Propuesta de Giammattei calificaría como acto terrorista las protestas violentas

Desde que la presentaron esta propuesta ha pasado desapercibida, como si intentaran mantenerla oculta.

El 12 de octubre, el presidente Alejandro Giammattei presentó públicamente la «Ley para la prevención y represión del Lavado de Dinero u Otros Activos y del Financiamiento del Terrorismo». El Organismo Ejecutivo entregó la propuesta al Legislativo el 22 de julio, la recibieron oficialmente el 7 de agosto, pero el mandatario hizo la presentación hasta dos meses después.

Fue registrada con el número de iniciativa 5820. Aunque el documento analizado por Plaza Pública muestra los sellos de recibido del Congreso, no está disponible en su página web.

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Esta es la segunda vez que Giammattei intenta que el Congreso conozca una propuesta para regular o reformar el terrorismo en el país. La primera fue a finales de enero, mientras impulsaba los estados de prevención y planes de control territorial para combatir a las pandillas. En síntesis, esa propuesta busca agregar el artículo 391 bis al Código Penal para crear el delito por «terrorismo con fines de desorden público social».

El proyecto presentado en enero obtuvo dictamen favorable de la comisión de Defensa del Congreso el 27 de febrero, y quedó listo para pasar a la primera de tres lecturas necesarias para cobrar vigencia. En septiembre, luego de un incidente en el que pandilleros retuvieron a guardias del Sistema Penitenciario, en reunión de jefes de bloque los diputados acordaron retomar esta propuesta para primera y segunda lectura. Finalmente no lo hicieron.

Desde su presentación la iniciativa no había sido retomada. El pasado 17 de noviembre, un día antes de aprobar el cuestionado presupuesto para 2021, la comisión de Economía y Comercio Exterior, dirigida por el diputado Enrique Montano, de la bancada Unionista, recibieron la iniciativa 5820 en una sesión organizada vía Zoom.

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Redacción ambigua

Cuando presentó la nueva iniciativa, el presidente Alejandro Giammattei hizo una conferencia que transmitió en redes sociales. Indicó que una nueva legislación sobre estos dos temas es importante «porque ahora hay otras formas para delinquir». Durante su discurso, el mandatario no explicó cuáles son las diferencias sustanciales de su proyecto en comparación con las leyes que actualmente regula ese tema.

La Iniciativa de ley 5820, un documento de 80 páginas, presenta en el artículo 108 otro intento por modificar el Código Penal. A criterio de abogados consultados, la redacción permitiría la arbitrariedad en la persecución de esta pena.

La nueva iniciativa propone una nueva definición del delito. De ser aprobada, cometería «terrorismo quien, integrado o no en una organización terrorista o un grupo terrorista, estructurado o no, realice cualquier acto destinado a causar muerte o daños corporales graves a la población civil o a cualquier otra persona que no forma parte activa de las hostilidades de un conflicto armado y/o causar estragos o desastres a la propiedad o infraestructura, cuando el propósito de dicho acto, por su naturaleza o por su contexto sea ejercer presión a un gobierno o a una organización internacional para que haga o se abstenga de hacer un determinado acto o de intimidar a la población».

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Para el diputado de Movimiento Semilla, Samuel Pérez, esta propuesta podría generar reacciones represivas violentas. «Cualquier cosa podría catalogarse como terrorismo. Es una terquedad del presidente querer pasar legislación que le permita un gobierno más autoritario», exclamó el congresista.

La abogada e investigadora, Andrea Reyes, también mostró su preocupación por la ambigüedad de la iniciativa. «Es peligroso, sobre todo en este clima de crisis en el que vive el continente y el país. Esta ambigüedad lo que permite es la persecución política», determinó.

Reyes señaló que una de las falencias de la iniciativa es que menciona que el acto terrorista puede ser cometido por una persona que no pertenezca a una estructura terrorista.

En tanto, Álvaro Montenegro de Alianza por las Reformas, recuerda que esta es una de las propuestas legislativas regresivas que este gobierno ha presentado, como la ley para fiscalizar los recursos de las ONG. «Es un proceso de criminalización de activistas y movimientos sociales. Comienza por la estigmatización y culmina con procesos judiciales», expresó. El activista enfatizó que existe el riesgo de que esta propuesta se utilice para amedrentar y sancionar a líderes sociales.

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Entra a comisión de trabajo

Plaza Pública intentó conocer la opinión del Organismo Ejecutivo. Contactó a Francis Masek, secretaria de Comunicación Social de la Presidencia. Respondió que por ser un tema complejo solicitaría más información para dar una mejor respuesta, prometió enviarla ayer por la noche. Al intentar contactarla hoy, su teléfono estaba apagado.

Desde el miércoles pasado, el mismo día que el Congreso aprobó el cuestionado presupuesto para 2021, la iniciativa fue tomada por la comisión de Economía y Comercio Exterior. La comunicadora del diputado Cristian Álvarez, miembro de esta comisión, aseguró que esta sala de trabajo solo conoció la propuesta como parte del proceso legislativo, pero no la han analizado ni discutido.

La iniciativa se suma a otros proyectos de ley cuyo objeto debería ser de atención social. Un análisis publicado por Plaza Pública recopila propuestas cuya intensionalidad de fondo podría ser ganar impunidad, control social, privilegios económico financieros y negocios con el Estado, o recortar derechos sociales. Entre estos decretos están la Ley Contra Actos Terroristas, la reforma al Código Penal para aumentar la pena por delito de hurto de fluidos, también conocida como «Ley AntiCodeca», Ley de Reconciliación Nacional, entre otras.