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El abogado que une las empresas del caso B410

Barrera Maldonado, quien es un admirador de los novelistas franceses Albert Camus y Honoré de Balzac a juzgar por los nombres que daba a sus empresas, no actuaba solo.
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El abogado que une las empresas del caso B410

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Una publicación del medio EPInvestiga revela que David Francisco Barrera Maldonado es el fundador, administrador y representante legal de una buena parte de la red de 410 empresas que habrían defraudado al Estado de Guatemala más de 300 millones de quetzales en impuestos entre 2021 y 2023, caso que estaría vinculado a una estructura de corrupción en obras públicas que operó durante el gobierno del expresidente Alejandro Giammattei.

La primera vez que el nombre del abogado David Francisco Barrera Maldonado cobró relevancia fue el 31 de julio de 2019.

Ese día, una de las empresas que creó y representó, Corporación Klondike, Sociedad Anónima, presentó una oferta en una licitación para construir, instalar y operar cinco parques solares fotovoltaicos con capacidad de generar 110 megavatios de energía para el Instituto Nacional de Electrificación (Inde), una inversión que superaba los 110 millones de dólares.

Corporación Klondike, S. A. representaba la oferta de la empresa noruega Scatec Solar. A través de sus abogados y el nuevo representante, Mario René Beltrán Hernández, usaron dicha sociedad para participar en la licitación del Inde, la cual al final fue anulada por las autoridades del Instituto debido a los múltiples señalamientos de corrupción. Tras fracasar la licitación, Corporación Klondike fue liquidada y clausurada en julio de 2022, según consta en documentos del Registro Mercantil.

La segunda vez que David Barrera cobró relevancia a nivel nacional e internacional, su nombre no fue mencionado.

El miércoles pasado, el jefe de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), Marco Livio Díaz, denunció la existencia de una estructura de 410 empresas que preliminarmente habrían defraudado al Estado más de 300 millones de quetzales en impuestos de 2021 a 2023, pero la suma defraudada total podría superar los 800 millones.

Díaz denominó al caso como B410 debido al número de empresas involucradas en la red, la «B» hace alusión a la colonia Banvi II, donde están domiciliadas más de la mitad de las sociedades.

Según datos mostrados en la conferencia, el 75% de las empresas fueron constituidas por el mismo notario y unas 239 reportan como domicilio la 33 Calle C 10-16 zona 7 colonia Banvi II, una zona roja que al ser visitada por los investigadores de la SAT descubrieron que no existía. En dicho callejón habían instaladas cámaras de video seguridad, también se toparon con personas vigilantes que impedían que se ingresara al lugar.

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Representa al menos 410 empresas

Aunque el Superintendente se abstuvo de mencionar el nombre del abogado, EPInvestiga reveló que el nombre oculto era el del abogado David Francisco Barrera Maldonado.

Las empresas de la red B410 reportaron ventas por 5.7 millardos de quetzales entre 2021 y 2023, de enero a junio de 2024 han facturado ventas por 714 millones de quetzales.

Según datos del Registro Mercantil, de 2004 a la fecha Barrera Maldonado ha ocupado cargos de gerente o administrador único y representante legal en 509 sociedades, sin embargo, sólo 62 de esos nombramientos continúan vigentes, el resto ya están cancelados.

Al contrastar este listado con los nombres revelados por el jefe de la SAT, nueve empresas del grupo B410 le han vendido directamente a entidad públicas más de 82 millones de quetzales, según el portal de compras estatales Guatecompras. Estas sociedades anónimas son: Grupo Basado, Grupo Propela, Inversiones Caddie, Inversiones Humedales, Consorcio Las Mallorcas, Commerce Madness, Kaizen Inc, Megalodon y Calakmul.

El esquema revelado indica que estas dos empresas, pese a carecer de activos, facturaron un total de 64 millones de quetzales. Parte del dinero fue trasladado a una offshore en Belice, según indicó el superintendente.

¿Quién es el abogado?

La historia detrás de David Francisco Barrera Maldonado es desconocida; su partida de nacimiento revela que nació el 11 de marzo de 1984 en la ciudad de Guatemala. Su infancia transcurrió entre la colonia Amparo y la Bethania, zona 7, a la vecindad de la colonia Banvi II.

Barrera se graduó de Abogado y Notario en 2017 en la Universidad Da Vinci. Desde 2004 trabaja en actividades jurídicas, también estudió una maestría en Derecho Mercantil y Competitividad en la Universidad San Carlos.

En la página web de su empresa Kobuk, S. A. Barrera Maldonado se describe a sí mismo como un «visionario», comprometido en crear valor para sus clientes, empleados y la comunidad a través de prácticas empresariales responsables y sostenibles.

Además, en su perfil en LinkedIn afirma que presta servicios de asesoría y consultoría en todas las ramas del derecho y «se comunica e informa en todos los idiomas del planeta utilizando traductores electrónicos y humanos».

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Plaza Pública intentó contactar a Barrera Maldonado por medio del número registrado en diferentes empresas, pero al cierre de esta edición no respondió. Si responde a la solicitud de entrevista este reportaje será actualizado.

Pero Barrera Maldonado, quien es un admirador de los novelistas franceses Albert Camus y Honoré de Balzac a juzgar por los nombres que daba a sus empresas, no actuaba solo; el 75 por ciento de su red de 410 empresas fue constituida por el notario José Luis Oropín Mollinedo, con quien comparte oficina.

Oropín Mollinedo trabajó anteriormente para el Ministerio de Salud Pública entre 2012 y 2018 y se graduó de abogado y notario en 2018. En 2019 fue candidato a concejal suplente de la Municipalidad de Guatemala postulado por el Partido Viva.

Barrera Maldonado y Oropín Mollinedo trabajaban de la mano: Oropín era el notario que constituye las empresas y Barrera Maldonado el socio fundador y representante legal. Entre 2018 y 2024 han constituido más de 500 sociedades anónimas, las cuales vendían a clientes que las necesitaban para sus negocios entre los que figuran empresarios conocidos y otros bufetes.

 

Esta investigación fue realizada gracias al apoyo del Consorcio para Apoyar el Periodismo Regional en América Latina (CAPIR) liderado por el Institute for War and Peace Reporting (IWPR).

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