El acuerdo de US$170 millones para frenar una migración que envía US$19 mil 800 millones

«Su presidencia ofrece una oportunidad importante para seguir progresando». Las palabras de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, al recién nombrado presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, en su primer viaje oficial a Washington.

Durante aquel encuentro del 25 de marzo 2024 se habló de luchar contra la corrupción y reducir la migración forzada de guatemaltecos hacia aquel país, los temas más discutidos. Harris abordó la estrategia basada en cinco puntos:  invertir en el desarrollo económico de la región, combatir la corrupción y promover el buen gobierno, respeto a los derechos humanos y laborales, reducir la violencia y encarar la violencia de género. Ve en Arévalo a un aliado centroamericano para poner en marcha un nuevo intento para frenar la migración.

[relacionadapzp1]

Entonces, la vicepresidenta anunció 170 millones de dólares a Guatemala para combatir las causas y raíces de la migración guatemalteca en condición irregular.

Esfuerzos ha habido para detenerla, pero sin los resultados esperados, al contrario. Las políticas migratorias detonaron en violaciones a derechos humanos los últimos diez años. Ni las políticas del Plan Alianza para la Prosperidad propuesto durante la administración del expresidente Barack Obama, ni las agresivas medidas implementadas por Donald Trump dieron resultados favorables.

Según el economista, investigador y director del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), Ricardo Barrientos, el fracaso tuvo que ver con el planteamiento erróneo de estos programas desde su concepción.

«Estas medidas no partieron de fortalecer el crecimiento del Estado guatemalteco como el responsable de cambiar la realidad de su población, en especial las condiciones económicas adversas», explica. La migración forzada se abordó como un problema de mercado laboral donde pareciera que el rol del Estado es marginal. «Pero el tema implica mejorar las condiciones de vida de sus habitantes». De esa forma evitar que hombres, mujeres, jóvenes y niños sean expulsados por causas como la pobreza, el hambre, la falta de oportunidades, inseguridad, entre otros factores.

Cambiar de estrategia no solo es necesario sino urgente, insiste.

Se agradece, pero son 170 millones de dólares contra 19 mil 800 millones de dólares

En 2023 el ingreso de divisas por remesas familiares fue de 19 mil 804 millones de dólares; las estimaciones del Banco de Guatemala (Banguat) anticipan que para el cierre de 2024, serán 21 mil 600 millones de dólares. Aportes de migrantes, la mayoría  en condición irregular.

«Se agradece este ofrecimiento y se aplaude, no hay menosprecio, pero hay que cuestionar el impacto que puede tener un aporte de 170 millones de dólares para enfrentar un fenómeno migratorio que alcanza proporciones demográficas y macroeconómicas», señala Barrientos. En un país donde las remesas de los guatemaltecos migrantes superan las exportaciones (de 10 mil 110 millones de dólares en 2023) y que mantiene estable el tipo de cambio.

¿Cuál podría ser el impacto de la inversión que ofrece Estados Unidos para transformar las condiciones que obligan a las personas a dejar el país?, se cuestiona, y responde: «Enfrentar la migración significa una transformación económica profunda y estructural, dejar de ser una economía que funciona a base de la marginación, de la falta de acceso al crédito, de la precariedad, de la exclusión económica».

[relacionadapzp2]

La estrategia más efectiva: políticas públicas para garantizar desarrollo

Acuerdos bilaterales de este tipo entre Guatemala y Estados Unidos por sí solos no tendrán un impacto trascendental para frenar la migración forzada. Según la directora del Instituto de Investigación y Proyección sobre Dinámicas Globales y Territoriales (IDGT) de la Universidad Rafael Landívar, Úrsula Roldán, tienen posibilidades de éxito si se ejecutan de la mano de políticas públicas enfocadas en atender las necesidades y carencias que frenan el desarrollo de la población guatemalteca.

«Detener la migración es muy difícil, pero podemos disminuir la migración forzada. Implica una política de empleo permanente, de salarios dignos, posibilidades de educación para la juventud, becas para jóvenes a manera de brindarles alternativas de crecimiento», propone.

Guatemala acumula una deuda en cuanto a inversión social, en salud y educación. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el país ocupa el último lugar en inversión social. El dato es apenas una muestra de la brecha entre la realidad y el ideal de garantizar servicios básicos y otras garantías fundamentales para evitar que sus habitantes se vean obligados a emigrar. 

En esa línea, dice Roldán, el actual gobierno ha tenido acercamientos con la diáspora guatemalteca en el extranjero y ha tomado decisiones acertadas, como el nombramiento del titular del Instituto Guatemalteco de Migración. Pero faltan avances claros en poner en marcha políticas sólidas en materia de educación, salud, seguridad, por mencionar los puntos más importantes.

Barrientos insiste que el combate a la corrupción, bandera en el discurso de este gobierno, debe acompañarse de una transformación en el sistema económico, crediticio y fiscal. Algo que la actual administración no está en condiciones de iniciar. «El gobierno de Arévalo no tiene la fuerza para iniciar un proceso transformador, imaginemos lo que implica una reforma al sistema crediticio o una reforma tributaria».

[relacionadapzp3]

La variable excluida en la ecuación: migrantes y las comunidades en Guatemala  

Durante la visita de Arévalo a Washington en marzo, se presentaron proyectos en materia de infraestructura, energía y tecnología, despertaron el interés de las autoridades estadounidenses. Aseguraron colaboraciones por medio de la cooperación e inversión del sector privado, informó la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia. En intentos previos para reducir la migración, Estados Unidos enfocó sus esfuerzos y aportes económicos al sector privado para fortalecer empresas e incrementar las oportunidades laborales en el país. Un enfoque limitado.

«Cuando comencé mi trabajo en esta materia (enfrentar las causas de la migración) reconocí que teníamos que involucrar al sector privado para tener mayor impacto perdurable en la migración irregular. Un componente crucial de nuestra estrategia ha sido incrementar la inversión del sector privado en la región para ayudar a generar empleos y ampliar las oportunidades económicas», explicó la vicepresidenta Harris, el mismo día que anunció el nuevo aporte económico para Guatemala, en aras de reducir la migración. Canalizar los recursos a través de empresas y sector privado.

A criterio de Roldán, los aportes deberían enfocarse en las comunidades guatemaltecas que presentan mayores deficiencias y dificultades para su desarrollo. «Que muchos de los recursos vayan a las comunidades locales a través de apoyo a la micro y pequeña empresa. Sobre todo a las comunidades indígenas», recomienda. En cuanto al sector privado, se debe verificar que los aportes no lleguen a empresas extractivas (eso implicaría un daño en vez de beneficio) y que ayuden a la ampliación y generación de empleo. De nuevo: el enfoque debe ser más hacia las comunidades.

Pero puede que estimular empresas grandes no sea tan mala idea, matiza Barrientos. «El problema está cuando esta concepción de solución se reduce solo a eso y dejen por fuera a los principales actores: las personas que están en Guatemala pensando en emigrar o las que ya emigraron y viven en Estados Unidos». Propone, además, un estudio más profundo a las necesidades de este sector de la población para entender cómo utilizar estos recursos de forma más acertada. «Sería importante saber cuál es el perfil del migrante guatemalteco, hombres y mujeres, para saber cómo el Estado podría intervenir para ofrecer oportunidades de desarrollo».

Migración: una discusión a nivel regional

Guatemala será la sede de la Reunión Ministerial de la Declaración de Los Ángeles para discutir medidas a nivel de Estado y región que generen condiciones para una migración segura, ordenada, humana y regular. En el encuentro participarán más de 20 representantes de países y organismos internacionales.

La Declaración es un compromiso asumido por jefes de Estado y de Gobierno del continente americano para detener la migración forzada: que sea una «elección voluntaria e informada y no una necesidad», según un comunicado de la Casa Blanca. «Nos comprometemos a proteger la seguridad y la dignidad de todos los migrantes, refugiados, solicitantes de asilo y apátridas, independientemente de su calidad migratoria, y a respetar sus derechos humanos y libertades fundamentales», se lee en este acuerdo internacional.

eaa00978_copia.webp

Por Estados Unidos asiste el secretario de Estado, Anthony Blinken. En su agenda está reunirse con el presidente Arévalo en un contexto político en el que el mandatario dirige acciones para remover de su cargo a la fiscal general, Consuelo Porras. Ella fue públicamente señalada por el gobierno estadounidense como una funcionaria corrupta.

Blinken incluso ha asegurado que Porras utilizó su cargo para «proteger a sus aliados políticos y obtener favores políticos indebidos».

Su visita se anuncia como un segundo acercamiento entre ambos países para orientar los esfuerzos en reducir la migración irregular y forzada. Suman décadas en ello. Cambiar de enfoque haría la diferencia en los resultados de intentos anteriores.

***

Nota de la editora: Horas después de la reunión, funcionarios estadounidenses ofrecieron una conferencia de prensa. Eric Jacobstein, subsecretario de Estado Adjunto para América Central, defendió los esfuerzos de su país para reducir el desplazamiento forzado de personas. Agregó que en esta ocasión las circunstancias son distintas debido a que se trabaja bajo el enfoque de atacar las causas raíces de la migración, desde la gobernabilidad y de la mano del gobierno de Bernardo Arévalo:  “Ahora que tenemos un socio con quien podemos trabajar tenemos muchas oportunidades”. También prometió que los aportes económicos de EE.UU. hacia Guatemala se convertirán en inversión tanto para el sector privado como para grupos de la sociedad civil.