Las negociaciones del Presidente kaibil

La máxima autoridad del organismo Ejecutivo, electa democráticamente y responsable de las políticas del Gobierno, no está exenta de tener que dialogar o negociar. Los ciudadanos no son sus súbditos. El presidente representa la unidad nacional pero ni siquiera los gobernantes que mayor porcentaje de votos han conseguido en las urnas se han librado de manifestaciones, protestas o rechazo popular por sus decisiones.

El caso de Otto Pérez Molina al frente del Gobierno no ha sido la excepción. Oficialmente el mandatario señala estar abierto al diálogo. Sin embargo, no han sido muchas las ocasiones en que se ha mostrado dispuesto a ceder terreno con respecto a las decisiones tomadas.

La primera demanda

En los albores de su administración, menos de un mes después de haber tomado el cargo enfrentó una de las primeras protestas en su contra. La Ley de Actualización Tributaria, impulsada por el Gobierno para mejorar la recaudación fiscal, estaba a punto de aprobarse en el Congreso.

Entre otras medidas que entrarían en vigor tras su aprobación se encontraba la de no permitir el ingreso al país de vehículos con un modelo de más de 10 años de antigüedad. Las consecuencias no se hicieron esperar. Los miembros de la Asociación de Importadores de Vehículos Usados protestaron con sus carros en el centro de la capital. Señalaban que se les privaría de la forma de ganarse la vida, ya que no contaban con los recursos para llevar adelante su negocio comprando vehículos más recientes.

La manifestación duró poco. Algunos de los descontentos se vieron obligados a abandonar las calles que ocupaban.

Mientras tanto, este punto de la normativa también causaba incertidumbre en el Congreso –aunque no por los mismos motivos–. Luis Pedro Álvarez, diputado de Encuentro por Guatemala, preguntó qué pasaría con quienes quisieran traer al país automóviles clásicos.

Su duda no llegó a resolverse. Los acuerdos políticos avanzaron y el oficialismo tuvo los votos para que la Ley se aprobara con unas cuantas enmiendas que se habían discutido en público.

Mejorar el sistema de recaudación en un país con una de las cargas tributarias más bajas del mundo había sido un propósito de los tres últimos gobiernos, pero los intentos por impulsarla antes de la gestión de Pérez fueron inútiles.

Jonathan Menkos, director ejecutivo del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), destaca que sí hubo un diálogo previo, el iniciado por el Grupo Promotor del Diálogo Fiscal –un equipo integrado por técnicos de diversos sectores sociales, académicos y políticos–, y que la propuesta final sí estaba bastante consensuada.

Si bien aún quedaban aspectos que demandaban más discusión por parte de los sectores y las bancadas dentro del Congreso, Menkos explica que, al ver la forma de actuar del Congreso, si se hubiera esperado mucho, habría sido posible que la aprobación se postergara indefinidamente o que se desvirtuara su contenido.

Ni por las buenas

El apoyo por parte de algunos sectores y el rechazo de otros a las decisiones del Presidente siguieron con relativa normalidad en los meses siguientes. Sin embargo, hubo un debate en el que los cuestionamientos por su decisión se hicieron tan intensos que se vio obligado a anunciar que revisaría los términos.

Este caso es el del usufructo de las operaciones de la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ) a una empresa guatemalteca adscrita a la española Terminal de Contenedores de Barcelona (TCB), dedicada al manejo de puertos marítimos. Con el contrato se le cede a la empresa un área de más 348 mil metros cuadrados para construir una terminal de contenedores y operar en ella por 25 años.

Las inconformidades por esta concesión se hicieron sentir principalmente por grupos políticos opositores, pero también por diversos sectores de la población, quienes aducían un proceso opaco que no representaba beneficios para el Estado.

Si el compromiso de Pérez le dio la esperanza a los inconformes de que hubiera un cambio, éstas quedaron frustradas. El Gobierno expuso sus argumentos el pasado 23 de agosto en el foro Mitos y Realidades del Puerto Quetzal, en él se planteó que no había ilegalidad alguna en el contrato. En el evento el mandatario anunció que seguía adelante con el proyecto.

Menkos manifiesta que en este caso lo que se evidencia es una política cerrada, en la que el Gobierno, lejos de intentar convencer a la ciudadanía de que sus acciones son correctas, se aferra a sus decisiones y no da lugar a que se discutan.

El director del Icefi también menciona que esto refleja una separación entre las políticas del Gobierno y los intereses de la población, pero que lo más grave está en el área de la transparencia. “En el caso de la EPQ, se supo lo que sucedía, pero hay muchas otras decisiones de este tipo que se toman sin que los ciudadanos estemos enterados”, concluye.

La postura de mantener como irrevocable una decisión ya se había dado por parte del Gobierno. Un precedente fue una medida del Secretario de la Paz, Antonio Arenales Forno, de eliminar la Dirección de los Archivos de la Paz. El funcionario mandó a notificar a los empleados que se rescindiría de sus contratos, debido al cierre de la dependencia.

Los trabajadores señalaron que había una ilegalidad al despedirlos, pues la dependencia estaba emplazada y que eliminar la dependencia implicaba un retroceso en la búsqueda de la memoria histórica. A este reclamo se sumaron varias organizaciones de derechos humanos.

La inconformidad llevó a manifestaciones, pero ninguna de ellas alteró el orden público. Los argumentos sobre la necesidad de que existiera la dependencia no persuadieron al mandatario ni a su Secretario. A diferencia de la discusión por la EPQ, no hubo ofrecimiento de revaluar las alternativas y el 29 de junio la Dirección desapareció definitivamente.

Ni por las malas

El descontento en este período no se ha limitado a señalamientos en los medios o pequeñas protestas en la vía pública. Sino que también se han visto casos de enfrentamientos entre los manifestantes y las fuerzas policiales.

Uno de los ejemplos más evidentes se encuentra en la reforma al pénsum de la carrera magisterial que impulsa el Ministerio de Educación. Uno de los cambios más profundos es trasladar la carrera magisterial a nivel universitario. Con ello los años de estudio en el nivel medio se reducirán de tres a dos años, pero se obliga a los futuros docentes a cursar tres años más en la universidad.

Tras una serie de protestas y disturbios encabezados por estudiantes molestos con esta medida y rechazo manifestado por diversos sectores, incluida la Cámara de Educación, el Gobierno accedió al diálogo. Las protestas cesaron, los estudiantes manifestaron sus puntos de vista y las alumnas del Instituto Normal para Señoritas Centroamérica (INCA) elaboraron una propuesta alternativa que conoció el Ministerio.

De forma similar a lo ocurrido con la EPQ, la propuesta del Gobierno de revisar los contenidos no concluyó en un cambio significativo de la propuesta original.

El pasado 18 de septiembre, la titular de la cartera, Cynthia del Águila, anunció que –a pesar de las pláticas– la carrera quedaría con los cinco años que se habían planteado originalmente, con la excepción del magisterio para preprimaria, que quedó de tres años.

Esta concesión del Gobierno no respondió a las inconformidades, sino a que la cobertura en ese nivel escolar es aún baja

El director general de Docencia de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Carlos Aldana, quien ha acompañado el movimiento estudiantil en este proceso, opina que el Gobierno oficialmente maneja un discurso de diálogo, debido a la presión social. Pero, aclara que en realidad no hay una intención real de las autoridades por dialogar.

Aldana agrega que las mesas de diálogo se forman sin que en ellas haya una verdadera representatividad y concluye que, al final, la propuesta de la mesa técnica es básicamente la misma que había presentado el Gobierno en un principio.

Los estudiantes volvieron a las calles para reclamar y Aldana sostiene que el movimiento continúa, pero la decisión oficial en este momento es que la reforma educativa empezará a implementarse a partir del próximo año.

Concesiones parciales

A pesar de los casos vistos, también hay antecedentes que muestran a Pérez modificar algunas de sus decisiones, como cuando resolvió que no utilizaría más a las fuerzas armadas para disolver manifestaciones.

Aunque el anuncio conlleva un cambio de ruta en la política de uso del ejército para atender asuntos civiles, fue una decisión que se tomó sólo después de que buena parte de las embajadas se lo aconsejaran al Presidente y de que el Ministerio Público (MP) acusara a ocho militares de ser responsables de matar a balazos a seis personas.

Antes de eso, la versión oficial había ido cambiando en la medida que se conocían más detalles del suceso. Primero se dijo que los elementos de las fuerzas de seguridad no iban armados. Luego se dijo que sí iban armados, pero que no habían disparado. Finalmente, antes de que se ligara a proceso a los ocho militares, el argumento era que sólo habían disparado al aire.

Ninguno de los ministros responsables de la operación de las fuerzas de seguridad fue destituido por haber metido armas largas y soldados en una operación antidisturbios.

“La democracia nos enseña a convivir sin agredirnos. No sigamos incitando al odio y a la confrontación cuando podemos acudir al diálogo”, manifestaba Pérez en su mensaje a la nación tras la muerte de los comunitarios en Totonicapán.

El gobernante también calificó como un “hecho inesperado” el desenlace de la protesta en la cumbre de Alaska, pues indicó que una hora antes se había alcanzado un acuerdo con los líderes, quienes habían acordado que los manifestantes se dispersaran. Con ello, las fuerzas de seguridad tendrían que retirarse.

Pero eso no sucedió. La manifestación continuó, las fuerzas de seguridad se quedaron. Ocho personas fallecieron, seis de ellas por impactos de bala de armas militares y más de 30 resultaron heridas por la misma causa.

A criterio de Juan Tiney, dirigente nacional del Comité Nacional Indígena y Campesino (Conic), en este tema hay “racismo por parte de un Gobierno”, que se niega a escuchar las demandas de la población indígena. Tiney cuenta que en la reunión del 4 de octubre no estuvo el mandatario, a pesar de que los líderes esperaban contar con su presencia.

La forma en que se desenvolvieron los acontecimientos aún está en investigación. Pero, según manifestó Pérez en un mensaje a la nación después de los acontecimientos, es necesario reflexionar sobre los mecanismos de presión hacia la autoridad política ya que las medidas de hecho “bajo ninguna circunstancia pueden considerarse legales y pacíficas”.

A Tiney, sin embargo, le llama la atención que los pobladores de Totonicapán, –el departamento con los índices más bajos de criminalidad en el país– “pacíficos y respetuosos de la autoridad”, hayan llegado a una manifestación de ese tipo. La conclusión del líder de Conic es que se debe a que hay una política definida del Gobierno y no es de diálogo sino que se trata de imponer un modelo económico que afecta a las mayorías.

Otro caso en el que el presidente ha cedido en su determinación inicial es el de Santa Cruz Barillas, Huehuetenango. En este municipio, Pérez decretó un Estado de Sitio, después de que pobladores enardecidos por la muerte de uno de sus líderes ingresaran al destacamento militar del lugar y agredieran a miembros del ejército.

Los pobladores acusaban a la empresa Hidro Santa Cruz de ser responsable de la muerte de Pedro Miguel, uno de sus líderes, y se oponían a que esta empresa construyera una planta hidroeléctrica en el municipio.

El plan original del mandatario era establecer el Estado de Sitio por un mes, lo que provocó una serie de críticas de diversos sectores de la población, pues se señalaron abusos por parte de los militares mientras estaban suspendidas algunas garantías constitucionales. El mandatario retiró la medida después de 16 días, pero aclaró que su decisión era porque ya se había restituido el orden en el lugar.

A pesar de haberse replegado en cuanto al tiempo de duración del Estado de Sitio, el proyecto de Hidro Santa Cruz sigue en pie.

También hay casos en los que las organizaciones campesinas han logrado algunos resultados del diálogo con el Gobierno, como la regularización de tierras en conflicto en Alta Verapaz a principios de año. Sin embargo Tiney explica que esta es una excepción a muchos casos de regularización que están a la espera de resolverse.

Una marcha aún sin resultados

Dar marcha atrás con el incremento de la presencia militar en áreas de conflicto era un punto que ya habían solicitado las organizaciones campesinas cuando caminaron desde Alta Verapaz a la capital en mayo de este año, sin ninguna respuesta

En esa ocasión, los campesinos se reunieron con representantes de los tres poderes del Estado, incluido el Ejecutivo para plantearles sus solicitudes.

Daniel Pascual, dirigente del Comité de Unidad Campesina (CUC), explica que la desmilitarización no se limita a la última decisión tomada por el Presidente, sino que también tiene que ver con la presencia de elementos de la institución armada para funciones que no les corresponden.

Pascual teme también que se aprueben las reformas constitucionales que promueve Pérez, ya considera que se le permitiría al ejército participar en la solución de conflictos civiles.

Otras solicitudes formuladas se concentran en casos específicos para otorgar o regularizar la propiedad de tierras a campesinos. Así como solucionar el problema de la deuda agraria por propiedades en el territorio nacional.

Si bien hay compromisos del Presidente, entre los que se encuentra cubrir un 75 por ciento de la deuda agraria, Pascual expone que en la práctica aún no se ha visto que sus promesas se concreten y que hasta el momento no se sabe de dónde saldrá ese 75 por ciento del que el mandatario habla. En este caso aún no acusan a Pérez de incumplimiento, pero están a la expectativa de ver qué se logra en lo que queda del año.

El Congreso también se comprometió con los campesinos. La principal demanda al Legislativo era la aprobación de la iniciativa 4084, Ley del Sistema Nacional de Desarrollo Rural.

A pesar de la promesa, el tema se fue sacando de la agenda y es bastante improbable que se apruebe el próximo año.

En su primera declaración tras ser electo como presidente del Congreso, el diputado oficialista Pedro Muadi –identificado por un estudio de Plaza Pública como uno de los diputados más afines al Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) –  aseveró que su prioridad será hacer avanzar la agenda de Pérez y que no se aprobará la iniciativa 4084, a la que el Cacif se opone y que el Gobierno promovía. En su lugar, tiene previsto una regulación alternativa.

 Las reformas a su propuesta

Aun si se llegara a ver la decisión de Pérez con respecto a Santa Cruz Barillas como una concesión del Presidente, ésta queda totalmente opacada por la que evidenció en uno de los temas por los que más interés ha demostrado en los más de 10 meses que lleva de gestión: la reforma constitucional.

Cuando el mandatario anunció su intención de modificar la Carta Magna, se hablaba de cuatro grandes temas para fortalecer el sistema político, el de seguridad y justicia, el fiscal y el de transparencia.

La propuesta original planteaba modificar 55 artículos que el mandatario en persona se encargó de promover ante distintos grupos de la sociedad, como el empresariado organizado, la sociedad civil y partidos políticos. Los puntos de divergencia con su iniciativa variaban según cada sector.

En el afán de encontrar la menor oposición posible para su aprobación, el equipo que el mandatario integró para diseñar la reforma fue quitando algunos aspectos. Algunos de los puntos relacionados con la reforma del Estado fueron los primeros en suprimirse. En ellos se planteaban aspectos como la manera de elegir magistrados de la Corte de Constitucionalidad y el Tribunal Supremo Electoral, el presupuesto de la Escuela Nacional Central de Agricultura, y la creación de distritos municipales, entre otros.

Uno de los principales motivos de oposición que manifestó el Cacif fue el artículo en el que se establecía  que el Estado podría adquirir hasta el 40 por ciento de las industrias extractivas para el Estado. Aunque en un principio el mandatario defendió la redacción de este artículo, fue uno de los primeros en eliminarse.

Este tema minero se había abordado desde la campaña. La propuesta original del gobernante era  la de elevar a un 40 por ciento las regalías de las empresas extractivas. Aun así, el Gobierno de Pérez Molina negoció un convenio con los representantes de las empresas mineras que les ofrecía la posibilidad de contribuir con “regalías voluntarias”, el porcentaje máximo sería del 5 por ciento de la producción.

La petición de las organizaciones campesinas era que cesara la actividad minera en las comunidades afectadas. Pascual narra que la respuesta del ministro de Energía y Minas, Erick Archila, fue que no era posible debido a que era una ilegalidad que afectaba a estas empresas.

La reducción de las reformas a la Carta Magna continuó y se eliminó por completo uno de los cuatro grandes temas definidos en un inicio por Pérez: el fiscal. Con los últimos cambios se dejó fuera la posibilidad de crear un “Fondo Soberano” –con el que se preveía la posibilidad de que el Estado invirtiera en megaproyectos o afrontara un déficit fiscal–.

Mientras tanto, las solicitudes de sectores como el indígena, como la de los 48 cantones de Totonicapán, continúan sin escucharse. Amílcar Pop, diputado de Winaq, lamenta que en las reformas no se plantee reconocer las consultas populares de las comunidades y el tema indígena se quede en un intento de reconocimiento que aumenta la visión paternalista del Estado sobre estos pueblos.

Es por ello que Tiney considera que las reformas no cambian las estructuras ni el sistema que salvaguarda un Estado en el que se sigue viendo al indígena como “mano de obra”, por lo que enfatiza en que “más que una reforma, debería darse una refundación del Estado”.

La propuesta de la reforma está ahora en la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales del Congreso, a la espera de un dictamen favorable que la lleve al pleno del Congreso.

La herramienta legislativa

Impulsar una agenda legislativa por medio de una bancada oficial ha sido la principal manera para cada Gobierno –también del de Pérez– de lograr los cambios necesarios que reflejen sus objetivos y faciliten su cumplimiento.

En este espacio de diálogo se ha visto cómo el oficialismo ha sido capaz de priorizar sobre algunos puntos que no siempre responden a las demandas más fuertes.

Una muestra de ello está en los fallidos intentos por aprobar la Ley contra el Enriquecimiento Ilícito, pues los cuestionamientos al Legislativo por parte de la sociedad civil y en espacios en los medios de comunicación no han sido suficientes para que los Congresistas dejen de postergar su aprobación.

Son varias bancadas las que han formado parte de las estrategias para burlar la iniciativa. Si bien la mayoría de diputados busca la manera de no dejar en evidencia la forma de actuar de su bancada, las votaciones, la asistencia a las plenarias y las acciones de sus integrantes en el hemiciclo muestran al partido de Gobierno como el que menos ha podido disimular en este tema.

La negativa de los diputados también se evidenció con el intento de eliminar el secreto bancario. Sin embargo, no todas las posturas sobre esta Ley abogaban por que se aprobara. El pronunciamiento del Cacif sobre el tema es que no es requisito de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), como lo ha afirmado el Ministerio de Finanzas.

Cuando este tema se encontraba en discusión en el pleno, se propuso que la iniciativa regresara a Comisión, con ello se logró dar un tiempo indefinido hasta que se vuelva a discutir para su aprobación. Los diputados responsables de esta moción fueron de la bancada oficial –entre ellos, el Presidente electo del Legislativo– y de la de Visión con Valores (Viva), el bloque legislativo más plegado al Gobierno.

Esta disposición para dialogar no se ha visto del todo en las peticiones populares dentro del territorio nacional.

Aun así, es posible que la pérdida de ocho vidas en un incidente en el que se vio involucrado el ejército haya marcado un punto de inflexión en la forma en que el presidente resuelve los conflictos. Serán sus decisiones en el futuro las que demuestren si hubo algún cambio en su forma de negociar.