No nos creen por ser jóvenes, pero denunciamos

En la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) muchas estudiantes se enfrentan al acoso y violencia sexual, lo que viola su derecho a la educación superior de calidad. En el 2019 se publicó el Estudio Exploratorio Sobre Acoso Sexual en la Usac, que hizo la Asociación de Estudiantes Universitarios Oliverio Castañeda de León (AEU) y ONU Mujeres, para visibilizar esta problemática con datos. Como secretaria de Género de la AEU fui la encargada de hacer el mapeo, sistematizar los datos y redactar el informe.

Se evidenció que en la Universidad el acoso se da en todas partes, principalmente en las facultades, escuelas y las aulas. Al cruzar los datos de los agresores y el lugar del hecho se estableció que quienes violentan suelen ser los profesores. De los 787 reportes, el 29.9% de las encuestadas expresó que su agresor era un profesor, y del total de encuestadas que tuvieron un incidente de acoso dentro del aula, el 72.3% dijo que fue el catedrático.

Este estudio surgió de las exigencias de las estudiantes que se acercaron a la AEU para buscar apoyo. Nos dimos cuenta de que el acoso sexual era un problema, y luego de una reunión con el Observatorio Contra el Acoso Callejero entendimos la necesidad de averiguar su magnitud dentro de la Usac.

Al principio pensamos que lo más importante era identificar dónde ocurría el acoso para alertar a las estudiantes y autoridades. Sin embargo, los datos nos dieron más información y develaron la complejidad del problema. Tras publicar la encuesta en nuestra página de Facebook, recibimos una respuesta que no esperábamos: en 24 horas tuvimos 100 reportes, y en menos de 3 meses 787 de estudiantes que habían sido acosadas en el campus central y en el Centro Universitario Metropolitano (CUM).

Ahí la frase «lo personal es político» se convirtió en más que una consigna histórica. Era aplicable a mi entorno, a mis compañeras, a las estudiantes. El acoso sexual no le pasa a una sola, sino a centenares. Había conocido algunos casos como Secretaria de Género de la AEU, pero no sabía que el problema era tan grande.

El acoso sexual es un problema público que debe ser atendido por las autoridades universitarias y el Estado. Si el Estado no lo considera como delito, la Universidad tampoco, y no lo sancionará de forma seria.

Los resultados del estudio fueron claros y contundentes. Presentamos estadísticas de los lugares donde se da acoso sexual, del agresor (especificando su rol y edad), las unidades académicas con más incidencia (la Escuela de Ciencias Psicológicas en primer lugar), los nombres de los profesores que acosan (más de 200) y los resultados de las denuncias (dónde se presentó y si tuvieron respuesta).

Las autoridades de la Usac prometieron atender nuestras peticiones de implementar mecanismos para responder al acoso sexual de forma integral. Sin embargo, casi dos años después del estudio y de la presentación de una propuesta de reglamento para prevenir y sancionar el acoso sexual en la Universidad, aún falta mucho para detener esta situación de violencia contra las estudiantes.

Pero esto no nos ha detenido. Las estudiantes continuamos organizándonos, denunciando esta problemática desde varios espacios y formas porque estamos indignadas. A pesar de nuestro esfuerzo todavía hay casos de acoso y violencia sexual que pudieron prevenirse. No es justo que siga pasando esto en un espacio académico que debería sentirse nuestro. Nos sentimos inseguras en nuestra universidad. Si todavía no existen los mecanismos, los seguiremos exigiendo de todas las formas posibles. Y sí, eso incluye las denuncias públicas.

En 2020 hubo dos casos que ejemplifican la importancia de esta forma de denunciar. En Facebook circuló un meme de una estudiante de la Escuela de Historia aludiendo a varios profesores que son acosadores. Era una broma, pero también una denuncia. Causó furor en Historia, al punto de que una de las planillas que competía por la dirección (y que ganó) la acusó de «inflamatoria» y de «campaña negra». La mayoría de los profesores que aparecían en la imagen pertenecían a ese grupo político.

Luego muchas estudiantes de Historia se pronunciaron apoyando a su compañera que hizo el meme y confirmando que esos profesores acosan. Revisé los nombres de los profesores que estaban en la imagen y los que recolecté en el estudio. De los nueve que aparecían en el meme, cuatro eran identificados en la investigación.

El otro caso fue el de un profesor de la Facultad de Derecho que compartió en un grupo de WhatsApp un video íntimo de una. Un profesor no debe tener estos materiales de sus estudiantes, menos compartirlos con otras personas. Haberlo hecho viral en redes sociales motivó a la comunidad estudiantil a denunciar al catedrático, exigir su despido y aprobar mecanismos para evitar estas situaciones. No fue recontratado, pero no hay garantía de que no vuelva a dar clases. Ni siquiera hubo alguna sanción o de reconocimiento de su mala acción. Solo no se le renovó su contrato como profesor interino.

Estos dos casos reavivaron la indignación y exigencias de las estudiantes de la Usac. Por la cobertura mediática y nuestra presión las autoridades universitarias aceptaron revisar la propuesta de reglamento. Finalmente, el que se aprobó no es el ideal, porque sigue siendo arbitraria la manera en que se decide si el caso que se denuncia merece sanción o no. Consideramos que las sanciones deben estar establecidas para los distintos casos de acoso sexual. Además, quienes toman esta decisión son las mismas autoridades: hombres, decanos y profesores. Consideramos que no hay garantía de imparcialidad.

Las denuncias públicas sí importan y son válidas, incluyendo las que son anónimas. Creo firmemente que, si más de 700 estudiantes se atrevieron a reportar sus experiencias de acoso y violencia sexual en la Usac, incluyendo los nombres de los profesores agresores, fue porque eran reportes en los que no se les pedía que se identificaran. Lo que buscábamos era conocer sus experiencias y gracias a los testimonios ahora conocemos mejor el problema.

Por eso me molesta la crítica y el cuestionamiento de la veracidad de los testimonios anónimos. Al conocer las experiencias de acoso o violencia sexual una puede darse cuenta de que es real, que no se inventa tan fácil. Las denuncias públicas no son sencillas de compartir porque al leer un testimonio el agresor va a darse cuenta de quién es la persona que lo escribió.

Además, las mujeres que denuncian públicamente se enfrentan al escrutinio si ella y el agresor pertenecen al mismo círculo social u organización. Esta es una de las razones por las que las mujeres deciden mantener el anonimato, para que no se las revictimice o cuestione de forma personal. Aun así, las mujeres deciden denunciar porque es importante dar a conocer la verdad sobre el agresor, para que no le vuelva a pasar a otra, y también porque esta acción es liberadora.

Para mí, convertir estos testimonios en datos fue vital. Demostró que hay un patrón de violencia contra las estudiantes de la Usac. En la Facultad de Arquitectura, Medicina y Psicología quienes acosan son los profesores y operan de manera similar. O en la Facultad de Farmacia, donde las estudiantes son acosadas por desconocidos.

Yo defiendo las denuncias públicas, aún si son anónimas, porque es imposible no creer en las experiencias tan dolorosas que viven las mujeres jóvenes. He conocido muchísimas de las estudiantes, las he acompañado para presentar denuncias formales y he escuchado las vivencias de mis amigas. Sigo cargando su peso porque aún no hemos logrado que los mecanismos para denunciar se implementen en la Usac y así cambiar esta realidad. El reglamento aprobado aún no se usa, así que no hay una ruta formal a seguir para denunciar estas formas de violencia. Y aún si se hiciera será un mecanismo deficiente, similar a lo que ya existe: denunciar frente una junta directiva y esperar lo mejor.

El debate de las denuncias públicas

Hay adultocentrismo en el movimiento feminista de Guatemala. Se evidencia más cuando se cuestionan las formas de denunciar de las jóvenes, especialmente las públicas. Se descalifican porque son informales, en redes sociales y algunas desde el anonimato. Invalidan nuestras formas de denunciar apelando a nuestra falta de experiencia y conocimiento del tema. Sabemos muy bien que nuestras acciones no siempre permiten la reparación digna para las víctimas y que debemos exigir al Estado y a las instituciones que se refuerce la atención integral de casos de violencia contra las mujeres para garantizar justicia sin revictimización.

Lo hacemos. Estamos conscientes de ello, porque ser jóvenes no significa que desconozcamos el tema o lo que se necesita cambiar. A pesar de nuestra edad tenemos suficiente experiencia de vida siendo mujeres, amigas y compañeras, para saber y decidir cómo vamos a responder a todas las formas de violencia que vivimos.

Por las denuncias públicas nos critican de «generalizar experiencias individuales» sobre un hombre, pero no somos nosotras las que lo buscamos sino la realidad, porque sucede que lo mismo le ha pasado a varias con él. Vemos a hombres escudarse cuando se les denuncia como agresores diciendo que tienen amigas feministas. Se aferran a ese argumento como si eso hiciera imposible que acosen. Hay predisposición de creerles y defenderlos. Se hace más notorio cuando hay amistad y así sobreponen sus intereses y prestigio a la integridad de las mujeres.

Las experiencias de acoso sexual que viven las mujeres jóvenes no se vuelven individualizantes al compartirlas. Son tantas que se trata de una violencia común, un problema que vive la mayoría. Es violencia contra las mujeres jóvenes y no es justo esperar que nos quedemos calladas.

Victimizar a los hombres que acosan, apelando al cumplimiento de las rutas de denuncia formal para lograr la reparación de las víctimas y transformación individual de los agresores es injusto, porque se ha probado que las instituciones no funcionan, y en la Usac ni siquiera existen. Tampoco se nos puede exigir que denunciemos solo por medios formales porque muchas mujeres no tienen acceso ni confianza en las instituciones. 

Es necesario discutir sobre cómo mejorar las formas de denunciar la violencia y acoso sexual, pero ahora llevan el debate a su validez cuando son por redes sociales o peor, a cómo afectan a los hombres acosadores. Una vez más se le pone la carga a las mujeres y a sus formas de denuncia.  Debemos reflexionar cómo crear formas de reparación y un cambio de los agresores hacia las víctimas, especialmente en espacios de organizaciones sociales.

Cuando se denuncia formalmente el acoso sexual en la Universidad es difícil lograr que las autoridades universitarias te tomen en serio, y que efectivamente se implementen las sanciones acordadas después de un proceso largo y revictimizante. Cuando la denuncia es pública a veces en la Usac hay una respuesta más rápida por la presión pública.

Por lo menos hay una respuesta, pero en las organizaciones sociales no es así. Por los casos que se han denunciado públicamente de miembros conocidos de la sociedad civil lo único que las mujeres jóvenes pueden hacer al ser acosadas es alejarse y procurar no cruzar caminos nuevamente con esa persona.

Cuando la denuncia es pública los acusados lo niegan, y el resto de sus compañeros de organización los defienden acusándolas de ser una conspiración de la derecha o racismo. No se cuestiona si la persona tiene esas conductas y si deben cambiar. Esto limita la participación de las mujeres en espacios relevantes de organización y de la política.

Dentro de las organizaciones sociales debería haber una ruta para denunciar, con la garantía de darles seguimiento sin que las mujeres tengan que renunciar a los espacios políticos. El acoso sexual debería ser atendido, sancionado y cuestionado, pero desde el acuerdo común de que la violencia contra las mujeres no es y no debe ser tolerable. Especialmente en organizaciones que defienden los derechos humanos.

Que los mecanismos existentes para denunciar la violencia contra las mujeres no son efectivos no es nuevo, y estamos conscientes de los esfuerzos de mujeres para que se mejoren. En términos de mecanismos formales, legales e institucionales reconociendo como un problema la violencia contra la mujer ha habido grandes avances. El problema es que en la práctica no existe suficiente voluntad política para hacer que estos funcionen de forma integral, por lo que realizar una denuncia formal por violencia contra la mujer puede convertirse en una situación dolorosa y estresante, y en el caso de denunciar casos de acoso sexual hasta humillante.

Ahora exponer a un hombre que ha acosado o abusado de varias mujeres jóvenes se califica como una acción violenta, incorrecta e ilegal. Sin embargo, no hay un solo caso en el que se castigue socialmente al agresor excluyéndolo de espacios de participación social o políticos, o que hayan perdido legitimidad como activistas a los ojos de las organizaciones sociales porque continúan trabajando en ellas sin perder su respaldo, y sin que se les cuestione.

Es muy injusto que se cuestione a las víctimas y a las jóvenes con tanta fuerza diciendo que buscamos castigar y sancionar a los acosadores, cuando las mujeres que denuncian quieren evitar que las agresiones se repitan. Ese es el punto el punto principal de las denuncias públicas.

Sí, las jóvenes denunciamos a los agresores, pero también hacemos propuestas sobre cómo cambiar esta situación: apoyamos todas las acciones para mejorar las rutas de denuncia formales porque nos gustaría que funcionen en el Estado, en las organizaciones sociales y en las universidades.

Lo violento no es la denuncia pública en redes sociales por parte de las jóvenes, lo violento es que un hombre acose sexualmente y viole a las mujeres. El debate no debería concentrarse en cómo la cancelación puede ser dañina para los agresores (que no es, en realidad) o sobre la validez de los testimonios y sus intenciones, sino que debería centrarse en cómo mejorar las rutas de denuncia formales en todos los espacios donde se han denunciado estas formas de violencia para que no sigan pasando: desde el Estado, en las universidades y en las organizaciones sociales.