Ya había un trato. Los ingresos que genera la entrada de turistas a Semuc Champey se distribuirían entre el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap), las cuatro comunidades aledañas y la municipalidad de Lanquín. Durante los tres años que el Conap administró el área falló: nunca le dio lo que le corresponde a Chisubin, Santa María Semuc, Chicanutz y Semil, las cuatro aldeas que deberían beneficiarse de los ingresos al parque.
Burocracia, desacuerdos con la alcaldía de Lanquín, falta de voluntad y una serie de obstáculos técnicos provocaron que el Consejo incumpliera lo estipulado por la ley. Las acciones del Conap se rigen por el decreto 25-2005 que nombró a Semuc Champey como área protegida.
Tras largas discusiones, la ocupación del parque durante diez meses por un grupo de las comunidades y el desalojo de éstos el 5 de julio, el diputado Carlos Chavarría Pérez —electo por el partido Libertad Democrática Renovada (Lider) y ahora representante de Compromiso, Renovación y Orden (Creo) — presentó el pasado 9 de agosto una iniciativa de ley para modificar las reglas del juego y facilitar que el Conap y el Estado cumplan sus compromisos con las comunidades.
Con el decreto actual, las aldeas vecinas tienen derecho al 30% de lo que se recauda por los ingresos al parque. La propuesta del diputado Chavarría, la iniciativa de ley 5129, pretende aumentarlo a 40% para que cada una de las cuatro comunidades tenga un 10% de los ingresos del parque. Según el legislador, los recién elegidos representantes de las comunidades ante el Conap están de acuerdo con este aumento.
Las decisiones sobre Semuc Champey se toman en un Consejo Directivo del área protegida integrado por representantes de cada una de las comunidades, el Conap, el Instituto Guatemalteco de Turismo y la municipalidad de Lanquín, Alta Verapaz. Luego del desalojo, la comunidad de Chisubin se negó a elegir representantes y participar en el Consejo Directivo.
Además del aumento del monto, la iniciativa de ley también pretende cambiar el tipo de proyectos que se financien. En vez de que se use solo para “proyectos amigables con el medio ambiente”, como estipula el decreto que se pretende reformar, la propuesta amplía el espectro de proyectos para incluir salud, educación y capacitación laboral. También especifica que lo que le corresponde a una comunidad beneficiada no se puede transferir hacia otra, que los proyectos se decidirán en consulta y consenso con la comunidad y sus autoridades, y que los proyectos se ejecutarán en conjunto entre el Conap, el Ministerio de Desarrollo Social y la municipalidad de Lanquín.
“Al modificar el artículo 12 lo hacemos funcional. La demanda de las comunidades es válida porque el Conap no ha podido ejecutar los proyectos por burocracia”, explica el diputado Chavarría.
La iniciativa de ley 5129 no ha recibido aún el dictamen favorable de la Comisión de Ambiente para que se vote por su aprobación. El Conap aún no la ha conocido de manera oficial, al departamento jurídico de la institución no ha llegado ninguna citación ni notificación de la medida que les afectaría. Se intentó contactar con Crisantos Asig, autoridad ancestral de Chisubin, la comunidad que optó por no participar en el Consejo Directivo del área, para conocer la opinión del grupo al que representa, pero fue imposible la comunicación.
