Nicaragua y su «democracia revolucionaria»

Daniel Ortega andaba desde 2018 en el filo de la navaja por sus violaciones a los derechos humanos y sus abusos de poder. Ahora, en menos de dos semanas, sus decisiones han logrado lo que parecía imposible: empeorar aún más su desprestigio y el rechazo en su país y en el mundo.

Lo logró tras apresar a sus competidores en las elecciones presidenciales previstas para el 7 de noviembre y a viejos compañeros de lucha sandinista. Sin rubor, ordenó a su poder judicial detener, con acusaciones nebulosas de tinte político, a los candidatos Cristina Chamorro, Arturo Cruz y Félix Maradiaga Blandon, lo que los inhabilita para participar en los comicios.  Como si fuera poco, en la redada cayeron personas cercanas suyas en la lucha revolucionaria como Dora María Téllez, el general en retiro Hugo Torres y el exvicecanciller Víctor Hugo Tinoco.

Ortega sigue adelante en su camino para convertirse en otro dictador en la tormentosa historia de Nicaragua, al estilo de la dinastía de los Somoza, la misma que ayudó a derrotar con el triunfo de la Revolución Sandinista en 1979.

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Paradójicamente, ha adoptado al detalle las prácticas somocistas. La primera, mentir y obligar a hacerlo a quienes están bajo su mando. Por eso, sus tribunales de bolsillo acusan a los detenidos de «gestión abusiva y falsedad ideológica en concurso con lavado de dinero, bienes y activos», «atentar contra la sociedad nicaragüense y los derechos del pueblo» y «delitos de desestabilización, proponer bloqueos económicos y aplaudir la imposición de sanciones contra el país», y otros cargos más que llegan hasta «traición a la Patria». Como dice José Manuel Vivanco, director de Human Rights Watch para las Américas, «en los últimos 30 años nunca había visto algo así». 

En realidad, los abusos de ahora solo continúan una vieja política de represión y violencia oficial. En 2018, sin elecciones, Ortega cruzó la línea que separa el estado de derecho del autoritarismo. Entre abril de 2018 y septiembre de 2019 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contabilizó 328 personas muertas, centenares de presos políticos y miles de exiliados por la acción represiva de las Fuerzas armadas y grupos paramilitares. La Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Organización de los Estados Americanos, (OEA) coinciden en que el gobierno de Ortega ha cometido crímenes de lesa humanidad.

«Por eso, en Nicaragua hay miedo, mucho miedo», le dice a CONNECTAS una persona en Managua que, por esta situación, pide omitir su nombre. El hombre describe lo que ve en las calles de la capital: «La gente no aguanta más, pero no se atreve a salir a protestar. Desde 2018 este es un Estado policial que incurre en abusos con sus propias fuerzas o con estructuras parapoliciales o paramilitares». 

La Iglesia, en un país mayormente católico, también ha expresado su rechazo a las permanentes violaciones a los derechos humanos. Quizás por ello tampoco escapa a las amenazas. Las paredes de los templos muestran pintadas de advertencia a sacerdotes que se han atrevido a denunciar los atropellos.

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El sector privado prefiere no hablar luego de que por años disfrutaron un idilio con Ortega bajo la controvertida figura de «diálogo y consenso», como lo reportó CONNECTAS. A las empresas participar en el paro de 2018 les representó represalias traducidas en multas y sanciones. Además, es tiempo de vacas flacas por la crisis social y la estocada de la pandemia. El Banco Mundial (BM) pronostica para este año cifras de crecimiento de menos 2.5 %, lo que significa «un alto al progreso logrado en la reducción de la pobreza desde 2005».

Ortega podrá ahora achacar ese desplome a la pandemia o a los huracanes Eta e Iota. Pero las causas también pasan, como recuerda el BM, por «los cierres voluntarios del sector privado, las salidas de capital, la pérdida de puestos de trabajo y la caída del turismo». A eso se suma la fuga de ya casi 100 mil nicaragüenses, la mayoría jóvenes, que han preferido probar suerte en Europa, EE.UU., Costa Rica o Panamá.

Conocedor de ese fenómeno migratorio y de sus costos en favorabilidad, Ortega intenta ocupar de alguna manera a los jóvenes que se quedan. Una de ellas es convertirlos en integrantes de las juventudes del Frente Sandinista de Liberación Nacional, a los que paga para distribuir mercados mensuales de unos USD$30 a adultos mayores y a familias en extrema pobreza. A su vez, esos jóvenes hacen rondas de control político con ojos y oídos atentos al menor detalle de rebeldía.

Esas acciones parecerían señalar el desespero de un gobierno cuya imagen va cada vez más a la baja. A mediados de 2020 tres de cada cuatro nicaragüenses consideraban que el país iba «por el rumbo equivocado», según una encuesta de Gallup. Pero hay quienes consideran que las actuales medidas extremas, como poner presa a la oposición, obedecen a un viejo plan.

«Esto, porque no se le puede llamar de otra forma, es una dictadura forjada sigilosamente desde mucho tiempo atrás», comenta desde el anonimato un analista político local.  «Ortega pasó de ser el hombre de la revolución, de los que decían que hay que gobernar con los de abajo, al tipo que luego, ya en el poder o mediante componendas con otros sectores, fue cooptando todo aquello que le garantizaría hacerse al absolutismo», dice. 

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«Tras alcanzar la presidencia por primera vez en 2006, cuando mostró su habilidad política, se propuso echar mano del poder judicial, de la Policía, convertida en una guardia pretoriana y de las Fuerzas Armadas, un ejército que le sirve de aliado más allá de lo institucional», concluye.

Pero su «somocismo» no se queda ahí: el nepotismo del presidente y de la vicepresidenta, su esposa Rosario Murillo enseñan que, a la mejor usanza de los Somoza, gobernar es simple cuestión de familia.  Así lo informó en abril el diario El País, de España: «Los ocho hermanos Ortega Murillo que viven en Nicaragua tienen rango de asesores presidenciales, controlan el negocio de la distribución del petróleo y son beneficiados con contratos estatales. Solo entre 2018 y 2019, el emporio mediático y publicitario de los hermanos percibió USD$936,000 por contratos oficiales».

En otro frente abierto por Ortega y los suyos, el de acallar la prensa, los ataques no cesan. Es una acción al mando de Rosario Murillo. Los ataques van desde encarecer las cargas fiscales del papel para hacer inviables los medios impresos, hasta manejar de forma amañada las licencias de radio y televisión para sacar del mercado a quienes incomoden.

En el escenario mundial

¿Quién le pone el cascabel al gato?, se preguntan los nicaragüenses. «Nosotros no sabemos, pero lo que sí nos sorprende es la inacción de la comunidad internacional. Como sucedió durante tantos años de abusos sin control del somocismo, la reacción ha tardado y falta saber si las últimas sanciones y declaraciones servirán de algo», dice uno de ellos. Se refiere a las medidas de EE.UU. contra algunos allegados y funcionarios de alto nivel del orteguismo.

Mientras la ONU rechazó «la persecución y detenciones de opositores al gobierno (y) aspirantes a puestos públicos», e instó a las autoridades del país a restituirles sus derechos políticos y a respetar las leyes internacionales de derechos humanos. Días antes, Luis Almagro, secretario general de la OEA, advirtió que la situación de Nicaragua tiene otro nombre. En entrevista con CNN dijo que «el ejercicio del poder en Nicaragua no se ajusta al estado de derecho democrático (...), está deslegitimado por esta circunstancia y que, por lo tanto, es necesario tomar acciones que estén en consonancia con el artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana”. Afirmó que «cuando el ejercicio del poder no se hace de acuerdo con estado de derecho democrático, es una dictadura».

Con el voto de 26 países, el 15 de junio el Consejo Permanente de la OEA condenó las «detenciones arbitrarias» de Ortega. Solo votaron en contra Nicaragua, San Vicente y Granadinas y Bolivia. Argentina, México, Honduras, Belice y República Dominicana se abstuvieron. Esa mayoría permite aplicar la Carta Democrática Interamericana para suspender a Nicaragua de ese sistema multilateral.

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Pero Ortega podría tener eso contemplado con base en otras probables solidaridades que, a la larga, le resultan más significativas. En esa lista aparece Vladimir Putin. Hace apenas dos años, en un mensaje desde Moscú por el 40 aniversario de la Revolución Sandinista, el presidente ruso dijo que «Nicaragua siempre puede contar con la ayuda de Rusia”.   

En segundo lugar, está China, interesada en los últimos años en Latinoamérica. Además, dicen algunos analistas, el Gran Dragón no ha enterrado su viejo interés por un canal interoceánico en Nicaragua, proyecto ahora en pausa. 

En todo caso, Ortega ya corresponde exactamente al modelo de gobierno autoritario que favorecen esos dos actores geopolíticos. Es la nueva cartilla que siguen los llamados gobiernos iliberales, que se arropan de formas democráticas, en especial en lo que tiene que ver con elecciones, pero que no garantizan libertades civiles ni permiten la fiscalización.  Tal como va, se trataría de un caso más de lo que Sergei Guriev, del Instituto de Estudios Políticos de París, y Daniel Triesman, de la Universidad de California  llaman «democracia revolucionaria”: una nueva escuela de dictaduras.

Se trata, dicen ellos, «de una nueva marca de gobierno autoritario (...) adaptado a la era de los medios de comunicación global, la interdependencia económica y la tecnología de la información». Son dictadores «que concentran el poder, reprimen a la oposición, eliminando los controles y equilibrios, mientras usan casi cualquier violencia».

Aparte, «amenazan con cambiar el orden mundial a su imagen, sustituyendo los principios de la libertad y la ley con el cinismo y la corrupción». No necesitan de golpes de Estado, porque llegan luego de ganar elecciones en las que, sorprendentemente, ganan sin tacha. Guriev y Triesman recuerdan que cuando Hugo Chávez ganó en 1998, los observadores internacionales calificaron los comicios como los más transparentes de la historia de Venezuela.

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Así, Daniel Ortega ya avanza en el camino de cumplir los requisitos para seguir en la lista a regímenes de última generación como Vladimir Putin en Rusia, Viktor Orban en Hungría, Recep Tayyip Erdogan en Turquía, Aleksandr Lukashenko en Bielorrusia, Mahathir Mohamad en Malasia y Hugo Chávez y Nicolas Maduro en Venezuela.

Las cosas para Nicaragua serían más fáciles si Ortega decide permitir el regreso de las libertades, y con ellas, el de la democracia. Una opción remota, así como la de admitir que tarde o temprano deberá responder ante los suyos y ante la justicia transnacional por los crímenes de Estado que han salpicado su paso por el poder.

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