La urbana disputa por el modelo de desarrollo rural

Eran alrededor de dos mil. Habían salido del valle del Polochic y de otros puntos del camino entre Guatemala y Alta Verapaz. Su propósito era hacer oír sus reclamos ante los altos Organismos del Estado. Los campesinos reunidos en varias organizaciones marcharon por las calles de la capital –a la cual les tomó una semana llegar– y, después de reunirse con el presidente Otto Pérez Molina, se encaminaron hacia el Congreso.

Ese 27 de marzo, después de 216 kilómetros recorridos, los manifestantes les solicitaron a los diputados, entre otras cosas, que aprobaran la Ley del Sistema Nacional de Desarrollo Rural.

La iniciativa –identificada con el número 4084– se presentó en agosto de 2009, por diputados de la Unidad Nacional de la Esperanza, como resultado del diálogo con la sociedad civil y cuenta ya con un dictamen favorable de la Comisión de Agricultura Ganadería y Pesca del Congreso.

En ella se plantean los puntos de vista consensuados entre organizaciones indígenas, campesinas, de mujeres, ambientalistas, de cooperativas, instituciones académicas y otros sectores de la sociedad reunidos en la Alianza por el Desarrollo Rural Integral (ADRI).

Uno de los elementos más importantes en su contenido es que ordena crear una entidad encargada de coordinar políticas de Estado que lleven al desarrollo rural de Guatemala.

La respuesta de los legisladores pareció favorable y, al igual que el mandatario, firmaron una carta para cumplir ésta y las otras demandas de los campesinos de la marcha.

Los congresistas asumieron el compromiso y hasta se habló de una aprobación por urgencia nacional. Sin embargo, en la reunión de jefes de bloques del 12 de abril, se hizo evidente que la promesa no se cumpliría según lo anunciado. Las bancadas de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), Winaq, la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Libertad Democrática Renovada (Lider) y Encuentro por Guatemala (EG) fueron las únicas que votaron por incluir en la discusión de la iniciativa de ley en la agenda de la sesión prevista para el 15 de abril.

El resto de bancadas coincidieron en que era prudente evaluar a fondo la propuesta antes de aprobarla porque veían en ella posibles inconstitucionalidades.

Los cinco partidos que apoyaban la propuesta -y que suman 39 de 158 votos- protestaron por la negativa de sus compañeros, pero la decisión se mantuvo.

El tema no se incluyó en la agenda y si se hubiera incluido, tampoco habría significado una diferencia, porque durante los últimos tres meses del período ordinario de sesiones del Congreso se programaron puntos que nunca se pudieron discutir ante el pleno, debido a la interpelación al Ministro de Finanzas a cargo de Lider.

La decisión de los congresistas llevó al movimiento campesino a solicitar una audiencia con los representantes. La siguiente reunión de jefes de bloques sirvió para que las mismas cinco bancadas que habían apoyado la iniciativa en el encuentro anterior votara por conceder la audiencia y las restantes se negaran a hacerlo.

“Los sectores campesinos están haciendo las cosas bien, de manera civilizada, pero con esta actitud les estamos diciendo que tienen que tomar medidas de hecho”, manifestó Mario Taracena, jefe de la bancada de la UNE.

Según Daniel Pascual, coordinador general del Comité de Unidad Campesina (CUC), esto es una muestra de que los diputados están sujetos al poder económico al que “le interesa mantener a mucha gente en condiciones de pobreza para seguir ejerciendo el control sobre los medios de producción”.

A pesar de ello, el Congreso instaló una mesa de diálogo para discutir la iniciativa. La instancia está presidida por Oliverio García Rodas, el oficialista que encabeza la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales.

El legislador expone que desde que se conformó esta mesa de diálogo, no se ha aplazado la evaluación del contenido de la propuesta, más bien se ha aprovechado el tiempo que el Congreso ha estado estancado para avanzar en un rápido análisis y evitar así enmiendas de curul ante las objeciones recientes por las posibles inconstitucionalidades.

El contenido

El valor de la ley para los grupos de la sociedad civil implicados en la discusión se debe a que es una iniciativa que se empezó a deliberar hace más de 10 años y cuenta con un alto nivel de consenso sobre la forma de llevar el esperado desarrollo a todo el territorio nacional. “Su objetivo es convertir en sujeto priorizado al sector más desprotegido del interior para llevar el desarrollo a toda el área rural del país”, explica Pascual. La iniciativa se centra en la creación del Sistema Nacional de Desarrollo Rural, que estará conformado por tres entidades públicas: el Gabinete de Desarrollo Social Integral, el Ministerio de Desarrollo Social Integral y el Consejo de Participación y Auditoría Social.

Este sistema tendrá a su cargo elaborar políticas públicas en las áreas agraria, económica, política, agrícola, laboral, ambiental, social, de participación ciudadana, de gestión de riesgo y de seguridad alimentaria, entre otras. Pero es precisamente en la parte de la ley en que se trata sobre las políticas públicas,  que surgen la mayoría de cuestionamientos. El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) plantea que se crean entidades a las que se les asignan funciones que la Constitución le atribuye a otras entidades públicas como el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (Maga), la Junta Monetaria, el Ministerio de Economía y los Consejos de Desarrollo.

Carla Caballeros, directora ejecutiva de la Cámara del Agro, una de las gremiales que integran el Cacif, considera que quien hizo la propuesta no conoce de leyes, pues se viola la estructura existente ya establecida en la Constitución. “No puede haber una ley de políticas públicas que cree un Estado dentro de otro”, agrega.

Marta Ayala, directora de la organización ambientalista Calmecac, una de las integrantes de ADRI, comenta que el objetivo de reunir todo este tipo de políticas se debe a que el desarrollo rural es un gran eje y en él se articulan muchos otros elementos que requieren de la participación de todas las entidades del Estado. Además, que durante todo el proceso se contó con el acompañamiento en materia legal para no formular la normativa con inconstitucionalidades.

Otro de los puntos controversiales es el relacionado con el tema agrario, ya que el artículo 10 de la iniciativa establece que se “democratizará el régimen, uso tenencia y propiedad de la tierra”.

Caballeros considera que “democratizar” no es un término claro como para incluirse en una ley como esta. Mientras que, en sus consideraciones sobre la propuesta de ley, el Cacif manifiesta que “vulnera el derecho constitucional de propiedad privada”.

Ayala argumenta que en ninguna parte de esta ley se menciona algo sobre expropiar, por lo que no considera que se deba llegar a interpretar el texto de esa forma.

Lo que el anteproyecto 4084 establece por democratizar es dotar de mecanismos para tener acceso a la tierra y reducir así su concentración. Así como incentivar la producción de alimentos.

“No es como lo plantean sobre mecanismos radicales para acceder a la tierra, sino  es sólo de buscar condiciones más favorables para que 500 mil familias tengan acceso a tierra”, apunta Pascual. Sin embargo, Juan Tiney, dirigente del Coordinadora Nacional Indígena y Campesina (Conic), señala que mientras no haya una política agraria profunda, estas medidas solo servirán para mostrar que se toma en cuenta la opinión de todos los sectores, aunque en realidad no sea así.

Las propuestas paralelas

De manera paralela a la creación del Sistema Nacional de Desarrollo Rural, se plantean otras opciones. Algunas calificadas como complementarias de lo planteado por la sociedad civil, otras como alternativas que se deben adoptar en sustitución de la iniciativa.

Al hablar de los obstáculos para que la iniciativa se convierta en ley, el Cacif recomienda al Congreso retomar las iniciativas que forman parte de la agenda de reactivación económica y las que se orienten a mejorar las condiciones de competitividad del país.

Entre estas se encuentran la Ratificación del Convenio 175 de la OIT relativo al Trabajo a Tiempo Parcial, la Reforma de la Ley de Zonas Francas, y la Reforma de la Ley de Incentivos a la Exportación.

Emanuel Seidner, diputado del Partido Patriota, acepta que es necesario aprobar la iniciativa 4084 “debido a los compromisos políticos adquiridos” y a que hay muchos sectores que la esperan, pero su opinión es que por sí sola, una normativa como esta no es suficiente para llevar el desarrollo rural si no está acompañada de una serie de programas que ayuden a concretar este objetivo.

Por ello, Seidner aboga porque se lleven a cabo algunos de los proyectos anunciados por este Gobierno como el “Triángulo de la Dignidad”, que consiste en otorgar créditos de Q3mil a los agricultores “que les permitan salir de una economía de subsistencia a una de excedentes”. También menciona los créditos para el arrendamiento de tierra, el fortalecimiento de la entrega de fertilizantes y los programas que brindan asesoría técnica a los agricultores.

Pero hay más propuestas. Además de la ley que promueve ADRI y las recomendaciones del Cacif, existe un planteamiento llamado  Propuesta para Abordar el Desarrollo Rural Integral de Guatemala, elaborado por las universidades San Carlos de Guatemala (Usac) y Rafael Landívar (URL), en cuya elaboración participó Adrián Zapata, actual Comisionado Presidencial para el Desarrollo Rural Integral.

Este documento establece la necesidad de buscar compatibilidades entre los modelos de desarrollo que hay en disputa. Es decir que representa una propuesta que no descarta las de ADRI, por la que abogan las organizaciones campesinas, ni las del Cacif.

En el trabajo de URL y Usac se señala que el modelo empresarial no logrará por sí solo reducir la brecha para transformar a los campesinos en asalariados o en empresarios en un corto o mediano plazo. Por ello considera que esta debe apoyarse en la estrategia de desarrollo rural, ya que considera al campesino como “sujeto priorizado” –hacia quien se dirigen las políticas– y de esa forma se pueden crear “condiciones para construir capital humano” y avanzar hacia el desarrollo.

Juan Tiney, de la Conic, se muestra preocupado porque, a su criterio, el documento de las universidades prioriza lo planteado por el Cacif y le resta peso a la de los sectores sociales.

El planteamiento en el que participó el actual comisionado aborda la parte económica, los temas relacionados productividad de la tierra y mecanismos para superar la inseguridad alimentaria, pero deja fuera todos los factores sociales, culturales, ambientales y políticos que se incluyen en la iniciativa que se evalúa en el Congreso.   

Es por ello que Ayala apunta que en esta propuesta sólo se aborda un 10 por ciento de la estrategia necesaria para llegar al desarrollo rural. “No puede haber desarrollo rural si la gente no tiene acceso a la educación o si no hay condiciones de salud adecuadas”, enfatiza.

El diálogo continúa

Mientras tanto, la posibilidad de discusión continúa abierta. La iniciativa sigue sin aprobarse y los diversos sectores parecen tener aún mucho que decir. Todo indica que será el Congreso el escenario desde el que lo harán.

Carla Caballeros aclara que, a pesar de los desacuerdos con la iniciativa 4084, la postura de la Cámara del Agro no es la de oponerse a una ley que aborde el tema de manera integral.

Esta gremial ha participado en las discusiones con los sectores sociales sobre el asunto y no se descarta un acuerdo. Marta Ayala enfatiza que los puntos de vista diferentes sobre la iniciativa no significan que exista confrontación entre los sectores y que en más de una ocasión se han alcanzado entendimientos con la Cámara con respecto a la política rural del país. “Llevamos 11 años hablando de esto. Si es necesario tendremos que seguir dialogando”, concluyó.

Que el tema vuelva a discusión después de tantos diálogos mantiene alerta a los sectores interesados. “Nos preocupa que haya tanta discusión, si todo este proceso se agotó cuando se le dio dictamen favorable”, exterioriza Daniel Pascual.

A partir del 4 de junio, la comisión presidida por Oliverio García recibirá a las personas interesadas en manifestar sus observaciones con respecto a la ley, y con ello se abrirá un nuevo espacio para debatir acerca de este tema, en el que vuelven a encontrarse los posicionamientos ideológicos acerca de la ruta que el país debe tomar para alcanzar un desarrollo integral y sostenible.