Los muchos favores del Estado a la minería

El 12 de abril, Juan Carlos Monzón, exsecretario de Roxana Baldetti, se sentó con los fiscales del Ministerio Público (MP)  y de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) para describirles el sistema de financiamiento ilícito del Partido Patriota. Entre los numerosos “mecenas” señalados por Monzón, destaca Eduardo Villacorta Haddad. Este abogado hondureño fue, hasta marzo 2015, uno de los vicepresidentes de Goldcorp, la empresa matriz de Montana Exploradora que opera la mina Marlin en San Miguel Ixtahuacán, San Marcos.

Según Monzón, en 2011, Villacorta Haddad, entonces gerente de Montana Exploradora, se acercó a una oficina del Partido Patriota e hizo entrega de un cheque para financiar sus gastos de campaña electoral. Por orden de Roxana Baldetti, a cambio del cheque “se le facturó de vuelta para darle soporte a esta transacción por servicios no prestados”.

Desde el 2 de junio pasado, día en que estalló el caso Cooptación del Estado, una orden de captura pesa sobre el exdirectivo de Montana y Goldcorp. Sigue prófugo.

Christine Marks, directora de comunicación de Golcorp, indicó, vía correo electrónico, que la empresa se toma muy en serio estas acusaciones. Sin embargo, agregó, ellos no han sido notificados, y no disponen de más información que la publicada en los medios. Por su parte, Alfredo Gálvez Sinibaldi, el actual gerente de Montana Exploradora, afirmó que la denuncia no era en contra de la empresa sino del antiguo gerente.

Gálvez Sinibaldi, ingeniero formado en la Universidad de Oklahoma, es un ejemplo perfecto de estos profesionales que pasan una y otra vez de puestos ejecutivos en grandes empresas a altos cargos en el Estado. Son las llamadas puertas giratorias que ponen en entredicho los intereses que sirven estos funcionarios.

En 2005, Gálvez fue director de hidrocarburos en el MEM. De allí, pasó a ser gerente de Nichromet, una empresa canadiense que tiene varias licencias de exploración minera. En 2015, durante la crisis de la cúpula de gobierno de Otto Pérez Molina fue nombrado Viceministro de Energía y Minas. Durante este periodo, el MEM aprobó una modificación del área de la mina Marlin: Montana Exploradora pudo devolver un kilómetro cuadrado de su área que no le servía a cambio de un kilómetro cuadrado en el que podría haber minerales y que se encontraba fuera de su concesión. Poco después de dejar su cargo en este ministerio, Gálvez Sinibaldi fue nombrado gerente de Montana Exploradora y director ejecutivo de la Gremial de Industrias Extractivas.

El caso de la ampliación de la mina Marlin y el del financiamiento ilegal de la campaña del Partido Patriota muestran hasta qué punto las grandes empresas pueden influir en el Estado y torcer a su favor el sistema. Estas inversiones colosales han encontrado grandes apoyos por parte de los sucesivos gobiernos para operar, así como una de las mejores situaciones fiscales de Latinoamérica.

Las minas y la ola neoliberal

En 1997 el Congreso aprobó la Ley de Minería que sigue vigente. Eran los tiempos de Álvaro Arzú y Guatemala surfeaba sobre la ola neoliberal: las empresas públicas eran privatizadas a toda máquina, el Estado era desmantelado, y la legislación buscaba brindar las mayores ventajas posibles a la inversión extranjera.

De esta forma, se redactó una Ley de Minería que declaraba “de utilidad y necesidad pública el fomento y el desarrollo de las actividades mineras en el país”. La ley contiene lagunas tan graves, que, desde entonces, ha habido 30 intentos por modificarla. Todos han fracasado en el Congreso. Por ejemplo, en materia ambiental, la ley no regula el cierre de las actividades mineras: solo exige a las empresas entregar un informe “sobre el estado en que quedan las operaciones mineras”. Esto conlleva un peligro para poblaciones aledañas a las minas: si las acciones de cierre de una mina no son las adecuadas, puede haber riesgos de avalanchas y arrastre de las toneladas de roca extraídas del subsuelo. Estas suelen contener elementos tóxicos como plomo, mercurio y arsénico que pueden llegar a los ríos y lagos. Una mina mal cerrada constituye un riesgo latente durante décadas o incluso siglos.

La ley tampoco contempla ningún tipo de consulta a la población del área afectada por la minería, lo cual ha encendido una gran conflictividad social a lo largo del territorio guatemalteco.

Otro aspecto que ha causado críticas es el monto de las regalías mineras: el célebre 1% de la producción minera. Las regalías se reparten en 0.5% para el Estado central, y 0.5% para las municipalidades donde se realiza la explotación.

Sin embargo, en la ecuación fiscal, no sólo hay que tomar en cuenta las regalías, sino también los otros impuestos que paga la minería, como el Impuesto sobre la Renta (ISR), el impuesto de Solidaridad (ISO), los timbres fiscales o el IUSI. Las regalías no son la principal manera por la cual el Estado recupera una parte de la renta minera.

Por ejemplo, en 2014, Montana Exploradora tributó un total de Q236 millones al Estado y las municipalidades. De este monto, Q94 millones corresponden al pago de regalías, es decir, el 40%. De ISR pagó Q47.5 millones y de ISO Q37.6. El resto de los tributos fueron licencia de cianuro (Q10 millones), impuesto a la distribución de combustible (Q4 millones), Timbres Fiscales (Q47 millones) y IUSI (Q1 millón). Ese año, Marlin registró un ingreso de Q2,760 millones, con lo cual, su tributación correspondió al 8.5% de sus ingresos totales.

¿Son los impuestos a la minería lo suficientemente elevados? Entre expertos, las opiniones difieren radicalmente y cada uno tiene su propia estadística para apuntalar su argumento.

Para el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), la carga tributaria de la minería, calculada sobre el valor agregado del sector, es de apenas 5.6%. En cambio, para el Central American Business Intelligence (CABI), el porcentaje de las ganancias de las mineras que el Estado se apropia, es del 52%. Según el CABI, esta tasa es mayor a la de Perú (51.4%), Chile (38.3%) o México (37%). Ninguna de estas dos cifras es consecuente con la tributación de Marlin presentada anteriormente: la del Icefi parece una estimación muy baja de la carga tributaria y la de CABI una estimación muy alta.

Otro cálculo: el de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal). Según esta institución, hasta 2012, el porcentaje de la renta minera que el Estado recibía en impuestos y regalías era de 12.2%.  Esta cifra debe ser revisada al alza puesto que desde 2012, las grandes empresas mineras han aceptado el pago de regalías voluntarias. Aun así, según la Cepal, Guatemala se queda muy atrás de otros países que logran rescatar porcentajes mayores de esta renta minera. Perú rescata un 30%, Colombia un 37,8%, Canadá, lugar de origen de las principales mineras que operan en Guatemala, el 38.1%, Bolivia, el campeón latinoamericano, un 57.7%.

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El Icefi y la Cepal llaman a países como Guatemala a revisar su estructura fiscal de manera a que sus Estados aprovechen mejor la renta minera, sobre todo cuando los precios internacionales de los metales están altos, como ocurrió en 2011 y 2012.

En sintonía con estas recomendaciones, la reforma fiscal propuesta en agosto por Jimmy Morales contemplaba el aumento al 10% de las regalías mineras, así como un aumento del 25 al 30% del Impuesto Sobre la Renta calculado sobre las utilidades.  Para Paulo de León, del Cabi, esto sería un grave error, puesto que equivaldría a “matar al sector minero por estrangulamiento”.

Mitos y leyendas de la minería

Los ingresos mineros de Guatemala descansan sobre dos minas principales: Marlin y El Escobal, situada en San Rafael las Flores. En 2015, Marlin produjo Q2,308 millones de oro y plata. El Escobal, que pertenece a Minera San Rafael, subsidiaria de Tahoe Resources, produjo Q2,390 millones de oro, plata y plomo, convirtiéndose desde ese año en la mina más productiva de Guatemala. Sumados los dos proyectos, representan el 82% de la producción minera nacional. 

Las demás minas metálicas son modestas en comparación: Fenix, en El Estor, que reporta la extracción de níquel y hierro, declaró Q120 millones de ingresos. Esta mina opera bajo la batuta de la Compañía Guatemalteca del Níquel, que pertenece a Solway Group, una empresa de origen ruso con base en Chipre.

Otras dos minas tienen una producción significativa. Son las minas Sechol (El Estor, Izabal) y Cerro Colorado (Gualán, Zacapa), operadas por las empresas Mayaniquel y Guaxilan. Ambas pertenecen a la transnacional basada en Holanda Cunico, la cual acaba de ser adquirida en un 90% por la International Mineral Resources basada en Suiza, la cual es subsidiaria de Eurasian Natural Resources basada en Londres, que a su vez pertenece, según el diario The Guardian, a tres oligarcas rusos. Sechol y Cerro Colorado declararon una producción de Q123 y Q164 millones de mena de níquel en 2015.

El recién suspendido Proyecto Derivada VII, contra el cuál se levantó un poderoso movimiento popular de rechazo simbolizado por el campamento de La Puya, produjo a penas Q63 millones de concentrado de oro y plata en 2015.

Es imposible contrastar los datos que estas cuatro empresas menores presentan al Ministerio de Energía y Minas, el cual es incapaz de verificarlos. Estas empresas trabajan con altos grados de opacidad, al punto que, por ejemplo, Sechol y Cerro Colorado no tienen ni siquiera una página web propia o un teléfono de contacto. Esta situación difiere de la de las minas Marlin y El Escobal: sus empresas matrices cotizan en las grandes bolsas de valores, y por lo tanto, deben declarar a sus inversionistas y a la autoridad reguladora de la bolsa, una gran cantidad de datos financieros y de producción que fácilmente pueden cruzarse con los que presentan al MEM.

Estos seis proyectos suman el 97% de los ingresos por minería en Guatemala. El resto corresponde a minería no metálica: extracción de materiales de construcción (arena, mármol, piedra caliza) o de minerales no metálicos (caolín, barita, azufre). El MEM ha otorgado más de 250 licencias de explotación para estos productos.

Para Ricardo Castaneda, economista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), “hay muchos mitos alrededor de la minería: que la minería genera mucho empleo, que la minería es uno de los motores del crecimiento económico, que la minería financia en buena parte el gobierno guatemalteco. Los números nos muestran que no es así”.

Un ejemplo: la creación de empleo. Según el Banco de Guatemala (Banguat), el sector de minas y canteras, que en este caso incluye también la explotación petrolera, apenas tenía, en 2015, 5,405 afiliados al IGSS, 500 menos que hace dos años. Esto corresponde a solamente 0.4% de los afiliados al seguro social. “El sector no es una fuente generadora de empleo”, concluye Castaneda.

El aporte al Producto Interno Bruto (PIB) del sector también es mínimo. La minería representa el 0.9% del PIB de Guatemala. Esta cifra debería disminuir, puesto que la Junta Monetaria prevé una caída el 6.7% de la actividad minera para el 2016. Sin embargo, según el CABI, la minería tiene un impacto indirecto sobre otras actividades (construcción, transporte, combustibles)  que en total representa el 3.3% del PIB.

De los números de la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas, datos que provienen de una conciliación entre las empresas mineras y el Estado, se destaca que los Q422 millones en impuestos generados en 2013 sumaron apenas el 0.6% del presupuesto del Estado. “El sector minero no es un motor de crecimiento para el país”, zanja Castaneda.

Utilizando datos distintos, Paulo de León, del CABI, calcula que el aporte de la minería al presupuesto nacional alcanza 1.5%. Agrega que, en los últimos diez años, este es el sector que más ha crecido en términos de recaudación. “Sin el aporte de la minería, la brecha fiscal sería aún más grande”, sostiene.

Otro dato que Paulo de León recalca, es la entrada de divisas que representa el sector de minas y canteras. En efecto, sumando plomo, metales preciosos y piedras, el sector se ha convertido en el tercer mayor exportador de Guatemala, por encima del café y el banano, por debajo del azúcar y los artículos de vestuario. Los Q5,721 millones en divisas de la minería, afirma el CABI, contribuyen a sostener la moneda. Sin esta, la balanza de pagos se desequilibraría aún más, el quetzal se devaluaría, la capacidad adquisitiva de la población caería y la migración hacia Estados Unidos se dispararía.

Aquí solo paga el que quiere

En junio 2012, cinco meses después de asumir el poder, el gobierno de Otto Pérez Molina firmó un acuerdo con Montana Exploradora para que la empresa, de forma voluntaria, aumentara al 5% las regalías pagadas al Estado. Estas regalías adicionales, que se pagarían a partir de ese mismo año, se repartirían entre las municipalidades y el gobierno central.

Plaza Pública pidió, por la Ley de Acceso a la Información, el valor de los metales extraídos por las principales minas de metales del país y las regalías pagadas al Estado y las municipalidades. De estos datos, se ve que Montana nunca llegó a cumplir su compromiso con el gobierno patriota. En 2012, apenas pagó un 2.2% en regalías. En 2015, punto máximo en términos de porcentaje, pagó un 4.34% en regalías. En los términos del acuerdo, se dice que la empresa “se obliga a pagar” esas regalías adicionales. Al ser voluntarias, no hay ninguna cláusula que permita al Estado a exigir el cumplimiento del acuerdo, o castigar su incumplimiento.

Tras el acuerdo con Montana, otras empresas mineras se comprometieron a aumentar las regalías. Estas son Guaxilan, CGN, Minera San Rafael y Exmibal.

Sin embargo, la Compañía Guatemalteca del Níquel dejará de pagar las regalías voluntarias.  Según informó Prensa Libre, CGN justifica la decisión por el bajo precio del níquel en el mercado internacional.  

Ricardo Castaneda, economista del Icefi, critica el carácter voluntario de estos pagos. “Lo que recibió el Estado, fue de la buena voluntad de las empresas. ¿De qué tipo de Estado estamos hablando? Los impuestos son un contrato social entre los agentes económicos y el Estado, y esto no puede ser voluntario”, reclama el investigador.

De la misma manera, empresas mineras como Montana Exploradora o Minera San Rafael se han acogido a la Ley de Maquilas, que les permite no pagar el Impuesto sobre la Renta sobre sus exportaciones. Sin embargo, también de forma voluntaria, han aceptado pagar estos tributos.

Con los convenios de regalías voluntarias, el Estado logró recuperar un poco más de las ganancias de las empresas mineras. Por ejemplo, la mina Marlin pagó al Estado Q35 millones en 2011, que subieron a Q94 millones en 2012.

Los mayores beneficiados por las regalías voluntarias, fueron las municipalidades.

Por ejemplo, la municipalidad de San Rafael Las Flores recibió un poco más de Q38 millones en 2015 por parte de la mina El Escobal. Su presupuesto, Q21 millones en 2013 alcanzó los Q60 millones en 2015 gracias a la mina. Seis municipalidades de Jalapa y Santa Rosa dentro del área de influencia de la mina recibieron por su parte Q4.2 millones. No obstante, algunos municipios decidieron rechazar estos ingresos mineros. Son Nueva Santa Rosa y Mataquescuintla, que podrían obtenerlos con solo firmar un convenio con la empresa minera.  

Del lado de la mina Marlin, la municipalidad de San Miguel Ixtahuacán pasó de recibir Q35 millones en 2011 a recibir Q85 millones en 2012 gracias a las regalías voluntarias. La muni de Sipacapa, que antes de las regalías voluntarias no recibía un centavo y sólo veía pasar los camiones cargados minerales por sus caminos, empezó a recibir unos Q6 millones anuales. Estas municipalidades cuentan con escasísimas fuentes de ingresos propios. Fuera de la minería, estos se limitan a la renta de puestos del mercado, tasas de agua potable y saneamiento, arrendamiento de algunos locales y terrenos.  Con lo cual, la entrada repentina de millones de quetzales a sus arcas, representó un cambio sustancial.

Según Obet Villatoro, director de servicios públicos de la municipalidad de San Miguel Ixtahuacán, la bonanza minera fue invertida en “salud, educación, desarrollo económico y programas de productividad” tales como apoyo a agricultores y caficultores. Sin embargo, admite: “Se intentó generar inversión, pero no se ha logrado”.

Pero ahora, el municipio marquense se encuentra frente al abismo: las reservas de oro de la mina están casi agotadas. Según Alfredo Gálvez, gerente de Montana Exploradora, Marlin debería cerrar operaciones entre diciembre 2016 y marzo 2017.

La extinción de la actividad minera significa para el gobierno municipal de San Miguel Ixtahuacán, una pérdida de unos Q50 millones anuales. Con el cierre de la mina, San Miguel Ixtahuacán se convertirá de nuevo en ese municipio olvidado, enclavado en las montañas de San Marcos, con opciones casi nulas para su desarrollo. Los diez años de minería, diez años de vacas gordas para la municipalidad y parte de su población, habrán sido un espejismo.

El cierre de la mina es inminente y Goldcorp ha puesto en venta todos los activos de Montana Exploradora. Como la ley no estipula ningún reglamento para el cierre, cómo será el territorio después de su partida es aún una incógnita.