Programas sociales: más publicidad que resultados

El presidente Otto Pérez Molina lanzó Mi Bono Seguro el pasado 30 de abril en Santiago Chimaltenango, Huehuetenango, y con ello sugería que el reinicio del programa de transferencias condicionadas estaba próximo. Más allá de los actos simbólicos, los desembolsos continúan sin llegar a los beneficiarios dos meses después.

Uno de los que se mantienen a la espera es Santiago Atitlán, Sololá, seleccionado en el gobierno pasado como municipio piloto para el programa de transferencias, llamado entonces Mi Familia Progresa (Mifapro). En este lugar se incluyó a 2,418 familias de beneficiarios. El número se redujo a 2,273, pero hasta el momento ninguna de ellas ha visto un centavo, en lo que va del año.

Mifapro pretendía que las madres llevaran a los niños a los puestos de salud para monitorear su salud y crecimiento antes de los cinco años. Para ello el Estado les entregaba Q150 al mes, por el cumplimiento de este requisito por uno o más hijos.

Para asegurar la asistencia de los niños entre cinco y 15 años a la escuela, se estableció la entrega de otros Q150 para los padres que enviaran a los hijos al menos a un 90% de las clases. Es decir que no basta con ser pobre para ser beneficiario del programa, también se debe cumplir con las corresponsabilidades.

Aunque no era el objetivo primordial del programa, el Gobierno pasado destacó que contar varias familias beneficiadas en las comunidades permitía el desarrollo de las economías locales. Sin embargo, no es tanto en este aspecto que se evidencian las consecuencias más inmediatas cuanto en el cumplimiento de las corresponsabilidades por parte de los beneficiarios.

El riesgo en el área de educación es que al no haber un incentivo económico para persuadir a muchos padres de enviar a sus hijos a clases, decaiga la asistencia en un mediano plazo y se provoque deserción estudiantil en los próximos años, si las condiciones continúan.

Ricardo Pop, maestro de la Escuela Bilingüe de Autogestión de la Aldea Cerro de Oro en el municipio, explica que de momento es demasiado pronto para hablar de deserción escolar, pues no se tienen registros de niños que hayan abandonado el plantel por inconformidad de sus padres.

No obstante, explica que la asistencia ha sido irregular en comparación con el año pasado y que el problema podría incrementarse si no llegan los recursos que contribuyen a motivar a los padres para mandar a sus hijos a estudiar en lugar de verlos como fuerza de trabajo.

Neftalí Nabichoc, docente de la Escuela Rural Mixta de la misma aldea, indica que en su caso sí se ha visto deserción. El maestro tiene a su cargo un grupo de niños con capacidades especiales. Según relata, en los últimos meses empezó a ver las consecuencias de los atrasos en las transferencias, pues tres de sus estudiantes han dejado de llegar a clases.

Nabichoc explica que se trata de tres niñas que se movilizan con sillas de ruedas y, ante la falta de un sistema de transporte en la aldea, utilizaban moto taxis, pero sus padres costeaban este servicio con el dinero que recibían de Mifapro.

La situación es similar en el área de salud. Personal del Ministerio del Ministerio de Salud y Asistencia Social (MSPAS) de la cabecera municipal señala que en varias aldeas se han encontrado con dificultades, pues aun cuando recibían el aporte económico, muchas de las familias beneficiadas se mantenían renuentes a llegar a los controles y, sin la entrega periódica, algunas personas han dejado de cumplir con este requisito.

Las previsiones del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), entidad responsable de Mi Bono Seguro y otros programas de asistencia social, son que a partir de este mes se podrá avanzar con estos aspectos pendientes y llevar las transferencias. Así lo asegura Luis Hernández, viceministro de Protección Social.

El funcionario señala que en este momento se está trabajando en el control de las corresponsabilidades, pues la importancia del programa no radica tanto en los recursos que reciben las familias como en el cumplimiento de las obligaciones que adquieren “para romper el ciclo de la pobreza por medio de la salud y la educación”.

Pero esta es otra preocupación de Ricardo Pop. Hasta el momento, ni el Ministerio de Desarrollo Social, ni el de Educación (Mineduc) les han solicitado a las autoridades de la escuela los listados de asistencia y tampoco les han entregado los formularios de control para verificar el cumplimiento de los padres a la condicionalidad de educación. “Nosotros como responsables de la escuela llevamos un registro para nuestro propio control, pero no sabemos cuándo se acercarán las autoridades para pedirnos estos datos”, agrega.

Los motivos de la demora

Los programas sociales empezaron durante la administración pasada. En ese tiempo dependían de la coordinación del Consejo de Cohesión Social (CCS), dirigido por Sandra Torres, la ex primera dama. El primer decreto que aprobó la actual Legislatura fue para crear el Mides con la misión de ejecutar los programas sociales y coordinar las acciones relacionadas con ellos dentro del Gobierno.

Hernández explica que la nueva institución quedó establecida el 4 de mayo de este año –cuatro días después de que el mandatario lanzara el programa–, pero que en ese momento tampoco era posible trabajar a su máxima capacidad.

Guate compras, el portal que registra las compras y contrataciones del Estado, evidencia que hasta el momento la Cartera sólo ha realizado una licitación: 20,000 vales de gasolina con un costo de Q1.5 millones.

El viceministro añade que durante el mes pasado se logró avanzar en crear plazas, y que a partir de ahora ya será posible también abrir más concursos de licitaciones.

Hasta ahora, los procedimientos por excepción y las compras directas han sido la manera por medio de la cual el Ministerio se ha provisto de bienes y servicios. Un total de 810 procesos se han realizado por esta vía, equivalentes a casi Q6.75 millones. De esa manera también se adquirieron los productospara un programa que está en funcionamiento desde mayo de este año, Mi Bolsa Segura (Bolsa Solidaria en el Gobierno pasado). Mediante esos procesos se garantizaron las 200,000 suficientes para cubrir las entregas hasta octubre de este año.

Hernández señala que a pesar de estos atrasos, empezar el funcionamiento en 101 días es un tiempo récord, pues el último Ministerio en crearse, el de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), tardó cerca de ocho meses en empezar a operar.

Sin embargo, no todos coinciden con los motivos argumentados dentro del Ministerio para explicar los atrasos.

Varios trabajadores de Mi Bono Seguro aseveran que las dificultades para echar a andar el programa radican en que se desarmó la estructura que provenía del Gobierno pasado para incluir a personas del partido oficial, propuestas principalmente por líderes distritales y municipales.

El viceministro niega estos señalamientos y señala que todo el personal que forma parte de los programas está por sus capacidades. Orlando Blanco, extitular de la Secretaría de la Paz (Sepaz) y diputado por la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), señala que cerca del 75% de los empleados de los programas fueron sacados para incluir a personas cercanas al Partido Patriota (PP).

Blanco asegura que es en Mi Bolsa Segura dónde se da la mayoría de irregularidades, pues ha servido para que dirigentes de esta agrupación  en el distrito central y del departamento de Guatemala coloquen a sus allegados.

La página del Mides aún no muestra el listado de sus empleados, a pesar de que se trata de información pública, que además podría proporcionar indicios acerca de la forma en que se seleccionó a los trabajadores.

Bienvenido Argueta, ministro de Educación de Colom destituido por la Corte de Constitucionalidad y exdirector de otro programa del CCS, Escuelas Abiertas, manifiesta que no importa si son del partido o no: “El asunto es que tengan la capacidad de hacer las cosas”.

Argueta aduce que a la mayoría de las personas que laboran en los programas desconocen la realidad socioeconómica del país, y que al cambiar a personas que ya habían encontrado la forma de trabajar, se inicia un proceso en el que todos los nuevos trabajadores tienen que empezar de cero este aprendizaje.

Mifapro y Mi Bono Seguro, diferencias no sólo de nombre

Con el cambio de administración llegaron también algunas modificaciones a los programas sociales que no se limitaron a la creación de un ministerio para administrarlos. La reducción de los beneficiarios de las transferencias condicionadas fue el primero de ellos.

De 886, 838, el número de familias cubiertas por Mifapro pasó a 757,765, con Mi Bono Seguro. Esto fue el resultado de un proceso de depuración anunciado desde enero de este año por la ministra Luz Lainfiesta.

Una de las causas que provocaron la revisión de los listados es que se descubrió que varias familias habían cobrado más de una transferencia al mes. Por este motivo, hay 58 personas denunciadas ante el Ministerio Público.

El otro aspecto que se destacó fue la necesidad de identificar si los beneficiarios eran realmente pobres. Sobre este tema, el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), presentó un estudio en el que se indicaba que el 22.7 por ciento de las personas que recibían la ayuda de Mifapro no eran pobres. El documento no especifica cómo se hizo el estudio ni describe su metodología.

Por eso, el argumento no convence a Bienvenido Argueta. “Ese es el problema cuando hay grupos de poder jugando a la técnica”, expresa el exfuncionario, quien indica que le gustaría conocer si hubo algún estudio empírico que le diera respaldo al dato del CIEN.

Otra nueva modalidad anunciada por el Presidente es que se eliminaban las entregas periódicas que Mifapro hacía en los deferentes municipios. Con el nuevo sistema, las personas sólo tienen que ir a los bancos a retirar el depósito monetario que el programa le haga a su cuenta.

El viceministro aduce que gracias a esta modalidad, se logró que todas las personas (madres de familia) que se encuentran incluidas en el programa tengan ahora una cuenta bancaria, que no sólo fomentará la cultura del ahorro en quienes reciben este beneficio, sino que también representa invertir menos recursos en la logística que se montaba para cada entrega.

Las estimaciones del Midesapuntan a una reducción de gastos de entre Q9 millones y Q13 millones, por este cambio de mecanismo.

Con recursos limitados

Pero esta reducción de gastos no necesariamente implica más dinero para los programas. Hernández resalta que el presupuesto que tiene el Ministerio es casi  el mismo que se tenía el año pasado sólo para el programa de transferencias: Q1, 235 millones.

Entre las consecuencias que esto acarreará para Mi Bono Seguro es que, a pesar de que se busca poner al día los pagos a los beneficiarios, durante este año sólo recibirán el equivalente a seis meses, en lugar de 12.

Esta es una de las razones por las que se explican también las reducciones de personal de otro programa, Jóvenes Protagonistas, en el que se tuvo que suprimir gran parte de los talleres que se impartían a varios jóvenes en áreas urbanas de la capital y cabeceras departamentales.

El viceministro señala que se busca restablecer el objetivo original del programa, pues durante los últimos meses se había convertido más en un comedor que en un área de opciones para los jóvenes.

“Aquí se está muriendo el programa”, asegura Óscar Pérez, excoordinador para Totonicapán del programa durante el gobierno pasado, cuando se llamaba Escuelas Abiertas. A criterio de Pérez, la eliminación de personal técnico y la reducción de talleres alejan al programa de las expectativas de los jóvenes.

La mayoría de las que una vez fueron “Escuelas Abiertas” han permanecido cerradas en durante los fines de semana, en los horarios en que se desarrollaba el programa.

Es este otro motivo de señalamientos por parte de Bienvenido Argueta, pues resalta que en los programas sociales no se ve la misma eficiencia que en la construcción y mantenimiento de las carreteras. “El riesgo que se corre es que los pobres sigan siendo pobres”, concluye el exministro.