Juicio Molina Theissen: las conclusiones

El debate oral y público en contra de Manuel Benedicto Lucas García, Manuel Antonio Callejas y Callejas, Francisco Luis Gordillo Martínez, Edilberto Letona Linares y Hugo Ramiro Zaldaña Rojas, superó la fase de conclusiones. Casi tres meses después de haber iniciado y luego de una interrupción a principios de mayo por la recusación al presidente del Tribunal, Pablo Xitumul, (denegada por una Corte de Apelaciones), los jueces se preparan para emitir la sentencia.

Los militares en situación de retiro, que tenían puestos de dirección en el Ejército a principios de los 80, escucharon el lunes 14 de mayo cuando el fiscal Erick de León solicitó que los declaren culpables y les impongan las penas máximas contempladas en el Código Penal.

Por delitos contra los deberes de la humanidad, 30 años. Por violación con agravación de la pena, incrementada en dos terceras partes, porque fue cometida por un funcionario, 20 años. Por desaparición forzada, 40 años.

Lucas, Callejas y Zaldaña, están acusados por los tres delitos, mientras que a Gordillo y a Letona se les imputan los dos primeros. Los querellantes se sumaron a estas peticiones, mientras que los defensores tomaron su turno el jueves 17 y el lunes 21 de mayo para emitir sus conclusiones y desacreditar las pruebas, peritajes y testimonios. Aseguran que no hay evidencia de la participación de los detenidos en los hechos, y más que eso, que no se comprobó que hayan ocurrido. A los jueces les corresponde analizar todos los planteamientos y tomar una decisión.

La familia denuncia que en 1981 Emma Guadalupe Molina Theissen fue capturada por el Ejército, cuando le encontraron documentos de la guerrilla. Después de nueve días de torturas logró escapar. En venganza, aseguran los familiares y el MP, el Ejército llegó a la casa y secuestró y desapareció al hermano menor de Emma Guadalupe. 

Planes militares, testimonios y peritajes

El fiscal Erick De León, que dirige la Unidad de Casos Especiales del Conflicto Armado Interno de la Fiscalía de Derechos Humanos, ha sido el encargado de presentar la acusación. En las conclusiones aseguró que los planes militares, los documentos encontrados en el Archivo Histórico de la Policía Nacional y los que fueron incautados en las casas de dos de los cinco acusados, más el análisis de esa información, sustentaban el relato de Emma Guadalupe Molina Theissen.

La fiscalía apoyó la investigación en el Manual de Guerra Contrasubversiva, el Manual del Oficial del Estado Mayor y el Manual de Inteligencia de Combate. Esos escritos fueron la doctrina militar vigente a inicios de los 80, de acuerdo con la presentación del MP.

No obstante que los cinco militares han negado haberlos utilizado, para la parte acusadora son la evidencia de que el Ejército dio instrucciones para combatir “al enemigo”, representado por los grupos subversivos.

De acuerdo con el Manual de Guerra Contrasubversiva, todo aquel que pensara distinto a las autoridades de turno, era considerado “enemigo interno”, y por ende Emma Guadalupe “era objeto de represión, lo que conllevó a varias violaciones de sus derechos humanos” explicó De León.

Los manuales fueron analizados por varios peritos, entre ellos la socióloga argentina Julieta Rostica, el historiador canadiense Mark Doruin, el sociólogo guatemalteco Héctor Rosada y el militar peruano Rodolfo Robles, quienes argumentaron la cadena de mando en el Ejército. En general, la conclusión de los peritajes fue que las instrucciones eran giradas desde el alto mando y obedecidas sin objeción por los subalternos. Y que lo que hacían los subalternos era siempre notificado a los superiores.

La fiscalía asegura que las pruebas evidencian ocho hechos: la detención de Emma Guadalupe en un operativo militar en el área de Nahualá, Sololá, el 27 de septiembre de 1981; su traslado a la sede militar de Quetzaltenango, el interrogatorio con torturas. Los abusos sexuales durante nueve días; la fuga, el operativo de búsqueda para encontrarla, el rapto de su hermano Marco Antonio y la lucha de la familia por encontrarlo.

Las piezas que amarran esta secuencia inician con un documento que, según un grafólogo propuesto por el Ministerio Público, está firmado por Benedicto Lucas el 22 de octubre de 1981. La nota instruye a continuar con los operativos establecidos por su antecesor, en la jefatura del Estado Mayor del Ejército, para el registro de vehículos los fines de semana. Emma Guadalupe asegura que fue detenida un domingo, mientras viajaba en un bus de Guatemala hacia Quetzaltenango.

El MP reportó que en la casa de Gordillo fueron incautados documentos con el plan de operaciones de la Brigada Militar Manuel Lisandro Barillas, para  poner en marcha esos operativos vehiculares. También fueron ubicados reportes con el detalle de la detención de Margarita Chapetón, identidad falsa que usó Emma Guadalupe durante su captura.

El fiscal De León mencionó que en un reporte del medio radial Guatemala Flash, Gordillo reporta la incautación de medicamentos en Sololá. La fiscalía señala que esta es la prueba que indica que la base militar de Quetzaltenango tenía jurisdicción en el área en donde Emma Guadalupe fue detenida.

Tanto Gordillo como Letona, que era su segundo al mando en la sede militar, “tuvieron conocimiento” de lo que ocurría en las instalaciones militares. Y, “con una simple orden” pudieron detener los abusos que se cometían en contra de la víctima, aseveró el fiscal.

Los peritajes psicológicos que el perito mexicano Jorge de La Peña le realizó a Emma Guadalupe, indican que los daños psicológicos y físicos persisten debido a las torturas (choques eléctricos, violencia psicológica e intimidaciones) y los abusos sexuales que padeció hace casi 37 años (ella dijo que la violaron en dos ocasiones, una de ellas fue por un grupo de soldados ebrios).

El MP y los fiscales presentaron siete testigos con identidad reservada, que aseguraron haber identificado a Emma Guadalupe cuando el Ejército la trasladaba en un vehículo Bronco, blanco, por las calles de Quetzaltenango, y otros que la ayudaron cuando se fugó.

Uno de esos testigos dijo haber sido integrante de la inteligencia militar, y narró los mecanismos de tortura que aplicaban para obligar a los detenidos a revelar información de sus organizaciones clandestinas. Este hombre aseguró que vio a sus compañeros violar mujeres.

Zaldaña era el encargado de dirigir los interrogatorios en la base militar de Quetzaltenango, y era su obligación trasladar los reportes en menos de 24 horas a Callejas, que era el superior y jefe nacional de la Inteligencia Militar, seguía en su explicación el fiscal De León.

El fiscal sostuvo ante el Tribunal que Zaldaña tuvo que recibir instrucción y autorización de Callejas para viajar a la capital, con el objetivo de buscar a Emma Guadalupe, ya que era el responsable de su fuga. Callejas y Callejas “ordenó la recaptura (de ella) y posterior desaparición de Marco Antonio Molina Theissen” concluyó.

Emma Theissen Álvarez, madre de Emma Guadalupe y Marco Antonio, reconoció a Zaldaña al inicio del juicio, como uno de los hombres que llegó a su casa en la zona 19 el 6 de octubre de 1981 para llevarse a su hijo.

Exhibiciones personales, cartas a autoridades gubernamentales y comunicados de prensa, se integraron como prueba de la búsqueda del joven Marco Antonio.

Al cierre de su intervención, el fiscal señaló que “Lucas, como jefe del Estado Mayor del Ejército era el responsable del mando, organización, instrucción, disciplina y conducta del Ejército de Guatemala”. Bajo su mando, agregó el acusador, “ocurrieron violaciones a los derechos humanos y se violentó el Pacto de San José (Convención Americana de Derechos Humanos, firmada por Guatemala)”.

Ante las evidencias, la fiscalía y los querellantes han solicitado que los cinco acusados sean declarados culpables. La culpa no es solo por los delitos de acción, sino por no haber “corregido la conducta de sus subordinados” dijo De León.

Al final de la audiencia del 21 de mayo, Emma Theissen, la madre de Marco Antonio, tomó unos minutos para pedir justicia para su hijo: "No tenian el derecho de llevarse a mi hijo. Un niño de apenas 14 años. Sólo gente malvada pudo hacer esto en Guatemala, porque no fue sólo mi hijo. Yo pido que todo eso sea visto por ustedes y castigado de la manera en que debe ser. Y específicamente yo acuso al señor Zaldaña Rojas como quien se llevó a mi hijo. Y que nos digan donde están sus restos. Antes no podía hablar, antes solo lloraba ante esto tan terrible. Pero me he llenado de fuerza y quiero pedir que esto no vuelva a ocurrir. Son más de 45 mil desparecidos, 5 mil niños". 

La defensa de los militares: las pruebas no demuestran la culpabilidad de los acusados

Los cinco abogados defensores han enfocado sus esfuerzos en demeritar el valor de las pruebas, testigos y peritajes.

Waldemar Leonardo, defensor de Zaldaña, argumentó que lo único que se había podido probar era que su defendido sí prestó servicios en la Brigada Militar de Quetzaltenango. De lo demás, la captura, las violaciones, torturas y el escape de Emma Guadalupe y la desaparición de Marco Antonio, “no hay evidencia” dijo.

Refutó los planes militares, a los que llamó “un POA, (Plan de Organización Administrativa según su descripción)” que no eran ley dentro del Ejército, que estaban en constante cambio y que no fueron seguidos por Zaldaña.

Argumentó que los peritajes realizados por extranjeros no fueron validados por el sistema legal guatemalteco, por lo que no podían ser tomados en cuenta. Criticó la idoneidad del militar peruano Robles, porque no conoció la realidad del Ejército guatemalteco, nunca visitó el país en la época de los acontecimientos que se juzgan y solo usó bibliografía de una corriente de pensamiento para presentar sus análisis.

“Sin que yo considere que estamos haciendo una cuestión ideológica, considero que necesitaban un experto militar que comulgara con la corriente de pensamiento de la apreciable aparente agraviada y la familia Molina Theissen” cuestionó.

El abogado usó extractos de los libros Soldados en el Poder, de Rosada; la biografía del asesinado secretario de la Asociación de Estudiantes Universitarios, Oliverio Castañeda de León, de Ricardo Sáenz de Tejada y El rector, el coronel y el último decano comunista de los periodistas Asier Andrés y Pilar Crespo, editado por Plaza Pública, para explicar el contexto militar desde finales de los 70 y contradecir a los testigos.

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Señaló que no era posible que, como dijo una testigo, alguien ajena a la militancia de la Juventud Patriótica del Trabajo (JPT) o el Partido Guatemalteco del Trabajo (PGT), fuera elegida para esconder a Emma Guadalupe después de su fuga. Añadió que le parecía increíble que, además, esta persona no le hubiera dado “ni siquiera una gasa con agua oxigenada” para tratar la hemorragia que debía provocar una violación.

Citó el libro Oliverio para indicar que los vehículos blancos, marca Bronco (como el que un testigo aseguró que llevaba a Emma Guadalupe) eran utilizados por el Ejército Secreto Anticomunista y no por el Ejército de Guatemala, que usaba los jeeps excedentes del ejército estadounidense.

El abogado, quien fue el que más se extendió en su presentación, recalcó que no había pruebas para asegurar que su defendido hubiera participado en la violación de Emma Guadalupe. Más que eso, que de acuerdo con los argumentos del consultor técnico, el forense Edwin Marino, era imposible comprobar la violación porque nadie le practicó un análisis médico a la víctima. Y le pareció  imposible que al no haber comido y apenas tomado agua durante nueve días, hubiera sobrevivido y pudiera saltar por una ventana para escapar, como ella relató.

Refirió que esa misma duda fue señalada por el perito Héctor Rosada, cuando dijo que la fuga “era muy rara”.

Emma Guadalupe declaró que había bajado tanto de peso que logró zafarse los grilletes. Subió a una de las literas para alcanzar una ventana, saltó al otro lado, regresó por los zapatos y volvió a salir por el mismo sitio, porque la puerta estaba con llave. Caminó por la sede militar y salió a pie por la garita principal, en donde solo había un soldado vigilante que la confundió con prostituta y la dejó salir. Rosada dijo que era evidente que toda la “línea de inteligencia en ese lugar estaba fallando”.  

Después de dos llamados para que concluyera su presentación, Leonardo cuestionó que se le creyera a un testimonio no verificado. Y que la señora Emma Theissen Álvarez pudiera recordar e identificar al Zaldaña de 1981 como el mismo de 2018.

En un discurso similar, Alejandro Arriaza, defensor de Gordillo, criticó que el MP no hubiera determinado el lugar exacto o elaborado planimetría de la detención de la víctima. Porque solo refirió que fue a la altura de Nahualá, Sololá. También señaló que un informe del Insivumeh al que tuvo acceso, indicaba que el día de la “supuesta fuga” la temperatura estaba bajo cero, lo cual, sumado a las condiciones físicas de la querellante, hacían “inverosímil” el relato de su escape.

Criticó que se hubiera confiado a un psicólogo extranjero el análisis de la agraviada, en lugar de encomendar el trabajo al Instituto Nacional de Ciencias Forenses, Inacif. Esto también fue señalado por la consultora técnica de la defensa, Karin Leal, quien aseguró que el perito Jorge de la Peña, nunca presentó ante el Tribunal los resultados de las pruebas psicológicas que le realizó a Emma Guadalupe durante su visita a Costa Rica.

Arriaza también señaló fallos en la prueba. La calificó de “inadmisible” porque los peritajes fueron elaborados antes del 6 de enero de 2016, cuando los militares retirados, hoy acusados en este caso, fueron detenidos.

Arriaza cuestionó a la familia y al MP por no haber presentado el testimonio de la empleada doméstica que estuvo presente cuando secuestraron a Marco Antonio. “No la trajeron porque no les convenía” aseguró.

Por la defensa de Letona Linares, se escuchó la postura del abogado José Luis Alejos. El jurista se enfocó en dos puntos: la contradicción en la acusación del MP, porque al inicio se le endilgó a Letona que tuvo conocimiento de los hechos que se juzgan y después, se dijo que “debió tener conocimiento”.

Aseguró que en los peritajes militares de Rosada y Robles, nunca se mencionó que el segundo comandante de la brigada de Quetzaltenango tuviera conocimiento de los eventos denunciados.

“La misma supuesta víctima dijo que no muchos sabían de su detención. En Costa Rica ella dijo <no todo el mundo me había visto>. Si le damos credibilidad a las declaraciones de la supuesta víctima, ella misma exculpa a mi defendido y si no creemos, no se le puede dar credibilidad a nada de lo que dijo” remarcó.

Alejos recordó que Emma Guadalupe no denunció los vejámenes que sufrió ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y que aunque ella dijo que era para no revictimizarse, en realidad era una evidencia de “la carencia pruebas, por ser falsa esa versión”. Antonio Anaya, a cargo de la defensa de Callejas y Callejas, se sumó a rechazar el informe del militar peruano, Rodolfo Robles. “Él fue expulsado del Ejército de Perú. No llena requisitos de discernimiento del cargo y no es idóneo”.

De la fuga de Emma Guadalupe, describió que era imposible que alguien de la estatura de Emma Guadalupe (la cual no se ha mencionado en ninguno de los informes) pudiera saltar 1.50 metros, que es la altura de una litera, según los cálculos del abogado. Eso es increíble, y que regresó por los zapatos, es imposible”.

Anaya volvió a hacer referencia a la ausencia de la empleada doméstica de los Molina Theissen. “Dicen que Marco Antonio abrió la puerta y que a la señora que hacía los oficios domésticos la dejaron encerrada afuera”. El nombre de esta mujer no está claro. El abogado dijo que tenía dos registros, el de María Idalia García y el de Juana Bajan. Ni el MP ni los querellantes han dicho su nombre.

Además de criticar a los peritos y sus informes, porque en algunos casos no hacían referencia a lo que se juzgaba, señaló que se perdió la cadena de custodia de los documentos incautados a su patrocinado.

Dijo que en la acusación, el MP se ha referido que Callejas y Callejas “debió” saber, conocer, impedir los hechos. Pero que no hay evidencia de que él cometió un hecho. Incluso dijo que cuando ocurrió la violación, Callejas y Callejas estaba en la capital y no en Quetzaltenango.

¿Quién se llevó a Marco Antonio Molina Theissen?

¿Fue el Ejército o fue el PGT? La interrogante fue planteada ante el Tribunal por el abogado Jorge Lucas Cerna, defensor e hijo de Benedicto Lucas. El jurista presentó sus conclusiones este lunes 21 de mayo, con su padre observando a varios kilómetros de distancia, en el Centro Médico Militar, a través de videoconferencia por quebrantos de salud.  La defensa de Benedicto Lucas no se enfocó en negar todos los hechos. Lo que hizo fue cuestionar la declaración de la víctima y los peritajes, y pedir que le dieran validez a otros.

Lucas Cerna empezó con la cronología. Argumentó que el lugar en donde Emma Guadalupe ha dicho que la capturaron, no era la jurisdicción de la base militar de Quetzaltenango sino de Quiché. Al leer extractos de la declaración en anticipo de prueba de Emma Guadalupe, dijo que había cambiado su versión de los abusos sexuales. Porque primero había dicho que ocurrió un miércoles, cuando más de 10 soldados habían roto el candado en donde la tenían encerrada y luego aseguró que fue otro día y por órdenes de un oficial.

Si en caso ocurrieron los abusos, aseguró, "no está probado que (Benedicto) fue informado". Citó a la perito Claudia López David quien, según Lucas Cerna, explicó que el artículo 86 inciso 2 del Protocolo Adicional número 1 a la Convención de Ginebra, indica que se debe probar la responsabilidad de los superiores por actos cometidos por sus subordinados. Situación que ocurrió en la guerra de Vietnam.

Dijo que "es poco creíble" la fuga de Emma Guadalupe. Porque no se podía creer que en sus condiciones de salud pudiera saltar una pared de más de tres metros de altura. Por ello aseguró que era más probable que el Ejército la hubiera dejado libre y que haya sido el PGT el que raptó a Marco Antonio.

El abogado señaló que los peritajes de Rosada y Robles se contradecían al explicar la cadena de mando. Y pidió que otros, elaborados por extranjeros, no fueran tomados en cuenta por no contar con los pases de ley.

Antes de pedir que se declarara inocente a Benedicto Lucas, y que lo dejaran en libertad, resaltó que los manuales citados como prueba demostraban que el Estado Mayor del Ejército debía ser informado periódicamente, pero no que se hubiera cumplido con esta guía. "Todo son presunciones" aseguró.

La familia Molina Theissen no asistió a la presentación de ninguna de las conclusiones de la defensa, pero volvieron a la sala al concluir Lucas Cerna, el último de los defensores que tomó la palabra. Allí tomaron unos minutos para reafirmar sus declaraciones.

Emma Guadalupe dijo: "Son hechos ciertos. Son responsabilidad de los acusados muy particularmente del señor Zaldaña. Quiero ratificar el hecho de mi fuga, como un hecho que no es raro, es rarísimo porque sino no hubiera habido 45 mil desparecidos en este país. No me mataron pero sí destruyeron mi vida. Hubo años en los que no me consideraba merecedora de mi vida, que vivía la vida de mi hermano. Que mi fuga se convirtió en el peor error de mi vida. Porque significó el secuestro de mi hermanito. He vivido llena de dolor y asco como no tienen idea, profanaron mi cuerpo y eso me va a a compañar toda la vida. Saco las fuerzas del amor de mi padre que, aunque fue muy distante, alcohólico, nunca violó a ninguna mujer. Saco fuerzas de mi madre y hermanas que han buscado justicia.  Este proceso nos ha dado la oportunidad de decir la verdad, de contar lo que nos pasó. Finalmente quiero decirles a los acusados que les devuelvo la vergüenza, el terror. No puedo deshacerme del dolor. Los dejo con su odio porque se necesita mucho odio para hacer lo que nos hicieron. Merezco justicia. Espero que tengan un poquito de honor y nos digan dónde está Marco Antonio".

Mientras hija y madre declararon, Benedicto y Zaldaña evitaban verlas. Uno tenía la mirada en el suelo y el otro en el techo. Al cierre, el Tribunal le concedió la última palabra a los acusados. Lucas, vestido con bata, lo hizo desde el hospital. Callejas, Gordillo y Letona salieron de la celda para tomar el micrófono. Refutaron los hechos, los peritajes, se quejaron de lo oneroso del proceso para sus bolsillos y de sus familias y por sumar dos años detenidos. Callejas se quejó de la intervención de la CICIG en el caso. El Tribunal suspendió la sesión sin darle la palabra a Zaldaña. Convocó para el 22 de mayo para seguir el proceso. Después de escuchar a Zaldaña, a los jueces les corresponde deliberar y emitir una sentencia.