Los cinco niños olvidados aún esperan al Estado

En las aldeas del oriente de Guatemala todos los vecinos conocen historias sobre el hambre. Relatos de madres y padres que se las ingenian a diario para que sus hijos no escuchen el bramar de sus tripas. Cuentan cómo apenas pueden juntar alimentos para un tiempo de comida, que sirven en la mesa a la hora del almuerzo. Cómo hierven agua a las cinco de la tarde —en el mejor de los casos con un poco de café—, y cómo obligan a sus hijos a tomar unos sorbos antes de mandarlos a dormir abrazados a sus rodillas para no sentir el vacío en sus estómagos.

Hace cinco años, cinco de esas historias dieron voz a las víctimas de una buena parte de la población de Guatemala. El grito salió del municipio de Camotán en el departamento de Chiquimula, donde Mayra, Dina, Mavelita, Leonel y Brayan, representados por sus madres, denunciaron al Estado en 2011 por negarles el derecho a la alimentación. Camotán está en el llamado “corredor seco” que atraviesa el país de occidente a oriente. Una región semiárida, caracterizada por los períodos de sequía, que comprende once departamentos de Guatemala y en los que se han presentado algunas de las más graves crisis alimentarias.

Un juez de Zacapa conoció los casos, los evaluó y falló a favor de los niños entre abril y mayo de 2013, obligando a 12 instituciones públicas a restituir los derechos violados.

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El contexto poblacional en el área rural de Camotán

Omar Jerónimo, miembro de la Asociación Indígena Campesino-Ch’orti’ Nuevo Día, organización que acompañó a las familias durante el proceso, hace balance de lo realizado hasta ahora por las entidades del Estado en este tiempo. Jerónimo resume el cumplimiento de las sentencias como un trabajo “a medias”. “Y uno no restituye un derecho cuando está haciendo cosas a medias”.

Tres años y cuatro sentencias después

En la escuela de preprimaria del caserío Plan del Morro, en la aldea Lela Chancó, Mayra concentrada rellena su cuaderno escribiendo cuidadosamente en minúscula y mayúscula la letra “O”. Al terminar cada fila de oes, enseña con orgullo el cuaderno a la profesora, quien sonríe desde el otro extremo del aula. “Mayra es electricidad”, dice Rosa Lidia, la maestra. “Nunca quiere faltar a clase, y siempre que llega contagia a todos con su energía. Es increíble”.

Hace tres años, estas frases hubieran sido inimaginables para Angelina, la madre de Mayra, quien recuerda cómo su niña, de entonces tres años, apenas podía gatear. Las constantes diarreas y su extrema delgadez la dejaban sin fuerza. Angelina atribuye esta mejoría a la bolsa de alimentos que hasta el año pasada llegaba un mes sí, un mes no, y que permitía tener dos platos de comida al día, en lugar de uno sólo.

—¿Y qué pasó este año?

—Desde diciembre que no llega la bolsa —suspira Angelina—. Estos últimos meses nos vino algo de dinero, con el que compramos frijol, maíz… y con eso seguimos.

La suspensión de los programas sociales del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) afectó directamente a Angelina, quien vive al día, contando cada grano que cocina dentro de las cuatro paredes de adobe y madera. El dinero del que habla proviene de un convenio entre el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA), en el que fueron incluidas las cuatro familias como medida de emergencia, luego de que el Mides dejó de suministrarles comida.

Con los aportes que recibieron en casa, Mayra fue mejorando su nutrición poco a poco, pero su madre no está conforme con eso. Angelina recita casi de memoria las órdenes dictadas en la sentencia, que guarda en un folder rojo en su cuarto. Sabe que la mayoría de acciones todavía están pendientes de cumplir.

Mayra debe recibir terapias físicas en su pierna izquierda, como consecuencia de una irregularidad física. “La llevé hace unos meses al Hospital San Juan de Dios, en la capital. El médico dijo que estaba bien y nos mandó de regreso. Nos dio cita para dentro de un año, pero ella se queja”, dice su madre.

Cuando se le pregunta a Angelina qué es lo que más urge de lo que no se ha cumplido en la sentencia, no duda en contestar.

—La casa —responde, con la vista fija en la gran pendiente que se observa detrás de un cerco de alambre, a apenas tres metros de la vivienda.

—No siente seguro este lugar.

—Yo siento que la casa de repente va a caer. Ya vinieron varias personas a verla y dijeron que estaba en riesgo.

El trabajo que desde hace años realizan las organizaciones para mejorar las viviendas de las cuatro familias se hace sobre unos terrenos que la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) declaró en riesgo en varias ocasiones. Pero hasta ahora, son los únicos de los que disponen.

* * *

En la aldea Tisipe, al otro lado del municipio, Dina y Mavelita, juegan descalzas a un costado de la construcción de adobe que hace del dormitorio de ellas y sus 11 hermanos. Las niñas tienen hoy nueve y siete años. Han ganado algo de peso y van a la escuela, aunque Dina repite primero básico.

Sebastiana y Armando, los padres de las pequeñas, llevan tres años acondicionando el espacio en el que conviven, con el apoyo de organizaciones que trabajan con los vecinos de la zona. En el terreno, a la orilla de un barranco, cultivan tomates y algunas plantas de café.

—Hace siete años tuvimos que salir de la casa, porque estaba en peligro de deslizamiento —recuerda Armando.

—Pero regresaron.

—Regresamos… ¿a dónde más íbamos a ir?

En las sentencias dictadas por el juzgado, se ordenaba al Ministerio de Comunicaciones realizar las gestiones para garantizar el derecho a la vivienda de las familias. En su momento, la cartera rechazó la orden, alegando que se encontraba fuera del alcance político, económico y social del Ministerio, y que para dictarla no se había tomado en cuenta la Ley de la Vivienda. La disposición judicial nunca fue acatada.

Según Jerónimo, de la Asociación Nuevo Día, funcionarios del Fondo para la Vivienda (Fopavi) les indicaron que comenzarían con el proceso de documentación de las familias para evaluar si merecen recibir nuevas viviendas. Jerónimo recuerda que este paso no es necesario, ya que la orden de las sentencias habla de una necesidad inmediata. Aldo García, ministro de Comunicaciones, aseguró que trataría de comunicarse con la dirección del Fopavi para confirmar el estado de este proceso, pero hasta la publicación de esta nota, no había trasladado la información a Plaza Pública.

Además, el Fondo de Tierras estaba obligado a otorgar de manera gratuita a cada familia un terreno para el cultivo. Sin embargo, en el caso de Armando, en lugar de esto la institución entregó una porción de tierra en arriendo, por el que tenía que pagar Q3 mil, para trabajar en ella durante una cosecha. Luego de la mediación de Nuevo Día, el Fontierras le condenó la deuda, la cual nunca hubiera podido ser pagada por la familia.

En todo caso, explica Armando, en el terreno arrendado por el Fontierras, nunca cultivó nada. “Plantamos unas milpas, pero crecieron hasta aquí —señala con la palma de la mano la altura de su rodilla— y cuando parecía que quería empezar a salir el maíz, se secaba la planta entera”.

“Ese es el problema”, completa Jerónimo. “Ahora se consigue comida, vamos bien, luego ya no y vamos mal. Ese círculo es muy difícil de romper. Las familias viven en territorios muy secos, y hace tres años que no se logra producir alimentación en grandes cantidades”.

* * *

Las palabras de Jerónimo toman forma en Vitalina, la madre de Leonel, otro de los niños en el proceso judicial, que vive unos metros arriba de Mavelita y Dina. Ella trata en vano de cultivar algunas semillas que compra en el mercado, pero el calor y la baja calidad de la tierra no ayudan. Cada mes gasta el dinero que recibe, cuando lo recibe, en comprar alimentos con los que abastecer una despensa siempre a medio llenar.

Alrededor de la casa, propiedad del hermano de Vitalina y levantada con adobe y hojas de palma, se pasean con agilidad tres pollos desplumados y un ganso, que beben el agua estancada de la pila, llena de heces de las aves.

—¿Son suyos, los animales?

—No, no —contesta Vitalina— estos son de otras casas. Al inicio de todo esto nos dieron algunas gallinas (provistas por el MAGA), pero se murieron porque no teníamos concentrado para alimentarlas.

Vitalina escucha las preguntas, mira a los ojos, mastica las palabras y responde con firmeza. Para Jerónimo, este es uno de los logros del proceso: el fortalecimiento de unas mujeres acostumbradas a agachar la cabeza y dar las gracias por una bolsa de alimentos. “De pasar a ser víctimas, ahora son personas empoderadas, que ejercen sus derechos. Esa es la gran victoria de las sentencias”, celebra.

La madre de Leonel cuenta que su hijo, que ahora tiene 16 años, se fue a Honduras hace tres semanas, donde trabaja en una finca de café. Según explica, el Ministerio de Educación no le dio ninguna beca, como se estipulaba en las sentencias, con lo que la organización Nuevo Día trató de incorporar a Leonel en un programa de capacitación técnica de carpintería. “Pero su mentalidad está en el trabajo”, dice su madre.

Vitalina está desempleada en la actualidad. En las otras familias la situación es similar. Oto, el padre de Brayan, trabajaba hasta hace poco en una empresa de la zona, pero Floridalma tampoco tiene empleo. Angelina, la madre de Mayra, trató de integrarse hace un par de años en un programa del Ministerio de Trabajo, pero el poco tiempo que le quedaba para atender a su hija le hizo desistir del empleo. Armando, el papá de Mavelita y Dina, recolecta café en las fincas de la zona, al igual que su hijo mayor, Wilmer. Sebastiana, la madre de las niñas, también está desempleada. El apoyo de los demás miembros de las familias es básico para su desarrollo.

Vitalina lamenta que aunque algunas instituciones cumplieron con parte de las medidas, nunca les dieron seguimiento. Por ejemplo, explica señalando el reducido espacio donde cocina, el Ministerio de Salud entregó hace tres años unos filtros y el MAGA unas estufas ONIL (unas estructuras de block de cemento y ladrillos de barro cocido en las que se instala una plancha metálica de dos hornillas). Pero las estufas, de mala calidad, dice, llenaban la casa de humo, y los filtros caducaron hace meses, volviéndose inservibles.

El tesoro del agua y la municipalidad desaparecida

Abastecimiento de agua en Camotán

La casa de Vitalina, al igual que la de las demás familias, tiene una pila de cemento de la que cuelga un tubo que permanece seco la mayor parte del año. “No hay agua. Según dicen, porque el vertiente se está secando”, explica. Tanto Vitalina como las demás personas de la aldea deben caminar cientos de metros diariamente para llenar varios cántaros en alguna fuente de agua, con los que cocinar y lavarse.

En las sentencias se delegó en el alcalde de Camotán la responsabilidad de garantizar el acceso a agua potable de las familias, algo que nunca ocurrió. Al otro lado del teléfono responde Byron Geovani González, jefe edil de Camotán en el período de 2012 a 2015.

—¿Qué hizo usted para garantizar el acceso a agua potable de las familias?

—Mire, es que ahí se delega función... Yo creo que el juez dio la orden para la municipalidad, no para mí como alcalde.

—En las sentencias se menciona como responsable al alcalde de Camotán. Ese era usted. ¿Llevó a cabo alguna medida?

—Sí, sí, se dio la orden. Pero aquí legalmente el que tiene responsabilidad es el nuevo alcalde. Debían de sacar mejor investigación directamente con la municipalidad.

—Durante cuatro años fue su responsabilidad. Los dos últimos años de su gestión, lo fue por orden de un juez.

—Yo hice lo que tenía que hacer. De que se hicieron muchas cosas se hicieron.

El alcalde evade enumerar las obras que realizó o explicar su respuesta ante la demanda, y sugiere que se hagan las preguntas al nuevo jefe edil. En la municipalidad de Camotán se intentó contactar con el actual alcalde, Guillermo Antonio Guerra y Guerra, a través de su secretaria. Después de más de diez intentos en diferentes días, no se logró comunicación con él. Plaza Pública solicitó a través de la oficina de información pública de la comuna los datos de la inversión en agua entubada y potabilizada de los últimos cinco años. Una trabajadora de la municipalidad que prefirió omitir su nombre, aseguró que cuando los funcionarios de la actual administración tomaron posesión, descubrieron que no existía una oficina de Seguridad Alimentaria y que en los registros de información no se contaba con ningún informe de agua ni de saneamiento.

Según el portal de compras y contrataciones del Estado, Guatecompras.gt, la alcaldía adjudicó cuatro contratos para la construcción y mejoramiento de sistemas de agua potable en el casco urbano, en la aldea El Anicillo, en la aldea Chupa y en el caserío Ushurjá, en la aldea Lelá Chancó. Este último, valorado en Q89,700, estaría situado en el lugar en el que vive Brayan y su familia. Sin embargo, Floridalma, la madre del niño, negó tener acceso a agua potable.

Guatecompras también reporta onerosos gastos de la comuna durante estos años. En los últimos meses se pagaron Q54,800 en grupos musicales, Q54,500 en combos de luces, Q72 mil en la celebración del día de la madre, y Q50 mil en almuerzos por el día de la mujer.

Además de la potabilización del agua, las sentencias ordenaban al alcalde asesorar a las familias en el cambio de vivienda, algo que tampoco se dio.

La eterna espera

A unos 20 minutos de la casa de Leonel, en el caserío Ushurjá, vive la familia de Brayan. Su padre, Oto, su madre, Floridalma, y su hermano pequeño Wesley, comparten un cuarto y una cocina que alquilan por Q150 al mes, sin acceso a trabajar la tierra. A un costado del mismo, se acumulan kilos de basura, por los que pasean los animales de la zona. Floridalma descansa sentada en una silla, acariciándose el vientre hinchado. Hace sólo dos semanas perdió al que sería su tercer hijo. En el centro médico no le aclararon las causas.

Brayan aparece de la mano de Oto, cojeando, como consecuencia de una luxación de cadera que nunca fue tratada. Según la sentencia, el Ministerio de Salud debió programar una operación para rectificar el problema hace tres años. Floridalma cuenta que en enero de este año lo llevaron al Hospital San Juan de Dios, donde les dijeron que ya era muy tarde para intervenirlo.

El pequeño observa la conversación con sus grandes ojos oscuros. Sus manos, con pliegues y arrugas que muestran su extrema delgadez y la malformación en su cráneo, son síntomas desíndrome de Silver Russell que padece, del que fue diagnosticado por un médico de la Oficina del Procurador de los Derechos Humanos (PDH) en el monitoreo que la institución realizó en marzo de 2015. La enfermedad congénita hace que Brayan aparente tener apenas cinco años, cuando en realidad tiene ocho. Las organizaciones temen que su hermano Wesley también desarrolle la enfermedad.

La principal preocupación de Floridalma, además de la salud de sus hijos, es la misma que la de las otras tres familias: “Yo lo que quiero es tener mi casa, porque ya mucho…”, repite.

Las historias de los cinco niños se convirtieron en relatos de espera. La espera por lograr una vida independiente de la ayuda humanitaria, con todos sus derechos restituidos.

—¿Las instituciones no entendieron el fondo de las sentencias? —se le pregunta a Jerónimo.

—Exacto. Las sentencias están pidiendo que se toque lo estructural. No sólo están diciendo: “démosle un pedacito de tierra a esta familia”. Está diciendo que debemos pasar de ser un país humanitario a ser un país garante de derechos. Pero el Estado, a sabiendas, sigue violando los derechos humanos sistemáticamente.

Los informes presentados en estos tres años por las organizaciones Nuevo Día y Guatemala sin Hambre y por el PDH, comparten la percepción de que las instituciones no cumplieron lo ordenado y tampoco entendieron la problemática de fondo. Como consecuencia de esto, el PDH presentó una denuncia este año en el Ministerio Público, contra las entidades. La misma se encuentra actualmente en la Fiscalía de Delitos Administrativos.

La fiscal Heidy Tamara De León explica que la oficina a su cargo investiga la acción legal de este caso. “Habrá que verificar las sentencias del juzgado y comprobar si se consumó el delito de desobediencia por parte de las autoridades”, indica.

El derecho a la alimentación

Tres fueron las instituciones sobre las que recayó la responsabilidad de garantizar la alimentación de los cinco niños: el Mides, el MAGA y la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Sesan), la encargada de asegurarse de que el derecho fuera restituido.

Rosa Elvira Pacheco, viceministra de Seguridad Alimentaria y Nutricional del MAGA, revisa apresuradamente unos papeles agrupados en un folder azul, al ser consultada por el seguimiento a las cuatro sentencias.

—Es el caso de cinco niños… ¿verdad? —hace memoria la funcionaria.

—De cinco niños y sus familias.

—Sí… a ellos se les están entregando raciones completas.

—Pero las familias no están recibiendo estos alimentos.

—Sí, sí los están recibiendo —se incorpora a la conversación Eliu de León, asesor de la Viceministra— Los niños tienen medidas cautelares, tenemos la obligación de darles alimento. Si las familias le dicen que no recibieron, le mintieron.

Sin tener seguridad de si las raciones se reparten cada mes o cada dos meses, Pacheco recita el listado de alimentos anotados en una de las hojas del folder azul. “Son 30 libras de frijol, 20 libras de arroz, una caja de Incaparina, 2 botellas de aceite, 8 kilos de avena, 30 libras de Maseca…”, dice convencida. Las despensas de las cuatro familias, niegan el argumento de la Viceministra.

Según las sentencias, hasta que se tuviera acceso a la tierra, el Mides sería el encargado de garantizar alimentos en una primera etapa, a través de los programas asistencialistas del gobierno pasado: la bolsa segura (cada mes) y el bono seguro (de Q300, cada dos meses). La entrega de alimentos se cumplió, aunque de manera interrumpida y no con la asiduidad ordenada, durante los dos primeros años. Sin embargo, con la entrada del nuevo gobierno y el cambio de política alimentaria, las entregas del Mides quedaron reducidas a cero, según las familias y la asociación que los acompaña.

Germán Rafael González Díaz, titular de la Sesan, explica que, con el fin de subsanar esto, el actual gobierno realizó las gestiones para que el PMA entregara un bono bimestral de Q575 a las familias, con el que éstas pudieran comprar productos de primera necesidad. Pero la asociación Nuevo Día y los padres de algunos niños, ven con suspicacia esta medida. Aseguran que el PMA les obliga a comprar los alimentos a vendedores autorizados a un precio mayor que el que se encuentran en el mercado, y con una calidad cuestionable.

Mario Touchette, representante del PMA en Guatemala, acerca de este hecho, asegura que “en coordinación con la municipalidad tratamos de hacer seguimiento para evitar que existan este tipo de problemas, tanto de calidad como de incremento de precio”.

Touchette explica que el PMA realiza un calendario para que las familias lleguen a las oficinas del Banco de Desarrollo Rural (Banrural) del municipio, donde reciben el dinero. “Se trata de coordinar con la alcaldía para que coincida con el día de mercado, y puedan comprar ahí mismo los alimentos”, aclara.

En su despacho, González expone con orgullo la primera acción que llevó a cabo la Sesan para cumplir las sentencias: la creación del Protocolo de actuación para el ejercicio del derecho humano a la alimentación.

—Empezamos a hacer una versión del protocolo para evitar este tipo de denuncias. Para que las familias puedan reclamar un derecho por la vía administrativa y que este derecho sea restituido con la brevedad posible.

—¿Este protocolo es factible, teniendo en cuenta que en tres años las instituciones no han logrado restituir el derecho a la alimentación de sólo cuatro familias, a pesar de que existía la orden de un juez?

—Yo creería que sí, porque esto fue consensuado por las instituciones. No es un tema que venga de un juzgado. Esto está hecho dado que existe un precedente, de unas familias que denunciaron al Estado y ganaron sus derechos.

Bajo el argumento de González y según datos de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi) presentada en diciembre de 2015, los 9,373,000 guatemaltecos que se encuentran en situación de pobreza podrían apoyarse en este protocolo para obligar al Estado a cumplir con su obligación de garantizar el derecho a la alimentación. Para cubrir esta atención, los programas del Ministerio de Salud destinados a prevenir la desnutrición cuentan este año con Q813,673,145, según se señala en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2016. Esto equivale a Q86.81 al año por persona.

Según el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) el costo de las intervenciones para erradicar la desnutrición sería, en principio, de Q2,000 millones en el 2012, y aumentaría de manera progresiva a Q14,000 millones para 2021, cifra que corresponde al 1.8% del PIB. Un aproximado de Q900 por persona al año.

El juez que sentó un precedente

El juzgado de la niñez en Zacapa

En la sala de espera del Juzgado de la Niñez y la Adolescencia de Zacapa, el calor hace que el aire sea irrespirable. Una piedra colocada estratégicamente se encarga de que la puerta de la entrada no se cierre; un televisor que proyecta caricaturas es el único entretenimiento; y una oficial de la Policía Nacional Civil (PNC) pelea contra el sueño, acompañada por un pequeño ventilador negro que exhala un aire ardiente.

La secretaria del lugar abre la puerta de la oficina del juez, y tras ella aparece Elvin René Gutiérrez Romero, la persona detrás de la firma que dictó las cuatro sentencias que hace tres años condenaron al Estado de Guatemala por violar el derecho a la alimentación de cinco niños de Camotán.

El juez se muestra extrañado de recibir la visita de periodistas. Levanta sorprendido las cejas por encima de sus lentes cuadrados y asegura desconocer el motivo por el que un medio de comunicación querría hablar con él. Gutiérrez, formado en la carrera judicial, en la que inició hace 19 años como comisario, define el proceso legal que comenzó en noviembre de 2011 y finalizó año y medio después como largo y tedioso. “Pasamos unas desveladas increíbles, no se imagina”, sonríe.

El togado hace memoria y recuerda el momento en el que recibió las cuatro denuncias en su despacho. “Cuando me llegaron, revisé si había un incumplimiento de Derechos Humanos. Lo que exponían las familias cuadraba, así que seguimos el debido proceso”.

Tres años después de haber dictado las sentencias, asegura que las entidades estatales hicieron algunos aportes puntuales para cumplirlas, pero lamenta que las instituciones no entendieran el fondo de las mismas.

—Ha llegado atención médica a los niños, pero no se han llevado a cabo otras cuestiones que implican un gasto mayor. Se buscaba restituir el derecho a la alimentación de los niños y las familias y eso no se ha hecho.

—¿Qué procede ahora?

—Estoy a la espera de que las instituciones encargadas del monitoreo me presenten los informes. La realidad es que el Estado no va a cumplir totalmente las sentencias. Se necesita presupuesto.

—Si sabía que no se podría cumplir lo ordenado, ¿cuál era el objetivo de las sentencias?

—Se hizo ver el problema. Se buscó que el Estado cumpliera con sus obligaciones. Ese es el eje.

—Se ha creado un precedente.

—Ah, sí. Esto ha llegado a instituciones internacionales. Estas sentencias se fueron a todo el mundo. Para el Estado esto es algo muy delicado, porque abre la puerta a posibles condenas de instituciones internacionales.

Gutiérrez se refiere a la audiencia de la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH), celebrada el 5 de abril de este año en Washington. En la misma, miembros de organizaciones que dieron seguimiento al proceso expusieron ante los comisionados las carencias en el cumplimiento de las sentencias por parte de las instituciones.

En las conclusiones de la audiencia, Margarette May Macaulay, segunda vicepresidenta de la CIDH, expresó que “hasta ahora, los esfuerzos no han hecho realidad el ideal. Me parece que luchar contra la desnutrición en los niños no es sólo darles comida. Hay que darles los medios para desarrollarse. Así se les proveerá para el futuro, no sólo a estos niños en particular, sino a toda Guatemala”.

Jerónimo asegura que en las próximas semanas presentarán ante el juez el informe de supervisión de cumplimiento de las sentencias. Además, la organización a la que pertenece se encuentra recopilando información del proceso, para presentar una demanda a nivel internacional. “La audiencia a la que asistimos en la CIDH, nos servirá para documentar esta denuncia”, explica.

La otra institución obligada a entregar monitoreos del proceso es la Procuraduría General de la Nación (PGN). Sin embargo, el juez Gutiérrez no recibió ningún documento hasta ahora. Se trató de contactar vía telefónica a Vladimir Aguilar y a María Eugenia Villagrán, los dos exprocuradores que estuvieron a cargo de la institución durante este período, pero ninguno respondió a las llamadas. También se solicitó una entrevista con algún funcionario de la institución a cargo de este caso, pero el personal de comunicación de la PGN no facilitó la misma antes de la publicación de este reportaje.

El obstáculo a la justicia

Una vez dictadas las sentencias, algunas instituciones interpusieron varios recursos en la Sala de la Corte de Apelaciones de la niñez y adolescencia del departamento de Guatemala. La Sesan, la Procuraduría de la Niñez de la PGN y los ministerios de Agricultura, Ganadería y Alimentación; de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda; de Educación y de Trabajo, presentaron 13 acciones de amparo y tres de apelación.

Además, plantearon cinco apelaciones de sentencia en la Corte de Constitucionalidad (CC). En los recursos, las instituciones alegaron que se les había dejado en “estado de indefensión”, ya que el juez no les había otorgado audiencia durante el proceso. “La PGN es la representante del Estado en estos casos, y siempre estuvo presente”, recuerda Gutiérrez.

Se buscó comunicación con los exministros Elmer López, Carlos Contreras, Alejandro Sinibaldi, Cynthia del Águila y con Luis Enrique Monterroso, quien fungió como secretario de la Sesan primero y como titular de Salud después. Ninguno respondió las llamadas realizadas ni los mensajes de texto enviados por Plaza Pública.

El actual titular de la Sesan, Hernán González, quien en el momento de la emisión de las sentencias fungía como director de planificación de la entidad, admite que con la interposición de estos recursos legales el cumplimiento de las mismas se vio obstaculizado. Aún así, comparte la visión de que las entidades no tuvieron derecho de defensa, ya que la PGN “desatendió la defensa del Estado” al centrarse únicamente en la de los menores.

Todas las acciones fueron rechazadas bajo el argumento de que el interés de los niños es superior al de las instituciones. Tres de las sentencias quedaron en firme ante la CC, sentando así jurisprudencia.

—¿Qué supone esto? —se pregunta y se responde Omar Jerónimo, con una amplia sonrisa —Que cualquier niño en Guatemala con una situación de desnutrición (en la que vive 70% de la niñez), pueden ir ante un juez y demandar al Estado para que les garantice el derecho a la alimentación. Y el Estado lo tiene que hacer.