Elisa Colom: "Solo un plan para garantizar el acceso universal al agua podrá evitar un estallido social"

Elisa Colom, abogada con una especialización en legislación del agua, es un referente en temas de administración y legislación del agua. Fue parte del equipo de expertos que se encargó de la elaboración de dos propuestas de Ley de Aguas, una en 2005 y otra en 2007. Además, durante el gobierno de su hermano Álvaro Colom, dirigió la Secretaría Técnica del Gabinete del Agua, una instancia de la que salieron tres políticas nacionales que hasta ahora aún constituyen el mayor esfuerzo técnico por establecer una estrategia para enfrentar los problemas de distribución y tratamiento.

¿A nivel latinoamericano qué tan rezagados estamos en legislación del agua?

Actualmente solo Guatemala y El Salvador no tienen una Ley de Aguas. En gran parte se debe a que seguimos subestimando el tema de los recursos porque la primera impresión de muchos es que hay agua suficiente, que puedes llegar y abrir un pozo o tomarla directamente del río. Recuerdo el caso de un alcalde de Sololá que cuando le preguntamos si tenía problemas de agua, dijo que no.

Y luego veías el municipio y no había plantas de tratamiento ni cobertura para todas las casas, pero como el lago estaba cerca no creía que el problema existiera. Al mismo tiempo, en la misma región hubo otro alcalde con una visión más amplia que sí buscó financiamiento para tratar las aguas y para mejorar la distribución de agua potable. En gran parte nuestro problema es la falta de una visión común.

Usted estuvo al frente de la Secretaría Técnica del Gabinete del Agua durante el gobierno de Álvaro Colom. ¿Desde su experiencia en la gestión pública qué hace tan dificil impulsar políticas sobre agua?

Fue un trabajo muy enriquecedor. En cuatro años conseguimos sacar adelante la Política Nacional del Agua, la Política de Agua y Saneamiento y la Política en Cursos de Aguas Internacionales. Fueron pasos muy importantes, recibimos apoyo financiero de organismos internacionales y sostuvimos muchas mesas de trabajo con varios sectores para recabar preocupaciones y establecer los lineamientos generales. Hubo personas que aportaron mucho y creo que fuimos uno de los grupos de trabajo más efectivos. Lamentablemente, por alguna razón, la Política Nacional del Agua tardó demasiado tiempo en publicarse y cuando al fin se hizo, se dio el cambio de gobierno, llegó el Partido Patriota, y no hubo interés por darle continuidad.

Ese creo que ha sido uno de los principales problemas para tener una Ley de Aguas. En 2016, el primer ministro de Medio Ambiente de Jimmy Morales, Sidney Samuels, impulsó una nueva iniciativa (5161). Al mismo tiempo el entonces presidente del Congreso, Mario Taracena, me llamó para ser parte del equipo que iba a elaborar otra propuesta. Hubo mucho trabajo con ambas iniciativas para abrir la discusión pero luego se dio el cambio en la presidencia del Legislativo. Llegó Oscar Chinchilla y no estaba dentro de sus prioridades.

Incluso dentro del mismo gabinete de Jimmy Morales, cuando asumió Alfonso Alonzo, en sustitución de Samuels, tampoco le dio continuidad a las propuestas de su antecesor. Estos son procesos que llevan tiempo pero pareciera que siempre es volver a empezar.

Tanto en su paso por la Secretaría Técnica, como en su experiencia con la elaboración, en 2005, de la iniciativa 3118 de Ley de Aguas, ¿qué tanta influencia tiene el sector empresarial en estas discusiones?

En ese momento también hubo varias mesas de trabajo y recuerdo que la primera impresión del sector privado fue un rechazo total. Sobre todo de parte del sector azucarero y de la asociación de bananeros que se negaban rotundamente a pagar por el agua.

De parte de los empresarios de las hidroeléctricas también argumentaban que no podían pagar porque sus procesos no consumían agua, solo la aprovechaban. Fue una presión grande y solo por eso, por intentar regular, ya nos tacharon de comunistas y socialistas. Al final ese rechazo fue determinante.

Sin embargo en la propuesta de Ley de Aguas que presenta CACIF, en 2017, sí contemplan el pago por el recurso hídrico. ¿Qué cambió en 12 años?

Creo que se dieron cuenta que la conflictividad social alrededor del manejo de los recursos naturales y de los proyectos extractivos estaba creciendo y que la única manera de evitar una crisis mayor era entrar a regular la administración del agua. Estos vacíos legales al final más que ventajas lo que genera es ingobernabilidad y conflictos y eso no beneficia a nadie. Posiblemente esas preocupaciones generaron mayor conciencia y provocaron un cambio de postura, pero también pasa que los problemas sobre todo de contaminación se han agravado y no se puede solo ignorar, al final alguien tiene que asumir responsabilidades.

En el otro lado de la mesa hemos visto también una oposición por parte de las autoridades indígenas. El caso más conocido fue el rechazo de 48 Cantones a la iniciativa que usted trabajó.

Sí se opuso 48 Cantones pero no solo ellos. Seguramente son la autoridad indígena que más destaca por su nivel de organización y movilización pero hay muchas más comunidades que rechazan una Ley de Aguas. Creo que primero hubo un problema de falta de información clara para evitar todo el ruido que había alrededor. Se dijo incluso que era una iniciativa para privatizar el agua, pero no era el caso. También hubo un problema de desconfianza hacia el Estado que no es exclusivo de la discusión sobre la gestión del agua.

Un tema que le preocupa a las autoridades indígenas es que una entidad nacional que gestione el agua se imponga por encima del derecho de las comunidades a decidir sobre sus recursos.

Con la propuesta que trabajamos con el diputado Taracena tuvimos apoyo para abrir la discusión, la consensuamos con diferentes autoridades y justo el día en que la íbamos a presentar públicamente aparecieron otras autoridades indígenas diciendo que no les tomamos en cuenta. Guatemala tiene un problema que solucionar con respecto al diálogo con pueblos indígenas.

Porque yo me puedo presentar y decir que soy representante indígena de San Martín Jilotepeque y ¿cómo hace el Estado para confirmar que soy una autoridad? ¿Y para determinar cuáles son las fuentes de agua específicas que yo administro? Alguien podría decir que estoy enredando una ley, pero sin esa certeza para determinar quiénes son las autoridades y con quienes tenemos que dialogar, no vamos a llegar a ningún lado. Obviamente es un problema amplio y lo vemos por ejemplo, en la dificultad para llevar a cabo las consultas comunitarias por proyectos extractivos.

¿Hay algún país latinoamericano que superara una situación similar a la nuestra?

El caso de Ecuador. El expresidente Rafael Correa promovió una legislación sobre agua y se enfrentó con esa paradoja del diálogo mientras los pueblos indígenas se negaban rotundamente. Le costó una negociación de seis años —a eso me refiero cuando digo que se requiere continuidad— y finalmente en Ecuador se organizó un registro de pueblos indígenas y territorios indígenas que permitió empezar a regularizar los derechos de todos en el sistema de la Ley de Aguas.

Son tantos los problemas que parece que hay que solucionar primero que por lo visto no vamos a tener una Ley de Aguas pronto. ¿Qué se puede hacer en el corto plazo?

Precisamente cuando el entonces presidente del Congreso, Mario Taracena, me invitó a que yo participara le dije que, en vez de pensar en una ley, por qué mejor no impulsaba un programa nacional para lograr acceso universal de agua y saneamiento y un programa para controlar la contaminación y el deterioro de fuentes de agua. Le propuse que era mejor lanzar un programa de ese tipo y, desde allí, dar el apoyo a las municipalidades para que puedan prestar servicios de buena calidad y al mismo tiempo para que asuman la responsabilidad por la contaminación. Con el programa a diferencia de la ley, le resuelves de forma más inmediata un problema cotidiano a la gente.

Hoy sigo pensando lo mismo cuando veo tanto desacuerdo. Es mejor dar pequeños pasos en cosas no tan complicadas pero que de alguna manera benefician a las personas. Hay que resolver el abastecimiento y mejorar el manejo de las aguas residuales, y si ese plan nacional es exitoso también vas a empezar a allanar tanta desconfianza y a construir un punto de consenso. Solo garantizando el acceso universal se podrá evitar un estallido social.

Hay otras posturas en la misma línea que apuntan a que la Ley de Aguas solo sea un marco que delegue responsabilidades en las municipalidades. ¿Lo ve viable?

Podría ser, pero igual tiene que salir del Congreso y otra vez será el mismo problema. En cambio, si asignas un presupuesto a un programa como el que decía, se podrían conseguir resultados pronto. En Israel se van a vivir a un desierto, aprovechan la gestión de aguas y entran a competir al mercado de cultivos y en Corea del Sur, que no tiene mucha agua, crearon infraestructura para su transporte y para evitar que el agua dulce se vaya al mar. Yo no entiendo mucho de estas tecnologías porque no soy ingeniera, soy abogada, pero creo que tenemos que ser más prácticos.

Guatemala no administra su agua y no tiene infraestructura. La municipalidad de Guatemala es la que tiene más infraestructura pero no tiene planes a largo plazo. Luego ves que los Consejos de Desarrollo no solo tienen una capacidad de ejecución bajísima sino que no invierten con sentido estratégico, y eso hace que sea aún más alto el costo de invertir en agua. Este programa nacional del agua debería articular esos esfuerzos para responder y coordinar desde lo local, a lo regional y a lo nacional.

Es comprensible que tengamos municipalidades sin la capacidad técnica para impulsar proyectos de agua. ¿En el caso del Ministerio de Ambiente o del Ministerio de Salud, cree que hay un problema de falta de capacidad o de voluntad política?

Es falta de voluntad política.mbos ministerios tienen un buen presupuesto, que no se traduce en una mejor preparación para analizar los Estudios de Impacto Ambiental o para controlar mejor la calidad del agua. Tienes un Estado que no se preocupa por su gente.

En Guatemala la información sobre los recursos hídricos existe, pero no forma parte de un sistema que permita aprovecharla. ¿Cómo puedes administrar una tienda si no sabes qué tienes, cuánto tienes y cómo lo tienes? Nuestro “Talón de Aquiles” es esa falta de interés por generar conocimiento científico.

¿Cuál crees que sea el escenario social en el corto plazo?

Los problemas se van a ir agudizando. Las aguas subterráneas del valle de Guatemala están siendo sobreexplotadas. El Yaxá-Pixcayá, que es una obra interesante, tenía una capacidad inicial de 3 metros y actualmente conduce menos de 1 metro porque a lo largo de su recorrido lo filtran y nadie hace nada porque evitarlo. La Empresa Municipal de Agua (Empagua) se lava las manos diciéndole a los desarrolladores que hagan sus pozos y luego cuando el desarrollador entrega el condominio los vecinos tienen que ver qué hacen para mantener el pozo.

Hay pozos en residenciales con altos niveles de arsénico pero cómo es privado, el Estado no interviene. En el área rural cuando hablamos del problema, cada quien ve cómo le hace para salir adelante e ir parchando la situación. Hoy por hoy no tenemos infraestructura de calidad y la poca agua que tenemos se pierde por filtraciones o porque se mezcla con aguas residuales. Vamos a un estallido social y eso no es bueno para nadie.