La historia de la humanidad ha demostrado que el poder es una droga embriagante, que nubla los sentidos y entorpece el juicio de quien lo detenta. Ejercer poder requiere muchísima madurez, personal y política, que en el caso de los servidores públicos marca la diferencia entre los déspotas y los estadistas.
Miguel Martínez es el director ejecutivo de la Comisión Presidencial de Centro de Gobierno, una entidad adscrita a la Secretaría General de la Presidencia de la República y creada por el presidente Giammattei especialmente para acomodar a Martínez. Desde esa posición se ha evidenciado cómo un funcionario mimado por Giammattei desplaza a ministras y a ministros y se vuelve particularmente conspicuo, especialmente cuando el domingo antepasado la cadena nacional se adelantó para transmitir una propaganda de diez minutos dedicada al culto de la personalidad de Martínez, a quien presentó como una suerte de héroe presidencial o de superministro.
Si Martínez fuera políticamente maduro, entendería que proyectarse como el centro de la propaganda gubernamental inevitablemente atrae la atención de la prensa y lo incluye en la auditoría social, lo cual, además, resulta natural y deseable en un régimen democrático legítimo y funcional. Entendería lo natural que sería, con la predilección evidente (y hasta descarada, según algunos) que Giammattei le profesa, que se investiguen sus vínculos, tal como lo hizo Plaza Pública en una investigación periodística que encontró la empresa que comparten.
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Tampoco le deberían sorprender, menos molestar, investigaciones periodísticas y auditorías sociales como las que los periodistas Marvin del Cid y Sonny Figueroa realizaron para el medio Vox Populi y la organización Artículo 35. Estas investigaciones periodísticas muestran la gran cantidad de privilegios y granjerías que goza Martínez, además de salarios altos y duplicidad de funciones con otras entidades del Estado. Estos hechos ameritan ampliar y profundizar la auditoría social sobre la Comisión Presidencial de Centro de Gobierno y sobre su director ejecutivo, su personal y sus relaciones con el presidente y el resto del gabinete.
Pero Martínez ha reaccionado ante estas publicaciones presentando ante el Ministerio Público una denuncia en contra de Plaza Pública por supuestas amenazas a su familia, con lo cual demuestra no solo su inmadurez, sino también una profunda y seguramente peligrosa ignorancia del artículo 35 de la Constitución Política de la República, referente a la libertad de emisión del pensamiento. Sería bueno que alguien ayudara al señor Martínez a entender esta norma, en especial cuando establece que «no constituyen delito o falta las publicaciones que contengan denuncias, críticas o imputaciones contra funcionarios o empleados públicos por actos efectuados en el ejercicio de sus cargos» y que su derecho de defensa consiste en «exigir que un tribunal de honor, integrado en la forma que determine la ley, declare que la publicación que los afecta se basa en hechos inexactos o que los cargos que se les hacen son infundados», ruta que debió haber seguido, y no una querella penal.
Estas demostraciones de inmadurez e ignorancia de la Constitución provocan desconfianza y pérdida de credibilidad en un servidor público. Por esta razón, la opinión pública interpretó casi automáticamente la captura ilegal y abusiva del periodista Sonny Figueroa, fundador de Vox Populi, como una posible venganza de Martínez en represalia por las investigaciones periodísticas publicadas solo dos días antes y por las críticas crecientes por la propaganda gubernamental dedicada a Martínez. Por supuesto que, hasta ahora, la vinculación de Martínez con ese hecho no es más que una conjetura sin fundamento, pero debe tomarse en cuenta como una muestra de cómo la opinión pública percibe a este personaje.
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