No fueron pocos los que, interesados en el futuro del país, imaginaron que el interregno entre dos gobiernos electos podría ser propicio para grandes mudanzas, para el afianzamiento de la democracia, para la consolidación de procesos políticos que permitieran mayor representación social y menos predominio de las camarillas.
Pero ni las circunstancias ni el nombrado han permitido que eso suceda. El momento político que vivimos ha sido más el ajuste de cuentas de un sector de la sociedad con quienes lo defraudaron (al resultar más corruptos que lo que otros ya imaginábamos) que un momento de mudanzas políticas. Las movilizaciones sociales no se produjeron ni desembocaron en la demanda por más y mejor democracia. La indignación social se centró en el abuso que del poder hicieron los electos, y los que controlan efectivamente el poder supieron poner las piezas que mejor convenían en este juego en el que se cambiaron actores, pero no se modificaron procesos ni intereses.
El sistema político guatemalteco tiene mecanismos adecuados para, producida una crisis aun de la envergadura de la que hemos vivido, mantener estables las formas y los mecanismos de dominación económica y, en consecuencia, ideológica. Al estar en manos del Congreso la selección del sustituto del vicepresidente sin que medie consulta a la sociedad, el nombrado no podría ser otro sino alguien que permitiera transitar hasta la toma de posesión del siguiente gobierno sin mayores modificaciones al sistema. Bien podría haberlo hecho García Rodas, pero a los que nos gobiernan desde dentro y desde fuera les resultó más adecuado, confiado y neutral Maldonado Aguirre. Las cosas, pues, están sucediendo como lo establecieron los que impusieron los márgenes al sistema político en 1985.
En ninguna crisis política, si no se tiene a la población como sujeto, se pueden hacer modificaciones efectivas en las relaciones de control y ejercicio del poder. Y en la que recientemente vivimos, la población, particularmente la clase media, se movilizó para presionar soluciones a la crisis, pero no la abanderó ni mucho menos fue la causa de ella.
Así las cosas, el jefe del Ejecutivo transitorio se ha tomado muy a pecho su función y ha nombrado a personas comprometidas con la defensa del statu quo en todos aquellos cargos de alto nivel en los que ha realizado cambios. En Economía se deshizo de uno de los articuladores del grupo Tigo, pero colocó a quien como presidente del Congreso en 2006 articuló el apoyo para que llegara por tercera vez a la Corte de Constitucionalidad. El sempiterno diputado Jorge Méndez Herbruger, con diálogos íntimos con el derrotado Baldizón (formó parte de la bancada de Líder de 2010 a 2012 y perdió con ellos la reelección), ha sido desde 1994 representante en el Congreso de los intereses de las grandes corporaciones. Iguales cosas pueden decirse de Mariano Rayo, con lo que queda más que demostrado que, a la vez que da sueldos jugosos a amigos políticos desempleados aunque sea por escasos cuatro meses, el tránsito para llegar al final del gobierno patriota es más que suave y tranquilo para quienes con Arzú, Berger y Pérez Molina invirtieron en sus campañas y usufructuaron política y económicamente de sus gestiones.
Pero es en el Ministerio de Desarrollo Social donde tenemos el retrato más vivo de la visión transitoria del gobierno de Maldonado Aguirre. La sustituta del anodino Rodríguez, ahora a punto de ir a juicio por la compra de maquinaria pesada, no solo es portadora del mismo discurso ideológico de los antes mencionados, sino que su pasado político no la identifica como defensora (mucho menos como conocedora) de los procesos de reducción de las desigualdades desde los espacios gubernamentales. Candidata a diputada cuatro veces por cuatro agrupaciones diferentes, su paso por la Sepaz durante el gobierno de Berger fue sin pena ni gloria para la puesta en práctica de los acuerdos de paz, aunque es evidente que de esa época provienen sus lazos y contactos con los otros nominados y con el actual presidente.
Estamos así ante un evidente gobierno transitorio, en el cual lo que importa es llegar a enero de 2016 sin mayores sobresaltos. La agenda social que el régimen patriota postergó por largos y dolorosos 44 meses deberá esperar otros desesperantes cuatro. Y puede que la espera se prolongue por todo un cuatrienio más.
La plaza ya solo se llena los domingos con gente del pueblo que intenta disfrutar sus tardes imaginando que la pobreza dejada en sus comunidades ya no le atañe. Sus habitués sabatinos ya lograron su venganza, pues las cuestiones de desarrollo social y democracia no estaban para nada en sus agendas.
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