Ocho claves para entender un poco mejor la justicia indígena

El reconocimiento constitucional de los derechos de los indígenas ha enfrentado históricamente a los guatemaltecos. En 1999, los grupos más conservadores del país cerraron filas para impedir el apoyo ciudadano a las reformas a la Constitución, que incluían el reconocimiento del Estado de Guatemala como uno de naturaleza “pluricultural, multiétnico y multilingüe”. En su mayoría, los argumentos en que basaron sus posiciones bebían de la desinformación y la hacían crecer. Empresarios, políticos y funcionarios también han evitado la aprobación de una Ley de Lugares Sagrados, y con la complicidad del Estado han irrespetado la Ley de Idiomas Nacionales que obliga a impartir un idioma indígena a todos los estudiantes de primaria para promover la interculturalidad.

Esta semana, el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF),  pidió al Congreso no aprobar la reforma al artículo 203 de la Constitución, que busca reconocer la jurisdicción indígena. Esta posición, acuerpada por portavoces de otros grupos de interés, ha desatado de nuevo las pasiones entre los guatemaltecos y ha hecho florecer argumentos alejados de la realidad cultural, social y cotidiana de los indígenas, generando dudas y temores entre los ciudadanos.

Hay problemas reales. Otros son inventados. Estas ocho lecturas ofrecen algunas respuestas y muchas explicaciones.

1. Los linchamientos no son parte de la justicia indígena... y muchas otras cosas más

¿Es el linchamiento una pena de la justicia indígena? Hay consenso entre las autoridades oficiales e indígenas en que los linchamientos no son, ni deben ser, parte de la justicia indígena. “El linchamiento no es parte de la justicia indígena, esas acciones no van con la cosmovisión maya”, sostiene Carlos Guárquez, líder nacional de autoridades indígenas, y presidente de la Asociación Guatemalteca de Alcaldes y Autoridades Indígenas. Entonces, ¿qué es la justicia indígena? ¿De qué se ocupa? ¿Cómo afecta a la Constitución? ¿Qué tiene que ver con los derechos humanos? ¿Los viola? Este reportaje lo explica.

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Según la Asociación Guatemalteca de Alcaldes y Autoridades Indígenas (AGAAI), 44 municipios de 12 departamentos del país, están organizados con autoridad indígena, reconocida y legitimada por su misma población. De acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística, la suma de población estimada en estos 44 municipios para 2016, es de al menos 2.4 millones de guatemaltecos, el 15% de la población total del país. Sin embargo, en esas cifras no se incluyen otras formas de organización y autoridades que rigen en al menos una docena de comunidad más.

2. El Estado no forma a sus ciudadanos para que conozcan la justicia oficial

Acepta algunas formas de justicia indígena, como las de Quiché o Totonicapán, pero impide otras, como las de Alta Verapaz o Izabal. Por lo menos hasta 2012, en muchas décadas, la respuesta a la incomunicación de sistemas y culturas apenas habría pasado de ser la misma (intérpretes o traductores) si no fuera por una pequeña oficina del Instituto de la Defensa Pública Penal que se ocupa de sistematizar procesos, recopilar casos, seleccionar sentencias, y además, plantear argumentos desde el contexto indígena para la estrategia de defensa. El ámbito de competencia es otro asunto ambiguo. Algunas formas de justicia indígena, contra lo que se dice, sí juzgan delitos graves. Otras no.

Este reportaje da un ejemplo de cómo justicia indígena y oficial han logrado coordinarse.

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3. La justicia indígena no se limita a los modelos de Sololá, Totonicapán o Quiché, y es efectiva y plural

Cuando se habla de justicia indígena suelen salir a relucir los modelos de Sololá, Totonicapán o Quiché, o el área Ixil. En realidad, hay muchos más, y ninguno puede considerarse “El Modelo”. Cada historia y cada lugar han dado pie a fórmulas distintas para solucionar sus problemas, y ninguna de ellas se ha quedado estancada en el tiempo. La justicia indígena está en permanente evolución y las comunidades tienen mecanismos para expulsar o reformar ciertas formas de aplicación de justicia con las que no están de acuerdo.

Mientras tanto la defensa del sistema oficial ha servido históricamente para defender los intereses de una pequeña élite... y para permitir el expolio de tierras.

Expolio de tierras como el de Chichicastenango.

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4. El hombre más rico del mundo vs la alcaldía indígena de Chichicastenango

Una noche de finales de octubre de 2011, 2.243 teléfonos dejaron de funcionar en el municipio de Chichicastenango, en Quiché. Así inició un capítulo de la historia del caso de Telgua (Claro), empresa del hombre más rico del mundo, contra la Alcaldía Indígena local, cuya existencia por fin era legalmente reconocida por la justicia ordinaria. Una historia de despojo, expolio, racismo y arbitrariedad que cuestiona a fondo los cimientos del sistema de propiedad en el país.

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5. ¿Por qué la armonía que propugnan las élites del “todos somos guatemaltecos” es falsa?

Somos el aparente encuentro de muchos desencuentros, sostuvo en esta entrevista el antropólogo jalapaneco Flavio Rojas Lima, un intelectual clave para entender las cofradías indígenas como una forma de organización social que excede con creces a lo religioso, y que, pese a haber sido un mecanismo de control social relacionado con la fe católica, terminó convirtiéndose en “el reducto cultural indígena por excelencia”. Un grupo dominante, sostenía Rojas, ha intentado persuadir a los dominados de que todos somos iguales y lo mismo, al tiempo que borraba no solo la historia de los dominados, sino las de las atrocidades propias. “Ubico negó todo. Negó el número, la demografía, alteró estadísticas. Redujo el número de indígenas en todos los documentos oficiales. Dijo: 'No tenemos problema indígena, no tenemos indígenas'. Fue taparlos con un dedo”. El objetivo de la clase dominante ahora es en cambio integrarlo, ladinizarlo, borrar su identidad.

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6. ¿Una nueva representación indígena?

A muchos les preocupa el surgimiento de nuevas autoridades indígenas que reclamen su propio ejercicio de la justicia. En 2012 nació el Consejo de Juventudes Indígenas, una organización que surgió para analizar, fiscalizar, denunciar y crear debate en torno a la actuación política de aquellos indígenas que, una vez en puestos claves dentro de las instituciones de Gobierno, “suelen olvidar sus orígenes y dejar fuera de sus agendas los temas de pueblos indígenas”. Uno de sus integrantes, Máximo Curruchich, explicaba así su origen, su funcionamiento, su relación con las instituciones indígenas, y también lo que no era ni pretendía ser el Consejo: autoridades.

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7. El motor de la historia de los pueblos indígenas en América Latina es la lucha por el territorio

Gladys Tzul, intelectual de Totonicapán, se especializó en sistemas de gobierno indígena de Guatemala. Desarrolló sus ideas en la tesis Configuración Política y Poder Comunitario en Sociedades Maya Kich'es. Crítica del machismo de ciertas tradiciones comunitarias, punzante ante los conceptos marxistas de clase que ella considera caducos sus intereses se encaminaron a arrojar a dar luz sobre los sistemas de dominación históricos y  actuales. Según lo que dijo en esta entrevista, el motor histórico de las luchas indígenas es el control del territorio y el mantener bajo control al Estado.

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8. La principal ley de la justicia indígena es el sentido común

Pedro Ixchíu es experto en pluralismo jurídico, no sólo porque lo ha estudiado y ha participado en procesos de conciliación de los sistemas de justicia indígena y oficial, sino también porque forma parte de ambos. Como abogado de la Universidad de San Carlos y representante de 48 cantones de Totonicapán, en esta entrevista resuelve muchas de las dudas más repetidas sobre el reconocimiento del pluralismo en la Constitución, o abre la puerta a posibles soluciones. También reflexiona sobre las debilidades y los límites de la justicia indígena (destierro, castigos físicos, delitos sexuales) y su relación con los derechos humanos.

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