Temas tabús: ocho años de Plaza Pública

Plaza Pública inició su camino hace ocho años. El 22 de febrero de 2011 publicamos nuestro primer editorial, el que a su vez fue nuestra primera publicación. En ese texto planteamos nuestra intención de constituirnos en un medio de comunicación serio y democrático, comprometido con las luchas por la equidad social, contra la impunidad y la corrupción, a favor de la interculturalidad, en contra de toda forma de discriminación, por la preservación del medio ambiente y en contra la fragmentación social.

En estos ocho años de historia, Plaza Pública ha contribuido con la difusión de periodismo de profundidad sobre una amplia gama de asuntos de interés social, pero fundamentalmente con la exposición de algunos considerados en la sociedad guatemalteca como «tabús», temas que irritan a grupos poderosos, desnudan la realidad del país y sonrojan e incomodan a quienes preferirían que no fueran abordados, y que por lo mismo no suelen ser abordados por la prensa tradicional.

En nuestro octavo aniversario, queremos recordar algunos de esos «temas tabús» a los cuales hemos aportado investigaciones para que la sociedad guatemalteca hable de ellos con más información. Consideramos que es un buen momento para reiterar el compromiso de Plaza Pública de continuar investigando, analizando, publicando y fomentando discusiones sobre estos asuntos. Para seguir hablando sobre lo que “no deberíamos” hablar.

Élites, economía y abusos de poder

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En enero de 2012, Plaza Pública constató que niños menores de 14 años trabajaban en la finca de caña de azúcar de Otto Kushiek, entonces presidente de la Cámara del Agro. El delito, justificado por cañeros y azucareros como una cuestión cultural, era una práctica habitual en el sector agroindustrial estandarte en Guatemala.

En agosto de 2014, publicamos que ríos y lagunas en Retalhuleu eran contaminados por la vinaza, un fertilizante que resulta beneficioso para incrementar la producción de la caña de azúcar, pero pernicioso para peces, otros cultivos y la salud de los vecinos. El principal responsable de esta contaminación: el ingenio Tululá, el más importante productor de las “mieles” con que se elaboran rones añejos en Guatemala. Seis meses después, el ingenio había reducido (aunque no eliminado) el uso del fertilizante y el gobierno ni siquiera se apareció.

El sector privado organizado de Guatemala ocupa una silla, con voz y voto, en al menos 58 juntas directivas, comisiones y comités de diferentes rangos en instituciones estatales, según publicamos en enero de 2018. Una muestra del poder y la influencia real de las cámaras empresariales. Bien lo señalaba una publicación en 2006 “el sector empresarial influye en la formulación de políticas en toda América Latina, pero en ningún lugar tanto como en Guatemala”.

En agosto de 2012, un estudio publicado por Plaza Pública halló que la cercanía de las diputadas y diputados con el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) influye más en sus votos que sus propios partidos.

Una investigación multinacional alrededor de los Panama Papers, publicada por Plaza Pública en mayo de 2016, reveló la estructura financiera offshore (que incluye empresas, cuentas y sociedades) del expastor de la iglesia, excanciller y político Harold Caballeros y su familia. Otra investigación similar, publicada en noviembre de 2017, siguió la serie de transferencias de acciones por casi US$54 millones realizadas por el grupo Campollo, el mayor productor de azúcar de Guatemala, a varias sociedades panameñas.

Grandes empresas agroindustriales como los ingenios Pantaleón, La Unión y Magdalena o la palmera Hame, evitaron pagar el Impuesto Único sobre Inmuebles (IUSI) declarando sus tierras a precios muy inferiores al valor real, o simplemente no lo pagaban, según publicó Plaza Pública en octubre de 2016. Tras la publicación, hicieron sus pagos.

En febrero de 2016 publicamos que, fincas azucareras, bananeras y de palma africana han construido diques y presas sobre el cauce del río Madre Vieja para desviar el agua que necesitan sus monocultivos. En esta ocasión, pobladores y activistas lograron “liberar al río”. Uno de los conglomerados involucrados, el grupo HAME, tiene entre sus empresas a una con un amplio historial de denuncias, procesos y hasta exoneraciones fiscales.

Un estudio encargado por Plaza Pública en 2018 halló que la guatemalteca es “una de las élites económicas más acaparadoras de la región”. El autor del estudio considera que la visión de la élite guatemalteca “no es cómo ganar más, sino cómo no perder”.

Derechos sexuales y reproductivos

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La violencia obstétrica, al igual que la violencia ginecológica, es un problema invisibilizado y normalizado por la sociedad y el sistema de salud, que afecta a miles de mujeres durante su embarazo, parto y postparto. En julio de 2017 publicamos sobre este enemigo invisible.

La Educación Integral en Sexualidad (EIS) está dentro de los lineamientos del Ministerio de Educación, pero el Currículum Nacional Base no da garantía de se imparta con calidad. La mayoría de profesores, explica esta publicación de julio de 2018, no han sido educados en sexualidad ni en sus casas ni en las escuelas.

Las cifras que contabilizan las muertes de mujeres como consecuencia de abortos inseguros están ahí, a la vista, detrás de eufemismos como “infección pelviana” o “ruptura del útero”. El gobierno, publicamos en octubre de 2016, disfraza las muertes de mujeres por abortos inseguros.

“Si me dejas te mato y me mato”: asesinaron a sus parejas y después se suicidaron. En algunos casos por el miedo a cumplir sentencia y un castigo social. En otros, formaba parte de un plan de control sobre sus víctimas. Publicada en agosto de 2018.

En julio de 2018 publicamos que, a pesar de que el delito de violencia psicológica está tipificado en la legislación guatemalteca desde 2008, en muchas estaciones policiales lo desconocen. Antes de tomar una denuncia, los agentes exigen a la víctima que muestre moretones o heridas. No saben cómo investigar la violencia que no deja marcas.

Organización, protesta y movimientos sociales

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En junio de 2014 publicamos que la instalación de una hidroeléctrica en la aldea Ixquisis partió en dos a San Mateo Ixtatán, un empobrecido pueblo de Huehuetenango. La generadora de energía encendió la chispa de la conflictividad.

Desde 2011, un amplio grupo de vecinos de Antigua Guatemala pelea contra un proyecto de instalación de torres de transmisión eléctrica. En julio de 2017 publicamos que 37 consejos comunitarios de desarrollo área se unieron para evitar que el trazo de las líneas de transmisión pase por sus comunidades.

En 2017 investigamos en detalle el caso de Oxec, un conflicto central para dirimir asuntos relacionados con los megaproyectos y las poblaciones indígenas, y los hallazgos fueron muy soprendentes. Esta es la serie sobre Oxec. 

¿Es posible detener el avance de las pandillas juveniles en una comunidad pobre y estigmatizada por medio del arte, la formación política y la organización social? En noviembre de 2017 publicamos que en Ciudad Peronia sí ha sido posible.

El derecho a que los pueblos indígenas sean consultados antes de que el Estado tome decisiones sobre sus territorios genera disputas de tierras y de reglas. En mayo de 2017 publicamos que de un lado están aquellos que buscan que se reglamente para saber cómo aplicar las consultas comunitarias establecidas en el Convenio 169, y del otro, los que pretenden que sea solo la brújula que guíe la ruta.

En Totonicapán, un bosque, tratamos de abordar a partir de un símbolo de la unidad colectiva una forma muy concreta de organización indígena, mientras el caso de Los Copones nos sirvió para entender qué podemos aprender de cómo se puede reorganizar el Estado.

Pero no nos limitamos solo a Guatemala. También tratamos de entender esa forma de organización que son las barras bravas en Honduras y la gran caravana que recorrió miles de kilómetros en 2018.

Memoria histórica y justicia transicional

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Esta es la historia de cómo las vidas de dos hombres (Vitalino Girón, un expolicía jutiapaneco que acabó siendo uno de los últimos intelectuales del partido comunista, y el rector de la Universidad de San Carlos, Eduardo Meyer) se entrecruzaron en 1984, cuando el Ejército decidía quién podía vivir en Guatemala y quién no. Documentos hallados en el Archivo Histórico de la Policía Nacional permitieron comprender la lógica de una de las últimas campañas de “control social” contra el movimiento sindical ejecutadas por la dictadura militar. En noviembre de 2013 publicamos la serie “El rector, el coronel y el último decano comunista”, en 29 capítulos.

En septiembre de 2011 publicamos una entrevista con Ricardo Falla, sacerdote jesuita, antropólogo, autor de varios libros y ponencias y uno de los mayores expertos en el tema del conflicto armado interno de Guatemala. “Todos estamos manchados por el genocidio”, aseguró.

En enero de 2015 publicamos la historia que reconstruía la época en que Edmond Mulet, entonces alto cargo de Naciones Unidas y ahora coordinador nacional del partido Humanista, facilitaba poco ortodoxas adopciones internacionales de menores. Se tituló “La increíble historia de Edmond Mulet y los niños que exportaba” y le costó una candidatura presidencial que ya tenía atada con el partido Todos.

Manolo Vela hizo una tesis doctoral sobre la masacre de Dos Erres para explicar cómo el ejército llegó a ver a 201 civiles indefensos como enemigos del Estado que debían ser aniquilados. “Ningún ejército en la Guerra Fría había hecho lo que hizo el ejército de Guatemala”, dijo en una entrevista que publicamos en marzo de 2012.

En enero de 2012 relatamos el testimonio de mujeres que sufrieron horrores en el destacamento militar en la comunidad de Sepur Zarco tres décadas antes. Sus esposos fueron desaparecidos y ellas fueron sujetas a esclavitud sexual por los soldados durante meses. Eran “el recreo de los soldados”. Un año después de que en 2016 dos perpetradores fueron condenados por este caso, el Estado aún no cumplía con la sentencia judicial. Y en octubre de 2018 contamos sobre un nuevo proceso judicial por abusos similares en Rabinal.

En abril de 2014 publicamos sobre el proceso en contra del exguerrillero “Teniente David”, el único acusado por la masacre en contra de 22 personas en El Aguacate. Sus excompañeros le dejaron solo y le acusaron por la matanza.

Los cálculos de un especialista en estadísticas para derechos humanos, sobre el asesinato de 2,147 indígenas a manos del ejército en el área Ixil entre abril de 1982 y julio de 1983, son coherentes con la hipótesis que presentó el Ministerio Público en el juicio por genocidio. En abril de 2013 publicamos una entrevista con el especialista Patrick Ball.