Ese plazo se cumplirá, se prevé, la semana próxima.

Un día después de aquella citación, el canciller, Fernando Carrera, se sentaría ante los miembros de la misma comisión legislativa, junto al ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, a resolver dudas. Carrera explicó que conocían plenamente la decisión de la CC, pero que interpretaron que el mandato al PDH era para darle acompañamiento en el extranjero y no antes del momento de la extradición.

La decisión de entregar en extradición a Portillo se tomó el 15 de noviembre de 2011 mediante el acuerdo gubernativo 422-2011, firmado por el entonces presidente, Álvaro Colom, su ministro de Gobernación, Carlos Menocal, el de Relaciones Exteriores, Haroldo Rodas, y su secretario general de la Presidencia, Carlos Larios.

Antes de ello, fue el actual presidente, Otto Pérez Molina, quien como Comisionado de Seguridad del gobierno de Óscar Berger demandó a Portillo por los Q120 millones del Ministerio de la Defensa. La fiscal a cargo de su caso hasta el 29 de diciembre de 2011 había sido Eunice Mendizábal, actual viceministra de Antinarcóticos en la cartera del Gobernación.

Según la explicación de los ministerios de Gobernación y Relaciones Exteriores, el marco legal para esta decisión se basa en leyes guatemaltecas como la Reguladora del Proceso de Extradición y el 422-2011, así como convenios internacionales como la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, el Tratado de Extradición entre Guatemala y los Estados Unidos y una Convención Suplementaria de este Tratado. El Convenio de las Naciones Unidas contra la Corrupción fue aprobado en 2003, dos años después de que se cometieran los delitos que se le imputan a Portillo.

Al ser consultado en Emisoras Unidas con respecto al caso, Menocal expresó que el acuerdo firmado durante el Gobierno pasado era un trámite más y que Colom lo emitió con el ánimo de no obstruir el proceso. El exfuncionario agregó que Portillo “fue el rostro político de una estructura criminal histórica que se fortaleció durante el conflicto armado interno”, integrada por militares, políticos y empresarios que mantenían vínculos con el narcotráfico.

Por otro lado, señala Roberto Wagner, internacionalista y diplomático y cónsul durante el gobierno de Berger, que el artículo IV del Tratado de Extradición entre Guatemala y Estados Unidos establece que no puede haber extradición por un delito político, ni por uno que esté relacionado con un delito político. La prohibición también se expresa en el artículo 27 de la Constitución Política. A su juicio queda sujeto a interpretación si los delitos que se le imputan a Portillo caen o no en esta categoría.

La duda

Durante la conferencia de prensa que se dio después de la extradición, Claverie y López Bonilla enfrentaron la pregunta sobre si la decisión estaba relacionada con la marcha que se realizaría en las calles de la capital como protesta a la anulación del juicio por genocidio contra el exjefe de Estado Efraín Ríos Montt, fundador del FRG y presidente del Congreso los cuatro años que Portillo estuvo en el poder. Los funcionarios negaron la relación.

Francisco Soto, director ejecutivo del Centro de Acción Legal en Derechos Humanos de Guatemala (CALDH), indica que es imposible determinar si ésa fue la intención, pero lamenta la poca cobertura que se le dio a una marcha en la que participaron alrededor de tres mil personas.

Sin embargo, aun cuando el resultado final de las indagaciones de la oficina del PDH resultara en que todo el proceso fue legal, persiste la interrogante de por qué los acontecimientos se dieron de manera tan repentina. Fernando Linares Beltranena, exconstituyente y abogado que ha defendido a militares como Francisco Ortega Menaldo y Óscar Mejía Víctores, encuentra dos posibles explicaciones. La primera: la amenaza de una manifestación por parte de sus simpatizantes, situación que hubiera dificultado su traslado. La segunda: la necesidad de complacer al Gobierno estadounidense. Argumenta, sin embargo, que el primero de los casos se habría podido resolver muy fácilmente con las fuerzas de seguridad. Con el segundo, explica que todo pudo hacerse el lunes siguiente, con un proceso normal en el salón de protocolo del aeropuerto, sin necesidad de violar las normas establecidas.

De momento, Portillo ya se encuentra en Nueva York, donde tuvo su primera audiencia el pasado 28 de mayo. En la que se declaró inocente de los cargos que le imputan. Mientras su caso avanza en Estados Unidos, el PDH en Guatemala continua indagando sobre las condiciones en que se dio la extradición, y si se hizo de forma legal o no.

*Nota: este párrafo de información fue agregado a las 19.45 del 5 de junio.