Parejas sin derechos

Ella lloraba y decía “mi pareja se está muriendo”. Jany Campos Pérez contaba la historia de cómo su novia cayó del techo del centro cultural que gestionan mientras intentaba repararlo. La rutina diaria de la directora teatral cambió con brusquedad desde el accidente, en la tercera semana de mayo. Ya no pasaba todo el día con la mujer con la que convivía, por trabajo y por amor. Su pareja estaba en el hospital semiinconsciente y ella tenía contadas las horas para verla.

“Yo me quedé con ella hablándole hasta que reaccionara, porque ya la había dado por muerta. Pero cuando le hablé, empezó a respirar otra vez y esperamos a los bomberos para que la atendieran”, narraba la también gestora cultural. “Tiene una fractura fuerte en la cabeza, un hematoma, y el lado derecho de su cuerpo derecho está golpeado, incluyendo un pulmón que los médicos le están drenando”, detallaba a una semana del accidente.

En el hospital le dijeron que sólo su esposo podría encargarse de ella. “¿Y su esposa?”, preguntó Jany. A la mujer que vive con ella desde hace un año y con quien mantiene una relación desde hace cinco, quien la llevó a emergencias y quien la cuidó los primeros tres días, después le fueron vedadas las visitas. Una disputa entre ella y los padres de su novia provocó que le impidieran verla por un tiempo. La familia no estaba de acuerdo en que Campos pidiera ayuda y donaciones a nombre de la paciente y decidió encargarse del cuidado de la mujer de 30 años.

En la unidad de cuidados intensivos del Hospital Nacional San Juan de Dios sólo se entrega un pase de visitas a la familia. El personal del hospital insistía en que tenía que ser la familia quien cuidara a la paciente. “No lograban atar ese cabo de que yo soy su familia”, se quejaba la directora nacida en Venezuela, también actriz y docente.

Ante el Estado no hay nada que ampare la relación de Jany y su novia.

Con una publicación en Facebook, Jany canalizó su frustración. Comenzaba llamando "A TODAS LAS LESBIANAS que están HARTAS" y continuaba explicando la necesidad de una figura legal que las ampare, "que me proteja como ciudadana y también proteja a la persona con la que elija compartir mi vida". La publicación finalizaba con una invitación a organizarse para exigir esos derechos.

El sábado 28 de mayo una veintena de lesbianas acudieron a la convocatoria, y se dispusieron a escucharla. Jany dice que si el mundo no sabe sobre estos problemas es porque quienes los sufren no se atreven a contarlos. “Conté mi historia para que vean lo que les puede pasar”, explica.

En un salón del centro cultural que fundó junto a su novia, con la ilusión de crear un espacio donde no se discriminara a nadie, la mujer sostenía dos marcadores con los que empezó a explicar los obstáculos de los últimos días y definió estrategias para exigir protección legal. Trazó círculos en los que situó a los sectores u organizaciones que podrían apoyarlas. Descartó el sector público, pues veía muy difícil encontrar apoyos y reconoció que existe un vacío legal y de políticas públicas para las personas de la diversidad sexual. Su estrategia con el sector privado se basaba en demostrar que ella y otras personas como ella son sus clientes. Y con la sociedad, explicó que hay que contar sus historias para que las personas que las escuchen entiendan que también tienen problemas y que su lucha no es la de unos pocos.

Jany Campos sabe que su situación se justifica socialmente: “Porque no tenemos una base de leyes. Porque no tenemos nada que nos proteja. Porque no existimos, porque somos una molestia para la sociedad. Porque somos invisibles… Porque no tienen idea de cuántas somos porque no se los hemos dicho”. En efecto, no hay datos o cifras que indiquen cuántas personas se han visto desprotegidas en dificultades similares. Carlos Romero Prieto, secretario ejecutivo de la Red Nacional por la Diversidad Sexual coincide con la directora de teatro. Casos como éstos no están documentados porque las personas se sienten revictimizadas al tener que enfrentarse al tortuoso proceso de poner denuncias o chocar contra la burocracia que desde el inicio no reconoce sus derechos, explica Romero.

La defensoría de la Diversidad Sexual en la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) registra 27 casos de violencia o conflictos familiares desde su creación en 2014, sólo en el departamento de Guatemala. En los otros departamentos, las auxiliaturas departamentales no tienen defensorías específicas que lleven registro de las personas a las que se les vulneren sus derechos por cuestiones de género.

Patricia Vargas, consultora del Observatorio de Derechos Humanos, quien participó en la reunión convocada por Jany, entiende que al atreverse a visibilizar y denunciar estos problemas, las personas de la diversidad sexual se arriesgan, entre otras cosas, a perder su empleo y encontrarse en un aislamiento de su círculo social que les afecte la salud mental.

Ese sábado, en el grupo del centro cultural, las asistentes —todas mujeres— desahogaron la frustración sobre la violencia y discriminación que viven a diario. “Sabés que a un idiota se le puede ocurrir pegarte sólo porque sos lesbiana”, decía una de ellas. En la sala de la casa del centro histórico con zócalos de madera y piso antiguo, Jany Campos cerró su participación con un llamado: “Muchá, no esperen a que les pase esto”.

La discriminación invisible

“Existe una invisibilidad a los problemas de las lesbianas en Guatemala, quienes sufren violencia por ser lesbianas, pero también por ser mujeres, violencias que socialmente son legitimadas”, ha dicho Vargas, para quien la lucha por una legislación que ampare a la comunidad LGBTI —sea a través del matrimonio, la unión de hecho, la ampliación del concepto de familia en el Código Civil o una política pública— implica romper estructuras de poder que han excluido a una porción de guatemaltecos por su preferencia sexual.

Hay, al menos, tres vacíos en la atención a las personas de la diversidad sexual en el sistema: Una política pública de atención para que los usuarios puedan acercarse a las instituciones del Estado sin temor a ser discriminados, una ley de identidad de género, y una ley para las parejas y familias que no entran en el canon “hombre y mujer”.

La Constitución de la República establece que el Estado se organiza para proteger a la familia, cuya base legal es la figura del matrimonio. La Carta Magna se refiere a cónyuges, pero no establece el sexo de las parejas que formen familia.

Pero el Código Civil sí los define. “El matrimonio es una institución social por la que un hombre y una mujer se unen legalmente, con ánimo de permanencia y con el fin de vivir juntos…”,, se lee en el Artículo 78. El matrimonio entre personas del mismo sexo no estaría prohibido constitucionalmente, pero la mención de hombre y mujer en esa ley, la coarta.

Según Gabriela Tuch, defensora de la diversidad sexual en la PDH, un ciudadano puede hacer todo lo que la ley no le prohíba, pero un funcionario puede hacer sólo lo que la ley le permite. “El funcionario tiene las manos amarradas si no tiene una legislación que se lo permita”, indica Tuch.

“Para que el matrimonio igualitario se permita se tendría que reformar el Código Civil”, plantea Stephanie Rodríguez, abogada experta en discusiones de género del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales. Legalmente, ese código es una ley de carácter ordinario, la Constitución y los tratados internacionales están sobre ella.

El Código Civil se redactó en 1963. “Es conservador y anticuado porque no corresponde a las necesidades de la sociedad. Deja afuera a formas de familia que no son un matrimonio y sus hijos. Los núcleos familiares son diversos”, opina la abogada.

En cuanto a la figura legal de la unión de hecho, el Artículo 173 del Código Civil establece que se da entre un hombre y una mujer para tener beneficios legales por la vida en común y de ayuda mutua que comparten.

Jany Campos no quiere matrimonio. “Eso se lo dejo a la iglesia”, dijo. Lo que quiere, indicó, es tener opciones legales para compartir su vida con alguien y recibir los beneficios que eso conlleva como el acceso a servicios de salud, el seguro social, compartir patrimonio, tener beneficios laborales, y también ser reconocida como parte del núcleo familiar de la persona para que se garantice su comunicación en caso de que existan problemas de salud, tutela; y que tengan garantías con el sistema penal, de justicia,e incluso el sistema penitenciario.

La ley del clóset

A finales de los años 90 un grupo de activistas redactaba una propuesta de anteproyecto de ley sobre las uniones entre parejas del mismo sexo. “Teníamos la idea de que era sencillo plantear la igualdad de derechos”, cuenta Jorge López Sologaistoa, director de Oasis, la primera organización por los derechos LGBTI de Guatemala, quien participó en ese grupo. Ese borrador se envió a algunos parlamentarios, pero pocos estuvieron dispuestos a discutirlo.

“Comprendimos que la situación es más compleja y que existen grupos sumamente conservadores que no quieren que esto se dé”, explica López. Por eso adoptaron otra ruta: “sensibilizar, hacer comprender a la sociedad que tenemos derechos y el Estado debe responder”.

Los diputados del Frente Republicano Guatemalteco (FRG) Carlos Eduardo Velásquez Pérez y Jorge Alfonso Ríos Castillo presentaron en 2007 un anteproyecto de ley “de Ratificación del Matrimonio y Protección de la Familia”, en la que buscaban confirmar que el matrimonio se daba sólo entre un hombre y una mujer. La iniciativa no avanzó porque versaba sobre un asunto ya legislado, pero era una reacción para sentar un precedente que entorpeciera las uniones de gays y lesbianas.

En 2013 Guatemala fue la sede de la 43 Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos en la que se pretendía aprobar una convención interamericana contra toda forma de Discriminación e Intolerancia —entre ellas la relacionada a la identidad de género y la orientación sexual—. El entonces presidente Otto Pérez Molina se negó a firmar dicho documento bajo el argumento de que “Guatemala es un país conservador”. Ese mismo año, en un sondeo de la revista Contrapoder, el 86% de los diputados consultados rechazó la posibilidad de apoyar la unión legal de personas del mismo sexo.

El presidente Jimmy Morales también la rechaza. En 2015 —cuando recién había sido electo— dijo que aprobar dicha medida “generaría desorden social” en un país con una mayoría cristiana. “No creo en eso”.

A criterio de Jorge López, de Oasis, la oposición al matrimonio igualitario es tan inflexible que su organización no tiene el interés de iniciar una discusión legislativa que concluiría no obteniendo los votos necesarios para su aprobación.

“Si me preguntas a mí, yo no sé si quisiera casarme”, comenta el director de Oasis, “pero sí estoy seguro de que la decisión es mía y el que legalmente no tenga la opción va en contra de mis derechos”, añade.

Al consultarla sobre este caso, la diputada Sandra Morán, del partido Convergencia CPO, dice que “en situaciones como ésta es evidente la necesidad de iniciar una discusión legislativa sobre el tema”, y asegura que ella está en disposición de promover una legislación que proteja a la comunidad LGBTI, a pesar de que legalizar el matrimonio entre personas de distinto sexo no ha sido una de las principales demandas de las organizaciones y que ella como lesbiana tampoco es proclive al matrimonio.

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Hay distintas formas de entender la familia y en ello están las familias de personas del mismo sexo —explica la diputada—, pero la familia reconocida es mamá, papá e hijos y ese no es el único tipo de familia que existe.

—¿Ve disposición en el Congreso para que se dé esta discusión? —se le pregunta a la diputada.

—El Legislativo es un espacio bastante conservador. Estos son derechos humanos no reconocidos o ejercidos, y como sociedad debemos abrirnos a discutir sobre las realidades que existen.

—Cuando se discuten temas como éste en el Congreso, la oposición de ciertos diputados se basa en criterios religiosos, apelando a la “moral y buenas costumbres”.

—Tenemos que tener apertura para ver quiénes somos, en lo plurinacional y en la diversidad. Un punto fundamental de la vida es la libertad, la cual no se ejerce contra la libertad de otros. La discusión no es moral ni de pecado, sino de la libertad para que las personas puedan tomar sus decisiones de manera responsable y ser felices. Que se les reconozca como ciudadanos con derechos. Que en Guatemala podamos tener igualdad de condiciones y oportunidades —dice la diputada.

Óscar Pineda, vicepresidente de la Asociación Guatemalteca de Humanistas Seculares, coincide en que los argumentos religiosos no deberían ser los que definan las discusiones legislativas en un Estado laico. “Se busca que todas las personas compartan exactamente los mismos valores y que esos provengan de lo religioso. Se comienza a medir a la sociedad y lo que conviene a partir de estas creencias que no necesariamente todos compartimos y eso resulta en que se le vete el derecho a muchos de vivir su vida como prefieran”, afirma Pineda.

“La lucha por reconocer la identidad viene de los excluidos, no de quienes ostentan el poder, que suelen ser hombres, heterosexuales, con una mayor capacidad adquisitiva. Ellos ostentan el poder, control y la definición del mundo. Quienes luchamos somos los pueblos originarios, las mujeres, los de la diversidad sexual… La lucha comienza por el reconocimiento de la misma existencia. La norma de la sociedad. ‘Lo normal’. Los que estamos excluidos tenemos que sentirnos incluidos porque la norma es lo otro”, demanda la diputada Morán.

Fernando Linares Beltranena, diputado del Partido de Avanzada Nacional (PAN), también está de acuerdo con que se legisle para amparar estos colectivos, debido a que es una de las libertades que defiende la Constitución, pero no coincide en el uso de una figura legal ya creada. “Creo que es urgente que exista una protección legal para estas parejas, pero estoy en contra del uso de la palabra matrimonio, que implica procreación, debe dársele un nombre distinto porque perjudica los derechos de los hombres y mujeres ya casados”, indica el congresista para quien la distinción es necesaria.

El legislador Aníbal Rojas, del partido Visión con Valores (VIVA), dice que su negativa es innegocibale. “Hay que proteger a la familia. Yo no conozco ninguna ley que ampare a una familia fuera de la ley”, comenta. Al ser cuestionado por la existencia de familias que no están conformadas por un matrimonio y sus hijos, el diputado argumenta que “son situaciones circunstanciales que no se pueden tomar de parámetro para legislar” y al contarle la situación de Jany Campos y su pareja, según Rojas, “no se puede tomar un caso particular como éste para decir que existe una necesidad. No es aplicable desde ningún punto. Estamos en pro de las leyes que establecen la familia como mamá, papá e hijos y en ningún momento apoyaríamos otra cosa”, explica el diputado Rojas.

Según Jorge López, otra ruta que se ha propuesto para hacer los cambios legales es la consulta social, pero no ve como una opción factible o prudente que una mayoría decida sobre los derechos individuales de otras personas. “La votación no se daría partiendo de mis derechos sino en función de otros intereses, ideas o prejuicios”, comenta López. Tampoco cree que la Corte de Constitucionalidad o la Corte Suprema de Justicia juzguen a favor de los derechos de las parejas del mismo sexo.

Una lucha dispareja por la pareja

Después de aquella reunión y tras dos días sin poder visitar a su novia, una mediación de Gabriela Tuch, de la Defensoría LGBTI de la PDH, permitió que Jany Campos pudiera negociar con la familia de su pareja la manera en que se darían las visitas al hospital. La convaleciente no estaba en condiciones para tomar decisiones. El nombre de la novia de Jany no se menciona en este reportaje como parte del acuerdo a que llegó con la familia.

“Necesitamos más protección que el auxilio de la PDH que como institución no tiene autoridad sobre las otras y hace un trabajo más de mediación y asesoría. Talvez en el momento en que haya una medida legal de protección que apruebe el Estado, las personas lo reconozcan”, reflexiona Campos, a quien le molesta hasta la imposibilidad de aplicar a una oferta para comprar un plan de telefonía compartido.

Aquél grupo de lesbianas que se reunió hace tres semanas, ahora tiene nombre: “Las Amazonas”. Una decena de mujeres que cuenta ya con asesoría jurídica y comienza a documentar casos como el de Jany y su pareja.

Ella presentó una denuncia ante la PDH en contra del hospital San Juan de Dios. El caso fue asignado a la defensoría de la Diversidad Sexual. Esta acción pretende evidenciar la escasez o no aplicación de protocolos de atención a las personas LGBTI en el sistema de salud.

Las primeras semanas después del accidente, la rutina diaria de Jany consistía en llegar al hospital, visitar a su novia y, cuando el horario indicara que debía marcharse, esperar a que uno de los hermanos de su pareja le dijera a qué hora podía volver al día siguiente.

Después de aquella primera reunión con “Las Amazonas”, su novia ya recobró la consciencia y ha podido abogar para que Jany esté junto a ella, como su familia.

“Me parece que hice lo necesario y vamos por buen camino”, cuenta Jany al teléfono. “Lo mejor es que ya no estoy luchando sola por una figura legal que nos ampare, sino que lo hacemos como pareja”. 

*Nota de edición: A las 11 de la mañana, del 20 de junio, pocas horas después de publicado este reportaje se añadieron dos párrafos con los puntos de vista de los diputados Fernando Linares y Aníbal Rojas.