Marco Antonio: El niño con el que el Ejército cobró venganza

“Yo no espero nada, no puedo hablar de esperanza”. Ana Lucrecia Molina Theissen, está sentada en los fríos escalones del edificio de tribunales. Espera, escéptica. Momentos después un juzgado de primera instancia ligaría a proceso penal a cuatro militares de alto rango retirados, acusados por la desaparición de su hermano Marco Antonio, secuestrado de su residencia en 1981, cuando tenía 14 años.

La suya y la de su familia ha sido una larga espera. Lucrecia, su mamá y sus dos hermanas han aguardado durante 34 años que se haga justicia y se revele quiénes son los responsables de la desaparición de Marco Antonio. El miércoles 13 de enero, tras una larga investigación del Ministerio Público, el Juzgado Quinto Penal consideró que existen indicios suficientes de que Francisco Gordillo, Edilberto Letona y Hugo Zaldaña, militares que en 1981 estuvieron asignados a la Brigada Militar de Quetzaltenango, cometieron delitos contra los deberes de la humanidad. Y que los tres, junto a Manuel Antonio Callejas Callejas, entonces director de la Dirección de Inteligencia Militar (G2), participaron en la desaparición forzada de Marco Antonio Molina Theissen. Los cuatro militares retirados fueron ligados a proceso penal y enviados a prisión preventiva mientras la Fiscalía de Derechos Humanos, en un plazo de dos meses, construye la acusación formal en su contra.

“Se está logrando justicia”, dijo conmovida Emma Theissen de Molina, la madre de Marco Antonio, al salir del tribunal.

El último recuerdo de Marco Antonio

Mediodía del 6 de octubre, 1981. Un picop se detiene frente a la casa de la familia Molina Theissen, en la colonia “La Florida”,  zona 19 de la capital guatemalteca. Llaman a la puerta y Marco Antonio —quien cursaba tercero básico en el colegio Guatemalteco-Israelí— abre. Eran tres hombres armados.

Uno de los hombres sube a la marquesina de la casa para vigilar desde ahí los movimientos de los habitantes de la casa y de sus vecinos, mientras los otros ingresan por la fuerza. Uno empuja y engrilleta a Marco Antonio; el otro sujeta a su madre a quien utiliza como escudo humano mientras recorre toda la casa. Con la boca sellada con cinta adhesiva el niño es retenido en un sillón de la sala.

Los intrusos cierran la puerta del patio, encierran a los perros y a la  mujer que ayudaba con los quehaceres de la casa. Revisan cuarto por cuarto; en uno encuentran un álbum con fotografías de Emma Guadalupe Molina Theissen, la hermana mayor de Marco Antonio. Arrancan algunas fotos y las guardan. Después de registrar todas las habitaciones, en una de ellas empujan hacia adentro a la mamá de Marco Antonio, pero ella logró salir y correr hasta la entrada para ver una última vez a su hijo, acostado en la palangana del picop, y un sujeto algo gordo sentado encima de él. La madre del menor también vio el número de la matrícula del vehículo en que se llevaron a su hijo: O-17675.

Ana Lucrecia no se encontraba en casa cuando todo aquello ocurrió.  Minutos antes había salido, contenta de contarles a su mamá y a su hermano que Emma Guadalupe, retenida por el Ejército nueve días antes, había escapado de sus captores.

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El secuestro de Marco Antonio fue considerado, por su familia y la Fiscalía, una venganza de los militares por la escapada de su hermana Emma Guadalupe de una base castrense.

La huida de su hermana

Mañana del 27 de septiembre, 1981. Emma Guadalupe Molina Theissen viste un pantalón de vestir y un sudadero de lana. Escondidos entre sus ropas hay dos periódicos de la Juventud Patriótica de Trabajo, otro del Comité Central del Partido Guatemalteco de Trabajo (PGT), y un “Documento Interno para Estudio y Discusión y Aplicación”. Viaja de regreso a Quetzaltenango, en donde vivía. El autobús en que viajaba fue obligado por un retén militar a detener su paso, a la altura de la Escuela Normal de Santa Lucía Utatlán, en Sololá. Emma Guadalupe pertenece al Comité Regional de Occidente del PGT.

Los soldados que paran el autobús, la registran minuciosamente y descubren los documentos que lleva entre sus prendas. La llevan hasta una casa abandonada, ubicada en las cercanías, en donde la interrogaron. Emma Guadalupe miente sobre su nombre. Los soldados la vendan, engrilletan y llevan a una instalación militar que no logra identificar. Durante al menos nueve días permanece engrilletada a los barrotes de una litera en al menos dos habitaciones distintas. Elementos del Ejército, vestidos de civil, la someten a interrogatorios violentos. La acusan de subversiva y le exigen que de información sobre otros integrantes del PGT. Le muestran fotografías de varios jóvenes, y le preguntan si los conoce, si son miembros de la Juventud del PGT. Le piden que delate casas, carros, nombres. Emma Guadalupe calla. Resiste.

Torturas. Golpes. Patadas. Descargas eléctricas. Agujas calientes en la cabeza y en los ojos. Violaciones simultáneas, colectivas. Hambre, sed.

La mentira del falso nombre dura apenas un par de días. Los oficiales de Inteligencia Militar descubren su verdadera identidad: “Usted es Emma Guadalupe Molina Theissen. Su familia vive en la colonia ’La Florida’. Usted fue novia de Julio César del Valle Cobar” —dirigente estudiantil torturado en 1980—, le increpan sus captores y le muestran fotografías en las que aparece retratada.

En la tarde del 3 de octubre de 1981, los militares ordenan a Emma Guadalupe que se bañe; le entregan ropa limpia, lentes oscuros, una peluca y un pañuelo. Cubren sus manos para que los grilletes no queden a la vista, y a bordo de una Land Cruiser, es llevada a hacer rondas por Salcajá y Quetzaltenango. Emma Guadalupe  reconoce la Zona Militar General Manuel Lisandro Barillas de Quetzaltenango como el lugar donde la recluyen. Emma no delata a nadie por lo que la regresan al cuartel.

Uno de los captores juega con su arma y se la ofrece para matarse. Emma Guadalupe la toma, apunta el cañón contra su cabeza, cierra los ojos, jala el gatillo. Un seco “clac” retumba en sus oídos. La pistola no estaba cargada.

Durante las dos noches siguientes nadie la visita a en su encierro.

Debilitada, con 20 libras menos, Emma Guadalupe saca fuerzas de la flaqueza y logra zafarse de los grilletes. Una ventana abierta, seguramente por descuido de sus vigilantes, le permite escapar. Salta al pasillo, pasa por el auditorio, varios militares la ven pasar. Camina hasta llegar al puesto de control de la sede militar. El vigilante le pregunta con quién estaba. “Con el canche pelón”, responde. El guardia la confunde con una las prostitutas que acostumbraban llevar al lugar, y Emma Guadalupe aprovecha la confusión para salir. Toma un taxi que la lleva a casa de unos amigos suyos, también militantes del PGT, en donde se refugia.

Ana Lucrecia, su hermana, es la primera en enterarse de que Emma Guadalupe había escapado y que se encontraba a salvo. Viaja a casa de su familia para darle la buena nueva a su madre.

“Hablé con mi hermano también”, dice Ana Lucrecia al recordar ese 6 de octubre de 1981. “Le llevaba unos casetes le gustaba mucho la música: Bee Gees, Pink Floyd, ese tipo de música”. Marco Antonio también estaba feliz. “Qué buza, que valiente mi hermana”, se enorgulleció al escuchar la noticia.

Emma Guadalupe huyó a México para ponerse a salvo, y luego se exilió en Costa Rica. Es ingeniera en Sistemas. No regresó a Guatemala para estar en el inicio del proceso judicial en contra de los señalados por la desaparición de su hermano y su captura ilegal. Un peritaje psicológico advierte sobre los riesgos que volver al país supondría para su salud mental. Quiso constituirse como querellante adhesiva en el caso, pero por carecer de documentos legales que certifiquen su existencia en Guatemala tuvo problemas para hacerlo. La jueza del tribunal Quinto de Primera Instancia, Judith Secaida, aceptó de forma provisional que sea representada en el proceso por su madre, Emma Theissen de Molina, a pesar de oposición de los abogados de los militares.

El testimonio de Emma Guadalupe es la goma que termina de pegar la acusación que el Ministerio Público presentará en contra de los procesados.

La búsqueda

Los padres de Marco Antonio le buscaron el mismo día que fue secuestrado por los militares, como prueba el Archivo Histórico de la Policía Nacional. 

La intensa búsqueda llevó a la familia del niño por la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio de Defensa, los hospitales, las iglesias. Incluso con tramitadores que ofrecían tener contactos con militares para realizar canjes.

Los Molina Theissen eran una familia de clase media. Carlos, el papá de Marco Antonio, ya fallecido, era contador, y Emma, su madre, maestra de escuela pública. Además del hijo que les desaparecieron tuvieron tres hijas: María Eugenia, Ana Lucrecia y Emma Guadalupe. La familia estuvo involucrada en asuntos públicos y de participación política. Carlos Molina fue detenido y expulsado de Guatemala en 1955 y 1960, por oponerse al gobierno militar instaurado tras el golpe de Estado de 1954 encabezado por Carlos Castillo Armas. Ana Lucrecia fue dirigente estudiantil, de magisterio y del Comité de Occidente del PGT. María Eugenia trabajó en la Universidad de San Carlos y se casó con un exdirigente estudiantil. Emma Guadalupe militó en la Juventud Patriótica del Trabajo, junto a su entonces novio, Julio César del Valle. Fue detenida en 1976 cuando tenía 15 años, mientras realizaba un censo en un asentamiento de la ciudad, luego del terremoto que ese año sacudió el país. Cuatro años después mataron a su novio, quien apareció torturado y baleado dentro de un automóvil. Luego de ello se mudó a Quetzaltenango.

Ambos padres renunciaron a sus trabajos para dedicar todos sus esfuerzos a encontrar a su hijo. Agotados, recurrieron a la justicia internacional. “Pero nunca abandonamos la decisión de continuar ante la justicia guatemalteca”, explica la hermana del desaparecido. La familia que ha esperado una respuesta por 34 años, continúa el largo camino en un proceso judicial que avanza de a pocos.

Aunque los supuestos responsables intelectuales de la desaparición ya han sido capturados y se ha iniciado el proceso judicial en su contra, aún se desconoce dónde se encuentran los restos de Marco Antonio.

En el año 2000, el Estado de Guatemala aceptó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), su responsabilidad en la desaparición de Marco Antonio. En 2004, la CIDH ordenó que Guatemala investigara la desaparición forzada del menor y ubicara sus restos. La familia Molina Theissen recibió de parte del Estado guatemalteco 698 mil dólares en concepto de reparaciones, que contemplaban los gastos en los que incurrieron tanto para los procesos judiciales como para cuidados psicológicos, así como por el por daño inmaterial, patrimonial, emergente y la pérdida de ingresos que sufrieron como consecuencia de la desaparición de Marco Antonio.

“Recibir dinero por un niño desaparecido es de lo peor que me ha tocado vivir”, dice Ana Lucrecia. Describe la experiencia emocional como “durísima”, porque sentía que hacía una transa monetaria: la familia por una suma de dinero. Para aquellos que le dicen que lo que en realidad busca es dinero, Ana Lucrecia tiene una respuesta: “No. Quiero a mi hermano, y si no puedo eso, quiero justicia y que me devuelvan sus restos”. “Es muy cruel, muy injusto, muy perverso, que sea uno, que quiere a quien ha desaparecido… quien tenga que matarlo”, dijo ante la CIDH sobre la esperanza de encontrarle, aunque sea muerto.

Una escuela pública del municipio de Villanueva lleva el nombre del niño desaparecido. Su madre y su hermana, ambas maestras, vieron el gesto con ilusión.

Desde 1997 la ruta que siguieron para buscar a Marco Antonio es mucho más clara. Con la paz firmada y una democracia estable, la familia Molina Theissen interpuso ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) un recurso de exhibición personal a favor de Marco Antonio, que no tuvo respuesta positiva. Un juzgado de Mixco ordenó que los ministerios de Defensa y Gobernación respondieran si tenían información del niño que a esta altura ya tendría 30 años. Ninguno de los Ministerios tenía algún dato sobre Marco Antonio.

En 1998 se inició un procedimiento de averiguación especial ante la CSJ, con la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) como responsable. La PDH intentó citar a los mandos altos de cuando fue el rapto, sin mayores frutos, desde el presidente Romeo Lucas García; el jefe del Estado Mayor del Ejército, Benedicto Lucas; y así por cuatro oficiales más hasta llegar a uno de los sindicados en 2015: Francisco Luis Gordillo Martínez, comandante del cuartel Manuel Lisandro Barillas de Quetzaltenango en 1981.

Es por esas pesquisas previas que los abogados defensores de los cuatro militares señalan al Ministerio Público de tener una ventaja de muchos años para juntar las pruebas que ligarían a proceso a los tres militares de la Brigada de Quetzaltenango: Francisco Luis Gordillo Martínez, comandante; Edilberto Letona Linares, segundo comandante y Hugo Ramiro Zaldaña Rojas, el oficial de Inteligencia (S-2) del Estado Mayor; y al Director de la Sección de Inteligencia (G-2) Manuel Antonio Callejas Callejas. La investigación de la Fiscalía —que incluye peritajes militares, archivísticos, psicosociales y en derechos humanos; así como testimonios— comenzó hace 10 años, luego de que la CIDH ordenara averiguar sobre los responsables de la desaparición de Marco Antonio.

El dedo que apunta a los militares

En la audiencia de primera declaración, el MP señaló a Gordillo Martínez, Zaldaña Rojas y Letona Linares como responsables de los delitos de desaparición forzada, violación agravada y delitos contra los deberes de humanidad, por lo sucedido a Marco Antonio y a su hermana Emma Guadalupe. Callejas Callejas solo fue acusado del delito de deberes contra la humanidad.

La teoría de la Fiscalía es que desde la Zona Militar de Quetzaltenango, los supervisores debieron estar al tanto de la detención de Emma Guadalupe, y que conocieron sobre las torturas a las que fue sometida pero no las denunciaron. Tampoco pusieron a la víctima ante un juez, como establece el procedimiento legal de capturas. Al enterarse de la fuga de Emma Guadalupe, el jefe de inteligencia Militar, Manuel Antonio Callejas Callejas, ordenó un operativo para recapturarla, el cual incluyó el secuestro de Marco Antonio con la posibilidad de canjearlo por su hermana.

Las pruebas presentadas por la Fiscalía de Derechos Humanos, la base por la que los sindicados fueron ligados a proceso por el Juzgado Quinto, son los testimonios Emma Guadalupe, y de su madre, Emma Theissen de Molina, que fueron recopilados en 1999, 2006, 2011 y 2013; así como una fotografía robótica basada en sus descripciones; el Manual de Guerra Contrasubversiva —publicado por el Ejército para la formación militar—, documentos del Archivo General de Centroamérica y el Archivo Histórico de la Policía Nacional; el Plan de Campaña Victoria 82 y oficios del Ministerio de Defensa, del Estado Mayor del Ejército y del Ministerio de Gobernación; y un peritaje psicosocial realizado en 2014.

El Juzgado también dio validez a un peritaje militar realizado por el general peruano Rodolfo Robles Espinoza, que señala que “el comandante es responsable de lo que haga o no haga su comando”, según la doctrina militar, como defendieron ante la jueza Judith Secaida los fiscales Erick de León y Jerome Hernández.

“Si se basan en cadena de mando militar, el Presidente y Ministro de Defensa de entonces también deberían de estar acá”, alegó José Anaya, abogado que defiende a Callejas Callejas. El peritaje militar, indicaron los defensores, no puede ser válido, porque Robles es un general peruano que no conoce sobre Guatemala.

Según el MP, el Manual de Guerra Contrasubversiva del Ejército, explica cómo la teoría del enemigo interno se enseñó en las estructuras militares del Estado y que tanto Emma Guadalupe —una joven involucrada en el movimiento estudiantil y el PGT— como su hermano, Marco Antonio, fueron considerados como tales.

Emma Guadalupe reconoció en la foto de Hugo Ramiro Zaldaña el rostro del oficial que la engrilletó, dijo el MP. ¿Cómo es posible que primero diga que le vendaron los ojos y luego reconozca a quien supuestamente la engrilletó?, contraatacó la defensa.

En 1981 Zaldaña Rojas, era el oficial S-2 del Estado Mayor en la Zona Militar de Quetzaltenango; luego fungió como segundo comandante en las zonas militares de Playa Grande Ixcán (1986) y Jalapa (1987). En 1999 fue sindicado por falsificar placas para vehículos.

De los cuatro militares retirados, sólo Edilberto Letona aceptó declarar en la audiencia. Las preguntas que hizo Alejandro Rodríguez,  el abogado de la querellante adhesiva, intentaron probar que Letona, como supervisor, era responsable de lo que ocurrió en la Zona Militar Manuel Lisandro Barillas de Quetzaltenango.

—¿Ha oído hablar del derecho internacional humanitario?

—Yo creo que cualquier persona ha oído eso, aunque no sea militar.

—En 1981, ¿en Guatemala había un Conflicto Armado Interno?

—Por supuesto.

—¿Era obligatorio observar las leyes de la guerra durante ese conflicto?

—Siempre fue obligatorio respetarlas. Pero era un “conflicto”.

—Como jefe de la plana mayor ¿tenía que supervisar el cumplimiento de las leyes que regulan la guerra y los conflictos?

—Eso no era de mi incumbencia.

* * *

A partir de 1981, la carrera militar de los ahora sindicados fue en ascenso.

Edilberto Letona Linares pasó de ser el segundo comandante en la Brigada de Quetzaltenango, a comandar la Brigada Militar Mariscal Zavala (1983), lugar en donde actualmente se encuentra encarcelado. En 1984 ascendió a General de Brigada y en 1987 fue nombrado jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional. Ese mismo año fue dado de baja.

Francisco Luis Gordillo fue miembro de la Junta Militar de Gobierno que en 1982 llevó al poder a Efraín Ríos Montt. Durante ese gobierno de facto fungió como Ministro de Comunicaciones. El día del golpe, el 23 de marzo de 1982, el coronel Gordillo se encontraba vestido de uniforme camuflado, a la par de Ríos Montt. Treinta y tres años después, el lunes 11 de enero, los procesos judiciales de ambos militares por delitos contra la humanidad iban a la par en los tribunales nacionales, avanzando —en el caso de Gordillo—, o dando vueltas en círculos, en el caso de Ríos Montt.

Manuel Antonio Callejas Callejas dejó la Dirección de Inteligencia Militar en 1982. En 1986 fue nombrado subjefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional, y jefe del Estado Mayor Presidencial al año siguiente.

Cuando el fiscal del MP comenzó a señalar a Callejas Callejas, tuvo que hacer una lista de seis combinaciones de su nombre, sus apellidos, sus iniciales, separados o no por una “y”. Su nombre aparece registrado en documentos de diferentes maneras, y aunque es considerado uno de los “oficiales duros” de la contrainsurgencia, también se le conoce como creador y fundador de la estructura criminal conocida como “La Cofraída”, que desde la década de los 80, a partir del poder que  concedía el Ejército, se dedicó a saquear el Estado.

La mera mención de la palabra “Cofradía” dentro del Ejército invoca la idea de un “club de inteligencia”, una columna vertical de oficiales de inteligencia, señala un documento desclasificado del Estado Mayor Conjunto en Washington por el National Security Archive que denomina a Callejas Callejas como “el obispo de la Cofradía”.

El cable “Corrupción en el servicio de aduanas guatemalteco” del Departamento de Defensa de Estados Unidos cuenta que Callejas colocó a oficiales en puestos clave de aduanas cuando fue director general de dicho ente.

Agentes especiales de la DEA detectaron en 1986 que oficiales de Guatemala colaboraban con el trasiego de drogas por las aduanas, según documentos obtenidos por la ley de acceso a la información pública de Estados Unidos. En los nueve años siguientes, estos agentes detectaron al menos 31 oficiales en servicio traficando drogas.

En 2002, la administración de Bush sancionó a los militares guatemaltecos que creía que participaban en el tráfico de drogas. “La visa del exjefe de inteligencia de Guatemala, Francisco Ortega Menaldo, fue revocada”, confirmó el portavoz del Departamento de Estado. Ocho meses después, Estados Unidos también revocó la visa a Callejas Callejas.

El futuro del caso

La jueza Judith Secaida ligó a proceso penal a Francisco Gordillo, Hugo Zaldaña y Edilberto Letona por los delitos contra deberes de la humanidad. La judicatura coincidió con la defensa de los sindicados al considerar que ninguna prueba indica que cometieron el delito de violación sexual en contra de Emma Guadalupe, por lo que declaró falta de mérito por ese señalamiento. Pero eso, matizó Secaida, no impide que la Fiscalía recabe las pruebas para demostrarlo en el futuro.

Callejas Callejas y Hugo Zaldaña fueron ligados a proceso por desaparición forzada, un delito continuado mientras que Marco Antonio no aparezca y que por lo tanto, aunque no estaba tipificado en 1981, sí se puede aplicar al caso.

La Fiscalía de Derechos Humanos tiene dos meses para continuar la investigación. El 11 de marzo debe presentar el acto conclusivo del caso y la audiencia de etapa intermedia se programó para el 22 de marzo.

El viernes 15 de enero el MP tenía previsto presentar a la CSJ sus argumentos para que este caso se traslade a un Juzgado de Alto Riesgo, pero la audiencia fue suspendida a última hora. Aún no hay fecha para el seguimiento.

Mientras esto sucede, los militares continuarán en la prisión recién inaugurada y con pocos controles, en la Brigada Mariscal Zavala, en donde hace muchos años uno de ellos era el comandante.