Un dividido tribunal español absuelve a Carlos Vielmann

Siempre fue la palabra del exministro de Gobernación, Carlos Vielmann Montes, contra las evidencias y testimonios que según la resolución de la Audiencia Nacional de España conocida el miércoles 15 de marzo en Madrid, no lograron vincularlo directamente con las ejecuciones extrajudiciales de tres presos fugados de la cárcel El Infiernito en 2005, y siete reclusos de la granja penal de Pavón, en 2006. Por estos delitos, la fiscalía española pedía una condena de 160 años, mientras la acusación de las víctimas solicitaba 300 años de prisión.

La palabra de Vielmann fue la que inició el juicio el pasado 10 de enero, cuando declaró no haber tenido conocimiento de lo que sus subalternos podrían haber hecho con los reclusos asesinados, y que a pesar de haber estado en la Granja Penal de Pavón durante la denominada operación “Pavo Real”, no presenció nada extraño. La palabra de Vielmann también marcó el final del juicio; fue él mismo quien anunció a los medios de su absolución, ya que no hubo audiencia para notificar la sentencia.

El caso ha estado en el ojo público desde 2010, cuando Vielmann fue detenido en Madrid al acudir a la graduación de su hijo. Después de que Guatemala rechazara su extradición, la justicia española se encargó del proceso, debido a que el exfuncionario guatemalteco también tiene la nacionalidad española.

Se probaron los hechos, pero no la participación de Vielmann

La larga espera por el juicio ha contrastado con la rapidez de las once audiencias realizadas entre enero y febrero de este año en la Audiencia Nacional de Madrid. En ellas los testigos de descargo llamados por la defensa se centraron en destacar la honorabilidad y el trabajo de Vielmann como empresario y funcionario del Gobierno, así como sus proyectos para combatir la impunidad.

El mismo Óscar Berger, presidente de Guatemala durante los hechos juzgados (2004-2008) y amigo de Vielmann desde que ambos estudiaban en el Liceo Javier, compareció ante el tribunal para asumir que la orden de “recuperar” el control de Pavón la había dado él, como jefe de Estado, pero que en ningún momento se buscaba asesinar a los reos.

La fiscalía española, por su parte, llamó al estrado a peritos, investigadores y testigos presenciales que narraron lo sucedido en la recaptura de tres presos fugados de El Infiernito en 2005, conocido como “Plan Gavilán”; así como el desarrollo del “Plan Pavo Real” en 2006, que buscaba recuperar el control de la Granja Penal de Pavón que entonces era controlada por un grupo de presos. La fiscalía logró demostrar que las ejecuciones extrajudiciales ocurrieron, y que fueron conocidas y dirigidas por altos mandos de las instituciones que intervinieron en los operativos, entre ellos Erwin Sperisen, entonces director de la Policía Nacional Civil y quien fue condenado a cadena perpetua en Suiza por estos hechos.

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El tribunal aceptó que las pruebas científicas y testimoniales establecen que los reos no murieron durante un enfrentamiento, como las autoridades declararon al principio, sino que fueron ejecutados expresamente por un grupo paralelo a las fuerzas de seguridad legítimas, que irrumpió en Pavón durante el operativo y que llevaban el rostro cubierto con pasamontañas. No obstante, los magistrados Juan Pablo González y Concepción Espejel, no consideran suficientes las pruebas presentadas por la fiscalía para demostrar la responsabilidad de Vielmann con estos crímenes.

En el caso de los reos fugados de El Infiernito, la mayoría del tribunal indica en la sentencia, que “no ha quedado acreditado que el acusado tuviera conocimiento de las circunstancias reales en que se produjo la captura y muerte de los presos huidos, más allá de los reportes que de tales acontecimientos iba recibiendo por los canales oficiales”.

Que los autores materiales de un delito dependan jerárquicamente de una persona, no determina que esta haya ordenado, autorizado o conocido las acciones realizadas por el subalterno, razonaron los juzgadores. “Si fuera así habría que entender que todos los integrantes del Gabinete de Seguridad (del Gobierno) que aprobó el operativo para la toma del control del Centro Penitenciario, incluidos el Presidente y Vicepresidente de la República, serían tan responsables de los hechos delictivos cometidos en el desarrollo de la operación como el propio Ministro de Gobernación, pues la relación de jerarquía y subordinación, incluso, la relación de confianza presenta idénticos caracteres”, se lee en la sentencia.

“Eran escuadrones de la muerte”

Luis Alfredo Linares Pérez ha recorrido miles de kilómetros con el mismo objetivo: narrar los hechos de los que fue testigo el 25 de septiembre de 2006, el día de la toma de Pavón. Su relato fue fundamental en la condena a cadena perpetua del exdirector de la Policía Nacional Civil, Erwin Sperinsen, en Suiza. Y también lo fue en el juicio en contra de Vielmann en España.

Linares fue subdirector de Seguridad del Sistema Penitenciario y autor del Plan Operativo Pavo Real, cuyo objetivo era recuperar Pavón, entonces controlado por el Comité de Orden y Disciplina, conformado por los prisioneros más poderosos de la cárcel.

En su testimonio recordó los hechos con una claridad sorprendente. Primero habló de todo lo malo de la cárcel: el desorden, la violencia, la impunidad, los crímenes ordenados por los presos y ejecutados por policías cómplices. “Retomar el control de la cárcel era indispensable y el plan fue hecho con ese fin. Lo que queríamos era hacer un operativo sorpresa; llevarnos a todos los presos hacia otra cárcel y limpiar Pavón, sacar todo lo ilegal que había ahí: drogas, armas, electrodomésticos, teléfonos, todo lo que era prohibido. El plan era legítimo y necesario, pero matar presos no era parte de él”, explicó.

El día del operativo, Linares llegó a Pavón a las dos de la madrugada. En el lugar también estaban Carlos Vielmann, Edwin Sperinsen y Alejandro Giammattei. No ocurrió nada fuera de lo común hasta las cinco de la mañana, aproximadamente, cuando un grupo de ocho o diez hombres con los rostros cubiertos con pasamontañas y “armados hasta los dientes” llegaron en dos automóviles. Tres de ellos se acercaron a los jefes (Vielmann, Sperinsen y Giammatei) a hacerles un saludo militar y platicar unos minutos con ellos. “Todavía estaba oscuro, pero a ellos los iluminaba una lámpara y se les veía bien. Yo estaba como a veinte metros y me fijé que los tres que se acercaron a saludar se quitaron la (gorra) pasamontañas. Eran Javier Figueroa y Víctor Soto, ambos de la PNC y José Villaverde Mayorga, asesor de Giammatei”, aseguró Linares.

Media hora después, Giammatei ordenó a Linares que el control de la cárcel se ceda a la Policía y que el personal del Sistema Penitenciario se mantenga al margen. “Aunque eso no se había acordado, eran órdenes que había que cumplir. Así que sin responsabilidad alguna me fui a ver el operativo, pero todo estaba muy extraño. Estaban sacando a los presos desnudos y a empujones hacia la otra cárcel. No había orden y se escuchaban disparos por doquier”.

Linares contó que después de unas horas los ánimos se calmaron y los presos empezaron a trasladarse de forma ordenada. Él accedió a la “casa de Batres” y ahí observó cuatro cadáveres custodiados por los hombres encapuchados. Uno de ellos estaba sacando una granada de una mochila para colocarla en las manos de uno de los fallecidos.

“Me di cuenta que eso no estaba bien y fui a contarle a mi superior, Mario García Frech, pero él solo me dijo que no me preocupara, porque lo que estaba sucediendo tenía que pasar y que todo estaba coordinado con el MP, Gobernación y el Presidente, que nadie saldría perjudicado. Yo le respondí que no quería ser parte de eso”.

Los días posteriores al operativo, Linares renunció al Sistema Penitenciario y denunció lo que había visto en la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH). “Fueron días horribles, me sentía perseguido y amenazado, porque la PDH no podía protegerme y obviamente no podíamos confiar en la policía. Temía por la vida de mi familia y no podía salir de casa. Este miedo me persiguió durante años, hasta que llegó la CICIG y comenzó la investigación del caso. Ellos me llamaron como testigo y acepté declarar si me ayudaban a salir del país con mi familia. Y así fue, en junio de 2010 me exilé en Canadá y en julio siguiente, comenzaron los procesos por este caso”, relató el testigo.

“Hay muchas cosas que todavía no se han dicho sobre estos casos. Gente que era potencial testigo ha sido asesinada. Estos grupos de limpieza social terminaron convirtiéndose en escuadrones de la muerte que robaban, asesinaban y secuestraban. La ejecución de los presos fue por ajustes de cuentas, todo esto lo sabe la CICIG”, aseguró Linares.

—¿No habrá participado usted en los delitos y ahora ha aprovechado la figura de testigo ofrecida por la CICIG para irse a otro país y desligarse de los hechos? —preguntó la defensa de Vielmann.

—Todas las defensas buscan argumentos para desprestigiar a sus testigos. A mí lo único que me interesa es estar en paz con mi conciencia y hacer lo correcto. Y lo hice, incluso poniendo en peligro mi vida y la de mi familia. Hubiera podido seguir el camino fácil, callarme, estar de su lado y vivir feliz en mi país. Pero nos fuimos de Guatemala sin nada, a comenzar de cero en un país desconocido. Mi elección fue el camino difícil —respondió Linares.

Un testigo desacreditado

La resolución del tribunal tiene un punto de quiebre. El magistrado José Ricardo de Praga razonó su voto, discrepando con la resolución de sus colegas a los que señaló de “minimizar” el valor de “testimonios de expertos”, así como su “nulo valor a los testimonios anticipados documentados”.

De Praga se detiene en la declaración del expolicía Raúl Pérez Esquivel, realizada por videoconferencia desde Guatemala. Este testigo fue el único en ubicar a Vielmann en las cercanías de la casa del reo Jorge Batres, donde ocurrieron las ejecuciones en Pavón, no obstante, la mayoría del tribunal descartó su testimonio por considerarlo “sumamente inseguro e impreciso” en el conocimiento de los hechos, y porque en sus antecedentes está haber sido suspendido por el encubrimiento de un delito, lo que según los jueces Espejel y González, afecta su credibilidad como testigo.

Para De Praga, lo que sus compañeros llaman escasa credibilidad, solo es “una declaración poco fluida, entre otras razones, porque se siguió por videoconferencia desde Guatemala, con una audición deficiente, de una persona con bajo nivel cultural, con dificultades evidentes por parte del testigo de entender las preguntas, ya sea por el deficiente sonido, el diferente acento y la propia retórica e intención capciosa que envolvía a las preguntas de la defensa, realizadas más para “pillar” al testigo que para obtener información”. El magistrado también reitera su desacuerdo en que el expediente disciplinario de Pérez Esquivel, abierto según él mismo, por no comparecer en un juicio de violación en el que él había investigado los hechos, pueda desacreditarlo en este caso.

El juzgador aclara que, aunque este testimonio no pruebe la participación directa de Vielmann, lo que está más claro es su conocimiento y omisión de los hechos, “pues no es verosímil que no fuera consciente de todo lo que estaba aconteciendo dentro de un recinto cerrado, que estuvo recorriendo a pie y sobrevoló, y en el que se llevaron a cabo acciones parapoliciales evidentes por personas disfrazadas de swat, con pasamontañas y armas espectaculares nada tenían que ver con el armamento oficial”. No es posible que Vielmann no supiera lo que esta estructura criminal, integrada por algunos de sus más cercanos colaboradores, estaba haciendo mientras él supervisaba el operativo, señaló el magistrado De Praga.

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Para Vielmann, el voto razonado del magistrado de Praga no es sorprendente. Así lo declaró a los medios guatemaltecos después de conocerse la resolución. Al exministro lo que le importa es la posibilidad de volver a Guatemala después de siete años de no poder salir de España. Volverá, dijo, libre y exculpado, como el protagonista triunfante de la novela policiaca, que aseguró, inventó la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y la fiscalía española para acusarlo de crímenes que nunca cometió.*

**Un día después de informarse la sentencia, Carlos Vielmann parece relajado. Por el momento permanece en Madrid, pero en su agenda permanece una cita pendiente: su regreso a Guatemala. El exfuncionario aseguró que su retorno a Guatemala será "pronto". Después de la absolución, la justicia española le ha devuelto el pasaporte y el permiso para salir del país europeo, incluso si se interpone una casación contra la sentencia, Vielmann tiene el derecho de ir a donde quiera.

“Nací y viví siempre en Guatemala. Allá están mi familia y amigos. Deseo retomar mi vida y reincorporarme a mis actividades empresariales. Me gustaría volver pronto, pero antes debo arreglar asuntos personales aquí (España)”, explicó el ex ministro. Sobre un posible futuro en la política, Vielmann aseguró no estar interesado.

Antes de que la sentencia absolutoria de la Audiencia Nacional quede firme, el Tribunal Supremo de España deberá resolver las apelaciones que la fiscalía, los familiares de las víctimas y las instituciones de derechos humanos interpondrán en los próximos días. “El proceso puede tardar varios meses, pero vemos factible que la sentencia sea revocada”, auguró Manuel Ollé, abogado de las víctimas, quien cree que la falta de unanimidad en la sentencia puede ser buen inicio para seguir buscando una condena.

Nota de edición:
*En el original se decía que Vielmann no podría volver a España hasta que hubiera sentencia firme. Era incorrecto. El ex ministro goza ya de libertad de movimiento. 16/03/2017. 08:07 horas.
** Plaza Pública logró hablar con Vielmann después de publicado este reportaje. Se incorporan aquí sus declaraciones.  16/03/2017. 08:44 horas.