Este hecho represivo no puede ser interpretado de otra manera, dado que la decisión fue detener policial y militarmente a quienes solo buscaban transitar por territorio nacional en busca de una alternativa de vida y de trabajo para resolver sus problemas de miseria, violencia y vulnerabilidad social en sus países de origen. A los riesgos producto de la delincuencia común y organizada, a las penurias por carencia de agua y de alimentos, a enfermedades emergentes como la covid-19, a las diversas formas de discriminación y de abuso, al despojo que padecen por funcionarios corruptos que los extorsionan en el camino, entre otros, a estos seres humanos les llovió sobre mojado: gases lacrimógenos y golpizas más las afectaciones psicológicas al verse objeto de la violencia institucional.
Contrario a implementar una política enfocada en un entendimiento complejo de la dinámica y problemática migratoria y en los derechos humanos que asisten a los migrantes en tránsito, el Gobierno guatemalteco decidió convertirlos en delincuentes, imaginario que además promovió —como hecho pedagógico— en la sociedad guatemalteca. Esto ocurrió así desde el momento en que instauró el estado de prevención como marco para potenciar medidas de control, contención y represión contra la emergente caravana que avanzaba en territorio hondureño. Además, este gobierno obvió el hecho de que en la caravana venían niños y niñas, adolescentes, mujeres e incluso adultos mayores, a quienes asisten derechos específicos y a quienes se vulneró aún más con la acción represiva.
Es evidente que, en general, la capacidad de este gobierno de analizar la realidad migratoria es bastante estrecha, cortoplacista y condicionada por poderes externos como el Estado estadounidense. Esto lo lleva a desconocer o ignorar la problemática estructural que provoca este tipo de flujos migratorios: falta de medios de producción, crédito, empleo, educación, salud y seguridad, situación que se agrava aún más en los territorios rurales. Esto, sin duda, provoca desesperación en las familias ante la falta de alternativas de reproducción vital, con lo cual se ven forzadas a decidirse por este tipo de travesías riesgosas. Esto ni por asomo es considerado por los decisores de las políticas gubernamentales en todas las escalas de la administración pública.
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Claro que esta política, aplicada de estas maneras a los migrantes centroamericanos en tránsito, refleja el carácter clasista que aplican Gobiernos como el guatemalteco. No es de olvidar que quienes integran este tipo de caravanas son parte de la clase trabajadora en condición de desempleo y pobreza. Es decir, forman parte de esos segmentos mayoritarios de las ciudadanías nacionales, a las cuales excluye el caduco modelo de desarrollo imperante y que carecen de representación política, de capacidad de incidencia y de influencia en las instituciones y altas esferas de decisión gubernamental. Son grupos que históricamente han sido objeto del desprecio de las élites que han tenido el control de los Estados, de las políticas y de sus aparatos.
Guatemala mantiene una política migratoria basada en la sumisión absoluta a la política fracasada de Estados Unidos, que, basada en criterios de seguridad, ha sido incapaz de controlar y detener los flujos de centroamericanos hacia ese país. Contrariamente, el Gobierno guatemalteco debería definir e implementar una política coherente con la problemática. Seguir en esa ruta de dependencia de su política migratoria solo mantiene y profundiza la ya deteriorada soberanía nacional, convierte al Estado en franco violador de los derechos humanos de los migrantes y se constituye en un factor que genera y profundiza la crisis migratoria y social que experimentan nuestros países.
Por lo demás, las guatemaltecas y los guatemaltecos con conciencia social deberíamos intensificar nuestras miradas y voces críticas para promover propuestas y alternativas a este tipo de gobiernos y políticas que se ven beneficiados por los flujos de remesas mientras desprecian y violan los derechos de los migrantes que las generan.
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