Eran seis. Eran salvadoreños. Les acusan de ser pandilleros. Durante un operativo contra extorsionistas el 12 de octubre del año pasado, la Policía Nacional Civil (PNC) capturó en territorio guatemalteco a estos presuntos integrantes de la Mara Salvatrucha (MS) que eran buscados en El Salvador. Entre los capturados estaba  José Alonso Marroquín López, alias “Ave”, quien fue detenido  en la colonia Asunción de la zona 5 de la Ciudad de Guatemala. Las autoridades salvadoreñas lo identifican como integrante de “La Federación”, un grupo de líderes de la MS, y como uno de los que escapó durante la Operación Jaque, en la que pretendían desarticular la estructura financiera de la pandilla. Lo acusan de tres asesinatos y 30 casos de conspiración para homicidio.

Ese día también capturaron a Eduardo Enrique Cruz, “El Comején”, quien se encontraba entre los cien delincuentes más buscados por la Policía de El Salvador.

La tarde del mismo 12 de octubre, “El Comején” y los otros cinco capturados fueron entregados a las autoridades de El Salvador en la frontera de Valle Nuevo, en Jalpatagua, Jutiapa. En El Salvador enfrentarán juicio por los  delitos que les imputan las autoridades de su país y uno más del que los 31 pandilleros guatemaltecos capturados ese día —25 del Barrio 18 y seis de la MS— no serían acusados: terrorismo. Desde agosto de 2015 la Corte Suprema de Justicia salvadoreña estableció que el Barrio 18 y la Mara Salvatrucha serían considerados grupos terroristas. En Guatemala, la legislación no contempla ese tipo de delitos para los pandilleros.

Hace una semana, otros dos supuestos líderes de la MS de El Salvador, Pedro Benjamín Rivas Zelaya, alías "Sniper", y Cristian David Fuentes Ajosal, alías "Baby", fueron capturados por la policía guatemalteca en San José Pinula y Mixco, respectivamente. Horas después de ser detenidos, ambos fueron expulsados del país y entregados a las autoridades de El Salvador, en donde se les acusa de múltiples homicidios y terrorismo.

Aunque estos operativos no fueron ejecutados por la fuerza trinacional acordada por los gobiernos de los países del Triángulo Norte de Centroamérica (Guatemala, El Salvador y Honduras), son casos que, según las autoridades, demuestran la lógica transnacional con la que operan las pandillas juveniles, y la necesidad de unir esfuerzos para enfrentarlas.

El Ministerio Público de Guatemala asegura que Marroquín dirigía a un grupo de pandilleros guatemaltecos que extorsionaban a comerciantes y motoristas. La Fiscalía salvadoreña agregará que Marroquín se encargó en 2015 de exigir US$600 mil dólares a las 249 clicas de la MS en ese país con la intención de comprarle armas al cartel de droga de Sinaloa o al de los Zetas; no logró la compra, por lo que se quedó en Guatemala con ese dinero.

Buenas intenciones, nada más…

La idea de crear una  fuerza policial antipandillas en el Triángulo Norte de Centroamérica surgió en Honduras. En julio del año pasado, el presidente Juan Orlando Hernández hizo un llamado al que Guatemala respondió primero. “Le comentaba a él (Jimmy Morales) que para mí es importante…crear el grupo de alto nivel que ya tenemos con Guatemala, pero que no tenemos con El Salvador”, explicó el mandatario hondureño luego de reunirse con el mandatario guatemalteco, el 17 de agosto de 2016.

Estados Unidos,  dijo Hernández, estaba involucrado en el proyecto “que perfectamente calza en el plan Alianza para la Prosperidad”.

La participación de Estados Unidos en esa estrategia, no es fortuita. Los orígenes del Barrio 18 y la Mara Salvatrucha están ligados a la política de deportaciones de este país. Ambos grupos nacieron en Los Ángeles. Y además, las pandillas centroamericanas tienen cierto involucramiento en la dinámica del tráfico de drogas, que tiene como principal objetivo llegar a Estados Unidos, un consumidor primordial.

La política internacional de Estados Unidos tiene como uno de sus ejes principales el combate al narcotráfico y ha dotado de recursos a las fuerzas de seguridad de la región para su combate. Y el Plan para la Prosperidad del Triángulo Norte —un apoyo de la Washington a estos tres países condicionado por la mejora de las condiciones que provocan la migración hacia su territorio— entró en marcha de manera paralela a esta iniciativa.

Esta fuerza policial conjunta propuesta por Honduras, sería la respuesta del Triángulo Norte a la sofisticación de las operaciones de las pandillas y, a la vez, su alineamiento a las políticas de Estados Unidos en la región. “Sería” porque ocho meses después, aún no se concreta.

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Una mancha morada cubre lo que antes era un grafiti. Tres niños pintan con brochas sobre las iniciales escritas con spray azul que cubrían un área de juegos infantiles en la Colonia El Búcaro de Villanueva. A su lado, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) continúan la capa de pintura que revestirá paredes, banquetas, túneles de juego de concreto y donde sea que haya un símbolo pandillero.

Esta acción forma parte de la Operación Fénix, la apuesta de la policía guatemalteca para el combate a estos grupos criminales en la zona, la cual empezó en septiembre del año pasado. Esta es una iniciativa local, propia, no relacionada a la fuerza trinacional.

La operación se extiende a dos colonias más, el Mezquital y Villalobos. Un territorio controlado por los delincuentes y con mínima presencia del Estado; 20 kilómetros cuadrados habitados por aproximadamente 145 mil personas, la mayoría residentes en asentamientos precarios. En esta zona, según la policía, confluyen al menos cuatro clicas: Crazy Gángster, Crazy Chapín y Solo Para Locos, del Barrio 18; y los Bucareños Locos Salvatruchas, de la MS13.

Desde el primer operativo, el 29 de septiembre, la PNC ha recuperado 29 casas que servían como base para el actuar ilícito de los pandilleros.

Stu Velasco Crispin, subdirector de Investigación Criminal de la PNC, explica que con este programa buscan, además de recuperar espacios, arrestar a delincuentes, ejercer la fuerza, y afectar los símbolos y el control psicológico que estos grupos ejercen en áreas como la zona 12 de Villanueva. “Las pandillas son una subcultura. Tenemos que desplazar también ese empoderamiento que tienen. Aunque capturemos a todos los extorsionistas de la zona, si nos retiramos, sabemos que habrán más delincuentes porque las condiciones sociales se prestan para la proliferación de estos grupos”.

Antes de este programa, en esta zona había un promedio mensual de nueve homicidios y ocho lesiones. Ahora, la disminución en homicidios es del 45% y en lesiones del 13%. Las denuncias por teléfono también han aumentado.  Stu Velasco habla del Plan Fénix como un éxito. Este plan piloto también cuenta con apoyo de Estados Unidos.

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Las fuerzas de seguridad de Guatemala llevaron a cabo al menos tres operativos grandes en 2016, en los cuales arrestaron a pandilleros y otros involucrados en estructuras de extorsionistas. En Rescate del Sur  detuvieron a 86 (2 de mayo), en Rescatando a Guate a 110 (14 de julio), y en Guate Es Nuestra  a 119 (8 de diciembre). En total, 1,078 personas fueron aprehendidas por extorsión. Si bien no todos los extorsionistas son pandilleros, este es el crimen que las autoridades más  asocian con estos grupos de delincuentes. En 2016, se capturaron a 86 integrantes de 10 estructuras de sicariato, a 37 de cinco grupos de sicarios y extorsionistas, y a 528 miembros de 32 grupos de extorsión.

Según Velasco, aunque los tres países comparten información relacionada a las pandillas, la Fuerza Trinacional no está del todo definida. El trabajo en conjunto no se ha delimitado y cada país continúa con estrategias locales. “Las pandillas, en su modus operandi, están articuladas a nivel regional. Y han obligado a los Estados a hacer lo mismo”, agrega.

Tres realidades, una fuerza

Mientras el discurso de la alianza continúa, cada país enfrenta sus problemas de manera distinta. Además, las diferencias en cómo operan las pandillas a lo interno de cada país, sus intenciones políticas y sus lógicas para ganar dinero, tienen matices diferentes que plantean una escala de grises a nivel regional.

“En Guatemala, las pandillas son un problema, pero no son el gran problema”, explica Francisco Jiménez, exministro de Gobernación y analista en temas de seguridad y violencia. Las pandillas en Guatemala no tienen el desarrollo y fuerza que muestran en El Salvador y Honduras.  Y las políticas públicas para enfrentarlas también difieren.

Jiménez explica que en El Salvador las pandillas son enfrentadas como un grupo armado, son más fuertes y violentas, y ejercen un control del territorio determinante. Debido a esto, la Policía salvadoreña ha adoptado medidas más represivas. Desde abril de 2016 implementó una serie de medidas extraordinarias contra la criminalidad y al año siguiente sumó el despliegue de brigadas militares de élite.

Una de las muestras del control de las pandillas en El Salvador fue la tregua con el Gobierno que se evidenció con la reducción de homicidios en el vecino país. Actualmente la tasa anual de homicidios en El Salvador es de 81 por cada 100 mil habitantes, mientras que en Guatemala es de 27.

Otro de los factores que diferencian a Guatemala es su legislación. Los tipos penales por los que se persigue a pandilleros son la extorsión, el sicariato y la asociación ilícita. En cambio, en El Salvador la Sala de lo Constitucional declaró terroristas a la Mara Salvatrucha y al Barrio 18. La resolución obliga a que los jueces apliquen la Ley Contra Actos de Terrorismo a los miembros de estos grupos y a sus financistas.

En Honduras, las condiciones también son diferentes. “A partir del golpe de Estado de 2009 comenzó un proceso de militarización profunda”, explica Joaquín Mejía, doctor en derecho e investigador del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús en el país.

Allí también las pandillas se han establecido como estructuras de sicariato que llegan a involucrarse con el narcotráfico.

A través de 34 reformas legislativas, el Estado se ha militarizado y las fuerzas policiales se atomizaron. Ahora existen 11 unidades diferentes de la policía. Se estableció una Policía Militar de Orden Público que tiene las mismas facultades que la Policía Civil. El Ejército está en las calles y ejerce funciones policiales. El equipo de Tigres, un híbrido policiaco-militar es una fuerza de choque en operativos contra pandillas y crimen organizado, así como la Fuerza nacional Antiextorsión. En el artículo 332 de su Código Penal establece medidas contra “los Jefes o cabecillas de maras, pandillas y demás grupos que se asocien con el propósito permanente de ejecutar cualquier acto constitutivo de delito”.

Los aparatos policiales de Honduras y El Salvador son más represivos en sus operativos de control y el Ejército está involucrado de mayor manera que en Guatemala. En noviembre de 2016, el punto más álgido de la guerra declarada entre pandilleros y la policía salvadoreña, los ataques contra agentes policiales sumaban 44 muertes y una alerta general reinaba en el país.

La homologación en los tres países de prácticas represivas y la involucración del Ejército en funciones policiales fue uno de los miedos que expertos en seguridad expresaron cuando se comenzaba a anunciar la creación de la Fuerza Trinacional. “Esto no conlleva una homologación de políticas, sino solo la coordinación de operativos entre los países”, indica Otto Argueta, investigador social que se ha especializado en entender la dinámica de las pandillas.

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Jiménez, Mejía y Argueta coinciden en que la Fuerza Antipandillas Trinacional busca demostrar a Estados Unidos que los países están correspondiendo a sus solicitudes a través de la Alianza para la Prosperidad. “Esta acción forma parte de la estrategia de Estados Unidos de bajar las fronteras migratorias hasta donde se pueda, en este caso, hasta Honduras”, explica el abogado hondureño. “Ya lo han hecho con México y en cierta manera con Guatemala y se pretende ampliar ese dominio geopolítico”.

En Guatemala, según la Dirección General de Inteligencia Civil del Ministerio de Gobernación, hay 15 mil pandilleros aproximadamente. Según el ministro de Defensa de El Salvador, en ese país viven 60 mil pandilleros que tienen relación con 550 mil salvadoreños, más del 8% de la población total. En Honduras, la Policía Nacional calcula que existen al menos 25 mil miembros activos de la MS y el Barrio 18.

“En Guatemala, la estrategia en los centros carcelarios es mantener a las dos pandillas separadas”, destaca Corinne Dedik, Investigadora especializada en el Sistema Penitenciario del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales. “En El Salvador es distinto porque allí dedican penales enteros para miembros de la Mara Salvatrucha o el Barrio 18. Aquí se separan a las pandillas, pero ningún penal tiene sólo pandilleros”, agrega.

En las cárceles de Guatemala se estima que hay unos 1,190 pandilleros mayores de edad, y 937 en correccionales para menores. Los encarcelados de la Mara Salvatrucha permanecen en la cárcel El Boquerón y Fraijanes 2, en esta última se retiene a los miembros más prominentes de la estructura. El Barrio 18 está recluido en el Preventivo de la Zona 18 —el sector 11 específicamente—, y en Fraijanes 1.

En El Salvador, serían 12,851 los pandilleros encarcelados y 1,399 en Honduras.

 “Les vamos a dar de su misma medicina”, fue la amenaza con la que el Presidente hondureño anunció este proyecto transnacional. Los analistas coinciden en que este tipo de declaraciones generan popularidad. Su compatriota, Joaquín Mejía, lo define como “populismo penal y de seguridad”, una serie de medidas que envían un mensaje de mano dura a la población para generar popularidad, a miras de una posible reelección en los comicios del 2018.

A la espera de que los países involucrados en la Fuerza Trinacional Antipandillas terminen de definir los detalles y sentar las bases para este proyecto, Argueta recuerda una larga tradición en los Estados del Triángulo Norte: ordenar el problema de las pandillas en vez de buscarle una solución. Permitirles que actúen en espacios en donde el Estado no llega, dejar territorios a su merced, o favorecer a una de las pandillas para que venza a su rival en una zona.