Níquel, muerte y contaminación en El Estor

“Cuando mi marido se fue a la reunión de los pescadores no sabía que había tantos policías… De pronto comenzaron a lanzar bombas lacrimógenas y de una vez a disparar. Cuando salió de la casa no pensó que sería peligroso… Se fue y no volverá jamás”. Cristina Xol Pop se deshace en lágrimas. El padre de su hijo de 8 años, un pescador de 27 años originario de El Estor fue asesinado por un policía el pasado 27 de mayo. Una bala al pecho disparada a menos de 40 metros, delante de decenas de testigos que estaban ahí para bloquear el paso a los camiones de níquel. La Policía Nacional Civil reportó que al menos cinco de sus agentes sufrieron heridas durante ese incidente.

Carlos Maaz Coc hacía parte de la Gremial de Pescadores de El Estor. Como él hay cientos de pescadores artesanales que todas las noches navegan en su lancha por las aguas del Lago de Izabal para hacerse de unos cuantos quetzales. La mejor de las pescas les aportará hasta Q34 la libra. Nada con lo que se pueda hacer fortuna. La casa de Carlos Maaz Coc está hecha de tablas apiladas. Tiene una mesa adentro, una cama y tres sillas plásticas afuera, una para cada miembro de la familia. Un poco de pollo y nada más. Nada superfluo. Aquí, como para la mayoría de habitantes indígenas q’eqch’i de El Estor, el dinero siempre falta.

Cuando los pescadores perciben capas espesas y rojas en las aguas del lago, se preocupan. Y aunque regularmente se pierden sobre las playas de El Estor y se confunde con la basura que no recogen, ya nadie pone mucho caso a ese fenómeno. Pero ellos sí se alarman. “Aprendí a pescar con mi padre cuando era un niño. No he cambiado nada a mi forma de pescar y todo el mundo sigue haciéndolo igual. ¡Y nunca habíamos visto algo así!”, explica Luis García de 42 años, cuyo hijo menor de 11 años sueña con ser pescador. “¡Hasta las fuentes de agua cuenca arriba dejaron de ser claras! ¿Qué es esta contaminación?”, se pregunta Eduardo Bin, portavoz de la Gremial de Pescadores, quien pide directamente “que se cierre la mina”.

El lago de Izabal es el más grande de Guatemala y su ribera alberga áreas protegidas donde la biodiversidad sirve de ejemplo. Sin embargo, frente a El Estor la empresa de aceite de palma africana Natur/Aceites vierte a diario aguas servidas al lago. Y a seis kilómetros al norte, sobre la misma ribera, se encuentra la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN)-Pronico. Visto de fuera, son dos chimeneas de varias decenas de metros de alto que human las 24 horas del día los siete de días de la semana, una montaña expuesta para su minera y un canal privado que va de la empresa al lago. ¿Qué vierte ese canal? ¿Agua contaminada?

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“El agua que se usa en el procesamiento es para enfriar el sistema, no existe ningún proceso químico en la separación del ferroníquel y el agua se descarga en el lago de Izabal sin ninguna alteración”, afirmaba el 2 de junio de 2014 Erick Archila, entonces Ministro de Energía y Minas del Partido Patriota y hoy prófugo de la justicia. En mayo pasado un responsable técnico de la mina dijo a un periodista local que únicamente utilizan agua de lluvia y que ésta se reciclaba al infinito. De este modo, el agua se reutilizaba en permanencia y se evitaba cualquier expulsión al lago. En ese caso, ¿cuál sería la utilidad del canal? ¿Qué pasa con los sulfatos, el aluminio, el nitrato, el amonio y el cloro utilizados en la mina?

CGN-Pronico necesita mucha agua. La empresa no sólo extrae (deforesta y excava) del suelo el metal del diablo, como se conocía al níquel en la antigüedad. Su punto fuerte es la transformación del metal en ferroníquel: una mezcla de 65% de hierro y 35% de níquel. Es por eso que el consorcio Solway Group, con sede en Suiza, compró en 2011 la empresa a los canadienses de HMI Nickel Inc (fusión de Skye Resources y Hubday Minerals) por US$250 millones menos del precio por el que fue adquirida. Con ambición clara, Solway Group pretende ser el primer productor de ferroníquel de toda América Latina.

Entre mayo 2007 y diciembre 2008, el precio del níquel se desplomó con la crisis mundial de materias primas: -81%. El curso del metal no se repondrá enteramente y la competencia china impone a los metalúrgicos girar hacia el ferroníquel. Lograr esto supone imponer inversiones importantes que los canadienses no están dispuestos a hacer, entre otras causas, por estar atados de manos por la controversia en relación a las comunidades indígenas locales y los procesos jurídicos internacionales.

El metal del diablo despoja a los q’eqch’i de su tierra

En 2004 el gobierno otorgó una nueva licencia de explotación a la CGN-Pronico por 40 años y se retiró progresivamente del capital financiero (hoy el Estado mantiene únicamente 1.8%). Esto sin consultarlo a la población como ordena el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Los canadienses destacan la falta de títulos de propiedad de un territorio cuyos habitantes no los tienen y nunca los han tenido, por ser de propiedad ancestral. Un musculoso equipo de seguridad privada la hace de policía para proteger los intereses de la mina, a veces, según los pobladores, en detrimento de sus derechos. En una zona donde 67% de los habitantes viven fuera del pueblo y se concentran en comunidades (rurales), en condiciones de pobreza extrema y donde no todos hablan español: el choque es fuerte.

Los habitantes del Lote 9 recuerdan muy bien a “la empresa”. “En 2006, vinieron armados y nos peleamos contra ellos tres veces”, cuenta Mariano Caal Chuv, catequista de 60 años. La comunidad decidió entonces separarse en dos; la mitad se fue a vivir en la parte codiciada por la empresa”, y la otra mitad se quedó. Sigue: “Si los dejamos, nos quedamos sin nada. Sembramos milpa, naranjas, bananos, cardamomo”. A sus 36 años Arturo Maz Pop también se siente orgulloso de la decisión que tomó su comunidad. “Venimos aquí para proteger nuestro territorio, nuestras riquezas naturales. Es la tierra de mis abuelos. Yo nací aquí, crecí aquí y quiero que mis hijos sigan aquí”, dice.

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Su líder, Rodrigo Tot, le pago su tierra al Estado. Pero, hecho inesperado, la página en la que estaba inscrito su pago fue arrancada, desaparecida. Y después de 43 años de lucha jurídica que llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y el asesinato de su hijo, en abril pasado recibió el Premio de Medioambiente Goldman, aunque el Lote 9 siga sin su título de propiedad.

El 8 de enero de 2007 el barrio La Unión vió llegar a 450 policías y 250 soldados para desalojar a sus centenares de habitantes, considerados ocupantes ilegales. Uno de ellos gritaba “¿a dónde vamos a ir? Nosotros somos de aquí. Somos los dueños de la tierra, no la compañía. La compañía es extranjera. Tenemos derecho de vivir aquí. Somos indígenas, somos q'eqch'i, somos dueños de nuestra tierra. Ellos hacen nuestro desalojo. Vamos a desalojar la compañía”. Al día siguiente quemaron decenas de casas de otra comunidad. La población está traumatizada y la lucha por el cierre de la mina comienza en medio de una cólera que no calla.

El 17 de enero de ese año, un grupo de hombres que vestía los uniformes de seguridad de la CGN, violaron a 11 mujeres de la comunidad del Lote 8. A ellas les tomará años antes de poder hablar y denunciar.

La CGN demandada aquí y en Canadá

“En abril de 2009 se firmó un acuerdo para facilitar el regreso voluntario de los ocupantes ilegales a sus hogares en el pueblo cercano de Las Nubes”, afirma CGN. El 27 de septiembre de 2009 una nueva reunión a propósito del mismo tema marcó un poco más la fractura que existe entre los dos mundos. Los enfrentamientos estallan. Adolfo Ich, líder del barrio La Unión, fue asesinado frente a la mirada de su hijo. German Chub, un agricultor de 22 años, fue herido de bala. Él se dirigía a ver un partido de fútbol. Hoy es parapléjico. El jefe de seguridad de CGN, el exmilitar Mynor Ronaldo Padilla González, fue acusado de esos hechos. Lo capturaron en 2012, después de tres años de escapar de la justicia.

“El proceso duró dos años en Puerto Barrios. Y las víctimas fueron criminalizadas. La jueza se disculpó incluso con Padilla. Lo dejaron libre en abril pasado”, explica Grahame Russel, responsable de la ONG Rights Action. Se trata de la jueza Ana Leticia Peña Ayala, presidenta de Tribunal de Sentencia Penal de Izabal, quien en abril pasado lo desligó del proceso.  Sin embargo, la Corte Superior de Justicia de Ontario, en Canadá, ordenó en 2013 iniciar proceso penal en contra de Hudbay Minerals, subsidiaria de CGN cuando ocurrieron los hechos, como responsable de la conducta de sus agentes en Guatemala. “Es una primera acción en la historia del país. Las empresas no podrán actuar bajo impunidad en países corruptos”, señaló Russel.

En El Estor la mayoría de víctimas asegura haber sido abordadas por miembros de CGN para que retiraran sus testimonios. Uno de los campesinos recibió cinco visitas. “Las últimas fueron muy directas: ¿por qué no paras ya? Ellos son poderosos, ellos son muchos y tú no tienes nada”, le insistieron. Frente a la presión, el campesino mantiene su postura: “ellos tienen que pagar por el mal que me hicieron. No quiero decir nada más”. Y la presión persiste. “Dos personas en moto vinieron y me dijeron que los mandaba Padilla y sus abogados (pagados por CGN). Te pedimos que retires tu denuncia, me dijeron, aquí y en Canadá y te damos Q13 millones”. Eso sería una fortuna para él que ya no puede trabajar ni le alcanza para sus necesidades de familia, tampoco recibe ni un quetzal de ningún organismo y sus hermanos ganan Q50 por día en el campo.

“Yo me negué. Lo que está hecho, hecho está. Ellos deben también sufrir. Ellos me cortaron mi vida. Estoy postrado en una silla. Ellos tienen que sentir este sufrimiento. Yo tengo que luchar. Me he negado repetidas veces. Yo sabía que tratarían de callarme. Mucha gente me advirtió que la CGN me ofrecería dinero. Pero yo no me callaré. Y si quieren terminar de matarme, otros hablarán por mí”, dice.

Durante el proceso este campesino se sintió “insultado”. “Sentí que se burlaban de mí. En la justicia de Guatemala no hay esperanza para nosotros los indígenas. La justicia no nos ayuda.”

Misma cólera es la que siente Rosa, víctima de la violación colectiva que ella describe como orden de Mynor Padilla. “La jueza (Peña Ayala) fue muy racista con el pueblo indígena. Fuimos discriminados. Él (Padilla) salió libre y es como si nosotros no fuéramos seres humanos”. La fachada de la casa de Angélica Choc, viuda de Adolfo Ich, fue baleada la noche del 27 de septiembre del año pasado. “Para mí es un abuso y más aún en tanto mujer indígena. La justicia en Guatemala es una justicia sucia donde no hay orden. Nosotros sólo defendemos nuestros derechos”.

“Aquí es la peor mina del mundo”

Solway Group (US$1.3 billones en mayo de 2016) prometió mucho a El Estor con el apoyo del expresidente Otto Pérez Molina, hoy detenido y procesado por corrupción. Primero, alrededor de 400 personas rusas y ucranianas (grupo que ya produce ferroníquel) se instalaron en “la colonia”, aislados del pueblo, separadas por altos muros, alambre espigado y guardianes armados las 24 horas. Dentro de esta zona prohibida al público, una clínica de alta calidad. Y la mano de obra local cuenta únicamente con un centro de salud decrépito y mal equipado. Diferencias de trato que saben mal, aunque el grupo se jacta de ser “el empleador más grande dentro la región económica más empobrecida de Guatemala.”

Frente a sus mecánicos, Milton Gutiérrez selló la puerta, empalagado de la productividad sin fe ni ley de la dirección ejercida por los rusos, que además es peligrosa según él. Trabajó 35 años en una decena de minas en África y América Latina. Según él, esta “es la peor mina del mundo: falta de seguridad, contaminación, falta de competencia, represión y corrupción son sus métodos. Es una mafia política y financiera. Hay mucha discriminación. A los extranjeros se les paga entre US$3 mil y US$5 mil por mes y los guatemaltecos mejor calificados no ganarán más de Q5 mil. Nuestros equipamientos de seguridad son mínimos y limitados”. Desde que abrieron la mina, asegura, nunca hubo controles. “En cambio vi gente borracha trabajar de noche”. En agosto del año pasado, la explosión de una caldera en la planta dejó seis muertos y un herido. La planta nunca fue evaluada ni controlada por el Ministerio de Trabajo. “Se contrató a gente sobre demanda, pero sin la formación necesaria para hacer uso de material nuevo y de baja calidad”, afirma Gutiérrez. “Es pura negligencia”.

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No existe ningún sindicato en la empresa y muchos testimonios cuentan sobre el chantaje de perder su empleo en caso de reivindicaciones. “Nosotros defendemos los derechos individuales y colectivos de nuestro pueblo, de los q’eqch’i. Los hombres que trabajaron para la CGN-Pronico describen el uso de la gente como una estrategia militar”, explica Robin Macloni, director de la Asociación Defensoría Q’eqch’i.

No fue posible obtener la versión de los ejecutivos de CGN-Pronico sobre los hechos que se consignan en este reportaje.

La inversión más grande nunca antes hecha en el país

Cuando Solway Group llegó a Guatemala, la Comisión de Energía y Minas del Congreso estaba en manos de los diputados del Partido Patriota. Las reservas de níquel se estiman a 30 años de explotación. Y “la exportación de níquel dejará cada año a Guatemala unos US$470 millones en divisas”, anunciaba CGN-Pronico. “Además, el fisco percibirá US$50 millones (unos Q400 millones) en concepto de impuestos y pagos al Estado”. Luis David, entonces director de Invest in Guatemala aseguraba que “al final, por cada dólar que sale, Guatemala se queda con la mitad”. La producción minera es una veta jugosa: 365 licencias fueron otorgadas en 2014, y 600 en están en curso. Las empresas extranjeras invierten con el acuerdo de los dirigentes que no les queda más que cultivar su dinero.

Solway Group fue recibido por el gobierno de Otto Pérez Molina con los brazos abiertos por el proyecto “Fénix”. Invirtieron US$551 millones en una nueva planta y se aseguró que su costo se elevaría a US$1,500 millones (unos Q12,250 millones). Cifras asombrosas que encantaron al presidente de entonces. “Esta es la inversión más grande que llega a Guatemala, lo que demuestra que en el país se puede invertir”, dijo Pérez Molina durante la inauguración, el 30 de mayo de 2014. Con una producción de 25 mil toneladas de ferroníquel previstas al año, la mina exige la autorización de la construcción de un puerto privado en Puerto Barrios, el Puerto San Martín, evaluado aproximadamente en US$27 millones. Esto fue autorizado sin problema.

Un pueblo dividido y un miedo difuso

A cambio de ese trato, Solway Group anunció un aumento de la retribución al gobierno. “Un nuevo convenio de acuerdo voluntario donde aumentaron el pago de regalías de 3%”, dijo Fernando Castellano, director general de la Minería. “25% para el Estado, 17,5% para la municipalidad de El Estor, por medio de aportación directa; 17,5% será distribuido entre las comunas de Puerto Barrios, Los Amates, Morales, Linvingston y Panzos. Con este pago, el monto anual alcanzará aproximadamente Q50 millones al año entre regalías y aportes al Estado”. Hasta el momento se desconoce si el convenio fue cumplido por la minera.

En el mercado capitalista este es un buen negocio, como dicen los especialistas. Pero en el plano local, el costo social y cultural es enorme. Y luego está la gente a favor, es decir los que benefician de un empleo, y la que está en contra, básicamente el resto de pobladores. La empresa asegura que da empleo a 1.779 personas, además de cientos de contratistas locales. El tema divide y la desconfianza se siente de manera permanente, amenazas a penas encubiertas se difunden también. El otro tabú que ronda las cabezas es el narcotráfico, el lago de Izabal sería una de las rutas las más utilizadas en el païs.

En ese contexto, la Gremial de Pescadores pidió a la municipalidad de El Estor a finales de abril un análisis del agua del lago. Sin respuesta satisfactoria, decidieron el 3 de mayo hacer un primer bloqueo en la carretera de exportación del níquel por 10 días hasta que se llevó a cabo una mesa de diálogo. El 27 de mayo, esta debía retomar el diálogo con los resultados esperados. Sin embargo, la asamblea general de la Gremial de Pescadores, en la que participó Carlos Maaz Coc, decidió renunciar. “Hay siete denuncias al alcalde Rony Méndez y su consejo municipal dentro de las cuales una contra mí”, explica Eduardin Bin, su portavoz. “Me enteré anoche. No sé si hay orden de captura, pero no puedo tomar el riesgo de ir a la mesa de diálogo y terminar el día en prisión”.

Los pescadores decidieron entonces retomar el bloqueo de la carretera. Pero decenas de policías (dentro de los cuales estaba el comandante –hasta ahora el conciliador– que cambió la noche anterior) estaban ya posicionados y equipados para el enfrentamiento. La tensión subió rápidamente, las primeras bombas lacrimógenas dispersaron a la multitud y las fuerzas del orden forzaron el bloqueo. Pero rápidamente tuvieron que retraerse. Fue en ese momento que se escucharon los tiros seguidos de un gran silencio de miedo. El padre Ernesto Rueda Moreno, cura del pueblo, estaba a menos de diez metros de la víctima. “La policía comenzó. Yo sólo vi gente con piedras, no con armas. Se veía bien y se veía bien que había gente. No se puede tirar pensando que no hay gente. Tampoco había humo de las bombas lacrimógenas en ese momento”, dice. Una ola de indignación invade el pueblo immediatemente. La multitud agresiva, quema la estación de policía y saquea la casa del alcalde.

Evacuaron a un herido. Carlos Maaz Coc queda tendido sobre el suelo. Nadie buscó hacerle autopsia al cuerpo. Su misma familia recogió el cuerpo, y lo enterró al día siguiente frente a 500 personas. El Estado guatemalteco negó primero la muerte por bala del manifestante. El mismo día, Solway Group declaró que “la contaminación del agua es mínima (…) que esta viene del río Polochic (…) Si no se hace nada, el lago se verá fuertemente afectado. (…) Después de análisis, la prueba presentada a la investigación del comité ministerial concluyó que la CNG-Pronico no puede ser responsabilizada por el cambio en la calidad de agua”. La muerte de Maaz Coc se mantiene impune.

En El Estor desplegaron un cuerpo armado de 500 policías. El alcalde, Rony Méndez, rechazó cualquier tipo de conciliación y abandonó el pueblo tras anunciar la decisión de no suspender las operaciones de la mina, por temor a los pobladores. La Gremial de Pescadores espera retomar una mesa de diálogo y considera que hay “un mártir de la lucha” por el que se debe hacer justicia. “Queremos pruebas del análisis del agua y pruebas de la legalidad de la mina. Como pueblo indígena, exigimos una consulta”. CALAS pidió una copia de la licencia otorgada a CGN-Pronico. Otras luchas a favor de la consulta se perfilan.