Miguel Martínez, el celador de Giammattei, pierde su centro
Miguel Martínez, el celador de Giammattei, pierde su centro
Del anonimato al escrutinio riguroso, y de la nada a un peso en el gobierno semejante al de un superministro que gestiona el Gabinete, solo superado, en ciertos aspectos, por el de Leyla Lemus, la secretaria general. Miguel Martínez, el funcionario más allegado al presidente Giammattei, con quien la relación es personal y de negocios, hace de vigía: es un celador de las prioridades de su jefe. Se ha hecho fuerte en el Centro de Gobierno, la atalaya desde la que instruye, coordina y presiona. Y ahora, en medio de la primera gran crisis de legitimidad de su mandato, el mandatario, visiblemente contrariado, ha anunciado que lo cerrará. El joven ingeniero perderá su centro. ¿Perderá, también, su cetro?
La avenida en la que descansa la residencia está dormida o muerta. No hay casi movimiento. Apenas unas personas la transitan, otras aguardan su momento para entrar en un juzgado vecino. A los lados de la casa hay inmuebles en los que sobreviven algunos vestigios de las elecciones pasadas. Hay un predio. Su pared exhibe ruinosa el logo del partido de Giammattei, Vamos. Hay una tienda. Tiene el piso de tierra, postes de madera, pared de lámina. En su desportillada pintura se intuyen los restos de la campaña del partido oficial.
Luis Miguel Martínez Morales nació el 12 de septiembre de 1989 en Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla. Esta ciudad de la costa sur fue su vecindario durante su infancia y adolescencia. Su madre es maestra de escuela y su padre, electricista, está jubilado.
El gobierno de Giammattei ha sido generoso con el pueblo de Martínez. Fue ahí donde se construyó uno de los cinco hospitales para atender la COVID19, si bien con defectos y anomalías. Además, Giammattei y Martínez inauguraron un comedor social del Mides en el centro de la ciudad. Ese día, el presidente prometió algunas acciones para apoyar a la población de Santa Lucía Cotzumalguapa. Entre ellas citó que perforarían pozos de agua y construirían una carretera frente al nuevo hospital. Aquel día ambos portaban gafas idénticas igual que en otras ocasiones han mostrado en la mano derecha argollas muy semejantes, si no idénticas.
Cuando Martínez era niño, adolescente, y joven, vivían en esta casa a unos tres bloques del parque central. Aunque la cuadra pasa desapercibida, la casa es bien conocida por los vecinos. Su fachada no es usual. Se asemeja a un búnker con paredes grises y ventanas negras polarizadas. Unas estructuras de hierro sobresalen en el techo como vestigio de una construcción en proceso. Esta es la dirección que en 2018 y 2019 Martínez registró como su domicilio en sus facturas.
—¿Usted sabe de quién es esta casa?
—Sí, es de Miguelito —responde un vecino—. Pero él ya no vive aquí, tampoco sus papás.
Es 7 de septiembre, y en apariencia tranquila, la escena esconde una tensión imperceptible. Desde hace meses, Martínez divulga ante conocidos y periodistas la información de que su familia vive bajo acoso y extorsiones diversas, y hoy, un pick up tenso, negro, polarizado, permanece estacionado unos metros por delante, como en guardia: está encendido mientras nos mantenemos allí; nadie baja, nadie sube. Un día después de esta escena, Rubén Darío Martínez Avilés, su padre, se acercará a la fiscalía relatará que dos sujetos se habían aproximado a su residencia para fotografiarla y preguntar sobre él y su familia y los denunciará por acoso, amenaza y extorsión. Además, detalla la matrícula del carro oficial de Plaza Pública, aunque el vehículo permaneció estacionado a varias cuadras.
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«Yo antes veía seguido a don Darío (padre de Miguel Martínez) sentado en la banqueta frente a su casa», añade el hombre canoso que reparaba su vehículo frente a su vivienda. «Pero desde que se metieron en esas cosas ya no están, dicen que viven en La Antigua».
Desde que se metieron en estas cosas.
A su manera
La espera se alargó todavía unas horas. Los reflectores aún seguían las maniobras del presidente saliente, Jimmy Morales, que llegaba convulsamente a juramentarse al Parlamento Centroamericano con el transparente fin de obtener inmunidad y conjurar los fantasmas de un proceso en su contra. Pero ya faltaba poco. Después de casi tres lustros de perseguirlo con ahínco (cuatro procesos electorales, encabezando cuatro partidos distintos) aquel 14 de enero de 2020, Alejandro Eduardo Giammattei Falla ya acariciaba la banda presidencial y se preparaba para jurar como jefe de Estado. Con paso lento recorrió entre el público, envuelto en una versión del clásico de Sinatra «A mi manera», el camino hacia el escenario de la Gran Sala Efraín Recinos del Teatro Nacional. Portaba un traje azul marino de dos aberturas y punto fino a mano, de casimir italiano confeccionado a la medida, con una camisa de algodón blanco Oxford, corte de cuello francés y puños de manga para mancuernas, según ConCriterio. Con él, un hombre separado de 63 años, avanzaba su hija.
Antes de llegar al escenario, Giammattei abandonó la ruta ordinaria para abrirse paso en una fila de asientos en la que saludó a algunos de los actuales ministros. Al final de esos saludos abrazó con fuerza a un joven delgado y se incorporó al camino principal. Con el abrazo, quienes lo rodeaban aplaudieron.
El joven era Miguel Martínez. Un hombre de 31 años que, desconocido pese a un breve periodo como asesor en el Congreso, se habría de convertir rápidamente en una de las personas más influyentes en el Gobierno de Alejandro Giammattei, desde la dirección de una anodina dependencia que de pronto cobraría una relevancia inusitada, hasta dar la impresión de haber desplazado al vicepresidente: El Centro de Gobierno. La comisión que dirige se volvió una atalaya desde la que observa cada movimiento del Ejecutivo. Su posición cercana al mandatario le permite cuestionar al gabinete, instruir, coordinar y administrar informalmente millones de dólares en donativos para la pandemia. Lo hace auspiciado por la secretaria general de la Presidencia, Leyla Lemus. Ambos han gobernado lo que sucede alrededor del jefe de Estado.
«Soy una de las personas que más conoce al Presidente, sabe la manera de trabajar de él…», dijo el 4 de marzo en una entrevista de Noti7 imitando el estilo de Giammattei cuando está jovial. «Yo soy esa persona que le genera confianza a él. Porque este puesto es un puesto de confianza y él sabe que yo no le voy a fallar. Yo voy a cumplir todo lo que él disponga.»
Martínez es aún el director de una comisión presidencial superpuesta sobre una que creó el expresidente Jimmy Morales. Trece días después de tomar posesión, el 27 de enero, Giammattei transformó la Comisión de Gestión Estratégica en la Comisión Presidencial de Centro de Gobierno, para «coadyuvar» a mejorar la gestión de la Presidencia y a asegurar que el Ejecutivo satisfaga las prioridades del Presidente.
La comisión le otorga a Miguel Martínez calidad y rango de ministro y un salario mayor que el que goza el titular de Cultura y Deportes, Felipe Aguilar, su amigo y ex compañero del Centro de Gobierno: 42,750 quetzales mensuales frente a 42,125 quetzales.
Hasta el viernes, un día crucial para el gobierno de Giammattei, la comisión presidencial había devengado 5.802,632.14 quetzales de los 8.5 millones de quetzales asignados este año como parte del presupuesto de la Secretaría General.
Fue ese día cuando, a criterio del analista independiente Renzo Rosal, el presidente intentó apagar el incendio que comenzó con chispas leves con un manejo de la crisis sanitaria y económica por la pandemia que desgastó la popularidad del mandatario: De los 56 puntos de aprobación con los que contaba en enero, en julio había perdido 26.
Pero si desde meses antes saltaban chispas, septiembre avivó la llama cuando el Ejecutivo, y Miguel Martínez en particular, comenzaron a tener reacciones desmedidas contra los cuestionamientos y las dudas y a enfrentarse de forma cada vez más abierta a la prensa y a la Contraloría General de Cuentas, una actitud que incrementó la atención hacia él y la dependencia que dirige, e hizo patentes aspectos que hasta entonces habían permanecido inescrutados.
En ese instante, se multiplicaron las dudas acerca del papel de Martínez y del Centro de Gobierno y ganó sustancia la idea de que se atribuían funciones propias de otras entidades superiores. Una de ellas, dijo la exsecretaria de Planificación de la Presidencia, Karin Slowing, era la Vicepresidencia. Esta dinámica fortaleció la confrontación del presidente Giammattei con el vicemandatario Guillermo Castillo. Si su relación ya estaba deteriorada desde la campaña, estos tratos la erosionaron aún más. Preferir que Martínez viajara con el presidente en los viajes oficiales y a Castillo le tocara trasladarse por vía terrestre le sirvió al segundo para desligarse del oficialismo y enviar mensajes públicos de inconformidad con el gobierno. Su último paso fue solicitarle a Giammattei que dimitiera junto a él, y pedirle que cerrara el Centro de Gobierno.
Esto lo hizo en medio de ese incendio que alcanzó niveles inusitados, pues la ciudadanía se organizó para protestar en contra del Congreso, de la administración de Giammattei y del presupuesto aprobado con nocturnidad para el 2021, en un gesto interpretado como un pacto entre el Legislativo y el Ejecutivo para destinar más dinero a sectores tradicionalmente corruptos al tiempo que desfinanciaban salud y educación, entre otros.
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Castillo logró su cometido. Ese botón con el que Giammattei pretende apagar las llamas fue el anuncio del cierre del Centro de Gobierno. En un mensaje en el salón de los espejos de Casa Presidencial, Alejandro Giammattei y Guillermo Castillo salieron frente a la prensa (sin posibilidad de preguntas) para mostrar una imagen de unidad.
Antecedido por el vicemandatario, el presidente destacó que acordaron puntos de trabajo para mejorar la relación y la eficiencia del gobierno y ambos se retiraron. A los pocos segundos, la puerta se abrió de nuevo y los funcionarios retomaron su lugar en los pedestales asignados. Habló Giammattei. «Perdón, fue un lapsus mío. Hemos decidido que a partir del 31 de diciembre demos por concluida la comisión de Centro de Gobierno, gracias». Y se fue rápido. Le dio la espalda a los medios, se colocó la mascarilla y se retiró. No dejó que le hicieran todas las preguntas que había en el aire.
Desde que la crisis se agudizó en noviembre, el mandatario no había cedido en ninguna las peticiones de la ciudadanía y de los críticos: ni había vetado el presupuesto, ni había destituido a ninguna de las autoridades a las que se responsabiliza por los abusos policiales contra los manifestantes, como el ministro de Gobernación, Gendri Reyes, y su equipo, incluido el viceministro de Seguridad, Franco Urzúa, ni la disolución del Centro de Gobierno. La noche del viernes entregó el primer fruto: la polémica dependencia; y sujetó el cargo del ministro a los resultados de las investigaciones.
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Pero las protestas continúan sin extinguirse del todo y falta ver si, con cada petición satisfecha, no se irán multiplicando. El viernes, luego del anuncio de Giammattei, las redes sociales pedían su renuncia y la del vicepresidente.
El centro de todo
En el diálogo de marzo con Noti7, Miguel Martínez destacó las funciones del Centro de Gobierno.
El director dijo que una de ellas es el manejo de la agenda presidencial (que corresponde formalmente a la Secretaría Privada de la Presidencia).
También apuntó que hay asesoría legal (que corresponde a la Secretaría General).
Además, incluyó la generación de información estratégica, el análisis de país y la comunicación efectiva «para que la población sepa los logros que el presidente está obteniendo» (que corresponden a la Secretaría de Planificación, a la de Comunicación Social y a la Secretaría de Inteligencia Estratégica.)
Para ello, dijo, el Centro de Gobierno cuenta con 14 delegados, uno por cartera, que tenían que convertirse en sombra y contralores de los ministros y velar por que cumplieran los designios de Giammattei.
Pero las prioridades de la comisión fueron ambiguas. Iban desde «gestionar» que una niña con una familia sin recursos fuera operada hasta coordinar la ayuda a través de las donaciones del sector privado para apoyar al gobierno en la crisis sanitaria por la COVID19, pasando por la cuestionada administración de la construcción de los cinco hospitales para atender la nueva enfermedad.
La ex secretaria de Planificación de la Presidencia, Karin Slowing, reprueba la comisión dirigida por Martínez: «Es un suprapoder, porque, aunque esté legalizado en un acuerdo gubernativo, no es superior a la Ley Orgánica del Organismo Ejecutivo, no se entiende por qué tiene delegados sobre los ministros. Además, esa función de gerencia le compete a la vicepresidencia».
Esta inconformidad con el papel del Centro de Gobierno, que no es solo de Slowing, emergió, sobre todo, después de que Martínez protagonizara una buena cantidad de actividades de gobierno y un par de altercados con la prensa. Desde esas jornadas en que aparecía casi a diario para adornarse con lo que consideraban éxitos del Gobierno hasta hoy, su perfil público ha palidecido, quizá voluntariamente, en un intento por desviar la atención que con tanto ahínco estaba requiriendo hasta entonces y que lo había conducido a varias citaciones en el Congreso y a que toda la dependencia que dirige se pusiera en tela de juicio ante la Corte de Constitucionalidad.
El 16 de septiembre, Primero Guatemala, una ong conservadora, interpuso una inconstitucionalidad con el argumento de que el Centro de Gobierno usurpa funciones de distintas instituciones orgánicamente superiores a ella. Alejandra Noriega, integrante de Guatemala Primero, creía que el único camino para que el Centro de Gobierno fuera viable era reformando la Ley Orgánica del Organismo Ejecutivo porque un acuerdo gubernativo es inferior a las normas ordinarias y a la Constitución misma.
Tres bancadas del Congreso lo cuestionaron en octubre acerca de estos asuntos. La primera citación a la que asistió Martínez fue con Winaq y con la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), luego compareció ante la bancada del Movimiento Semilla.
En ambas reuniones, el temblor en las manos y los pies del funcionario arreciaba con cuestionamientos de los diputados. Se refugió en la otra cara del círculo cercano del presidente Giammattei, Leyla Lemus. Sentada siempre a su lado, prefería alzar la voz para responder lo que le preguntaban a él. Cuando los legisladores rechazaban su intervención, Lemus susurraba en el oído de Martínez.
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En sus alocuciones públicas en las citaciones y en otros espacios, el autonombrado hombre de confianza del presidente Giammattei ha consignado que él y su equipo del Centro de Gobierno han entregado obra física. Por ejemplo, en la reunión con Semilla, el diputado Samuel Pérez lo cuestionó por el acta 04-2020 de la comisión que dirige. En ese documento, firmado por Martínez, el punto cuatro indica el avance de los cinco hospitales que atienden COVID19 y resalta que se establece que el centro ubicado en el Parque de la Industria está funcionando al 100%. Un dato que llamó la atención del congresista, pues el acta se firmó en mayo y todavía en octubre había problemas de abastecimiento, instalación de equipo y contratación de personal. «Usted firmó esta acta y podría caer en falsedad ideológica porque esto que se asegura aquí no es cierto», adujo el legislador.
El comisionado respondió que el Centro de Gobierno solo entregó el hospital, pero es responsabilidad del Ministerio de Salud que este funcione adecuadamente. Sin embargo, la entidad que él aun dirige no cuenta con una unidad ejecutora para realizar inversión pública. Su mandato no es realizar obra física o entregar cualquier tipo de bien.
Otro caso cuestionado es la gestión de las donaciones para la pandemia por COVID19, ya que la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres es la encargada legal de coordinar estos procesos. Sin embargo, este año la entidad pasó a segundo plano y fue relegada por el Centro de Gobierno. La bancada Semilla destacó, de hecho, que el hospital de Santa Lucía Cotzumalguapa se construyó en un terreno propiedad de la Asociación de Azucareros de Guatemala (Asazgua). Los legisladores revelaron que el proceso para que el terreno sea gestionado por el Estado no se había completado cuando se comenzó a construir el hospital. De hecho, Leyla Lemus manifestó que a ritmo normal podría tardar hasta dos años. Este procedimiento acelerado entraña un riesgo de que, si alguien cambia de opinión a medio camino, las instalaciones pasen a manos particulares.
El poder
En su extinta cuenta de Twitter, Martínez compartió hace algunos años una imagen con una frase rescatada de los diálogos de Frank Underwood, personaje ficticio interpretado por Kevin Spacey en la serie House of Cards: «El poder es mejor que el dinero».
Quienes están cerca han visto cómo el comisionado alza la voz, impone su voluntad y hasta increpa al propio jefe de Estado. Los gritos y regaños son comunes en las reuniones con el funcionario, coinciden las fuentes que han asistido a alguna.
«Los ministros ya están cansados del mal trato. También algunos empresarios ven con malos ojos al muchacho», dijo semanas antes del anuncio de Giammattei un analista del sector privado.
Aunque el poder de Martínez se vincula con su cargo como director de Centro de Gobierno, su dominio comenzó a crecer con más impulso desde la campaña para la segunda vuelta de las elecciones del año pasado. En ese momento, el equipo de campaña de Giammattei se modificó para darle paso a los ex viceministros de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda del gobierno del Partido Patriota, Rubén Mejía y Guillermo Sosa. Además, Salvador Baldizón y Luis Fernando Pérez también ingresaron al equipo, liderado por Raúl Romero, hoy ministro de Desarrollo, y Miguel Martínez.
Ese apoyo durante la segunda vuelta electoral permitió que grupos diversos convergieran con el objetivo de llegar al poder. Según elPeriódico, Mejía y Sosa controlan a las autoridades del Instituto de Fomento Municipal (Infom) a través de José David Talé, gerente general interino.
De esa cuenta, dos ex candidatos a la alcaldía de Santa Lucía Cotzumalguapa, ciudad origen de Martínez, lograron colarse entre los beneficiados con plazas dentro del Estado. Ambos son amigos cercanos del director de Centro de Gobierno.
Ottoniel Edgar Morales Rodríguez intentó ser alcalde del municipio por medio de Vamos, pero perdió. Desde enero a septiembre ocupó la Subdirección de Servicios Generales del Ministerio de Desarrollo Social por 16,250 quetzales mensuales.
David Berganza Alburez también contendió por la alcaldía de su municipio, pero con el partido Movimiento Semilla. El excandidato es ahora Gerente General de la Empresa Portuaria Quetzal y gana casi 20 mil quetzales al mes. Berganza, Morales y Martínez son amigos desde que vivían en la ciudad escuintleca, donde posaban juntos en fotografías.
En aquellas, semanas, meses antes de que Giammattei asumiera la Presidencia aconteció otro hecho que da cuenta de la posición privilegiada con la que Martínez ha contado: mientras el entonces presidente electo prometía clausurar la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad (SAAS) por considerarla corrupta. Esa misma dependencia comenzó a prestarle seguridad a él como presidente electo y a Miguel Martínez, según Orlando Ramírez, titular de la SAAS en el gobierno anterior, pese a que formalmente solo les corresponda esa custodia al presidente y vicepresidente electos y a sus familias.
Según Ramírez, a Giammattei le brindaron una camioneta blindada, dos camionetas Fortuner, una colera y una puntera, y dos pick ups que rotaban cada 24 horas. «Él le asignó a Miguel Martínez una camioneta Fortuner con su respectiva seguridad. Los agentes reportaron que se estaba cubriendo a esa persona», dijo Ramírez y acotó que a él le consta que esto sucedió hasta el 14 de enero cuando entregó el cargo a Héctor Castillo, actual titular de esa secretaría.
Martínez, bajo juramento y con la posibilidad de cometer perjurio si mentía, aseguró en las dos citaciones que tuvo en el Congreso que no cuenta con seguridad de la SAAS.
Durante la etapa de transición, Martínez acompañó en la mayoría de viajes a Giammattei. Esas visitas al extranjero se programaron para preparar las relaciones internacionales del mandatario.
Ya en las vísperas de la toma de posesión, en diciembre y enero, era Miguel Martínez quien llegaba a Casa Presidencial y al Palacio Nacional para diagnosticar las instalaciones, las oficinas. Generalmente iba acompañado de Leyla Lemus y de Carlos Sandoval, ex secretario de Comunicación.
El ascenso
Aunque se ha manifestado en distintos medios de comunicación para defenderse de acusaciones y cuestionamientos y en actos protocolarios para promocionar sus supuestos resultados, en general Martínez ha sido un personaje de pocas palabras y que ha preferido mantenerse tras puertas cerradas.
Relatar la vida de un novel personaje político tan escurridizo y desconocido no es fácil tampoco para quienes lo han tratado en el Gobierno. Saben poco sobre el origen de su relación con el presidente Giammattei.
Aunque cada quien destaca distintas épocas, la data más exacta que se conoce es por boca del mismo Martínez. En una entrevista con La Red, el comisionado aseguró que conoce al mandatario desde hace más de ocho años. Es decir, antes de que él tuviera 22. Pero hay quien sostiene que ya se conocían cuando el presidente guardaba prisión a principios de la década.
Durante aquellos años, Miguel Martínez asistía a la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos para cursar Ingeniería Química, una carrera cuyo pénsum tardó ocho años en completar desde que entró a los 19 años hasta que lo cerró, en 2016. Su promedio no da fe de un dios de los estudios: raspó los 68 puntos. Le tomaría casi cinco años más el siguiente logro: el 7 de agosto de 2020, un mes antes de haber empezado a figurar como la chispa que encendió la crisis política del Presidente, lograría la tesis, el título.
No había aún abandonado Martínez las aulas cuando ya forjaba un camino en política de la mano de Giammattei. En 2015, lo acompañaba en sus aspiraciones a liderar el país como candidato del partido Fuerza, en la que constituiría, hoy lo sabemos, su última derrota en unas elecciones presidenciales, pero Fuerza permanecería en el Congreso como su único logro con un diputado, el actual ministro Raúl Romero.
Debió de ser aquel 2015 un año ocupado para Martínez, pues atendía la universidad, la campaña, sus prácticas profesionales y un nuevo trabajo: el único formal del funcionario en el sector privado, el único que él mismo expuso durante una citación con la bancada del partido Movimiento Semilla. En su perfil de Linkedin registra otros: los primeros meses de aquel año fue investigador practicante en la empresa Mediciones Ambientales y después, durante casi dos años, hasta agosto de 2017, dice que ayudó (asesor junior) a la empresa Mercados Eléctricos de Centroamérica, S. A. (Melecsa), propiedad de Edwin Rodas y su familia, uno de los ministros de Energía y Minas de Otto Pérez Molina, que se declaró culpable de tráfico de influencias en noviembre de 2015 por el caso «Redes». Plaza Publica preguntó a Melecsa si Martínez trabajó en esa empresa, pero no obtuvo respuesta. El funcionario no registra pago alguno de cuotas en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS).
Ya en 2018, a Martínez lo apadrinó Raúl Romero: lo hizo asesor. Aunque su escasa experiencia acreditada estaba en el área energética y sus estudios eran de ingeniería química, el Congreso lo llevó como especialista en la Comisión de Juventud en 2018 y en la Comisión de Cultura en 2019, con honorarios mensuales de 12,000 quetzales.
Los informes de Martínez en el Congreso son escuetos y sobrios. En ellos relata poco sobre sus actividades y más bien describe con generalidad las acciones que se realizaron en las comisiones a las que debía asistir. Habla de reuniones de los diputados, pero no explica si él las organizó o las gestionó. No presentó productos finalizados o metas alcanzadas. El contrato de 2019 culminó aquel fin de año pero el portal Guatecompras solo registra informes y facturas hasta agosto, cuando Giammattei ganó las elecciones.
En las entrevistas que ha ofrecido a medios de comunicación o en las citaciones en el Congreso, el director ha justificado su idoneidad para el perfil con el argumento de que los jóvenes necesitan oportunidades para crecer.
El apartamento
La vida de Martínez ha dado varias vueltas desde que abandonó la vivienda familiar para estudiar y se instaló en la capital, y también ha cambiado varias veces su residencia oficial hasta llegar a la que casa que ocupa hoy, según fuentes del Gobierno, en la zona 15, que ha sido la zona de habitación de dos de los presidentes del Ejecutivo en esta década: Otto Pérez y Alejandro Giammattei. En documentos y contratos públicos ha declarado vivir primero en la casa de sus padres en Santa Lucía Cotzumalguapa; luego, en 2018, ocupó un apartamento de 130 m2 en Torre Castelar, zona 10 capitalina; y más tarde en 2019 una casa de una de las colonias más caras de Mixco.
En la Torre Castelar un apartamento de 123 m2 con dos parqueos cuesta 190,000 dólares más impuestos, y la renta de uno como el que ocupaba Martínez oscila entre 7,000 y 10,000 quetzales mensuales, es decir, entre el 60 y el 83 % de los honorarios que obtenía como asesor en el Congreso, cuando no reconocía otro trabajo. Según el Registro General de la Propiedad, este inmueble y dos parqueos en el edificio pertenecen al mismo dueño desde 2001. Es un apartamento de 130 metros cuadrados en el tercer nivel.
Plaza Pública intentó obtener la versión del funcionario sobre su residencia en ese apartamento, pero el director de Centro de Gobierno rechazó varias solicitudes de entrevista aduciendo que son temas de su vida privada y anteriores a su función pública, aunque estaba contratado por el Congreso.
La casa de Mixco tiene una historia más enrevesada.
El representante y la casa
Cuando Martínez asumió como asesor legislativo en 2018, el vínculo con el presidente Giammattei ya era estrecho. Plaza Pública contó en septiembre que a instancias del segundo, que hizo de presidente de una asamblea extraordinaria de accionistas en 2017, la empresa Soluciones Integrales Profesionales, S.A nombró como su representante legal al hoy comisionado, que lo ejerció hasta septiembre pasado.
La sociedad es una especie de microcosmos de la administración de Giammattei: el abogado Luis Alfredo Pineda Loarca, su socio fundador, fue candidato a diputado por Vamos, el partido oficial, y ahora dirige el Registro General de la Propiedad, una de las posiciones más apetecidas en el Estado; la abogada Romelia Valle Alegría, que realizó el nombramiento de Martínez, fue candidata a diputada por Vamos para el Parlacen y *fue directora jurídica del Ministerio de Cultura y Deportes hasta septiembre. Desde entonces, trabaja como asesora. Además, prestó sus servicios para la Fundación Conguate que ha recibido 2 millones de quetzales entre 2019 y 2020, y en el presupuesto fallido para 2021, contaba con 3 millones de quetzales desde el Ministerio de Educación. El abogado Héctor Adolfo Aldana Reyes modificó el objeto de la sociedad el 20 de noviembre de 2017. Aldana también fue candidato a diputado y ahora ocupa la Subsecretaría General de la Presidencia.
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El 17 de agosto de 2018, cuando Miguel Martínez asesoraba al Congreso, compareció como representante legal de la empresa Soluciones Integrales Profesionales, S.A. para comprar una casa en Las Hojarascas, posiblemente la segunda colonia más exclusiva de Mixco, según la escritura de Héctor Aldana Reyes, el ahora subsecretario general.
La casa está en una zona boscosa, fría.
Hay árboles dentro de la propiedad, y la cubren de sombra.
Tiene un portón rústico construido en madera y techado que da acceso a los 500 metros cuadrados del terreno.
Al lado un letrero da nombre al inmueble: «El Refugio».
La seguridad de la colonia vigila con recelo la calle donde se ubica la residencia de Martínez.
En papeles, Soluciones Integrales Profesionales, S.A. compró la propiedad por 125,000 quetzales. Tres agentes de bienes raíces fijan el valor de mercado de las propiedades en ese sector de Mixco, el segundo más caro del municipio, entre los 200,000 y los 250,000 dólares, unos 2 millones de quetzales.
Según el Registro General de la Propiedad, este lugar ha tenido cuatro dueños: Alejandro Maldonado Aguirre, el expresidente de la República y ex magistrado de la Corte de Constitucionalidad, lo heredó de su esposa el 30 de enero de 2006. Un año después, se lo vendió a María Gutiérrez y la escritura la elaboró la magistrada de la Corte de Apelaciones, Claudia Lucrecia Paredes Castañeda.
La magistrada ahora busca la reelección o conformar la Corte Suprema de Justicia. Ella constituyó 4 Carriles, S.A. e hizo un nombramiento de representante legal en Ciansa. Ambas constructoras están dirigidas por un exsocio de Gustavo Alejos, el operador señalado de articular los listados de nominados a las cortes de justicia. Y hace unos meses Plaza Pública reveló que el Gobierno actual le concedió un contrato de 58.9 millones de quetzales para mejorar la carretera que va desde Palín, Escuintla, hasta Santa María de Jesús en Sacatepéquez y que, según Artículo35, atraviesa una propiedad de Giammattei.
El ocaso o el reacomodo
Lo que sigue en la trayectoria política de Miguel Martínez es incierto. El anuncio que hizo Giammattei a regañadientes de que desmantelará la dependencia dirigida por Martínez desbarata los cálculos que se planteaban hasta hace unas semanas.
A principios de octubre, en una reunión sostenida en su oficina, el diputado Aldo Dávila, de Winaq, le interrogaba sobre sus perspectivas a unos años, inquiriendo si el Centro de Gobierno es una plataforma electoral para los miembros de la comisión.
El funcionario soltó unas risas y respondió: «No sé, entre mis planes no está aspirar a ningún cargo público. En mi ciudad me dicen que quisieran que me lanzara para alcalde, yo tengo muy buena relación con el alcalde actual y lo he estado apoyando bastante. Hoy yo no me veo postulado a ningún cargo público, pero no le puedo decir qué va a pasar en tres años. Solo le digo algo, no quisiera hacerlo por todo lo malo que ha estado pasando hacia mi persona. En el momento en que lo haga, quisiera que fuera para seguir haciendo las cosas bien».
Ahora, con el cierre anunciado de su dependencia, la duda es de corto plazo: ¿qué va a pasar con el funcionario de mayor confianza del Presidente, y uno de los que más desgaste le ha ocasionado? ¿Lo apartará de su Gobierno? ¿Le concederá otro cargo menos controvertido?
La Presidencia aún no ha informado sobre el destino de Martínez. Un posible relevo de Giorgio Bruni en la Secretaría Privada de la Presidencia la daría oportunidad a Martínez de cubrir sus señalamientos con la protección que le otorgaría el cargo, y de la que hasta ahora ha carecido, aunque ha gozado de la del Presidente.
Nota: Para contrastar la información contenida en este perfil y para obtener los puntos de vista de Martínez, se solicitó una entrevista con el comisionado por medio de la secretaria de Comunicación Social de la Presidencia, Francis Masek. También se trató de obtener respuestas a través de Felipe Aguilar, ministro de Cultura, antes de que asumiera en la cartera. El director confirmó una, y el día que estaba prevista la canceló y divulgó por todos los medios de comunicación a su alcance que su familia iba a demandar a Plaza Pública. Más tarde se le hicieron llegar unas preguntas. A continuación, se reproduce la respuesta íntegra que trasladó Masek al respecto de una entrevista.
«Señor Periodista, en mi desempeño como funcionario público del Organismo Ejecutivo me veo obligado a dar respuesta a las interrogantes que como tal me sean formuladas, no obstante ello, y en estricto respeto de lo preceptuado en la Ley de acceso a la información pública (artículo 9 numeral 2) comento que no tengo porqué (sic) dar información relacionada a datos sensibles o datos personales sensibles es decir, aquellos datos personales que se refieren a hechos o circunstancias de mi vida privada o actividad y más aún que no atienden a mi periodo como funcionario público.
Tal y como usted refiere en sus consultas, ninguno de sus cuestionamientos tiene relación con mi función como Director Ejecutivo de Centro de Gobierno.
Agradezco su preocupación en mi vida privada.»
El funcionario confunde datos personales con datos confidenciales o sensibles. Plaza Pública no le solicitó ninguna información legalmente considerada sensible o confidencial, y de hecho todas las preguntas que se le presentaron por escrito cuando se negó a conceder una entrevista piden que amplíe explicaciones sobre información pública que consta en registros públicos. Todas las preguntas sobre sus viviendas responden a periodos en que sí trabajaba para el Estado. Es demostrable aunque Martínez lo niegue. De cualquier forma, si no lo fuera, las preguntas serían igualmente legítimas. En ningún momento este medio tuvo contacto de ningún tipo con sus padres, que demandaron al reportero Pavel Vega por acoso, amenaza y extorsión.
*Nota de edición: La versión original de este trabajo decía que Romelia Valle Alegría es la actual directora jurídica del Ministerio de Cultura y Deportes. Lo correcto es que lo fue hasta septiembre, y ahora es asesora jurídica en ese mismo ministerio.
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