Siendo su poder acumulado (es decir, que paulatinamente ha venido aumentando y avanzando), es necesario preguntarse si no estamos ya ante un Estado mafioso y qué debemos hacer para expulsar a las mafias del aparato estatal.
Las organizaciones y redes criminales ya no actúan solo para influir en el Estado. Ahora también forman parte de este y actúan desde fuera y dentro de él. Evidencias de su capacidad de operar y dirigir lo más altos organismos públicos surgieron en 2015, cuando se descubrieron estructuras criminales dirigidas por el presidente y la vicepresidenta de la república. Asimismo, son fuertes los indicios de que tales estructuras mutaron y se rearticularon al punto de que hoy mantienen bajo su influencia y control a los principales organismos e instituciones estatales.
En esa preponderancia de las redes mafiosas y criminales en el Estado han confluido dos vertientes en general. Por un lado, hubo mafias que desarrollaron estrategias políticas de carácter local-regional y nacional a partir de las cuales lograron acceder y apoderarse inicialmente de gobiernos locales, de instituciones de control aduanero y fiscal y de segmentos de los aparatos policiales, militares y judiciales, entre otros, para acceder posteriormente, vía la cooptación de altos funcionarios y de partidos políticos, a cuotas de poder en los altos cargos de los organismos estatales. Por otro lado, varios grupos políticos y económicos hicieron de las prácticas mafiosas y criminales su principal manera de controlar la institucionalidad y, con ello, de garantizarse determinados ámbitos de acumulación de capital y de enriquecimiento personal o corporativo.
En los últimos lustros, tales vertientes de configuración mafiosa, integradas por grupos emergentes o históricos de poder, han venido enfrentándose por el control de espacios institucionales, de políticas y de presupuestos, pero también han concretado alianzas a partir de los objetivos de repartirse el pastel y mantenerse en la impunidad. Esto último es lo que explica la actual alianza oficialista en el Congreso de la República, que busca elegir a sus designados para ampliar el control que tales mafias pretenden en el Estado, en particular y especialmente en la Corte Suprema de Justicia y en la Corte de Constitucionalidad.
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En esta conversión mafiosa del Estado, sin duda, la corrupción y el autoritarismo constituyen prácticas que la permiten y potencian, ya que facilitan la articulación horizontal y vertical de estructuras y de redes que confluyen en intereses oscuros, ilícitos y alejados del interés público. Ejemplo de lo anterior son las redes de corrupción y de conveniencia que, vinculadas o confluyentes, se expresaron en la elección del abogado Mynor Moto para integrar la Corte de Constitucionalidad, quien en su ejercicio como juez venía siendo señalado de ser protector y parte de tales estructuras, razón por la cual hoy tiene orden de captura. Otro ejemplo son los estilos y prácticas autoritarias y grises expresados en la readecuación presupuestaria promovida desde la Presidencia de la República, de la cual ha sido excluido el mismísimo ministro de Finanzas Públicas.
Así las cosas, hoy, además de hablar de la captura del Estado, debemos empezar a referirnos a una verdadera reconfiguración mafiosa del Estado guatemalteco, en especial cuando se constata el grado de avance de tales estructuras y redes en el control de procesos y dinámicas políticas en las altas esferas de los organismos Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como en otro conjunto de instituciones nodales, como el Ministerio Público.
En esta perspectiva, termino preguntándole a usted, estimada lectora o estimado lector, cuál es la salida estratégica para expulsar tales estructuras y redes mafiosas del Estado, cuál es el proyecto político necesario para tal objetivo, quiénes son los sujetos políticos que deben asumir esta tarea y cuáles son las alianzas necesarias para tal efecto. Estas preguntas, claro está, corresponden a uno de los factores que deben considerarse al momento de plantearse la necesaria transformación del Estado, ya que este se encuentra enraizado en un régimen político que algunos como yo consideramos caduco.
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