Hace dos años, justo en la frontera que divide a los municipios de San Pedro Ayampuc y San José del Golfo, en el departamento de Guatemala, una pequeña mujer se paró frente a una excavadora y la hizo retroceder. Estela Reyes, vecina de la aldea El Carrizal, plantó su automóvil en medio de la carretera, se bajó y no se movió de ahí durante casi una hora. Era el 1 de marzo de 2012, y esa acción, horas más tarde, dio origen a La Puya.
La máquina de varias toneladas, recuerdan los vecinos, bufaba frente a ella, ante su resistencia y la de otros compañeros que se le unieron. Al final, el conductor de la excavadora se rindió y dio marcha atrás. La organización comunitaria que desde entonces, en medio de la carretera, se ha mantenido en resistencia pacífica en contra del proyecto minero El Tambor. En defensa de los recursos naturales, el agua y el territorio.
“Hoy cumplimos dos años en este lugar”, dice Álvaro Sandoval, uno de los representantes de las comunidades de El Carrizal, La Laguna, San Antonio el Ángel, Tizate, El Dulce, Guapinol, El Sastre, Los Achiotes y La Choleña, unas pertenecientes a San José del Golfo yotras a San Pedro Ayampuc. “Dos años de no movernos, de resistir, de estar aquí las 24 horas del día, los siete días de la semana, bajo el sol, la lluvia, la noche, el frío o el calor. Nada importa”, agrega.
El pasado 1 de marzo en La Puya y sus alrededores hubo celebración. En dos años, este pequeño campamento de organización comunitaria, ha hecho historia en la región norte del departamento de Guatemala. Los pobladores lo cuentan todo en forma de anécdotas, como breves historias que narran a los más pequeños y a los visitantes. A veces, los protagonistas son ellos mismos enfrentándose en diversas ocasiones a los antimotines, a la policía. Otras, se concentran en repetir los distintos atentados, amenazas y represiones que han sufrido. También las batallas ganadas, como hace apenas una semana cuando 17 máquinas fueron retiradas de las instalaciones del proyecto minero.
“Para nosotros fue una victoria. Si salieron las máquinas es difícil que vuelvan entrar”, confía Sandoval.
La historia de La Puya se ha escrito con el protagonismo de las mujeres. Una mujer inició la resistencia. Cuando el 8 de mayo de 2012, durante la madrugada, llegó un convoy de máquinas dispuestas a entrar en la mina, fueron las mujeres las que se tendieron en el suelo, cantaron coros y rezaron para impedir que las excavadoras entraran a la mina. Una mujer también, Yolanda Oquelí, líder de la resistencia, sufrió un atentado por arma de fuego un mes después. Y en diciembre de ese mismo año fueron las mujeres las que, de nuevo con cantos y rezos, enfrentaron a los antimotines.
Varias mantas, en lo alto del camino que lleva a La Puya, anuncian que la resistencia conmemora dos años de permanecer en alerta, pacíficamente: “Nuestra lucha es legítima, y la fortaleza es la dignidad de nuestras comunidades”, se lee en una de ellas. Las mujeres, de tal cuenta, hoy están ocupadas. Celebran pero trabajan. Cocinan, hacen tortillas, y así sostienen la resistencia. Y son los hombres los que tienen tiempo para hablar con los visitantes.
Carlos Ramírez, agricultor de El Guapinol, explica que La Puya se ubica en el mismo lugar en que Estela Reyes y otros vecinos, en marzo de 2012, impidieron que la excavadora y otras máquinas comenzaran el trabajo dentro de la mina. Es también el lugar en donde se encuentra el ingreso al proyecto Progreso VII Derivado, una de las 12 concesiones mineras de exploración que forman parte del megaproyecto de extracción El Tambor, administrado en un principio por la empresa canadiense RadiusExplorations Ltd. y su subsidiaria en Guatemala: Exploraciones Mineras de Guatemala, S.A. (Exmingua). Hoy, sin embargo, el proyecto ha sido vendido a la empresa norteamericana Kappes, Cassiday&Associates (KCA).
La licencia de explotación para esta mina fue otorgada en noviembre de 2011, “a pesar de existir una moratoria al otorgamiento de licencias”, según lo explicó en diciembre de 2012 el Ministerio de Energía y Minas (MEM), por medio de un comunicado.
La resistencia de La Puya, como dice la líder comunitaria, Yolanda Oquelí, ha conseguido que el permiso de explotación a la mina Progreso VII Derivado llegue a una fecha límite y se dé la posibilidad de que quede sin efecto. “La ley lo dice (artículo 53 de la Ley de Minería). El derecho minero caduca cuando no se inicien los trabajos tendientes a la explotación del yacimiento en el plazo de doce meses”.
Sandoval añade que ese tiempo ya se ha cumplido. “Quizás el hecho de cancelar la licencia de explotación sea uno de los logros más importantes de la resistencia”. Asegura además que a lo largo de una década los mineros fueron poco transparentes porque “nadie supo nada de que acá querían poner una mina, durante 10 años no lo dijeron. Este es un ejemplo de cómo funcionan los proyectos mineros en Guatemala: son falsos, chantajistas. Hay mucha maldad”, sostiene.
La mina ha preferido no pronunciarse al respecto. El vocero de Exmingua, Rodrigo Maegli, atendió una llamada telefónica en la que dijo que prefería no hacer declaraciones.
José Ángel Llamas, otro de los líderes de la resistencia, señala que la esencia de La Puya es la lucha por la vida, por el futuro, que a pesar de que algunos partido políticos, como la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) los ha apoyado algunas veces en el Congreso, la resistencia es apolítica. “Defendemos la madre naturaleza. Defendemos nuestros territorios. Fuimos uniéndonos poco a poco, y hoy somos todos. Estamos en nuestro derecho. La mina de metales no es vida para nosotros”.Los vecinos de La Puya explican más a detalle el significado de estas palabras. Hablan desde las preocupaciones más reales, más concretas: las económicas. “Antes podíamos subarrendar parte del terreno donde está la mina. Ahora ya no tenemos acceso para cultivar ahí dentro y nos han bloqueado esa ayuda económica”, dice uno. Otro vecino apunta que “el agua sirve para los cultivos y no es posible que sea utilizada para la mina. Y hay que entender que acá, cerca del corredor seco, el agua es muy escasa”.
En esta zona de San Pedro Ayampuc y San José del Golfo, el cultivo principal es el frijol y el maíz. Los comerciantes llegan directamente a los sembradillos y negocian con los agricultores cada vez que hay cosecha. El quintal de frijol oscila entre Q350 y Q400. El de maíz entre Q125 y Q150. Al año, el ingreso de cada comunitario levemente sobrepasa el sueldo mínimo. Otro vecino, enojado, asegura que la lucha es por impedir que las cosechas de maíz y frijol se estropeen por tanto paso de camiones, tractores y excavadoras.
Las formas de defenderse
A lo largo y ancho de Guatemala, son varias las comunidades que se encuentran en resistencia. A veces son municipios enteros, otras, mancomunidades. Cada lucha puede ser única, con algunas diferencias considerables, pero como indica el investigador en temas de campesinado de la Asociación para el Avance de las Ciencias Sociales de Guatemala (AVANCSO), Camilo Salvadó, “también hay varias similitudes. Por ejemplo, las empresas mineras y sus estrategias”.
–¿Es posible esbozar un análisis comparativo entre las distintas resistencias comunitarias que existen en el país en relación a lo que sucede en La Puya? – se pregunta a Salvadó.
–Como AVANCSO consideramos que puede esbozarse o sugerirse la existencia de cuatro regiones extractivas en Guatemala. A grandes rasgos y de forma muy general: Norte, Altos, Oriente y Costa, construidas históricamente y con distintas formas de extracción en cada una de ellas.De la misma manera las formas de resistencia han sido distintas en cada una de estas cuatro regiones. Por ejemplo, la estrategia de las consultas comunitarias ha sido más notoria en la región de los Altos. Mientras que marchas y bloqueos de rutas han sido más evidente en el Oriente. En las regiones Norte y Costa la lucha en defensa de los territorios se ha destacado más bajo la forma de la lucha por la tierra.
–¿En qué dinámica de resistencia se podría ubicar La Puya?
–En el caso de La Puya, a nuestro criterio, se da una combinación de formas organizativas de la región Altos y la región Oriente, debido a que involucra municipios de ambas regiones (San Pedro Ayampuc y San José del Golfo). Esto por supuesto no es un proceso automático ni determinado geográficamente. Hay muchos más factores y niveles en juego.Otros elementos originales en el caso de La Puya han sido sus novedosas formas de resistencia pacífica, su énfasis explícito en las formas organizativas, democráticas y participativas. Asimismo, la participación de las mujeres ha sido masiva y notoria, que no se limita sólo a "cocinar" para los hombres.
–¿Cuál podría ser la causa esencial de que las comunidades de La Puya, en este caso con una población mestiza sin una noción indígena comunitaria, haya podido organizarse?
–Creo que no debemos generalizar. Por supuesto que San Pedro Ayampuc y San José del Golfo son municipios mayoritariamente mestizos. Sin embargo, el pueblo kaqchikel de Nacahuil también ha sido uno de los sujetos de la resistencia y objetos de la represión.Tampoco se debe asumir que todos los indígenas por el simple hecho de ser indígenas van a tener una visión comunitaria y los mestizos deben tener por fuerza una visión no comunitaria. Creo que en el caso de La Puya y sus formas de resistencia y organización ha tenido más peso el encuentro entre distintas visiones sobre lo comunitario, de cara a un peligro común para mestizos e indígenas.
–¿Cuáles son las causas que una resistencia de este tipo haya logrado consolidarse por dos años?
–La resistencia en La Puya es, en sí, política. Desde el momento en que están organizándose bajo objetivos comunes y de frente al gobierno-Estado y la minera. Si bien no tienen o no han evidenciado tener un plan político estatal a largo plazo, eso no quiere decir que sean apolíticos o que no tengan "bandera". Su bandera es la defensa de la vida y los elementos naturales, en especial (aunque no únicamente) el agua.Entender esto y analizarlo en su justa dimensión es algo totalmente distinto al discurso de las mineras y de sus intelectuales orgánicos que no pueden entender que las comunidades se organizan por sí mismas, y siempre las ven como irracionales o ignorantes y manipuladas. Es esa incapacidad de percibir el olor de la resistencia, y de la democracia, aunque le tengan frente a las narices– dice Salvadó.
Encontrarse para resistir
Al conversar brevemente con varias personas que forman parte de la resistencia, mujeres que cumplen su turno de 24 horas en el campamento, hombres que ayudan a hacer guardia durante la noche, en medio de la celebración de los dos años de La Puya, muchos coinciden en que una parte de su unidad está en la iglesia. No la iglesia católica o la evangélica, en sí, sino lo que significa desde la fe. Se trata, para La Puya, una plataforma, un espacio cedido por los curas y pastores para el encuentro, una en la que las distintas comunidades pueden discutir sobre cómo llevar la defensa del territorio ante la minería, o al menos coordinar algo como La Puya. “Incluso eso han querido atacar”, dice un anciano de la resistencia. En sus manos enseña un panfleto que fue distribuido hace unos meses por la mina.Una fotografía del papa Francisco conun casco de minero bajo la leyenda: “El mensaje del papa Francisco es muy claro, pide a las iglesias locales establecer un clima de diálogo y negociación con las empresas mineras”.
“Si el papa apoya la minería tendremos que buscar otra religión”, dice el anciano preocupado.
El sacerdote de San José del Golfo, Francisco Ortega, durante la misa de celebración de los dos años de La Puya tranquilizó a mucha gente al explicar que esa foto era falsa. “Es un alivio”, dijo el anciano de la resistencia.
El investigador independiente Gustavo Illescas, que ha publicado análisis sobre otras resistencias, como la de Huehuetenango, considera que no precisamente es la iglesia el punto de encuentro. “Es la gente creyente y no creyente la que con sus propias manos construyó el espacio, y ese espacio se llama La Puya. Dicho de otro modo, La Puya no asiste al culto o a la misa, es el culto y la misa quien asiste a La Puya”.
En ese sentido, Illescas ve que un punto esencial en la organización de La Puya, “ha sido el ímpetu de las mujeres lo que ha marcado el ritmo. Las que por su condición histórica, además de cargar con las opresiones clasistas y raciales, sufren cotidianamente la opresión patriarcal. Pareciera que ellas ya no tienen nada que perder. Espero que los hombres podamos comprenderlo”.
–¿Hasta cuándo van a resistir?– le preguntamos a Sandoval, a Llamas, a Ramírez, a algunas mujeres que trabajan durante la conmemoración de los dos años. Cada quien, a su modo, coincidía en una sola respuesta:
–Resistiremos hasta cuando veamos que la licencia de la mina ha caducado. Cuando veamos que los terrenos tengan a otras personas como propietarios. En La Puya, entonces, hablaremos de descanso–, responden.
