La nueva brigada militar

Es sábado 30 de junio y casi a un mismo tiempo dos cosas contrarias suceden: por una parte, el presidente, Otto Pérez Molina, de pie, solemne, ofrece un discurso frente a más de un centenar de elementos de pequeño, alto y mediano rango del ejército para dar por inauguradas “dos nuevas brigadas militares en defensa del territorio nacional”. Por otra parte, a 38 kilómetros de distancia, en el municipio de San Juan Sacatepéquez, lugar en que se ha instalado una de estas nuevas brigadas militares, Fernando Bracamonte, parte del partido de gobierno, alcalde municipal, también de pie, también solemne, está refutando la inauguración y se compromete, frente a la presión de unas 7 mil personas de 12 comunidades, a firmar una petición para el retiro de la brigada militar que el presidente, desde la capital, está recién habilitando. Hay aplausos en los dos espacios. Unos, los que estallan frente al presidente, llegan de inmediato, entre cañonazos y coros marciales –la celebración del 141 aniversario del ejército–, estimulados por la inercia, por puro protocolo y no son espontáneos. Otros, frente al alcalde de San Juan Sacatepéquez, se multiplican lento y aumentan su sonido muy despacio, entre rostros que todavía parecen dudar de lo que ha dicho el señor alcalde: “Pedir al presidente de la República de Guatemala el cierre de la segunda brigada de policía militar general de división Héctor Alejandro Gramajo Morales. Para el efecto celebraremos reunión extraordinaria de consejo el día martes 3 de julio…”.

Es lo que el alcalde les ha ofrecido. Transcrito en papel y también firmado. Todos aplauden.

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Las 12 comunidades que  Bracamonte tiene frente a él colman la plaza, cada recoveco, no cabe nadie más en la explanada. Lo observan. Desde las siete de la mañana esta multitud empezó a caminar desde la comunidad Santa Fe Ocaña, a poco más de tres kilómetros de la cabecera municipal. En cada tramo sus pasos iban más rápido, más seguros de sí mismos, absortos en sus consignas en las que básicamente pedían educación y no armas, y un “no” a la instalación del ejército cerca de sus residencias. En cada comunidad por la que se abrían paso, apurados, en dirección de la municipalidad, la marcha era como una bola de nieve que rodaba y rodaba y que en el trayecto iba creciendo, tomando forma, aumentando en miles el número de comunitarios: dos mil, cinco mil… la marcha, en un momento dado, era tan larga, tan llena de personas, que ocupaba más de un kilómetro de espacio a lo largo de la carretera que se introduce al casco urbano de la ciudad de San Juan Sacatepéquez.

Inmóviles y expectantes, los marchantes permanecieron frente a la municipalidad luego de la caminata, todos a la escucha de un listado de peticiones, posturas, comunicados. Cada uno tenía solamente una idea en la cabeza: el rechazo de una brigada militar en el municipio. Querían y pedían hablar con el alcalde.

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Los habitantes de San Antonio las Trojas I y II, Lo de Ramos, Pilar I y II, Cruz Ayapán, Pajoques, Loma Alta, Santa Fe Ocaña, Cruz Blanca, Guamuch y Asunción Chivoc son conocidas como las “Comunidades de Occidente de San Juan Sacatepéquez”. Se dedican en su mayoría al cultivo de flores. Hay viveros llenos de rosas y crisantemos que pintan todo de rojo, blanco, azul o amarillo. Son doce comunidades a las que en conjunto se les ubica como el área de influencia del proyecto extractivo San José Mincesa de Cementos Progreso S.A. Toda el área que ocupan, desde hace más de cinco años, ha sido un campo de flores en conflicto social casi permanente. Las comunidades kaqchiqueles de esta región se oponen a la instalación de la cementera. Ha habido muertos, se han organizado comités de seguridad, han construido incluso una base política para tener alguna voz –aunque tenue– dentro de las decisiones de la alcaldía. Y tratan de conservar cada uno de los pétalos de sus cultivos ante una “amenaza de concreto donde nada florece”, dicen.

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Ante la presencia de la cementera, en 2006, llegó el conflicto. Y con el conflicto, en 2007, llegó el ejército. Y las flores de San Juan Sacatepéquez, como dice María Pirir, una floricultora de la comunidad Cruz Blanca, han comenzado a perder sus pétalos.

Ella recuerda dos acontecimientos en los que no tuvo otra cosa más que miedo: una vez en junio de 2008, durante los disturbios en contra del funcionamiento de la cementera que provocaron que el ex presidente Álvaro Colom decretará suspender algunas garantías constitucionales con un Estado de Prevención para San Juan Sacatepéquez. Y otra vez, más tarde, cuando escuchó que allí nomás, en la escuela politécnica del municipio, se instalaría una brigada militar. Eso último fue en abril de este año, en el acuerdo gubernativo 63-2012 se daba un plazo de dos meses para iniciar el funcionamiento de la brigada militar.

“Han pasado los dos meses de plazo”, dice Mauricio Cotzajay, representante de las 12 comunidades, e indica el por qué de la alerta y molestia sobre el inicio de la brigada para muchos de los habitantes de San Juan Sacatepéquez: “Desde el 20 de junio los soldados han hecho acto de presencia en las escuelas, han llevado libros para colorear a favor de la figura militar. Lo han hecho sin la supervisión de los padres. Quieren, dicen, que nos acostumbremos a su presencia. Sabemos que no quieren brindarnos seguridad, no, la seguridad será para la empresa cementera. Por eso estamos preocupados”.

Una queja general existe en cada poblador de estas 12 comunidades, una queja que también contagia a todo el municipio: La instalación de la brigada militar no fue consultada a las autoridades auxiliares, tampoco a la población, y –según un sondeo rápido entre gente del casco urbano, el mercado, tiendas y viveros…–, nadie solicitó la presencia militar.

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“Son muy pocos los que se oponen a la instalación de la brigada militar en San Juan Sacatepéquez”, dice Otto Pérez Molina en una breve conferencia de prensa en el día del ejército. “Se nos hizo la solicitud y por eso mismo nuestro objetivo es brindar seguridad en ese municipio”.

­­–Señor alcalde, ¿la presencia de la brigada militar corresponde a que San Juan Sacatepéquez solicitó mayor presencia del ejército y mayor seguridad para el municipio? – la pregunta fue hecha el 21 de mayo de 2012 en el Palacio Nacional de la Cultura al alcalde Fernando Bracamonte. Había una exposición fotográfica sobre el conflicto social en torno al proyecto de Cementos Progreso y él, presente, respondía:

–A nivel local nos hemos reunido con las 12 comunidades. Y no, no hemos solicitado más seguridad. La brigada corresponde a un plan nacional de seguridad de parte del gobierno. San Juan es un pueblo de paz. No hemos pedido la presencia militar. Pero, ¡pero!, tenemos que respetar la ordenanza del gobierno central. Yo no puedo ser una isla y trabajar solo.

–Sin embargo, ¿hay una postura de la alcaldía ante la nueva brigada militar?

–En lo que a mí concierne me apego al plan de seguridad del presidente. El ejército no  busca llegar al municipio con ánimos de represión. La escuela politécnica (sede de la nueva brigada militar) debe ser usada por el ejército. Yo como alcalde estoy bien claro al decirle que mi deber es únicamente pedir a los oficiales encargados el respeto por mi pueblo. Hoy están llegando a San Juan para apoyarme, por ejemplo, en bacheo de carreteras. También con deseos de ayudar, ajustados a los acuerdos de paz.

–¿Por qué vedar el derecho de consulta a las comunidades sobre este caso?

–Es un tema del gobierno central. De altos niveles. Nosotros sólo informamos lo que sucede desde el municipio. El tema de la brigada militar no depende de mí. De mí depende velar por la voluntad de mi pueblo. Ahora, debo acatar las disposiciones del gobierno central. A nivel local mi responsabilidad es comunicar fielmente para que no se generen conflictos.

–¿Qué papel tiene la alcaldía en relación con Cementos Progreso?

–Nosotros, como entidad municipal, no quisiéramos perder el apoyo económico para el ayuntamiento. Nos apoyan también con programas sociales.

Dos meses después, el 30 de junio, el alcalde daría otras respuestas…

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Una brigada tiene entre tres y cuatro comandos. Un comando, entre tres y cuatro compañías. Una compañía, cuatro pelotones. Y cada pelotón, cuatro escuadras de 30 o 40 elementos. Son cifras que maneja el Ministerio de la Defensa. Las dos brigadas nuevas tienen, sin embargo, cada una, 500 nuevos elementos. Las dos próximas a instalarse durante el siguiente año tendrán una cantidad similar. Ninguna llega a cumplir con el requisito de llamarse Brigada, pero según el coronel Rony Urizar, vocero del Ministerio de la Defensa, “el número de elementos serán distribuidos de forma especial y único en estos casos, y brigada se le llama por el área territorial que logra cubrir“. En su perspectiva no hay un aumento significativo de fuerza en el ejército y agrega que estas nuevas brigadas no significan una militarización. “El que está ordenando que las fuerzas de seguridad se preocupen por fortalecer la misma es el presidente de la República, que ha sido elegido democráticamente. Lo que está es dando respuesta a la demanda que existe. También esto es temporal,  mientras no se haya implementando la reforma policial, mientras no se haya dado la academia de formación de oficiales”.

A Urizar se le interroga sobre la conflictividad que existe en torno a la brigada militar en San Juan Sacatepéquez.

–Coronel, ¿cómo se evaluó la instalación de la brigada que se ubica en San Juan Sacatepéquez?

–El Estado Mayor estudió la infraestructura de la Escuela Politécnica de la localidad, llenaba las condiciones para ello; la Escuela está allí desde 1977. Hubo una época durante el conflicto armado interno donde el ejército era bastante grande en esa área, ahora las instalaciones están a disposición. Y serán usadas para economizar. Además esta brigada no va a operar únicamente en ese municipio. Hay varios municipios que están solicitando presencia militar, San Raymundo, San Lucas Sacatepéquez, por ejemplo. La jurisdicción de esta brigada es toda la República.

–Con un aumento en las filas del ejército– se interroga a Anzueto ––, ¿se está violando lo estipulado para el número de elementos militares en los acuerdos de paz?

 –Los acuerdos de Paz establecieron una reducción del 33 por ciento del ejército. Si la cantidad de efectivos que tenían en 1995 era de 47 mil efectivos, la institución debería de contar con 31 mil por lo menos. Sin embargo, en el 2004 lo redujeron más. El ejército quedó con 15 mil efectivos. Ahorita tiene 17 mil 100 hombres. No llegamos todavía a los 31 mil elementos tipificados en los acuerdos de paz. Antes teníamos 700 destacamentos por toda la república, ahora existen nada más 150. Eso aumentó el flujo del contrabando, trata de personas, narcotráfico… etc.

–El Presidente, no obstante, se comprometió a no crear nuevos destacamentos en áreas de conflicto social. Incluso firmó un convenio con la marcha indígena campesina y popular.

–En cuanto a los ocho puntos que firmó el presidente con la marcha, el compromiso fue la no instalación de destacamentos, pero no se dijo nada de brigadas. Sobre la creación de nuevas brigadas, el Presidente guarda sus reservas, el Estado es el encargado de velar por la seguridad de la población,  ese es un mandato constitucional y no es opcional.

–¿Hay derecho a consultar la opción de presencia militar?

–El aspecto de votación ha sido utilizado en la instalación de mineras, pero nunca en temas de seguridad. De acuerdo a los artículos 1 y 2 de la Constitución, sobre el cuidado del Estado sobre las personas, no se va a consultar si quieren o no seguridad, el gobierno debe cumplir con sus responsabilidades.

–¿Tiene claro el Ministerio de Defensa el señalamiento de la vinculación de la presencia militar en relación con la cementera?

–Ciertas organizaciones se han encargado de manipular la información. Guatemala no tiene ninguna obligación de trabajar para una empresa. Su responsabilidad es para el Estado Mayor.. Esto es un deber constitucional, en apoyo a la PNC. No vamos a proteger a la cementera.

–¿Las nuevas brigadas son acaso una imposición?

–La representación del pueblo está revestida en su poder a través del voto popular, y entonces el hecho es discutir sobre condiciones. Lo que hemos estado viviendo en el país es un estado de anomía, sin leyes, sin reglas, donde cada quien hace lo que se le da la gana. Y la verdad es que aquí debe privar el Estado de Derecho, y el cumplimiento de la Ley. Y por supuesto, por encima de todo, como lo manda la Constitución, la preservación de la vida– justifica el vocero.

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La gente grita afuera de la municipalidad. “Queremos lápices y no armas”, “fuera el ejército”, “no queremos regresar a los años ochenta”. Son frases que se escuchan, se articulan unas tras otra desde la plaza de San Juan Sacatepéquez.

Los líderes de la caminata han logrado audiencia con el alcalde. Ha pasado ya casi media hora en el interior de la Municipalidad y Mauricio Cotzajay y los otros once alcaldes auxiliares, sus asesores, y algunos representantes de organizaciones que los apoyan, parecen desconcertados aunque contentos por las palabras que nunca creyeron escuchar del alcalde Bracamonte. Él les dice, en resumen, luego de escuchar la lectura de un memorial redactado por las 12 comunidades, que no hay que dar más vueltas al asunto, que por qué dilatar más algo que está molestando al pueblo.

“En la próxima reunión del concejo el retiro de la brigada será un tema prioritario”, subraya y vocifera Bracamonte, “daremos trámite a la solicitud y pediremos al gobierno central que retire la brigada militar. De todo eso les daremos, el jueves 5, una copia de la carta que redactaremos al presidente con esta petición”. Entonces Bracamonte, tras apuntalar ideas, negociar conceptos y palabras adecuadas, redacta, junto a todo su concejo, un compromiso y lo firma.

Es una sorpresa. Una sorpresa para todos.

Ya no dice que la brigada es una cuestión que no depende de él. Ya no dice que él no puede ser una isla separada del continente que es el partido oficial. Ya no lo dice.

Ramón Cadena, director de la Comisión Internacional de Juristas, como mediador y asesor en este diálogo, también se ha interesado por lo que no ha dicho el alcalde. Por la anuencia de los concejales. Pero sobre todo parece absorto cuando se le interroga sobre si ¿puede realmente la alcaldía cuestionar una decisión del gobierno central?

–No sólo puede sino que lo interesante es que lo debe hacer. Si no dónde carajos queda su autonomía… –responde pensativo. 

Bracamonte incluso acepta ir al escenario instalado frente a la Municipalidad y dar la misma sorpresa que ha dado a los líderes comunitarios, esta vez, frente a todo el pueblo. Un discurso. La lectura de la carta de compromiso. El compromiso en palabras del alcalde… Casi 7 mil personas tardan segundos en asimilar el hecho de que han conseguido algo luego de que no esperaban mucho o casi nada.

En la plaza todos aplauden.

Otros, a 38 kilómetros de distancia, casi al mismo tiempo, también aplauden por razones realmente muy distintas.

*Con información de Alejandro Pérez