Una hidroeléctrica amenaza el parque nacional Laguna Lachuá

En la mañana del 23 de octubre de 2012, un acontecimiento insólito ocurrió en la comunidad de Rocjá Pontilá: un helicóptero se posó sobre su amplio campo de futbol. Rocjá Pontilá es una pequeña aldea de Alta Verapaz a la orilla del río Icbolay. Allí viven 170 familias de campesinos q'eqchies, sin acceso a luz eléctrica, señal telefónica y casi ningún servicio del Estado.

Del aparato descendió un hombre alto, robusto, de piel clara y ojos azules, el ingeniero Aurelio Asturias Ekenberg, de 41 años de edad. Venía a presentar un proyecto a la comunidad: la construcción de una hidroeléctrica de 40 megavatios.  Para convencer a la gente, Asturias prometió muchas cosas. Prometió brindar luz eléctrica gratis y agua potable a todas las casas, construir nuevas aulas en la escuela, equiparlas con computadoras, construir un centro de salud, balastar la carretera, montar un proyecto hotelero ecoturístico, regalar fertilizantes y dar trabajo a los lugareños.

A cambio, los pobladores solo debían aceptar la construcción de la central, que utilizaría las aguas del río Icbolay, y venderle algunas tierras. José Miguel Medio Castillo, el abogado que acompañaba al ingeniero redactó un acta para refrendar el acuerdo. Unos 50 pobladores, entre ellos los principales líderes, firmaron. La mayoría con la huella de su dedo pulgar.

El río, el proyecto

Al cruzar la meseta del Faisán, cerca del parque nacional de la Laguna de Lachuá, el río Icbolay se topa con unas colinas que le cierran el paso. En vez de correr hacia el norte, en busca del río Chixoy en el cual muere, debe dar una amplia vuelta, un meandro, hacia el oeste. En esta vuelta, el río se vuelve subterráneo. Un kilómetro después, vuelve a surgir al aire libre con la furia de un animal herido. La vista es espectacular. De cada fisura del suelo, brota un torrente de agua y espuma que salta por una serie cataratas. El renacimiento del río Icbolay es un tesoro natural casi desconocido por los guatemaltecos.

Tras las cascadas, el río se amansa y toma un curso tranquilo. Entra y sale del parque nacional en una zona que se disputan el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP) y un grupo de campesinos.  Antes de girar al norte, fluye entre cultivos, y un bosque comunal. Frente a la aldea Rocjá Pontilá, los habitantes pescan, nadan o lavan ropa en sus aguas.

La hidroeléctrica pretende cortocircuitar toda esta vuelta.  Unos kilómetros antes del sumidero del río, se construirá una presa de diez metros de altura sobre el río para obstruir su paso. Sus aguas serán reencauzadas dentro de un tubo de seis metros de diámetro que pasará a través de las montañas. Tras caer en las turbinas, un kilómetro aguas abajo de Rocjá Pontilá, el agua será devuelta al río.

Para funcionar, la planta generadora necesita desviar 90 metros cúbicos de agua por segundo. Sin embargo, según Aurelio Asturias, el cauce natural del río nunca va a estar seco: en todo momento, promete, dejarán pasar un “caudal ecológico” de tres metros cúbicos por segundo. Esto es seis o siete veces menos que el caudal mínimo del río.

A pesar del desvío de casi todo el caudal durante todo el verano y parte del invierno, Asturias garantiza que el nivel del río no va a bajar nunca. Esto, gracias a una presa de regulación que va a construir aguas abajo, justo antes de donde la hidroeléctrica devuelve el agua. En cierta forma, pretende convertir el río en un canal, controlando el caudal y el nivel del agua. Esto permitirá, asegura, crear un gran proyecto ecoturístico. Según el ingeniero, a la orilla del río domado, se construirán hoteles, restaurantes, cafés, y se ofrecerán paseos en lancha. Para ilustrar su visión ecoturística, Asturias presenta  este paisaje de San Antonio, Texas.

Obras sin permiso

Aurelio Asturias estaba tan convencido de las bondades de su proyecto, que empezó a construir la hidroeléctrica antes de obtener la licencia que otorga el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN). Según la ley, una obra no se puede iniciar sin que se tenga la licencia: era una movida arriesgada, porque bien podría no haber conseguido el permiso.

En 2013, su empresa ingresó al MARN un primer Estudio de Impacto Ambiental (EIA), el documento que analiza los impactos de un proyecto y las medidas para minimizarlos. Poco después, la propia empresa lo retiró para presentar, en 2014, una nueva versión. El MARN y el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP) la rechazaron por sus muchas debilidades, y por el riesgo que suponía la hidroeléctrica para el área protegida.

Asturias no se dio por vencido y presentó un tercer estudio (doc EIA Rocjá 2015) en 2015. El CONAP lo analizó y consideró que era tan malo, tan incoherente, tan plagado de incongruencias que sus autores, de la consultora Alianza Ambiental, deberían ser llevados ante el tribunal de honor del Colegio de Ingenieros. El MARN, quien tiene la última palabra en materia ambiental, lo dejó en el limbo durante varios meses. Finalmente, el 4 de noviembre de 2016, tras cambiar al equipo de analistas encargado de evaluarlo, el ministerio que dirige Sidney Samuels decidió aprobarlo.  

Asturias minimiza las obras que se realizaron sin licencia. Dice que lo único que se hizo fue un centro de salud para la población de Rocjá Pontilá, el balaste de la carretera que llega a la aldea y un puente peatonal. Estas obras, insiste, eran para beneficio de la población.

La realidad es otra. En una visita realizada el 19 de agosto 2016, antes de la aprobación del EIA, los técnicos del MARN constataron que ya se había terminado de construir un puente para camiones, la casa patronal, las oficinas de la empresa y el campamento de trabajo. Observaron la presencia de maquinaria pesada, la apertura de nuevos caminos y un importante corte en la montaña por donde pasaría la tubería de la central. Fotos obtenidas por Plaza Pública muestran la magnitud de las obras, durante las cuales, según los propios habitantes de la aldea, se usaron explosivos. 

El Consejo Nacional de Áreas Protegidas pidió que la empresa fuera sancionada por la ilegalidad. Alfonso Alonzo Vargas, viceministro de Ambiente, afirma no saber nada de estos trabajos, a pesar de que él mismo envió al equipo del MARN que reconoció el área.

Cuentas confusas

El financiamiento y el presupuesto para la construcción de la hidroeléctrica también genera dudas. En el segundo estudio de impacto ambiental (EIA), el que el MARN rechazó, la empresa indicaba que la inversión sería de Q780 millones. Pero en el EIA posterior, la inversión por el mismo proyecto era solo de Q80 millones. Por ejemplo, el mismo sistema electromecánico costaba Q196 millones en el primero estudio y Q15 millones en el segundo.

Aurelio Asturias explica que los consultores que redactaron el primer estudio se equivocaron, y que él no lo revisó. Pero lo cierto es que Q780 millones se acerca más a la inversión en proyectos similares realizados en Guatemala. Por ejemplo, la hidroeléctrica Oxec, de 30 megavatios, estaba presupuestada en Q620 millones. En cuanto al financiamiento, Asturias explica que proviene de bancos nacionales, y que cuenta con el respaldo de varios socios que no especifica.  

Como es habitual con los grandes emprendimientos en Guatemala, los verdaderos propietarios buscan mantenerse a la sombra. Como muestra, la creación de la empresa Desarrollo Integral Rocjá Pontilá, la que oficialmente construye la hidroeléctrica. Según las escrituras, la empresa fue fundada en 2012 por Joel Medina Choc. Este jornalero es uno de los líderes de Rocjá Pontilá. Vive en una modesta casa de blocks sin agua ni luz eléctrica. Pero sus condiciones de vida no le impidieron fundar una empresa con un capital autorizado de Q 1,200 millones. Aportó, según el acta, Q8 mil que le dieron derecho a cuatro de las 600 mil acciones emitidas.

El primer representante legal de la empresa fue Jorge Amílcar Pereira Jiménez, un comerciante que compraba cardamomo a los campesinos de Rocjá Pontilá. El segundo representante fue Edgar Humberto Sandoval Martínez, presidente de la Empresa Portuaria Quetzal durante el gobierno de Óscar Berger. El representante legal actual es Carlos Enrique Lemus Navas, quien se dedica, junto con Sandoval Martínez, a la importación de motos y repuestos de marcas indias.  

El único con experiencia en proyectos de generación eléctrica involucrado en proyecto, aunque no tenga ningún cargo oficial en la empresa, es Aurelio Asturias Ekenberg. Su principal actividad es la venta de maquinaria para hidroeléctricas a través de la empresa Hidro Energía. Dice haber participado en unos 40 proyectos en Centroamérica. Durante un tiempo compartió la administración de la hidroeléctrica El Ocosito, en Quezaltenango. Su socio era Luis Castro Valdivia, el empresario español que fundó Hidralia e Hidro Santa Cruz, la compañía que tuvo que retirar su proyecto de Barillas, Huehuetenango.

Además de su empresa en Guatemala, Asturias tiene dos empresas en Panamá. Una de ellas se llama Ingenierie Hidráulica, y tiene entre sus directivos a Asterio Caballero Ibarra y Berta Acoca de Patton, dos testaferros que saltaron a la fama con los Panama Papers por dirigir, cada uno  3,600 y 7,200 empresas de cartón del mundo entero. 

En este caso, Asturias asegura que la empresa no es de cartón. Le sirve, dice, para importar maquinaria y equipos hidroeléctricos a Guatemala y al resto de Centroamérica. En Guatemala, la ley de incentivos de energías renovables permite la entrada de este tipo de tecnología libre de Iva y aranceles, pero obtener ese beneficio para sus clientes, Asturias necesita hacerlo desde una empresa domiciliada fuera del país.

Escaleras para peces y copy-paste

¿Por qué el Consejo de Áreas Protegidas se opuso con tanta fuerza al proyecto de Asturias? Según la institución, el proyecto riñe con el plan maestro del parque de la laguna de Lachuá, el cual indica que debe prohibirse “cualquier obstrucción artificial que no permita el flujo de las corrientes”. Además, el área afectada está protegida por el convenio internacional Ramsar por su gran importancia ecológica. Para el CONAP, la riqueza biológica de la zona se verá afectada si se le quita el 90% del caudal al río. También se verá afectada la capacidad del río para brindar servicios ecosistémicos a la población local, como acceso al agua, a la pesca, el turismo. Además, el sumidero y renacimiento del río Icbolay tienen una importancia paisajista de primer orden que debe ser protegida.

Para apuntalar su dictamen, el CONAP pidió una evaluación del estudio de impacto ambiental de la hidroeléctrica a uno de sus asesores, el ingeniero e hidrogeólogo Jorge Antonio García Chiu. El experto encontró que los estudios hidrológicos eran insuficientes para un proyecto de esa envergadura, ya que las medidas de caudales solo se hicieron en unos pocos meses. Estimó que los cálculos de energía eran incorrectos, y que algunas propuestas del estudio, como la de tapar las grietas en el fondo del río por donde se escapa una parte del agua, eran cuanto menos descabelladas y peligrosas.

El CONAP también envió el estudio a la Escuela de Biología de la Universidad de San Carlos, que cuenta con una estación biológica cerca de Rocjá Pontilá. En su respuesta, los biólogos mostraron que parte del estudio de fauna y flora de la zona era un copy-paste infantil de uno realizado en la Laguna del Pino, Santa Rosa.

También les sorprendió uno de los componentes del proyecto: la escalera de peces. Según la empresa, este canal en zigzag debe permitir a los peces pasar de un lado a otro de las presas. El estudio se complace en anunciar que “es la primera vez en Guatemala” que se construye una escalera de peces. Estos pasajes existen en represas europeas y norteamericanas para dar paso a los salmones. Sin embargo, explican los biólogos Julio Morales Álvarez y Claudio Méndez Hernández, no hay salmones en el Icbolay, y no existe ninguna evidencia científica de que los peces de un río tropical puedan utilizar la escalera.

Pero a los biólogos les preocupa sobre todo que la disminución del caudal del río modifique profundamente el área y sus aguas sean colonizadas por organismos oportunistas que impacten en las poblaciones de anfibios, peces y moluscos.

Para terminar, el CONAP pidió la opinión del Instituto Nacional de Bosques (INAB). Esta también observó graves deficiencias en el estudio de impacto ambiental, que coinciden con las señaladas por CONAP.

Con todas estas opiniones desfavorables, el CONAP se sintió seguro para declarar “no procedente” el proyecto hidroeléctrico.

Aurelio Asturias se defiende

Aurelio Asturias sigue muy molesto con el CONAP, cuyo dictamen puso en jaque su proyecto. “Nosotros no hemos caído en corrupción. En el gobierno anterior, las cosas iban rápido si uno se alineaba con la corrupción. Pero esos tiempos ya cambiaron. ¡Ya cambiaron!”, agrega con emoción.

Insiste que el CONAP no tenía que haber revisado el estudio de impacto ambiental porque el proyecto está fuera de los límites del área protegida. Incluso, niega con vehemencia que el Icbolay entre en el parque nacional. Lo cierto es que hay una zona por donde pasa el río que es disputada por el CONAP y por campesinos de Rocjá Pontilá que ya cultivaban allí antes de que el área protegida fuera declarada. 

En cuanto a los impactos ambientales de la hidroeléctrica, Asturias los considera positivos. Afirma que las lagunas artificiales que se van a construir darán refugio a las aves migratorias. Las cascadas y el renacimiento del Icbolay seguirán siendo magníficos gracias al “caudal ecológico”. Las presas de regulación que mantendrán el nivel del río permitirán alimentar los humedales.

Sin embargo, es de notar que la idea de regular artificialmente el nivel del río apenas ocupa cinco líneas en el Estudio de Impacto Ambiental. Positivos o negativos, los efectos de un proyecto de esta naturaleza en un área tan sensible, merecerían un estudio completo adicional al de la hidroeléctrica.  

Asturias agrega que el desarrollo de la comunidad será de gran beneficio para la naturaleza. “La pobreza es el enemigo número uno del medio ambiente. La gente del campo, su único medio de supervivencia es cortar el bosque para sembrar milpa. Si nosotros erradicamos la pobreza con desarrollo, ya no lo van a cortar”, asegura.

Guerra de instituciones

A principios de 2016, Aurelio Asturias logró que el Consejo de Áreas Protegidas le otorgara una audiencia. Quería que la institución se retractara, y emitiera una opinión favorable al proyecto. En esta audiencia participaron los diversos miembros del Consejo: representantes de las organizaciones ambientalistas, del Centro de Estudios Conservacionistas (CECON-Usac), del Ministerio de Agricultura y del Inguat. Por parte del MARN, de forma sorpresiva, acudió el propio ministro, Sidney Samuels. El hecho es relevante, ya que Samuels rara vez asiste a las reuniones del Consejo que preside, y suele delegar la tarea en algún viceministro.

En esta reunión, Asturias presentó las bondades del proyecto, e insistió en que está fuera del área protegida. Los abogados y técnicos del CONAP, y los biólogos de la Usac presentaron sus argumentos en contra de la hidroeléctrica. Se armó una acalorada discusión en presencia de Samuels. De nada sirvió para los intereses de la empresa: el CONAP reafirmó su oposición tajante a la hidroeléctrica.

Lo que debería ocurrir en estos casos sería que el Ministerio de Ambiente respetara la opinión de CONAP. Al fin y al cabo, el MARN ocupa la presidencia del CONAP, y fue éste quien solicitó la opinión. Ningunear el dictamen del CONAP sería, pues, una inconsecuencia. Sin embargo, eso es lo que ocurrió con la hidroeléctrica Rocjá Pontilá. El pasado 4 de noviembre el MARN aprobó el estudio, ignorando la opinión de tres instituciones expertas en temas ambientales. Gracias a esta decisión, según Aurelio Asturias, las obras podrán reiniciarse en enero.

Sidney Samuels prefirió delegar en su Viceministro de Ambiente, Alfonso Alonzo Vargas la entrevista con Plaza Pública. Se le preguntó a este último por qué habían aprobado el Estudio.

“Si un proyecto es bueno para el país, bueno para la gente, y está dentro de la ley, yo tengo que aprobarlo”, contestó Alonzo.

Se le recordó que el CONAP se había opuesto al proyecto.

“El lugar, la ubicación de la presa, la casa de máquinas, todo esto está fuera del área protegida. La opinión de CONAP no es vinculante. El MARN

es el que debe aprobar o desaprobar”, contestó.

“A mí me sorprende que el CONAP haya enviado un dictamen así para este proyecto, cuando no ha dicho nada por los pozos petroleros que están en área protegida”, contraatacó Alonzo. El MARN tampoco se ha opuesto a la explotación petrolera en el parque de la Laguna del Tigre. Acerca de la opinión de la Escuela de Biología de la USAC, el viceministro opinó que era una cuestión ideológica: “Ellos se van a oponer a cualquier proyecto de desarrollo.”

Rocjá Pontilá: una comunidad sin Estado

En Rocjá Pontilá no se ha realizado una consulta comunitaria formal. Pero lo cierto es que, a diferencia de tantas otras hidroeléctricas, ésta no ha despertado una fuerte reacción social. La empresa de Aurelio Asturias entendió muy bien que para que el proyecto fuera viable, tenía que convencer al grupo de los propietarios de Rocjá Pontilá. Los propietarios son las 47 primeras familias que llegaron a la zona a finales de la década de 70. Ellos siguen siendo los líderes de la comunidad. El trato fue el siguiente: a cambio de una porción de la finca original, la empresa les daría Q600 mil al año para que se lo repartan entre los 47 copropietarios. La empresa ya les ha efectuado dos pagos. 

Los lugareños que no tienen tierra no reciben dinero en efectivo. Para Hermelindo Tul, vicepresidente del Consejo Comunitario de Desarrollo, y parte del grupo que apoya a la hidroeléctrica, esto ha producido envidias dentro de la comunidad. Pero esto no le importa mucho: “los que tienen parcela son los que mandan. El proyecto va, y no hay vuelta de hoja”, zanja.

Sin embargo, Hermelindo Tul admite que ya hay un poco de molestia entre la población porque las principales promesas no se han cumplido aún. Lo único que se ha concretado es el balaste de la carretera y un pequeño centro de salud, que, a falta de enfermero y medicinas, permanece cerrado, salvo los días de visita médica. Los proyectos de agua potable y luz, y el instituto con computadoras no han llegado todavía. Pero Tul entiende que el proyecto ha estado detenido “por culpa del medio ambiente”, y por lo tanto, la empresa cuenta con el beneficio de la duda.

Felipe Catún, también miembro del Cocode, se queja porque una de las promesas fue que habría empleo para todos los habitantes, hombres y mujeres. Por ahora, reclama, solo hay seis personas trabajando como guardianes. Espera que cuando empiecen de nuevo las obras, sí habrá trabajo para todos.

Aurelio Asturias matiza esta esperanza. No habrá trabajo para todos, pero la construcción sí ocupará a “100 o 150 gentes, quizás 300”, y se empleará en prioridad a los habitantes de la comunidad. No es lo que indica su Estudio de Impacto Ambiental. En el documento, se dice que serán 50 personas en promedio las contratadas para construcción, incluido el personal especializado que tiene que venir de fuera. Una vez terminada, la hidroeléctrica requerirá de ocho personas para ser operada.

Pero quien explica mejor por qué la hidroeléctrica y sus promesas han tenido tan buena aceptación en la comunidad, es Joel Medina Choc, el líder más influyente de Rocjá Pontilá, y también defensor del proyecto. La aldea sufre, explica, de una ausencia total del Estado. “Nadie viene a apoyar, ni las autoridades del gobierno, ni las municipales. Hay mucha necesidad, pero el alcalde de Cobán no da proyectos. No le dan ni siquiera mantenimiento a la carretera”.

La comunidad, en su abandono, sin la menor asesoría de algún ente del gobierno, y sin la esperanza de recibir nada de parte del Estado, se entregó al hombre alto y robusto que una mañana bajó de un helicóptero.