Las comisiones de postulación recién terminan una maratónica labor. Pesaron los 18 días perdidos en una estéril disputa por la sede de las sesiones que quizá reflejó el afán de ciertos grupos de evitar que se cumpliera con elaborar las nóminas dentro del plazo. No podemos olvidar que venimos de una trasgresión constitucional: durante 9 años no hubo relevo en las cortes. A estas alturas, todavía hay personas jugando la carta de los amparos, apostando a la veleidosa alianza de poderes ocultos que mantiene el control sobre el sistema de justicia y no quiere perderlo.
Que haya nóminas entregadas al Congreso de la República es un triunfo, aunque modesto. Se une a otros, también modestos. Se habla de que no fueron elegidos los personajes más desprestigiados que han venido operando, a marchas forzadas, en ejecución de los planes de las alianzas criminales. Tampoco fueron incluidos la mayoría de los actuales magistrados de la Corte Suprema de Justicia que buscaban la reelección. Al depurar de las listas a los más conspicuos representantes de los poderes oscuros, se percibe cierto alivio.
Pero, ¿debería la ciudadanía alegrarse? ¿Qué significa realmente el triunfo de los grises?
Para empezar, no requiere mucha perspicacia comprender que personajes como Rafael Curruchiche, Mynor Moto o Jimmy Bremmer son simples operadores. Son desechables y no extrañaría que muchos de los que hoy se consideran grises, vayan ocupando su lugar a lo largo de los próximos años. Detrás del aparatoso y complejo proceso de selección, siguen activos personajes que fueron investigados e, inclusive, procesados penalmente tales como Estuardo Gálvez o Roberto López Villatoro. Se señala que la mayoría de los postulados en la nómina de la Corte Suprema de Justicia estuvieron incluidos en las listas del caso penal denominado «Comisiones Paralelas» donde se evidencia la mano de Gustavo Alejos. Sentir alivio de que Néster Vásquez, el más radical de las cabezas de la cooptación, no lograra totalmente sus objetivos, no debe tener como resultado normalizar que el proceso sigue estando fuertemente manejado por traficantes de influencias, dispuestos a asegurar impunidad al crimen y a mantener en vilo,con amenazas de criminalización, a cualquiera que no se pliegue a sus intereses.
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El proceso de selección que realizan las comisiones de postulación nos demuestra, una vez más, que se encuentra muy lejos de constituir un medio técnico donde personajes honorables, comprometidos con los ideales democráticos y republicanos, escogen a los mejores. Más bien se trata del campo de batalla donde se enfrentan las diversas facciones de los poderes ocultos. El poder de destrucción institucional que ostentan estas facciones es tal que lograron convertir al Colegio de Abogados en un órgano gestor de magistraturas. Algunas universidades se han prestado como proveedoras de títulos de maestrías y doctorados sin peso académico e, incluso, fabricantes de facultades de derecho con un puesto en las comisiones, pero sin ningún egresado. Al constatar estas penosas desviaciones, no se puede sino colegir que el sistema de postulación terminó por corromper a muchos de los electores, en lugar de que estos lograran hacer honorable un proceso que cimente los ideales de un Estado de derecho pleno, incluyente y respetuoso de los derechos humanos.
Frente a esta realidad tan golpeante, se alza el esfuerzo titánico de las personas que han mostrado su compromiso con Guatemala. No se olvida el papel que jugaron los decanos al oponerse a la inclusión de Consuelo Porras en la nómina para Fiscal General en el año 2019 y, durante el proceso más reciente, el papel que jugó la Planilla 8 que, al participar, tomó votos cruciales del Colegio de Abogados. El papel de la URL al ofrecer un espacio que aseguró la transparencia y posibilidad de acceso a las sesiones, o la presencia incansable de las autoridades de los pueblos originarios y de otros miembros de la sociedad civil, aún en horas de la madrugada. Todas estas representaciones de civismo muestran el deseo por una profunda y urgente transformación del sistema de justicia.
Desafortunadamente, el triunfo de los grises no llena esa expectativa.
Algunos de los miembros de las comisiones han comentado que las listas reflejan que el proceso sigue sin atraer a los mejores profesionales. ¿Por qué no resulta apetecible ser magistrado? Quizá podemos hallar la respuesta examinando a quienes han ocupado estos puestos en los últimos años. Los más altos cargos del poder judicial han sido desvestidos de la dignidad que merecen. Un buen abogado no quiere ser reducido a la triste función de operador de intereses mafiosos, o a la marginalidad que supone colarse siendo capaz, honesto y con el deseo de hacer un buen trabajo. El sistema es corrupto y, por tanto, atrae a muchos mediocres que están dispuestos a jugar conforme a las reglas que impone la cooptación. A los honestos los excluye y, en el peor de los casos, los castiga. ¿Cuántos jueces independientes hoy están en el exilio?
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No se puede maquillar un sistema que no funciona. Resulta evidente que la sustitución del sistema de elección de cortes es impostergable. Muchos atribuyen a la «politización» de las comisiones la debacle. Pero, ¿no resulta equivocado eludir que toda función pública es de naturaleza política? En una democracia, el problema no está en el sano ejercicio del debate ideológico y de los valores cívicos, cuyo marco es la propia Constitución. El sistema de justicia no es un mero gestor de casos. El verdadero problema es que los espacios políticos han sido tomados por el crimen. Y han sido criminales quienes han convertido al sistema de justicia en un mecanismo de impunidad o de venganza. El mayor pecado de las comisiones de postulación no es su «politización», sino la penetración de esta función constitucional por estos intereses.
Sumado a lo anterior, solamente el poder político puede reformar el sistema de elección de cortes y al propio organismo judicial. Mientras esté denigrado y en las manos equivocadas, cualquier reforma será un maquillaje. Ya se dió un ejemplo de gatopardismo: las reformas de 1994 no mejoraron los resultados. Muchos creen que fueron en detrimento de la intención original de los constituyentes y han contribuido a desmejorar el proceso.
Hay una batalla que está planteada entre una ciudadanía harta, que exige cambios profundos y los grupos criminales. No debemos dejarnos distraer por las minucias que se traducen en cambios irrelevantes. La tarea es conquistar los espacios de poder político para lograr una transformación institucional donde, desde todas las instancias, se persiga el bien común. Para lograrlo, debemos participar activamente, construir diálogo, consensos y una base social con fuerza suficiente para ser contrapeso a los grupos que hoy ostentan el poder. En el camino, será preciso comprender que el triunfo de los grises no basta. De hecho, es la antesala de más oscuridad.
