Giammattei y Petro: una semana de crisis por el caso contra Iván Velásquez
Giammattei y Petro: una semana de crisis por el caso contra Iván Velásquez
Guatemala estuvo en los titulares de la prensa internacional durante cinco días debido al anuncio del fiscal Rafael Curruchiche sobre una investigación penal contra Iván Velásquez, actual Ministro de Defensa de Colombia y exjefe de la Cicig. Es probable que la atención mediática baje de intensidad, o eso se espera, pero queda para la historia la crisis diplomática entre dos gobiernos latinoamericanos a causa de la acciones de la fiscalía, y la exposición mediática sobre el «retroceso democrático» que atraviesa el país.
La mañana del viernes 20 de enero el presidente Alejandro Giammattei protagonizó otra escaramuza internacional en donde el tema central fue Iván Velásquez, ministro de Defensa de Colombia y exjefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).
Desde Madrid, España, en donde estuvo de gira para participar en la Feria Internacional de Turismo (Fitur), atendió por lo menos dos entrevistas con medios colombianos. Una fue con la revista Semana, en un tono más amable, y la otra con el programa La W Radio con el periodista Julio Sánchez Cristo, que tuvo un final abrupto. Este último pertenece al grupo Caracol, y Sánchez es su director. En ambas entrevistas, Giammattei hizo señalamientos contra el presidente colombiano, Gustavo Petro. En Semana dijo que Petro debía tomar clases de derecho procesal porque «es muy diferente una investigación a un procesamiento (penal)», y que a Velásquez apenas lo estaban investigando. Lo invitó a no reaccionar con «el hígado más que con la razón» ante la amenaza de romper relaciones diplomáticas por la acusación a su ministro.
Con La W Radio la entrevista estuvo más o menos bien los primeros tres minutos, pero luego salió a relucir el carácter furibundo de Giammattei cuando el entrevistador le preguntó si Guatemala reconoce el mandato de las Naciones Unidas sobre la inmunidad de sus funcionarios.
«Vayamos (sic) terminando este asunto porque lo que yo tenía qué decir ya lo dije. Así haya cometido un delito el señor (Velásquez) no se le podrá procesar, pero hay que investigarlo». A pesar de que ya no quería tratar el asunto, Giammattei siguió. «Hasta donde yo tengo entendido, por lo que ha salido de otras bocas allá en Colombia, la investigación alcanza a otras personas, entonces si él está involucrado tal vez no puede ser juzgado, pero investigado sí está siendo. No es el gobierno (el responsable de la investigación), sí soy el jefe de las fuerzas armadas y de las relaciones exteriores y por eso le dí la instrucción al canciller (para que resuelva el tema con el canciller de Colombia)» dijo.
El tema central es una investigación del Ministerio Público en contra de los fiscales y trabajadores de la Cicig que condujeron el caso contra funcionarios de Odebrecht, una constructora brasileña que pagó sobornos a diputados, ministros y presidentes de distintos gobiernos latinoamericanos para quedarse con contratos de obra pública.
El caso no ha tenido avances sino retrocesos en Guatemala. La fiscalía, jueces y magistrados invalidaron los acuerdos de colaboración eficaz en donde los funcionarios brasileños admiten culpas y señalan a quienes se quedaron con 31.95 millones de dólares en sobornos. Los acusados de recibir el dinero se libran de las acusaciones mientras quienes investigaron el caso son procesados penalmente.
Bajo el título «Acuerdos Fraudulentos, Corrupción e Impunidad», el MP ha pedido la captura de Thelma Aldana, Mayra Véliz y Juan Francisco Sandoval, quienes fueron Fiscal General, Secretaria General y jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) en el Ministerio Público. También contra David Gaitán, funcionario de la Cicig y Juan Pablo Carrasco, exasesor de Odebrecht y actual presidente de la Cámara de Comercio Guatemalteco Americana (Amcham). Los acusan de abuso de autoridad, obstrucción de la justicia y conspiración.
Rafael Curruchiche, actual jefe de Feci, encargado de anunciar el caso, aseguró que iniciarán acciones legales para «que respondan por sus actos ilegales, arbitrarios y abusivos», los colombianos Iván Velásquez y Luz Adriana Camargo, exjefe y funcionaria de la Cicig hasta septiembre de 2019, cuando terminó el mandato de la Comisión.
Luego que la fiscalía anunció acciones legales contra Velásquez, el presidente Gustavo Petro llamó a «consultas» a su embajadora (término diplomático que implica hacer volver a la embajadora a su país de origen para analizar cómo proceder) y en respuesta el gobierno de Giammattei hizo lo mismo en «reciprocidad» (llamó a consultas a la embajadora de Guatemala en Colombia) y señaló al gobierno de Petro de politizar un asunto legal.
El periodista de La W Radio insistió con otra pregunta. «Si eso es así (que se quiere resolver el asunto por diplomacia), ¿qué necesidad había para decirle al presidente de Colombia “guerrillero”?». A Giammattei le trastabilló la firmeza de palabra: «Bueno, yo no le dije (breve balbuceo)...»
Petro es un político de izquierda y reconoce que formó parte de la guerrilla M-19 mientras era concejal en su poblado natal. Luego, desmovilizado, el grupo participó políticamente y Petro fue uno de sus fundadores. Fue electo a la Cámara de Representantes y luego, con otras agrupaciones políticas, llegó al Senado y fue jefe de la alcaldía de Bogotá, capital del país. En 2022 logra la presidencia en su tercer intento a través de una coalición interpartidista.
De regreso a las declaraciones de Giammattei: «... yo lo que dije es a qué se dedicaba él anteriormente. Yo soy político, por eso entiendo perfectamente la política, tal vez él no por sus anteriores ocupaciones, pero ahí dejémosla, no me interesa seguir hablando de este tema y si la entrevista va a versar sobre ese tema hasta aquí llegamos», dijo a través de comunicación telefónica.
Giammattei llamó «guerrillero» a Petro ante los periodistas que lo entrevistaron en España el martes 17 de enero. Sus declaraciones fueron en respuesta a la defensa que el gobierno de Petro erigió a favor de Iván Velásquez. «Demostró luchar contra la corrupción y no permitiremos que la corrupción lo persiga», afirmó. En apenas 13 palabras señaló que el Ministerio Público ha emprendido acciones legales en contra de los fiscales que persiguieron a funcionarios corruptos de 2015 a 2019. Muchos de los cuales están en el exilio o han sido detenidos bajo acusaciones diversas, incluso por denunciar a otros funcionarios.
Giammattei, quien eligió a un segundo mandato a Consuelo Porras, defendió las acciones del Ministerio Público y de ahí sus polémicas declaraciones: «Voy a dejar que el presidente Petro siga cometiendo el error de un guerrillero, pero que es poco político. No voy a caer en el juego». Sus palabras fueron el festín de los medios. Las reprodujeron la revista Semana, de Colombia; el medio digital Infobae, de Argentina; France24, MSN noticias, Blue Radio, Deutsche Welle, el periódico mexicano Expansión, El País de España, CNN en Español y muchos más, que catalogaron sus palabras como una «ofensa» a su par.
A Giammattei le preguntaron si hablaría con Petro, pero respondió que no tenía intenciones, y que Petro había ofendido al país (usó el término «guatepeor» en el cierre de su campaña en 2022) y nunca se disculpó.
Sus palabras fueron el detonante de más historias. «Cordura en política significa luchar contra la corrupción», respondió Petro a la réplica que le pidieron los periodistas en la cumbre de Davos, Suiza, que reúne a los principales líderes mundiales por convocatoria del Foro Económico Mundial.
El error del MP y la crisis para el gobierno de Giammattei
Un exdiplomático, que pidió no ser citado, reconoció que el asunto escaló a crisis por el «error» del Ministerio Público de anunciar un caso contra un exfuncionario que tiene inmunidad después de dejar el cargo. El 18 de enero, dos días después de que la fiscalía anunció que investigaría a Velásquez, el portal noticioso de las Naciones Unidas publicó un boletín en el que refiere la preocupación del secretario general, António Guterres, sobre la persecución contra Velásquez. La Cicig fue una instancia solicitada por Guatemala a finales de los 90 y que se concretó en 2006 bajo el auspicio de la ONU.
«El titular de la ONU recuerda que el personal internacional de la Comisión goza de inmunidad, y que esa inmunidad se mantiene, aunque ya no ocupen sus cargos. Y el responsable de derechos humanos considera “dramático” que las personas que luchan para la rendición de cuentas sean los que son perseguidos y procesados», se lee.
El texto dejó claro que la persecución contra operadores de justicia no pasa desapercibida. Solo en 2022, 11 fiscales y exfiscales fueron acusados por el MP, varias de esas acusaciones responden a las denuncias que ha hecho la Fundación contra el Terrorismo, una entidad promilitar que surgió para defender a militares retirados acusados de graves delitos contra la humanidad.
Rafael Curruchiche, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad en Guatemala (Feci), fiscalía que hasta 2019 fue contraparte de la Cicig (aunque bajo el mando del fiscal destituido Juan Francisco Sandoval, exiliado desde 2021), también hizo lo suyo ante la prensa colombiana.
Los entrevistadores de Blue Radio le preguntaron si el caso era una revancha política contra la exfiscal General, Thelma Aldana y su equipo. Curruchiche lo negó, dijo que el MP de Aldana estaba cooptado y que usaron a la Feci para impulsar su candidatura política en 2019. « ¿Qué corona tiene Iván Velásquez para que no se le investigue?», insistió Curruchiche.
No obstante, las investigaciones iniciales que aseguró tener, no daban cuenta de algún beneficio para Velásquez a cambio de los acuerdos de colaboración con los funcionarios de Odebrecht. Lo que les consta, según Curruchiche, es que Velásquez tenía conocimiento de cómo se hizo el acuerdo de colaboración y de que un grupo de fiscales, incluido Sandoval, viajaron a Brasil para firmar el acuerdo con dos representantes de la empresa brasileña cuando no tenían competencia legal para hacerlo.
Otra periodista de La W Radio mantuvo al presidente Giammattei en línea durante otros nueve minutos. Giammattei se tranquilizó porque las preguntas versaban sobre la Fitur. Estaba cómodo de contar que, bajo su mando, Guatemala había logrado una economía resiliente, con una moneda estable, con más inversiones. Aunque el reporte del Banco de Guatemala indica que las cifras de exportaciones subieron en 2021 y 2022, la explicación de los expertos en economía es que se debe a la reapertura de mercados después de la Covid-19 y a la subida de precios debido a la inflación por el aumento en los precios del petróleo debido a la guerra de Rusia contra Ucrania.
El 2021 tuvo un impulso tras el cierre de mercados en 2020, y el crecimiento de exportaciones no se sostuvo en 2022 como lo demuestran las gráficas.
El periodista Julio Sánchez Cristo, de la radio colombiana hizo lo que no se ha permitido a la prensa local, preguntó sobre la libertad de prensa en este gobierno y el papel del presidente ante un MP que persigue a defensores de Derechos Humanos, como el periodista y fundador de elPeriódico, José Rubén Zamora, y sobre las sanciones del gobierno de Estados Unidos en contra de la fiscal General, Consuelo Porras (reconocida como actora corrupta y antidemocrática por el Departamento de Estado junto al fiscal de Feci, Rafael Curruchiche). El tema desató la ira del presidente.
Dijo que Zamora era un periodista que chantajeaba a sus fuentes para publicar o reservarse información y que, según sabía, estaba señalado por sus mismos empleados. En todo momento insistió en que en el país hay independencia de poderes y que ha sido respetuoso de las decisiones de los jueces. De los fiscales, no dijo mayor cosa. «A mí no me tienen que preguntar del estatus de un fiscal, no es mi responsabilidad, no tengo por qué conocer la vida, si tienen visa, si no tienen visa, si tienen hijos, si no tienen hijos, yo no conozco los fiscales».
Ante la insistencia del periodista, la entrevista terminó con un presidente más enfadado. «Señor, respete lo que habíamos quedado, muchísimas gracias, muy buenas tardes, se terminó la entrevista».
Iván Velásquez ha sido una piedra en el zapato para la lucha contra la corrupción en el país. En su gestión, logró avanzar investigaciones contra el presidente Otto Pérez Molina, la vicepresidenta Roxana Baldetti y muchos de los funcionarios de su gobierno. También evidenció a empresarios de alto rango, a políticos, diputados, empleados de alto y medio rango. Varios de los casos resultaron en sentencias condenatorias, aunque en los últimos meses otros casos se han cerrado en favor de los acusados.
Aunque el gobierno de Giammattei no lo confirma, el nombramiento de Velásquez como ministro de Defensa de Colombia ha resultado incómodo. Medios como La Hora, en Guatemala y El Espectador, de Colombia, publicaron que el Ministerio de Gobernación de Guatemala derogó un acuerdo de colaboración con el Ministerio de Defensa de Colombia en agosto de 2022, cuando se instaló el gobierno de Gustavo Petro y se confirmó que Velazquez dirigiría esa institución.
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