Un programa para respetar a las mujeres después de un aborto

La imagen del agente la de Policía Nacional Civil (PNC) en la puerta de los hospitales públicos de Guatemala era habitual. Un hombre serio, uniformado, pendiente del aviso para actuar. En la sala de espera, algunas mujeres guardaban turno, con la mirada fija en las baldosas del suelo. “Clínica de abortos” o “clínica de legrados”, se leía encima de sus cabezas, en un cartel que dejaba poco a la imaginación.

Podían haber llegado de primero a la emergencia, pero eran atendidas al final. Había partos y cesáreas que practicar, y una mujer con una hemorragia vaginal no era prioridad. No importaba que se tratara de una emergencia obstétrica por un aborto espontáneo o un aborto inducido. El estigma ya estaba establecido. Habían abortado.

La entrada a la clínica era la segunda parte del mal trago. Preguntas acusatorias, anestesia general para limpiar la matriz, y al despertar, el diagnóstico. “La paciente se indujo un aborto”, concluía el médico en ocasiones. Y el policía se acercaba a la camilla para llevarse a la paciente esposada.

Estas escenas, comunes hace más de 20 años, han ido desapareciendo poco a poco de los hospitales de Guatemala, aunque no hay estadísticas en el Ministerio de Salud que especifiquen cuántas mujeres llegaban a los hospitales en esta situación ni cuántos procesos judiciales siguieron sus capturas. A partir de 1998 se comenzaron a cambiar los nombres de las clínicas, se retiraron a los agentes de la PNC de los hospitales y el modelo de Atención Post Aborto (APA), una más manera más adecuada de abordar estas emergencias fue calando.

La revolución en el post aborto

La Atención Post Aborto incluye tres puntos básicos: el manejo de la emergencia obstétrica —las hemorragias como consecuencia de un aborto espontáneo o inducido—; la consejería —cuando la mujer llega a la emergencia, durante la intervención y antes de dejar el servicio de salud—; y la anticoncepción, con la que se busca controlar los embarazos y evitar otro futuro aborto.

El modelo llegó para revolucionar la atención de las mujeres después de haber tenido complicaciones obstétricas. Primero, en la manera de realizar el procedimiento. Hace 20 años, los hospitales de Guatemala ofrecían un único método para limpiar la matriz de las mujeres que llegaban con un aborto incompleto: el Legrado Intrauterino (LIU). A la paciente se le aplicaba anestesia general y se le introducía una cánula metálica, un tubo alargado con el que se raspaban las paredes del útero.

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Las siglas AMEU apenas se conocían en Guatemala. Significan Aspiración Manual Endouterina. Un procedimiento mucho más simple que consiste en eso: aspirar.

Datos facilitados por el Viceministerio Técnico de Salud, indican que en 2017 se realizaron 7,320 AMEU y 2,974 legrados. “El 72% de los casos de abortos son resueltos mediante AMEU —cuenta Juan Roberto Molina Barrera, viceministro técnico—. El resto, mediante legrado uterino, que se sigue utilizando para embarazos de más de 13 semanas. En la AMEU los riesgos de perforación son mínimos. Mientras que legrado sí tiene ese riesgo”. Según los datos del Sistema de Información Gerencial de Salud (Sigsa), la realización de AMEU fue en aumento desde 2010, fecha en la que comenzaron a registrarse. En 2016 y 2017 hubo una ligera bajada.

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Para entender cómo la Atención Post Aborto logró introducirse en Guatemala, un país en el que la palabra de seis letras es casi tabú, hay que conocer a Edgar Kestler. Kestler dirige el Centro de Investigación Epidemiológica en Salud Sexual y Reproductiva (CIESAR), un pequeño reducto dentro del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) que tiene un pie dentro y otro fuera de la institución: sus instalaciones están en la cartera, pero el financiamiento es externo.

En su oficina, situada en el sótano del Hospital General San Juan de Dios, Kestler hace memoria de los inicios del programa. Está rodeado de columnas de folders, archivadores y folios. Sobre su silla giratoria, sabe cómo estirar el brazo, de qué forma volverse y cuándo levantarse para seleccionar los documentos con los que acompaña su explicación, de manera ordenada.

“Yo había salido de Guatemala. Estaba en el CDC (Centro para el Control y Prevención de Enfermedades) de Atlanta, Estados Unidos, cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) me contacta. En esa época, la OMS creaba estos centros, se llamaban LID Grant: Long Institutional Development Grant”. Después de analizar qué temas eran más relevantes en el país con relación a Salud Sexual y Reproductiva, el grupo que integraba Kestler concluyó que la mortalidad materna estaba en el número uno. Y los abortos en condición de riesgo eran su cuarta causa.

“Cuando vengo acá, en 1992, empiezo los sistemas de vigilancia en el departamento de Guatemala. Hacemos la autopsia verbal: íbamos a las casas de mujeres que habían muerto, pero tenían diagnósticos raros en el certificado de defunción. Ahí fue donde el aborto se apuntó. Aquí empieza APA”, recuerda.

En 1994 se crea el centro y a finales de los 90 comienzan las capacitaciones. La primera idea era formar a un médico o médica por hospital, que llevaría las enseñanzas a su centro de trabajo. El proyecto hizo aguas. Los conocimientos se perdían por el camino, ante el poco interés de muchos de los doctores en implementar la Atención Post Aborto. Algunos por motivos culturales, otros por no estar dispuestos a dedicarle el tiempo necesario para consejería a las pacientes.

El segundo plan, decidió ir a la base: a los residentes de primer año. Logró cuajar. Se planteó primero para 22 hospitales públicos del país. Luego, para 37. La capacitación incluía el uso del AMEU, la consejería y la anticoncepción.

Linda Valencia, ginecóloga y obstetra, fue una de esas primeras residentes en practicarlo. “La primera experiencia que tuve en APA fue en 1999. Estaba como residente de primer año de ginecología en el (Hospital General) San Juan de Dios y CIESAR fue quien nos capacitó”, recuerda.

Cuando terminó su residencia, Valencia continuó su trabajo en el ministerio, en la Unidad de Provisión de Servicios de Salud del tercer nivel de atención (UPS3). Se trataba de un grupo de 12 profesionales de diferentes ramas. Valencia era la única ginecóloga y su función era implementar los programas de Salud Sexual y Reproductiva en los 37 hospitales de atención materna. Uno de ellos era la APA.

“Vimos que con una sola persona el modelo no funcionaba. Si esa persona no estaba, el modelo se caía. Era necesario tener un equipo multidisciplinario responsable de la implementación del programa de Atención Post Aborto”, continúa Valencia. Así fue como entre 2003 y 2005 empezó el proceso de implementación de equipos APA dentro de cada uno de los hospitales públicos del país. Valencia asegura que muchos médicos y médicas que trabajaron después en hospitales y clínicas privadas comenzaron a implementar el método en sus consultas.

La ginecóloga recuerda que el reto era convencer a la gente de la importancia del nuevo modelo de atención, que “miraba a las mujeres más allá de un útero que había que legrar”. “Más que sólo hacer un AMEU, era acercarse a las mujeres. ¿Qué era lo que estaba pasando? ¿Estaban planificando? ¿Eran víctimas de violencia? Asegurarnos que planificaran después de un aborto. Se sensibilizó mucho”.

Por ello, las denuncias contra mujeres que llegaban a los hospitales con un aborto bajaron, dice Kestler. “No te digo que no existan denuncias, pero no como hace diez años. No se vale, no es culpa de la mujer”. El aborto en Guatemala está penado por ley. Existe únicamente una causal por la que no es punible: cuando la vida de la mujer está en riesgo. Para los demás casos, el Código Penal establece penas de seis meses a 12 años de prisión. El personal médico está obligado a denunciar los casos al Ministerio Público (MP). Según información de la fiscalía, entre enero de 2005 y septiembre de 2016, se recibieron 1,886 denuncias por aborto, a través de diferentes vías.

“Fue una lucha”. Esta es la conclusión del médico. “Pero tenés que ser persistente. Siempre mostrar evidencia de que lo que estás haciendo es en beneficio a la salud de la mujer”.

La idea de CIESAR era plantar semillas: los residentes de ayer son hoy los doctores que conocen bien el modelo. Se crearon clínicas especializadas y en hospitales y Centros de Atención Integral Materno Infantil (CAIMI), el modelo APA se volvió un procedimiento de rutina.

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En el área de maternidad del Hospital General San Juan de Dios, situada en el primer nivel del edificio, la clínica de atención post aborto pasa desapercibida. La zona de consulta externa, con su característica sala de espera siempre abarrotada de pacientes, tiene un pasillo entero dedicado a las clínicas en las que, con cita previa, se dan resultados, se hacen diagnósticos y se da consejería.

Una de ellas, señalada únicamente con un gran número nueve pintado en la puerta, es la clínica de APA, comparte espacio con la de uroginecología. Ambas están separadas por un muro. El espacio destinado a APA es de unos cuatro metros de largo por tres de ancho. Tiene una pequeña mesa, una camilla con sábanas rosas y una cortina de flores que da intimidad cuando se realizan exploraciones. El médico residente que hoy atiende la clínica explica que cada día reciben apenas una media de cinco pacientes. Por ello, también aprovechan el espacio para retirar los puntos de las cesáreas.

A pocos metros, se encuentra la clínica de día, a la que llegan las pacientes con abortos incompletos y donde son atendidas de inmediato. Las preguntas acerca de si fue un aborto espontáneo o inducido no tienen cabida. Todas las mujeres reciben la misma atención. Es un espacio amplio, con dos grandes puertas de metal pintadas de un verde brillante. “Sala de AMEU”, se lee sobre una. “Recuperación post- AMEU”, sobre la otra. En las camillas, cuatro mujeres descansan.

Olga Toema, jefa de residentes del hospital, explica el procedimiento: “Los AMEU los realizan enfermeras bajo la supervisión de un residente de segundo año. Después, se les da cita para 15 días después de hacerse el AMEU, para ver su seguimiento y la patología. De la clínica se encarga un residente de primer año”.

“Antes de entrar a la residencia, los estudiantes de ginecología hacen un curso de cinco días de APA. Les explican el diagnóstico, los síntomas y luego los capacitan para AMEU y legrados. También miran complicaciones de procedimientos y seguimiento de pacientes. Lo reciben todos. Y todos pasan a la clínica de día”, explica.

La cánula de la AMEU es plástica, y va unida a una jeringa de 60 centímetros cúbicos de capacidad. Según el tamaño del útero y la dilatación, se analiza qué tamaño de cánula usar. Se monta la jeringa, con la que se hace presión negativa para que aspire y se va rotando hasta finalizar el proceso.

Para la intervención no es necesario dormir a la paciente. Basta con una anestesia local paracervical. Dura apenas unos minutos. La mujer recibe un analgésico y un par de horas después, se le da el alta. Signos clínicos como el cierre del cuello del útero o el cese de la hemorragia indican que el útero queda vacío, sin necesidad de realizar un ultrasonido.

La AMEU se utiliza en embarazos de menos de 13 semanas, en los que el útero todavía es pequeño y no hay mucha dilatación —si la paciente está muy dilatada, no se puede hacer el vacío necesario para aspirar—. Después del primer trimestre, se continúan utilizando legrados.

Semillas en tierra infértil

Después de realizar las capacitaciones en APA y probar que el modelo funcionaba, CIESAR pasó la responsabilidad de continuarlo al Programa Nacional de Salud Reproductiva (PNSR). “Uno implementa un proyecto, pero le corresponde a salud reproductiva mantener la calidad, que haya equipo, el refrescamiento del personal… —comenta Kestler—. Diez años después hice una evaluación. Todos los hospitales habían implementado APA. Todos. Obviamente, hubo deficiencias”.

En la UPS3, Valencia identificó muchas de estas. “Tú sabes, tiras las semillas y unas caen en tierra fértil y otras en el puro concreto. Muchas de estas semillas afortunadamente cayeron en tierra fértil. Muchos médicos y médicas se sensibilizaron y esto apoyó a fortalecer el modelo en los hospitales. Cuando hablábamos de epidemiología, de salud pública, los médicos no le entraban tanto. Hasta que lo empezamos a enfocar por derechos humanos y justicia social”.

“Hubo un cambio bastante fuerte, pero obviamente no en todos. Hay médicos que van a seguir siendo violentadores y peor, las enfermeras, que son las que están más cerca de las mujeres —lamenta—. Por más que se hizo y se estuvo fortaleciendo, en algunos hospitales no captaron bien el modelo”, explica.

Valencia recuerda un proceso de capacitación en el Hospital de Jutiapa, en el que uno de los ginecólogos le dijo: “Mirá, a mí me parece muy bien todo eso, que consentir, que chinchinear a las mujeres, pero eso es para mí clínica privada. Aquí, tengo 15 minutos por paciente, no me voy a entretener. Esto es un procedimiento tipo A".

“En Chimaltenango, en otra capacitación —continúa—, una psiquiatra a la que habían metido en el grupo de APA me dijo: ‘Mire, usted lo que me está diciendo es que yo pierda mi tiempo averiguando qué tienen las mujeres, cómo les puedo ayudar. Y muchas de ellas se indujeron el aborto, ellas presas se deberían ir. Hay que ponerle las chachas en la cama y solo así van a aprender que no tienen que volverlo a hacer’”.

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En el PNSR, Francisco Cerezo, técnico normativo del componente materno, asegura que no han tenido ninguna complicación con el uso del AMEU: “Se maneja la mejor tecnología y se cumple con la normativa al 100%”. Pero admite que “desde el punto de vista del manejo emocional, es más difícil porque depende del volumen de trabajo que tienen los hospitales, que uno quisiera darles mucho más tiempo (a las pacientes) pero algunas veces no se puede”, expone.

“Yo soy una de las personas que monitorea la APA en Guatemala —indica Cerezo—. Nosotros no podemos verlo, pero en las visitas que hacemos ocasionalmente a las Direcciones de Áreas de Salud (DAS) entrevistamos a las pacientes y la mayoría están completamente satisfechas”.

Según datos del SIGSA, en 2017 no todos los departamentos del país realizaron AMEU. Jutiapa, Izabal, Sololá, Suchitepéquez y Zacapa no cuentan con registros de aspiraciones en el último año. Tampoco el Hospital Roosevelt. En el PNSR achacan esta ausencia de datos a que, a pesar de que se realizaron intervenciones, no se registraron en el sistema.

La necesidad de unificar

La estrategia de CIESAR es investigar y realizar proyectos piloto para probar qué modelos funcionan y cuáles no. Según Edgar Kestler, el Programa Nacional de Salud Reproductiva debería dar seguimiento a sus investigaciones con acciones específicas: “Nosotros probamos que funcionan las cosas. Pero Salud Reproductiva son los que tienen la plata. Con lo que yo consigo de fondos, trato de hacer lo que puedo”.

Esto fue, por ejemplo, lo que sucedió con la Atención Post Aborto. “Cuando nosotros empezamos a hacer APA, la norma del Ministerio de Salud no la incluía. Después de que comenzó a verse lo eficiente del proyecto, el ministerio lo incluye dentro de la normativa”.

La situación de CIESAR en la institución impide dar un seguimiento más exhaustivo a los proyectos. “Este es uno de los problemas eternos —expone Kestler—. Uno entra al organigrama del ministerio y no estamos. Nos ven como una oenegé porque recibimos un aporte (externo), pero somos parte del ministerio porque trabajamos a nivel de las áreas de salud”.

Desde el PNSR no lo entienden así. No ven al centro como un apoyo. Francisco Cerezo es tajante. “El doctor Kestler no tiene nada que ver con nosotros”, dice, y niega que CIESAR haya tenido un papel crucial en la introducción de la Atención Post Aborto en Guatemala: “La APA no tiene que ver con CIESAR. La APA fue surgiendo como una evolución de la historia. Yo no le digo que el doctor Kestler no haya tenido una participación, pero no es CIESAR quien instaló el APA en Guatemala”. Algunas personas consultadas para este reportaje atribuyen este comentario de Cerezo a la falta de entendimiento entre ambos doctores y a la independencia con la que trabaja CIESAR, que en ocasiones ha molestado al Ministerio de Salud.

—¿No tendría sentido, ya que ambos trabajan APA, que unificaran esfuerzos? —se le pregunta a Cerezo.

—No tendría sentido. Él debería tener la obligación de notificarnos de lo que haga y sólo podría hacerlo en función de la normativa del MSPAS.

—¿CIESAR continúa realizando capacitaciones?

— CIESAR no tiene nada que ver con las capacitaciones. Si el doctor lo hace, el ministerio no está enterado.

Sin embargo, el centro de investigación está implementando un proyecto piloto de Atención Post Aborto en los Centros de Atención Permanente (CAP) de San Marcos, Huehuetenango, Alta Verapaz y Quiché, los departamentos con mayor índice de mortalidad materna. En San Marcos ya capacitaron a todos los CAP.

Kestler lo explica: “El CAP puede atender partos 24 horas, porque es permanente. Hay médicos durante día y noche. La mujer de la comunidad va al centro de salud y la mandan a los hospitales. Pero ellas no van. Imagínate, irte tres horas sentada en camioneta, sangrando, que vas brincando, con dolor, con molestia... esas mujeres regresan a su casa y son la cuarta causa de muerte materna de este país. Aquí hay que luchar ahora, para que la norma de atención primaria incluya APA”.

En el Viceministerio Técnico, a diferencia de en el PNSR, sí hay un reconocimiento a CIESAR. El viceministro Juan Roberto Molina lo define como un “suma-suma”. “CIESAR trabaja en el occidente del país algunos procesos de capacitación. Siempre es bueno sumar —comenta, aunque admite que para ser más productivos el centro y el programa deberían trabajar más cerca—. Lo que (el centro) debe hacer es seguir de acuerdo con las necesidades del ministerio. CIESAR está en el occidente porque es donde hay más niveles de mortalidad materna. No es el ministerio quien le dice que tiene que ir a capacitar aquí o allá. Lo que debemos hacer es jalarnos más a CIESAR hacia donde nosotros pensamos que nos puede servir más”.

En algunos momentos, esto funcionó así. Pero la relación del Programa Nacional de Salud Reproductiva y el CIESAR ha sido un tira y afloja que los expertos consultados atribuyen al apoyo político que recibe el PNSR con cada gobierno. Rossana Cifuentes, ex directora de la Asociación de Mujeres Médicas y hoy consultora de varias organizaciones a favor de los derechos sexuales y reproductivos, asegura que “cuando el programa ha estado en alto perfil, con mucho apoyo político, han sido operativos prácticamente, pero en otras administraciones los han venido a invisibilizar. Los han mantenido únicamente normativos”.

Cuando comenzaron las capacitaciones en APA había una colaboración a tres bandas entre el CIESAR —con Kestler—, el Ministerio de Salud —con Valencia— y el PNSR —con Alejandro Silva, quien era su coordinador—.

“La UPS3 era la parte asistencial, pero el programa era la parte programática —explica Valencia—. Yo tenía que ver que las cosas se hicieran, que hubiera dinero, que funcionaran, que se organizaran los equipos…, el doctor Silva tenía que ver que se cumpliera el programa y el doctor Kestler conseguía los recursos para fortalecer esta parte del Ministerio de Salud. Fue un trabajo tripartito y funcionó muy bien”.

La buena sintonía también existió cuando la ginecóloga Miriam Bethancourt coordinó el PNSR, entre 2011 y 2012. Fue entonces cuando se publicó la primera edición de la Guía para la Atención Integral de la Hemorragia del Primer y Segundo Trimestre y del Post-aborto y sus complicaciones, un manual que recogió el contenido de las capacitaciones en 46 páginas.

Sin embargo, hay acciones y respuestas que muestran que la APA no logró institucionalizarse completamente y muchos desconocen sus objetivos. Por ejemplo, a través de la Unidad de Información Pública del MSPAS se solicitaron estadísticas de personal de salud capacitado en Atención Post Aborto.

La pregunta debería haber sido respondida por el PNSR, encargado de las capacitaciones. Aun así, se envió al Sistema Integral de Atención en Salud (SIAS), rama en la que originalmente se localizaba la UPS3, donde Linda Valencia se encargaba de supervisar los programas.

Arnaldo Bringuez Aragón, director general del SIAS, respondió lo siguiente: “El aborto actualmente se encuentra penalizado de acuerdo con la normativa guatemalteca vigente; por lo anterior, no se cuenta con puestos profesionales exclusivos para la atención de abortos”. Sin embargo, la palabra aborto no se refiere únicamente a la interrupción voluntaria del embarazo. También puede ser la pérdida del feto por una complicación obstétrica.

En una investigación realizada por Plaza Pública se comprobó cómo en el Ministerio de Salud no se hace un registro fiable de las muertes de mujeres por abortos inseguros. En muchas ocasiones son contabilizados como hemorragias, sin especificar el origen de las mismas.

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De hecho, otra carencia es la falta de iniciativa del MSPAS para registrar en el Sistema de Información del Centro Latinoamericano de Perinatología (CLAP) de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) los abortos que se producen en Guatemala. El CLAP es un proyecto que busca fortalecer la salud materno infantil y monitorear los problemas prioritarios de la región. Guatemala es el único país que no envía datos de abortos a este centro.

En el viceministerio, Molina admite que es una tarea pendiente.

—Estamos trabajando en esto.

—¿Por qué Guatemala es el único país que no registra estos datos en América Latina?

—Varios factores inciden en eso. No se visualizó en su momento como un factor de mortalidad materna importante. Sin embargo, el SIGSA sí lleva los registros de aborto, tanto por grupo etario como por causa, edad gestacional y manera de resolución. Trasplantarlo a la hoja de CLAP no es problema. Se puede hacer.

—¿Y por qué no se hace?

—Hay otras prioridades que le quitan espacio a esto y generalmente tenemos que considerar que la muerte por hemorragia y trastornos hipertensivos son las más importantes y las que ocupan este momento —según Molina. Las hemorragias que son la primera causa de muerte materna se producen durante un parto y no como consecuencia de un aborto.

Miriam Bethancourt asegura que un aspecto que ha costado mucho implementar, a pesar de estar incluido en la guía para la atención de la hemorragia, ha sido la entrega de anticonceptivos a las mujeres a las que se practica una AMEU. “No se ha logrado todavía la logística para que los hospitales tengan la planificación familiar en los lugares donde hacen AMEU. Las mujeres salen y cuando van a su consulta externa, si es que regresan, les dan planificación familiar. Son oportunidades perdidas. No tienen la logística específica para que tengan anticonceptivos listos en el lugar donde se le da la salida”.

Los problemas para institucionalizar la APA también se encuentran en otra institución clave: el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS). Cuando la Atención Post Aborto empezaba a introducirse en los hospitales del MSPAS, Bethancourt trabajaba como ginecóloga en el IGSS, donde el modelo era totalmente desconocido. “Ahí nunca nos enseñaron APA como tal —asegura—. En el Seguro Social, a pesar de que debe regirse por las normas del MSPAS, nunca hubo deseo institucional de utilizar el AMEU. Por mucho tiempo, los que estábamos ahí sólo hacíamos legrados, mientras que el ministerio ya hacía AMEU”. Sin embargo, asegura la médica, en los últimos años se comenzaron a realizar las aspiraciones.

Bethancourt recibió su formación en APA a través de la Asociación de Mujeres Médicas (AMM), una organización que trabajó el modelo en paralelo con CIESAR, pero guardando distancias.

Rossana Cifuentes, quien fue directora de la AMM, cuenta que las capacitaciones se realizaban con médicas socias que trabajaban en el sector privado. “Algunas de ellas estaban también en los hospitales públicos. Empezamos ese proyecto pequeñito. Entregábamos a cada una su dotación del AMEU con un vídeo tutorial... Pero no fue una alianza muy específica con el ministerio. Como teníamos médicas de los hospitales grandes (San Juan de Dios, Quetzaltenango, Cuilapa, San Marcos y Huehuetenango), ellas fueron abriendo espacio, introduciendo el modelo”.

Para Cifuentes, a pesar de que ya hayan pasado 20 años desde que se introdujo la Atención Post Aborto, esta todavía no ha terminado de institucionalizarse. “Ahora ya se habla de APA. Ya se hace, ya se documenta, se registra en SIGSA, pero no hay una unidad de post aborto per se, o de atención del aborto. Debería haberla porque tenemos una causal que permite el aborto terapéutico”. Cifuentes asegura que con una unidad específica se garantiza el personal contratado, el presupuesto, que un equipo supervise, monitoree y que actualice los protocolos.

Este último punto lo considera crucial. La última actualización de la guía para la atención integral de la hemorragia, de 2015, salió con un error en las dosis de Misoprostol —el medicamento utilizado para inducir las contracciones uterinas— y debió corregirse una vez publicada.

El viceministro Molina descarta la necesidad de crear una unidad. “No necesitamos tener una unidad específica para ello. Todo servicio de salud que tiene servicios obstétricos tiene el recurso humano capacitado para proceder en determinadas cuestiones, como el AMEU o el legrado. Esto sale del Programa Nacional de Salud Reproductiva y a través del componente de Planificación Familiar dota de los insumos a las áreas y hospitales. También surte de las jeringas de AMEU según sus necesidades”.

A merced de la ayuda

“Todos estos programas, todo esto que tú ves acá, es el apoyo internacional al país para que haga cosas que no hace”, resume Kestler. “Pero debe haber un tema que es la famosa sostenibilidad de los programas —puntualiza el médico—. APA fue exitoso, y se introdujo en todos los hospitales. ¿Es sostenible? Bueno… Lo siguen realizando, porque se volvió ya la rutina, vieron el beneficio entre uno y otro. Ahora, desde el punto de vista de calidad, de mejorar los indicadores, eso yo tengo mis dudas. Nosotros no tenemos los fondos para darles seguimiento. Yo hice esto, te paso la pelota, ahora dale vos”.

Kestler asegura que si el centro no tuviera fondos internacionales, no podría trabajar. Valencia lo secunda: “El centro de investigaciones logró tener recursos porque el doctor Kestler siempre se mueve aparte, porque dentro del ministerio cuesta mucho que asignen dinero”.

De hecho, el viceministro Molina asegura que para este año a CIESAR no se le desembolsarán los Q200 mil que venía recibiendo por parte del MSPAS hasta ahora: “Este año no se le dio. Porque lo que está haciendo CIESAR, aunque sume, lo estamos haciendo nosotros también. Ellos tienen otros ingresos”.

Las capacitaciones que realiza el Programa Nacional de Salud Reproductiva también tienen un fuerte apoyo externo. En la práctica, son llevadas a cabo por la organización Servicios Internacionales de Asesoría sobre el Embarazo (IPAS, por sus siglas en inglés)

El apoyo político a la Salud Sexual y Reproductiva es clave, coinciden las personas consultadas. Mientras, las organizaciones siguen picando piedra y dando pasos lentamente. Tratando de que más allá de intereses políticos, las mujeres que abortaron tengan una atención digna en el Sistema de Salud.