Reclamar la tierra y denunciar la exclusión: el CCDA después de la guerra

Entre mayo y junio pasados, tres líderes del Comité Campesino del Altiplano (CCDA), una de las organizaciones de agraristas e indígenas más antiguas y numerosas del país, fueron asesinados. El Ministerio Público asegura que investiga los crímenes, pero cuatro meses después aún no hay señales de los responsables. Los líderes del movimiento aseguran que sus compañeros fueron atacados por su participación en la organización. Estos hechos —sumados a la muerte violenta de cinco miembros del Comité de Desarrollo Campesino (Codeca) durante el mismo lapso—, han despertado el temor de los integrantes de esta organización por el retorno de la represión que sufrieron en los años 80, etapa que daban por superada en su historial de vida.

La lucha por el acceso a la tierra ha sido como un tablero de ajedrez en Guatemala, en donde algunos son reyes y otros, los más, peones. La pobreza y la lucha por la tierra fue una de las principales causas del conflicto armado interno de 36 años (1960-1996) que vivió Guatemala, y que después de más de 20 años de concluido, continúa sin mayores soluciones.

Defender la tierra, el territorio

El CCDA surgió en 1982, en medio de la guerra, bajo la influencia de las Fuerzas Armadas Rebeldes, una de las organizaciones que integró la guerrillera Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, de la que varios de sus fundadores formaron parte. Entonces se denominó Comité Campesino en Defensa del Altiplano, y en poco tiempo se constituyó en uno de los movimientos campesinos e indígenas pro tierras más beligerantes del país. “Para el Gobierno, el comité era un nuevo grupo guerrillero por su antecedente, y a partir de allí los líderes sufrieron represión, la mayoría salieron al exilio”, recuerda Marcelo Sabuc Xalcut, uno de los actuales líderes de la organización.

Sabuc es oriundo de la aldea Quixayá y su adhesión al grupo sucedió de niño, entre los 8 y los 10 años, cuando su mamá se unió a la organización en 1984. Actualmente, Sabuc tiene 44 años y desde hace tres es el encargado de velar por la administración y la ejecución de los proyectos del comité. Es sucesor de Leocadio Juracán Salomé, quien cedió su posición tras ser electo diputado al Congreso en las elecciones de 2015 por el partido Convergencia.

“La represión, criminalización y condiciones de vida de la población indígena y campesina que históricamente ha sido marginada y excluida fueron razones para el surgimiento del CCDA”, explica Juracán, quien dirigió la organización de 1988 a 2015, y que antes de adherirse trabajaba en una cooperativa en San Lucas Tolimán. “En aquella época el comité invitó a dirigentes campesinos, catequistas y cooperativistas a formar parte. Querían denunciar las violaciones a los derechos humanos contra indígenas y campesinos y me identifiqué”, explica.

Para finales de los 80, el CCDA ya tenía una identidad que deseaban institucionalizar, sin temer represalias como las que sufrieron durante el conflicto armado. Querían acabar con la persecución hacia sus dirigentes fundadores, que seguían siendo señalados de guerrilleros. Hubo secuestrados, asesinados y exiliados, la mayoría a México y Canadá.

Vecinos de San Martín Jilotepeque y algunas comunidades de San Andrés Itzapa, en Chimaltenango, fueron los primeros en escuchar del comité y formar parte. Luego Quixayá, de Sololá, donde actualmente tienen sus oficinas centrales.

Finalmente, en 1992 asentaron sus bases, estructuraron la organización y cambiaron su nombre a  Comité Campesino del Altiplano.

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En la última década del siglo pasado, la guerra terminaba y el país entraba al proceso de consolidación democrática. Participar en la firma de la paz era importante para el comité si querían avanzar, así que el seguimiento fue puntual en dos focos dentro del proceso: el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas, y el Acuerdo sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria. Ambos firmados en 1996. “Dimos seguimiento a estos acuerdos y se incluyeron, pero aún hoy existe desconocimiento de la cultura, del idioma, del traje, porque ahora la mayoría de población indígena ha tenido que ponerse pantalón y quitarse sus trajes por la falta a los derechos. Y el otro interés estaba dado por el origen del conflicto, la mala situación agraria para el campesinado”, señala Sabuc.

“El tema agrario quedó muy débil después de los acuerdos de paz, que además ya estaba en declive antes del conflicto armado”, dice Sergio Beltetón, abogado defensor de los derechos de los campesinos y experto en tema de tierras. Asegura que las reformas agrarias no se han empujado lo suficiente porque no le conviene a los grandes terratenientes, el sector campesino comunitario se ha enfrentado a la sobrevaloración del campo, suelos agotados que tienen menor capacidad para ser fértiles en producción y la misma conflictividad comunitaria.

La discusión de los acuerdos de paz, principalmente los relacionados con los pueblos indígenas y el de derechos socioeconómicos, permitió el crecimiento de la organización.

En San Lucas Tolimán se formó la Coordinadora Regional de Desarrollo Integral (Cordec), con representantes de 12 de los 19 municipios de Sololá. “Cada comunidad tiene su asamblea formada por las familias que integran el comité. Cada asamblea tiene su junta directiva, y dos representantes de esa junta forman parte de la Junta Coordinadora Municipal”, explica Juracán. Actualmente el comité trabaja en veinte departamentos del país, con presencia en 333 comunidades, integrado por 58,000 miembros, precisa Wilson Tzunun, coordinador de capacitaciones del comité en Sololá. Agrega que en Totonicapán y Jalapa aún no hay presencia porque existen otras organizaciones campesinas ya fortalecidas.

Cristina Ardón, presidenta y representante legal del CCDA dice que han establecido oficinas regionales que les ayudan a coordinar y a estar en sintonía. Alta Verapaz, Ciudad de Guatemala, Patulul, Suchitepéquez; y Santa Cruz del Quiché son los cuatro puntos donde se centraliza el trabajo de los municipios. La oficina de Quixayá es una quinta, que funciona como central, donde ahora tienen problemas con la fauna. Principalmente las nutrias.

Peces, nutrias y mapaches

En las faldas del volcán Atitlán, en Sololá, nace el agua helada del río Quixayá, que atraviesa el municipio de San Lucas Tolimán hasta llegar a la aldea con la que comparte nombre, en el kilómetro 62.5 de la ruta que conduce hacia Cocales, en Escuintla. El caudal, allí, ya es templado por su exposición al sol y es ideal para la plantación de berro y chipilín, cuentan algunos habitantes de la zona. En terrenos cercanos al cauce, los residentes han sembrado güicoy, mango, naranja, berro y malanga, además de construir peceras para la producción de tilapias. Un proyecto de autosustento que les ha permitido una mejor alimentación.

“En el CCDA nos han enseñado que si sembramos solo frijol y maíz no logramos que nuestros hijos crezcan bien”, dice Sandra Domitilia Morales Sicán, una de las 12 mujeres a cargo de una parcela colectiva que cultivan en el terreno de una integrante de la agrupación que presta su tierra para trabajarla en grupo.

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Un proyecto que sin querer ha creado un ecosistema para las nutrias (conocidas como perro de agua en la región), que han migrado desde el río Madre Vieja, nacido en la sierra Madre, y que han llegado para alimentarse de los peces que los comunitarios crían. “Vaya que tenemos nuestros terrenos para poder sembrar. Yo además de participar en esta parcela con otras familias tengo dos propias. De una se encargaba mi esposo cuando no tenía empleo y de la otra yo. Ahora veo las dos porque él ha vuelto al campo”, cuenta Morales.

“Hemos reforzado con malla gruesa alrededor de los terrenos. Hemos abierto zanjas para colocarla y así ha disminuido la presencia de las nutrias, pero luego han aparecido las garzas que vienen de la costa. También vienen mapaches que se comen los caracoles que crecen en las peceras”, dice Alberta Sicán Morales, madre de Sandra y comadrona de la comunidad que también trabaja en la parcela.

Alberta cuenta que incluso cuando sobra comida han podido vender producto en el mercado. “Nosotros cultivamos y procuramos que alcance para las doce familias, si sobra un poco lo vendemos. El CCDA nos ha capacitado en agricultura”, explica. Actualmente, el 60 % de los habitantes de Quixayá (69 familias) forma parte del movimiento.

Estar organizado. Los tonos blancos y grises

A pesar de que en Quixayá no hay personas fuera del país por exilio, sí las hay por migración. Aún existen miembros del comité que no regresan desde el conflicto armado.

“Después de 25 años aún hay dirigentes que viven en Canadá o en Estados Unidos”, explica Juracán. Ya sea porque afuera las condiciones de vida son mejores o porque la represión acá continúa.

Debido a la represión, el CCDA pudo celebrar su primera asamblea pública hasta en 1991, casi diez años después de su creación. Durante ese tiempo activaron en las sombras, con temor. El mismo temor del que según Juracan pretenden contaminarlos en la actualidad.

El 1 de junio de este año, en las oficinas del comité de Quixayá fue recibida una nota anónima donde se les pedía dejar de trabajar con las comunidades. “No sabemos por qué si nosotros lo que buscamos es el desarrollo de la gente, no consideramos estar haciendo las cosas mal”, comenta Wilson Tzunun.

Ese mismo día, en Cobán, Alta Verapaz, Ramón Choc Sacraba falleció en el Hospital Regional tras haber sido herido en una refresquería por presuntos asaltantes. Así califica el hecho la Fiscalía Distrital del departamento, sin embargo, los dirigentes del comité aseguran que su muerte está relacionada con su trabajo por la tierra. Este fue el tercer homicidio contra miembros del comité, en tan solo dos meses.

“Quienes cometen este tipo de crímenes manejan un nivel de inteligencia para desviar la información. Por eso hay que profundizar y no descartar que sea por la defensa de los derechos”, dice Hilda Pineda, jefe de la Fiscalía de Derechos Humanos, con relación a la ola de ataques en contra de líderes y activistas campesinos de los últimos meses.

Sabuc dice que las columnas de trabajo del comité resultan “desestabilizadoras” para los grupos de poder del país. “Recibimos amenazas porque nuestro trabajo exige justicia”. Las luchas reivindicativas como la recuperación del territorio o la exigencia de políticas públicas que velen por la seguridad alimentaria; el fortalecimiento organizativo a través de auditorías sociales y escuelas de formación política; la producción agrícola, que incluye la obtención de 76 fincas que se han adquirido vía el Fondo de Tierras (Fontierra) y la producción agrícola para su comercialización; y el desarrollo comunitario, que ha permitido la construcción de escuelas y viviendas en algunas comunidades.

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La principal reivindicación de la lucha del CCDA se ha enfocado en la tierra; en recuperar las tierras de las que fueron despojados sus antepasados, en presionar al Estado para que impulse políticas públicas de desarrollo agrario, y en que cumpla el artículo 67 de la Constitución, el que garantiza que  “las tierras de las cooperativas, comunidades indígenas o cualesquiera otras formas de tenencia comunal o colectiva de propiedad agraria, así como el patrimonio familiar y vivienda popular, gozarán de protección especial del Estado”.

La creación del Fondo de Tierras es fruto de esa lucha. La entidad gubernamental fue creada en 1999 “con el objetivo de facilitar el acceso a tierra a los campesinos y campesinas, pobres, sin tierra o con poca tierra, considerado así de una manzana (7,000 metros cuadrados) para abajo”, explica Axel López Anzueto, gerente general de Fontierras, una institución semiautónoma que recibe presupuesto del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Su trabajo gira en dos vías: préstamo de tierras para labrar y adjudicación de tierras como propiedad. La mayoría a crédito. En su cartera se encuentran nuevos clientes a partir de 1999, y antiguos que iniciaron proceso con el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, disuelto en 1996, tras la firma de los acuerdos.

Helmer Velásquez, director de la Coordinación de Oenegés y Cooperativas de Guatemala, explica que los créditos son otorgados a familias campesinas por períodos de un año en que se alquila cierta cantidad de tierra para cultivar, producir y comercializar. “Pero un año no es suficiente para producciones que requieren mayor temporalidad en cuanto a frutos”, dice.

Desde que el CCDA inició relaciones con Fontierras en 2004, explica Sabuc, han sido beneficiadas 253 comunidades de su organización. “El 50 % ha logrado pagar sin problemas, pero al resto se las han ido acumulando moras. Muchos han migrado a Estados Unidos para pagar desde allá”.

“Fontierras ha venido a resolver problemas a costa de comprometer a las familias”, agrega. En 2012 se llevó a cabo la “Marcha Indígena Campesina”, de nueve días, donde miles de agraristas exigieron la disminución de la deuda ante créditos que acumulaban intereses y mora. “Logramos la rebaja del 75 % de la condena de la deuda”, comenta. Manifestar les representó beneficios.

López recuerda que a partir de esa movilización aumentaron los subsidios para miembros del Comité de Unidad Campesina, la Coordinadora Nacional Indígena y Campesina y el CCDA. Se hizo un análisis y dependiendo de las actividades productivas de cada finca, así se redujeron porcentajes de la deuda. A mayor calidad, mayor reducción de deuda. “Ninguno se quedó con deuda cero”, comenta.

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El arreglo no fue inmediato ni positivo para todos. Tras la manifestación, Fontierra creó la Política sobre Reestructuración Social y Económica de la Deuda, en que se conoció a cada comunidad e individualizó a cada caso para brindar soluciones. Hubo personas afectadas. “Tres fincas están embargadas ahora”, dice Sabuc. Además, los conflictos entre comunidades, y con terratenientes, persisten.

La Comisión Presidencial de Diálogo ha establecido una mesa mediada por la Secretaría de Asuntos Agrarios, donde líderes comunitarios y miembros del CCDA realizan denuncias, y en presencia de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, un grupo de unidades de gobierno se encargan de dar seguimiento a los casos.

Ana Luisa Olmedo, directora de Comunicación Social de esa Secretaría, dice que la mesa deriva de las movilizaciones desde Cobán hacia la capital, la exigencia del derecho a permanecer en sus tierras y el cese a los diferentes conflictos entre comunidades y con dueños de fincas vecinas. Estudios técnicos, evaluación del registro de propiedades y catastro son parte de las acciones que el Gobierno ha tomado desde entonces.

La movilización ha resultado en una estrategia efectiva para hacerse escuchar. “Los avances en solucionar el conflicto no se les puede acreditar a Fontierra. Se han logrado porque hicimos presión en las mesas de diálogo y hemos manifestado junto a otras organizaciones”, explica Sabuc.

En búsqueda de un desarrollo

Cuando CCDA llegó a Quixayá en 1982, las 65 familias que conformaban la comunidad eran parte del comité. Para la madre de Marcelo Sabuc, representó una ayuda certera que buscaba reivindicar la tierra y una esperanza para la agricultura. “Mi mamá tenía diversidad de producción en una tierra comunal de San Lucas la Laguna, pero además logró tener 300 gallinas. Yo paseaba entre cafetales y encontraba docenas de huevos. No necesitábamos comprar y hasta vendíamos”, relata Sabuc.

Aunque el comité procura que las nuevas generaciones se involucren en las luchas por la tierra, muchas familias jóvenes han decidido no formar parte, pues algunos no desean dedicarse a la agricultura. El acceso a educación ha abierto otras posibilidades y muchos han migrado a la ciudad para construir otra forma de vida. El fenómeno del relevo generacional e incluso el de la migración no son nuevos, pero han alcanzado a hijas e hijos de familias agrícolas que buscan un estilo de vida fuera de donde han crecido.

José Antonio Jacinto Gómez aún no lo ve como un problema. Sus tres hijos de 11, 15 y 17 años le acompañan a producir café en las faldas del volcán Atitlán, en la aldea Panimaquip, de San Lucas Tolimán. “Después de la escuela se vienen a trabajar”, cuenta. En 42 cuerdas que compró hace más de diez años, Jacinto Gómez tiene sembradas 10,000 matas de café que producen un promedio de siete libras cada una. Han esperado con ansias que fuera octubre porque la temporada del café uva (listo para cosechar) se avecina y podrá vender sus granos al CCDA. “Un aproximado de 500 quintales por año y me quedan entre 100 y 200 quintales para vender por mi cuenta”, explica Jacinto, quien se unió al comité desde el 2011. “Si en el mercado se vende a Q1.50 la libra de café uva, ellos nos la compran a Q1.75 porque accedemos a cultivar con sus fertilizantes”, explica.

“Los fertilizantes nos los da el comité para que mantengamos orgánica nuestra producción”, agrega. Levanta el dedo y señala una producción que no está asociada al proyecto para mostrar que su producción es más verde y está seguro que tendrá mejores resultados este año. Entre los cafetales hay árboles de aguacates y de pacaya que no solo sirven para dar sombra sino también para alimentar a su familia y para vender los excedentes.

Como parte del proyecto, el CCDA se encarga de despulpar todo el grano comprado. Cuentan con un beneficio propio para poder secarlo, tostarlo, molerlo, empacarlo y comercializarlo. La pulpa es utilizada para crear composta que se utiliza para las matas de café.

En Sololá, el comité tiene convenio con 387 caficultores a quienes les compra cantidades similares a las que Jacinto Gómez produce. Además, una parte está destinada para la exportación. “El año pasado enviamos siete contenedores con 280 quintales de café oro (despulpado) cada uno a diferentes países, cuenta Wilson Tzunun, quien también funge como enlace con los productores. Canadá, Estados Unidos, Suecia y Grecia han sido los destinos de Café Justicia, marca con la que han registrado su producto y que venden a Q45 la libra.

Además del café, el CCDA también apoya a productores de macadamia en Retalhuleu, de cardamomo en Cobán, de hortalizas en Escuintla, de cacao en diversas regiones y de miel en Sololá. Y esperan con optimismo que los proyectos puedan continuar.

“El área de cobertura principal solía ser el altiplano, como lo establece su nombre, pero a partir de 2015 empezaron a acompañar otras regiones que también han estado vinculadas al acceso de tierra y su regularización”, explica Olmedo. Para los dirigentes, el problema de tierra compete a todos los campesinos del país y es por eso por lo que han logrado ampliar su cobertura.

En 2011 el compromiso del Estado era atender a los desalojados del valle de Polochic, Alta Verapaz, y según Sabuc Xalcut “entregaron fincas a las 711 familias desalojadas, erradicaron deudas a campesinos y firmaron acuerdos gubernativos en apoyo al acceso”. Pero con el gobierno actual, los desalojos y la criminalización de los líderes y activistas han aumentado.

El último acercamiento del CCDA con la Presidencia fue atendido por el vicepresidente de la República, Jafeth Cabrera, a quien solicitaron la suspensión de desalojos forzados a sus comunidades y la gestión de estudios antropológicos para las áreas donde habitan. El 11 de agosto de 2017, el gobierno firmó un compromiso, “del que aún se esperan avances”, dice Sabuc.

Hay satisfacción en los líderes del CCDA al asegurar que la organización ha logrado mejorar las condiciones de vida para sus miembros. Ser parte del movimiento social les posibilita continuar con la lucha por una vida digna, en un camino montañoso de rocas, plagas y espinas.