En 2016 la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa), uno de los principales tanques de pensamiento del sector privado, empezó a trabajar en una propuesta propia de Ley de Aguas, pero luego optaron por adscribirse a la iniciativa hecha por el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), un año después. Según señala Juan Carlos Zapata, lo hicieron para no duplicar esfuerzos.
Al igual que otras iniciativas, la propuesta de CACIF tampoco prosperó en el Congreso. Hoy en día la prioridad del sector privado está en promover un paquete de leyes que pretenden reactivar la economía.
¿Para el sector privado cuáles son los problemas más urgentes por atender alrededor del agua?
El primero es la gestión del agua. Las municipalidades no tienen ni la capacidad técnica ni los recursos para invertir en el tratamiento de agua y mejorar su distribución. Hay inundaciones en el área rural al igual que en todo el mundo, pero no deberían ser tan grandes si invertimos en tecnología, administración e infraestructura. Para todo eso necesitas una capacidad no solo legislativa sino técnica y financiera pero hoy en día el país no tiene.
En este momento las propias alianzas público-privadas excluyen el tema del agua. Desde diferentes organismos hemos visto que hay que cambiarlo para poder generar mejores herramientas. Actualmente ni siquiera la Empresa Municipal de Agua de la ciudad capital tiene las capacidades ni los mecanismos técnicos y financieros para sacar el tema adelante. Así que primero hay que mejorar la distribución y luego pensar en el tratamiento para que un día podamos tener agua potable del grifo, no como países de Europa, sino como países de Latinoamérica como Colombia, Chile o Argentina.
Pareciera que pese a su importancia la Ley de Aguas ha dejado de ser una prioridad en la agenda del país. ¿A qué cree que se debe?
Debe ser una prioridad. Lo que pasa es que con el título todos estamos de acuerdo, el problema es el contenido. Has visto las manifestaciones, como la Marcha por el Agua en 2016, todo se queda en un ambiente político, falto de profundidad y sin una discusión técnica. Nosotros cuando trabajamos el tema de vivienda, trabajamos con Elisa Colom, una experta reconocida desde diferentes posiciones ideológicas. Acá hay que preguntarnos primero qué queremos lograr y luego quitarnos el tema ideológico. Yo siento que en el país en el aspecto técnico del agua no hay mucha discusión, siempre prima lo político.
En una columna de opinión que publicó en 2016 decía, en referencia a la ley de aguas: “no hay forma que pueda llegarse a un acuerdo sobre su conceptualización, por la falta de técnicos ambientales que sin caer en prejuicios ideológicos en contra de la inversión, sean capaces de acordar una legislación común”. ¿A qué se refiere con esos “prejuicios ideológicos”?
Si yo soy un diputado y digo que vamos a lanzar una Ley de Aguas, ¿quiénes crees que son los primeros en oponerse simplemente porque lo digo yo? Eso me está pasando con la Ley de Infraestructura. La gente no lee, no sabe de qué estoy hablando, pero como viene de mí y viene de un sector, la oposición es clara. Y lo mismo pasa del otro lado, no es exclusivo de un sector o del otro.
El gran desafío de este país es que a veces la gente no descalifica la propuesta sino a quién la está presentando. Yo te diría que nosotros hemos trabajando con expertos como Elisa Colom o el que en Twitter se hace llamar el Doctor del Agua (Marco Morales de la Cruz). Los sumamos para integrar varios puntos de vista de personas calificadas sobre el problema de la falta de vivienda porque sabemos que este no se puede resolver sino resolvemos primero el problema del agua.
Aquí en la capital, en la zona 6 no se siguieron construyendo edificios de vivienda por la falta de agua. Está la demanda, la solución y la tecnología, pero el gran desafío es que como alcalde no podés autorizar 150 edificios si no hay agua. La ciudad tiene que empezar a pensar en cómo se va a proveer de agua en los próximos treinta años porque eso de seguir haciendo pozos a mayor profundidad no es la solución.
Menciona la Ley de Infraestructura Vial como ejemplo. Sin embargo, no parece que haya la misma voluntad en desarrollar una Ley de Aguas.
Es que la pusieron, CACIF hizo una propuesta y la llevó al Congreso. El gran desafío, como pasa con todas las leyes que llegan y se quedan estancadas. Te puedo mencionar varias que en el sector empresarial estamos impulsando y no hay forma que se aprueben: ley de leasing*, de insolvencias, de tasa de interés preferencial, de los convenios 165 y 169 de la OIT y la propia Ley de Infraestructura. En el plan de reactivación económica presentó CACIF hay 27 iniciativas, leyes y propuestas que tienen años y no avanzan. Entre todo eso está la ley de aguas y de competitividad y solo no pasan. Ciertos grupos creen que el sector privado tiene la fuerza legislativa para poder aprobar cualquier cosa. Es mentira, no la tiene.
Pero si tiene un poder real para vetar…
Así dicen, pero no lo veo. El gran desafío con la Ley de Aguas es que si vos le preguntas a 48 Cantones, ellos tampoco la quieren. ¿Por qué es? ¿A qué se debe?
Les preocupa que se privatice el agua...
Pero si ya está privatizada porque son ellos quienes la distribuyen en Totonicapán.
Más que privatizada es un sistema de administración comunal y por eso desconfían que el Estado la administre mejor que ellos.
Igual que desconfía el sector privado. Cuando pongas de acuerdo a 48 Cantones con CACIF vas a tener una ley de aguas bien rápido.
Hoy no tenemos los interlocutores necesarios para llevar el diálogo. No parece que las cosas vayan a cambiar pronto.
A lo mejor la solución es que la discusión sea a través de los gobiernos locales porque a nivel nacional no vamos a solucionar los problemas. La ciudad de Guatemala tiene problemas de agua que son diferentes a Cobán, Quetzaltenango y Escuintla. A lo mejor lo que se necesita es una ley marco que genere ciertos acuerdos sobre los que los gobiernos locales puedan trabajar. Es como los salarios mínimos. Todos quieren subir y bajar el salario mínimo pero una solución no es igual para todos. Si estás en Guatemala, subamos el salario pero si estás en Huehuetenango y los vuelves a subir nadie lo va a pagar. Por qué no pensar mejor en soluciones que les den herramientas a los gobiernos locales para resolver sus problemas.
Vuelvo al texto de su columna de opinión. Hablaba de la responsabilidad de los alcaldes y de los ciudadanos en la contaminación de las fuentes de agua pero no encontraba ninguna autocrítica sobre la responsabilidad del sector privado. ¿La posibilidad de ser sancionados por el mal uso de las fuentes de agua, no es un disuasivo para buscar la ley de aguas?
Yo siento que la crítica está. Lo que pasa es que podemos identificar los grandes contaminantes pero el gran desafío es que si tenés poca inversión y nula capacidad para tratar las aguas, los contaminantes somos todos.
Pero no puedes poner en el mismo nivel de responsabilidad a una comunidad que arroja el agua con detergente al río que a Repsa, por citar un ejemplo.
Estoy de acuerdo, pero el gran problema es el mismo. La razón por la que él, ella y la empresa pueden verter cosas es porque acá no pasa nada. Da lo mismo querer atacar a un sector o al otro si simplemente nadie se hace responsable de proteger el agua. El desafío es cómo hacemos para que todos cumplamos con los mínimos para poder tratar el agua.
Antes se decía que CACIF no quería pagar por el agua. En la propuesta que presentaron si reconocen la necesidad de pagar por ella. Ahora bien, algunas otras propuestas, para garantizar el derecho humano al agua, hablan de que a todos se les garantice, de forma gratuita, el mínimo necesario para consumo humano y por arriba de eso, ya se cobre. ¿Ve viable este modelo y algunos otros donde se puedan establecer tarifas diferenciadas según el uso?
Por supuesto pero ese mínimo no lo podés fijar tan fácilmente. Tenemos que ser conscientes de que hay diferencias de productividad y de consumo. Además el problema no está a nivel familiar, es a nivel municipal, porque no hay la capacidad técnica para administrar el tema. Por eso la solución tiene que salir de los alcaldes y no del gobierno central, del sector privado o de 48 Cantones. Este debería ser un eje central de la Asociación Nacional de Municipalidades y que ellos logren llevar al Congreso un acuerdo mínimo entre los alcaldes del área metropolitana, los de las cabeceras y los de las áreas rurales. Lógicamente quienes están más cerca de las fuentes de agua van a tener otras visiones. No es lo mismo ser alcalde del Puerto de San José que ser alcalde de San Mateo Ixtatán. Al final tampoco es un tema que a ellos les preocupa. Yo no veo a los alcaldes pidiendo recursos para tratamiento de aguas.
Para algunas organizaciones indígenas hay varios puntos que consideran necesarios en una ley de aguas. Le menciono tres: 1) El reconocimiento de las organizaciones ancestrales, el respeto a su forma de organización y a su derecho de ser consultados sobre el uso del agua. 2) El reconocimiento del agua como un ser vivo y por lo tanto, sujeto de derechos; y 3) El reconocimiento de la percepción material y espiritual que los pueblos indígenas tienen sobre el agua. ¿En una discusión ideal cree que estos temas pudieran ser incluidos en la propuesta de CACIF, por citar una de tantas iniciativas?
Mi gran desafio es que no sé cómo ponerlo en blanco y negro. El derecho a la consulta está normado por el Convenio 169, así que aunque tengas una autoridad nacional del agua no podés pasar sin consultar a la comunidad. El problema es que, nuevamente, no tenemos el reglamento para la consulta. Llegás a una comunidad y no sabes con quién hay que hablar porque incluso las autoridades indígenas no funcionan igual en todo el país. Entonces cómo estandarizar un procedimiento para poder implementarlo.
Un manejo adecuado y técnico del agua podría mostrarnos que en un futuro inmediato con una mayor carencia de agua hay negocios que no son viables. ¿Está listo el sector privado para este tipo de discusiones?
Lo que veo es que la transformación urbana hará que los servicios y los productos de exportación vayan cambiando como ya está ocurriendo. El azúcar está tendiendo a desaparecer por pura eficiencia no por temas ideológicos. Simplemente porque la tierra valdrá más urbanizándola que cultivando caña. El gran desafío es cómo atraer otros sectores más intensivos en capital y tecnología y luego, cómo urbanizás cuando tenés 44% de la población viviendo en el área rural. La dispersión hace que no podamos llevarles servicios de agua, luz y drenajes. Es económicamente más rentable hacerlo en una ciudad y que la gente migre a esa ciudad, pero la gran limitante es el agua.
Vuelvo al principio, las municipalidades son la clave, pero sus equipos técnicos no son los mejores y están sometidos a rotarse con cada cambio de alcalde.
*Esta entrevista se desarrolló a finales de 2020, cuando la Ley de Leasing aún no se había aprobado.
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