Juventino Gálvez: «La moderación del Presidente no debe impedir tomar el poder que le confirió el pueblo»

Juventino Gálvez, hace dos preguntas al mandatario. Una en un escenario menos hostil, le pide su postura respecto a los derechos públicos y ambientales de la ciudadanía. La otra en un contexto hostil, es decir, el actual, lo cuestionia sobre si ha previsto cómo detener un escenario en el que las instituciones judiciales como el Ministerio Público y la Corte de Constitucionalidad toman fuerza si unen a su bando a la Junta Directiva del Congreso.

En esta primera de varias conversaciones que expondrán puntos de vista distintos sobre las mismas preguntas, el vicerrector de Investigación y Proyección de la Universidad Rafael Landívar (unidad académica a la que pertenece Plaza Pública), analiza el contexto adverso en el que opera la actual administración, pero también señala errores importantes como no apostar por la comunicación estratégica. En cuanto a las acciones más públicas, como la creación de la Comisión Contra la Corrupción, considera que quedan en un plano accesorio si no se apunta a los cambios estructurales: el Organismo Judicial.

—Desde su área de especialización, ¿dónde identifica los problemas estructurales del país?

—Aunque hay diferentes maneras de categorizar los problemas estructurales, prefiero usar una que identifica tres ámbitos que son indicativos de la profundidad de la crisis nacional, permiten perfilar soluciones y también priorizar actores.

En rigor, serían las expresiones más concretas de estructuras históricas sostenidas a partir de correlaciones de poder en favor de minorías. Se trata de, (i) la imposibilidad de la mayoría poblacional de disfrutar plenamente de los derechos humanos tanto lo simbólicos —libertades de conciencia, expresión, reunión— como aquellos que otorgan capacidades y dan factibilidad a las necesidades materiales para vivir dignamente. Estos son los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (Desca); (ii) la carencia de bienes públicos con suficiencia, calidad, oportunidad y continuidad. Se trata de la infraestructura y las capacidad humanas y financieras para asegurar el acceso universal a la salud, la educación, el agua y el saneamiento como condición sine qua non para superar las carencias del punto anterior y (iii) el agotamiento, degradación y contaminación del ambiente natural y todos sus componentes —ecosistemas, especies y servicios ambientales—. Este hecho socava la vida en todas sus formas.

Estas carencias crónicas configuran escenarios de vulnerabilidad, es decir, indefensión profunda para la mayor proporción de la población guatemalteca, exponiéndola a una vida llena de precariedades y a la muerte. La reciente pandemia de la COVID-19 no solo dio testimonio de eso sino también del valor que tiene la existencia de bienes públicos —como las vacunas— y la solidaridad comunitaria.

—¿Existe alguna manera sintética de entender cómo llegamos a esta problemática?

—Si aquellas son expresiones, entonces las estructuras perversas y las correlaciones de poder que las sostienen, como dije antes, estarían ligadas a lo que en la Agenda Universitaria de Investigación de la URL llamamos nodos estructurales. Estos son (i) una globalización conflictuada y conflictiva; (ii) un modelo económico excluyente, extractivo y contaminante; (iii) la degradación y captura de la política en favor de minorías e intereses mafiosos; (iv) el deterioro de la naturaleza y el riesgo vital y; (v) la deuda de la tecnología con el bien común.

Yo creo que el desafío madre entonces de un gobierno prodemocrático es construir una correlación de poder para desarticular las bases perversas de esos nodos de modo que la vulnerabilidad de la ciudadanía popular pueda reducirse sostenida y sistemáticamente en las siguientes décadas. Esto demanda un sentido de largo plazo para que una secuencia de gobiernos prodemocráticos de cuatro años vaya cambiando estructuras y manifestaciones de estas, de manera sostenida.

—¿Considera que los funcionarios nombrados por el Ejecutivo han dado muestra de poder ejecutar acciones efectivas?

—La respuesta exige una consideración de las escalas temporal y espacial de los fenómenos de la realidad y sus actores —tiempos, lugares y personas, dirían los jesuitas—.

Sirve esta consideración para indicar que en estos tiempos los funcionarios operan en un escenario de tremenda complejidad —en el sentido que rebasa cualquier mirada disciplinar—; de profundidad —en el sentido que tiene arraigo de larga data—; y de peligrosidad —en el sentido que en el centro de estos operan actores visibles y ocultos con intereses particulares a los que no están dispuestos a renunciar—. Esa hostilidad que rodea los mandatos de los funcionarios es inédita, sobre todo, por el último elemento, es decir, estos no son aliados de las mafias. Su desempeño entonces está ligado tanto a sus propias capacidades como a este contexto.

Pero hay un elemento adicional que también me parece inédito. Se trata de la intención declarada por el Gobierno de cambiar el orden vigente de las cosas, del statu quo. La sola intención —aun sin oposición radical de actores regresivos— ya es descomunal porque hemos tenido décadas de acumulación de la degradación sistémica.

Pero, además de la disfuncionalidad de las instituciones y de los nudos presupuestarios y laborales que heredaron; las resistencias brutales y como hemos visto, sistemáticas y bien coordinadas, de los beneficiarios mafiosos del orden vigente, resultan siendo un agravante tanto para el pretendido cambio como para el desempeño actual de los funcionarios.

Y es aquí donde la mayoría de estos funcionarios de alto nivel, ministros por ejemplo, tienen una posibilidad de fracaso más grande. A diferencia de los últimos dos gobiernos, aquí el fracaso importa más, porque se diluye la esperanza de cambio.

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Así las cosas, los funcionarios deben ser muy hábiles para entender rápidamente el orden general de las cosas, afinar el dominio técnico de sus propios ámbitos de actividad y adaptarse rápidamente para concretar logros tangibles. Porque la ciudadanía, como hemos visto, reacciona en función de la solución de sus necesidades inmediatas. 

—¿Pueden rendir resultados y hallar equilibrio en medio de la hostilidad que usted menciona?

—Concretamente, creo que los problemas estructurales y sus manifestaciones tan solo podrían estar en la mira de los funcionarios, ojalá con más claridad, y estarían en un proceso de mediano plazo y a tono con el periodo gubernamental, empezando a jerarquizar esfuerzos y presupuestos. Será ya avanzado el año y seguramente al final de este que se podrá decir con más argumentos si estos funcionarios están en la dirección correcta.

En favor de estos funcionarios —sin despojarlos de toda responsabilidad de rendición de cuentas y de su condición de sujetos bajo escrutinio público— hay que decir que más conviene a la ciudadanía que tengan éxito porque eso ayudaría a valorar perfiles técnicos y rechazar el perfil de funcionario que ha caracterizado a los últimos dos gobiernos, especialmente el de Giammattei, dónde se ha degradado la figura de funcionario público hasta el extremo.

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—¿Cuál sería la principal falencia del gabinete de gobierno?

—En lo sustantivo y si organizamos sencillamente las cosas en planeación —incluyendo la emisión de algunos acuerdos gubernativos o ministeriales que están en su esfera de control— y la ejecución, yo percibo debilidades o, al menos, atrasos.  Yo espero que puedan desplegar rápidamente una mayor capacidad ejecutiva para concretar obras materiales —caminos rurales, puentes, recuperación de escuelas y hospitales— y procesos —abastecimiento de medicinas, por ejemplo—. Ese desempeño gerencial les daría más arraigo popular. Sabemos que trabajan con un presupuesto no diseñado por ellos, con rubros comprometidos, con deudas, con obras paralizadas por procesos judiciales y otros obstáculos, pero ahí es donde se necesita de su creatividad.

Dicho esto, creo que un agravante que se explica por sus propios méritos es el déficit de comunicación. Desaprovechan la oportunidad que brinda hacerlo estratégicamente para situar los mensajes que desean y de informar, no sólo sobre dificultades reales, sino de los progresos que, a pesar de la hostilidad general, van obteniendo. Esto es poderoso y también puede contribuir a la politización ciudadana. Así mismo, es grave que algunos ministros no sean conocidos a estas alturas, hecho que, políticamente hablando, afecta al Presidente porque, entre otras cosas, la presión se centra en su figura. Es decir, el Gobierno necesita diez liderazgos evidentes y activos, no solo dos o tres.

—El Estado actual opera sobre una institucionalidad desbaratada, ¿por dónde debe iniciar y pasar la ruta para rescatarlo? ¿Considera que el gobierno actual está en esa ruta?

—Claro, desbaratada en el sentido que, en rigor, no tiene las capacidades humanas, físicas y financieras —y quizá de información derivada de la investigación—, requeridas para asumir el mandato constitucional del bien común que tiene como expresión concreta el bienestar —y «bien ser»— de la gente, los bienes públicos robustos y prestigiosos y la calidad ambiental.

La realidad concreta da testimonio del fracaso institucional, entre otros factores, porque las instituciones han sido capturadas por intereses mafiosos que han desvirtuado sus fines. Las más sencillas relaciones —mas no simples— entre poder ejecutivo/políticas públicas —pertinentes, efectivas, oportunas, suficientes y continuas—; poder judicial/justicia —imparcial, pronta y cumplida— y poder legislativo/ debate de concepciones ético—políticas que conducen al bien común por intermedio de un sistema de leyes socialmente deseables; se han banalizado y degradado al extremo.

La mayoría de las instituciones del ejecutivo fueron recibidas por el gobierno actual saturadas de personas, no todas calificadas. En algunos casos hasta consumir la totalidad de los presupuestos destinados a la inversión y gastos de operación, hecho que podrían mantenerlas seriamente inmovilizadas en lo sustantivo. Y claro, mientras se utilizaron como botín vía plazas clientelares y fantasmas, debilitaron y corrompieron deliberada e inmisericordemente estas instituciones. En el gobierno pasado prácticamente tuvimos en la presidencia a un gerente del mal capaz de corromper y acaparar, en su favor y el de sus patrocinadores, todos los fondos públicos que quiso a manos llenas. Un verdugo de la población.

—Pareciera que el país no cuenta con maneras de hacer rendir cuentas a los funcionarios públicos ¿Por qué se permitió la amplia capacidad de gestionar como lo hizo Giammattei?

—Entre otras cosas, porque se perdió el sentido de pesos y contrapesos. Se conoce hasta el hartazgo la ocupación criminal que padecen las altas cortes, fiscalía y juzgados usando los recursos del pueblo en contra del propio pueblo para neutralizar a la disidencia y consolidar privilegios y el reinado del crimen. Y el Congreso se convirtió en un mercado de negocios y de impunidad donde aventureros de la política y mercenarios de las mafias acondicionan estamentos para dar sostenibilidad a regímenes corruptos, autoritarios, discriminatorios e impunes. Y no dejo de pensar en ese segmento de entidades autónomas a las que se les confirió esa condición para defenderse mejor de las tentaciones totalitarias de los gobiernos de turno. 

Es una tragedia ver en cámara lenta la profunda degradación que padece la Usac. Es doloroso ver a la academia en manos de rufianes. Pero también se ha corrompido el Infom, el IGSS está en constante amenaza y entidades más técnicas como el Inab se han vuelto inoperantes.

—¿Cómo se rescata algo como lo que describe?

—Usaré un término técnico de la teoría de los sistemas complejos que es el de la reorganización. Este señala que un sistema no evoluciona virtuosamente a partir de la fuerza impetuosa o inercial de sus propios procesos y vinculaciones. La evolución solo es posible por reorganizaciones deliberadas y aplicadas en varios niveles de organización.

Eso nos lleva a la necesidad de identificar y jerarquizar iniciativas con alto potencial de reorganizar y a la identificación de los actores centrales. No es el lugar para extenderse en esto, pero creo que insistir en las leyes de servicio civil, competencia, partidos políticos, entre otras, coinciden con esta concepción y afectaría en el más alto nivel de organización del país. En niveles meso estaría la ley de aguas, la ley de minería, las reformas a la organización de las universidades para prevenir su excesiva mercantilización, entre otras.

Y es aquí donde este gobierno aflora como la única opción transformadora y no hay ruta viable sino trabaja en la construcción de una correlación de fuerzas que tenga suficiente poder para empezar este proceso de reorganización.

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No es banal ni fútil decir que el presidente Arévalo tiene aún un fuerte respaldo popular, y por eso es menester que trabaje políticamente alianzas con segmentos ciudadanos capaces de dar batalla en contra de las fuerzas regresivas defensoras de ese actual orden perverso y degradante. Y también vale la pena recordar a los ciudadanos prodemocráticos, en todo el espectro de actividad, que no deben hacerse condenas tempraneras para desechar a un gobierno coherente con la transparencia y que aún tiene tiempo suficiente para adaptarse a las resistencias que estas fuerzas regresivas, sin límites morales, están presentando. 

—¿Va Guatemala por ese camino con el gobierno de Arévalo?

—¿En el de la reorganización? Creo que aún no se encuentra en esa ruta, por lo menos es lo que se percibe y, en caso contrario, no lo está exhibiendo como parte de su estrategia política, cosa que no le favorece. Aunque yo personalmente creo que los viajes del Presidente a los Estados Unidos y su relación en general con altos funcionarios de ese gobierno no es meramente diplomática. Seguramente veremos algo importante derivado de esa relación. 

Hay que tener claro que una cosa es lograr cierta neutralización de los enemigos de la democracia, cosa que ya es una tarea fuerte en sí misma, y otra es la de democratizar el país, de darle contenido a la democracia con bienes públicos potentes. Eso no es fácil ni rápido como cuando se mueve un switch de apagado y encendido.

Con relación a los miembros del Gabinete, algunos de los más comunicativos han mostrado algunas iniciativas reorganizadoras en su nivel. Estas son valiosas en la medida que pueden viabilizar sus operaciones sectoriales, pero sin aquellas de nivel macro y meso, no ofrecen sostenibilidad. Solamente servirán para sacar la tarea operativa, en muchos casos, mecánica.

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—La comunicación del gobierno ha centrado su eje en un discurso anticorrupción. Tomando en cuenta que este es un país construido históricamente sobre la misma, ¿hasta dónde se pueden realizar cambios profundos en cuatro años? 

—La corrupción es un modo de proceder que está presente y se retroalimenta a partir de conexiones en todos los niveles de organización del país. Puede explicarse como consecuencia de déficit ya sea de orden moral —que es obvio—, de orden reglamentario-administrativo que por un lado puede operar como incentivo perverso —por ejemplo, cuando presta un servicio más rápido que el procedimiento formal— y por otro, por problemas de diseño, disolviendo contrapesos reales en el ejercicio del poder —por ejemplo el Ministerio Público, los denominados jueces exprés o a la medida y las mismas actuaciones de la CC—. O porque deliberada y abiertamente un determinado actor con poder desafía la legalidad imponiendo —por diversos mecanismos de captura y colusión— un nuevo orden en favor de sus intereses particulares. Esto impacta todos los niveles de organización del país y los ámbitos —digamos familia, sociedad civil, mercado y estado—. 

La corrupción es capaz, como vemos, de erigirse no solo como lubricante sino como un régimen que modela todo. Un régimen que, al final de cuentas, apoya un modelo de acumulación desproporcionado y por supuesto criminal. Digo esto porque el variado déficit que mencione ya sugiere rutas de solución y tienen sus propios plazos. 

Independientemente de la concepción que tenga el gobierno sobre el asunto y especialmente el Presidente Arévalo, hay que decir que una cosa es el discurso electoral sobre la corrupción —que indudablemente sensibiliza al votante— y otra la erradicación, desde la acción política, de los déficit que la explican y la reproducen. 

Creo entonces que ahora hay más discurso que acciones pertinentes y de la profundidad ad hoc. No es que el discurso no sea necesario porque la narrativa también ayuda a sensibilizar y a crear un referente identitario, pero debe ser estructurado y sistemático más allá de la mera denuncia repetitiva. 

Las acciones que hemos visto, por ejemplo, la Comisión Contra la Corrupción son accesorias y dada la configuración actual de fuerzas, tiene alcance limitado y hasta podría estar desahuciada si los cambios estructurales en el organismo judicial no ocurren. Las acciones administrativas —despido de funcionarios, códigos de ética, normativos para el uso de vehículos, entre otros—, los vería como obligaciones básicas y también inherentes a un gobierno como este, diría pro—democrático y con límites morales —a diferencia de sus adversarios que están dispuestos a todo para frenarlo, para que fracase—.

—La crisis política de 2023 demostró que hay grupos con poder dispuestos a quebrar el orden democrático siempre que esto les permita mantener el estatus quo, ¿cuál es el rango real de acción del actual gobierno frente a estos actores? ¿Tiene la capacidad de utilizar herramientas reales para avanzar? 

—Para iniciar me parece útil hacer dos reflexiones. La primera tiene que ver con la      «indetectada» —en referencia a las encuestas— victoria de Arévalo. Yo creo que el deseo de cambio popular se volcó hacia esta opción, aunque, definitivamente, pudo ser otra. La elección hecha entonces representa, entre muchas cosas, el hartazgo por lo que hay y todas sus podredumbres y, esencialmente, la aspiración por el cambio y eso es esperanzador. Me parece que eso, espero yo, no tenga retorno.

Esto me recuerda una idea que recientemente leí en una entrevista que le hacen a la historiadora, escritora y profesora de la Universidad de Nueva York, Lisa Duggan. Ella cita el concepto de «optimismo cruel» de Lauret Berlant, quien aborda la difícil realidad de mantener la motivación, la lucha y el deseo de cambio a pesar de estar sumidos en la precariedad social, laboral, de la red de servicios públicos, de enfrentarse a las nuevas inclemencias del clima, entre otras. Aun así, la gente —y en el caso de Guatemala, una alta proporción de jóvenes— en un acto casi heroico, mantiene la aspiración de mejora, aunque los hechos a la largo del tiempo sostengan lo contrario. En nuestro caso, creo que esa posibilidad fue atada al partido Semilla y su candidato.  

La segunda tiene que ver con la reacción de lo que en nuestras categorías locales se denomina Pacto de Corruptos —denominación que ya les queda corta porque la crueldad con la que actúan es brutal al grado que gente ha muerto por sus actos— y cuyo proceder se contrapone —dialécticamente— a la aspiración popular desde lo que la misma Duggan denomina «Crueldad optimista» —crueldad para los otros optimismo para unos pocos— y que en esencia consiste en consolidar privilegios para minorías utilizando mercenarios infiltrados en la política quienes se cobran sobradamente drenando el erario público y otro tanto inunda las redes sociales con información falsa que contradice la ciencia, denigran a las personas o difunden conspiraciones para infundir miedo. Todo para sostener ese brutal, crudo, individualista, no regulado statu quo. 

La «crueldad optimista» dice Duggan, difunde la idea de que la minoría que tiene el capital creará trabajo para los demás y que, aunque sea precario, es más de lo que realmente merecen. Y aquí entonces cabe preguntarse ¿acaso no es este el móvil perverso detrás de la intención de derrumbar los resultados electorales?

—¿Diría entonces que el móvil detrás de la intención de tumbar las elecciones no fue ideológico, sino por intereses económicos corruptos? Se manejó una narrativa polarizante izquierda—derecha.

—Aquí hay que elaborar. No es ideológico, cuando concebimos lo ideológico en el sentido de que concepciones diferentes y sus respectivos modos de proceder disputan el poder político por la vía electoral para hacerse cargo de la máxima aspiración constitucional que es el bien común. Los adversarios políticos, en consecuencia, co-construyen las mejores opciones para la ciudadanía.

Claro que aquí hemos visto a fuerzas golpistas atrincherarse en la autodenominación de derecha y desde ahí buscan la destrucción del adversario a quien tildan de izquierda, comunista, socialista y demás. Eso puede llevar a pensar en dos cosas. Primero que asumen que la derecha es el «estatuto de la verdad» en este país. Y segundo, se trataría entonces de una ultraderecha criminal porque defienden lo que hay, el statu quo, en realidad lo que han co-construido: un país en ruinas, con gente que no tiene cabida y por eso migra, ambientalmente destruido, con instituciones prostituidas, donde el robo a manos llenas se ha normalizado y donde también se ha normalizado la muerte por todas las razones anteriores. Así que viendo los hechos ideológicamente, esta sería la ideología que hasta hoy ha dominado y que los electores rechazaron. Así que, si es ideológico, es claramente una lucha entre la ideología criminal y una ideología pro democrática, más humanista. Un país con un Estado de Bienestar.

En síntesis, defender ese orden de acumulación criminal y brutal sin futuro para las mayorías populares fue el gran móvil del intento golpista. Y por eso también hay que hacer notar que en esa disputa los beneficiarios de ese orden perverso, dejaron de lado las formas. La inminente pérdida de una gran tajada del poder —el Ejecutivo— los llevó al límite y se quitaron totalmente las máscaras. La inmundicia solapada por la impunidad que tenían garantizada tiene que ser de tal envergadura que las mafias se alinearon hasta la desesperación. Lo intentaron todo y esa primera gran batalla, la perdieron. No puedo dejar pasar por alto la condescendencia de los más prominentes empresarios y consorcios empresariales de este país con los sistemáticos intentos por desconocer la voluntad popular. 

Hoy es fácil comprender que esos actores con enorme poder económico visualizaron al MP como bastión para socavar al gobierno que no pudieron frenar y por eso continúan sentándose en la misma mesa ahora flanqueados por la Corte de Constitucionalidad. Tan solo la idea de transparencia, no digamos de cambios profundos en el orden vigente, que es lo que ha ofrecido este gobierno, les da terror.  Por eso, pasiva o activamente, lo van a socavar. Socavar al gobierno no consiste solo en reducir sus posibilidades de acción. La manera más cruel de hacerlo es seguir, desde el MP, encarcelando periodistas disidentes, enviando gente al exilio o manteniéndolos ahí y liberando delincuentes en sus propias narices. Incluso persiguiéndolos a ellos mismos, a figuras prominentes del gobierno.

Y en aquella intentona por desconocer los resultados electorales, por supuesto que es difícil olvidar a los líderes de las iglesias neo pentecostales que se rasgaban las vestiduras ante los hechos. Realmente, la pérdida obligada de esas caretas fue una ganancia de ese proceso electoral porque es mejor saber quién es quién.

—Mediando estos grandes intereses económicos, así como la cooptación evidente del sistema de justicia, ¿Qué rango de acción puede tener el Ejecutivo?

—Sobre el rango de acción y las herramientas del Gobierno, lo primero que hay que decir es que esto se corresponde con lo que otorga el poder ejecutivo que no es cualquier cosa. Como dije antes, es una gran tajada del poder y desde aquí se deben construir correlaciones de fuerza capaces de disputar los espacios que estos actores corruptos usurpan dentro del poder judicial y el poder legislativo y los espacios que también han construido ilícita y clandestinamente en la sociedad civil.

La moderación política del Presidente, por sus convicciones democráticas y el apego a límites morales que ha elegido, no deben ser un impedimento para que tome con determinación el poder que legítimamente le confirió el pueblo y lo use para neutralizar poderes mafiosos. El presidente debe optimizar ese poder y dinamitar la idea de que este le pertenece solamente a los grupos que históricamente han usufructuado el poder ejecutivo y han quebrado moral y materialmente este país. 

En síntesis, tendrá el rango de acción y las herramientas que el poder del ejecutivo y la legalidad le permita, pero sobre todo, tiene como nunca antes, la posibilidad de tejer alianzas poderosas con grupos de la sociedad civil, especialmente los sectores populares que ya demostraron capacidad de movilización y eso sí puede modificar radical y permanentemente el mapa de poder político.

—La elección de gobernadores comprobó que el sistema es operado por diputados, alcaldes, constructores e incluso funcionarios técnicos… un retrato de la captura del Estado desde el nivel nacional hasta el local, ¿cómo se puede operar en este contexto? ¿Debería dar concesiones que le permitan avanzar? ¿Cuáles?

—Si, durante este largo periodo de consolidación de una ideología dominante, reflejada en el brutal orden actual de las cosas, la captura ha sido sistémica, es decir en todos los niveles de organización. No hay trinchera despreciable cuando es posible drenar el erario nacional o aprovechar los privilegios que permite el control estatal. Aquí hay que recordar que el orden visible y vigente de las cosas ha requerido de esa alianza público—privada para erigirse de una manera realmente aplastante en contra de la mayoría de la población. Por eso la pérdida del poder ejecutivo les resulta fatal a las mafias y grupos privilegiados, cuya frontera ya es difícil de reconocer.

Y las gobernaciones, en el orden dominante de las cosas, en general, han sido una pieza en ese rompecabezas de poder perverso y criminal. Es evidente que los procedimientos que tradicionalmente han usado para usufructuar el poder no son compatibles con este Gobierno. Entonces no caben las concesiones.

Se debe recurrir a nuevas habilidades políticas, recurrir a la disrupción política, como decía antes, reorganizar las cosas, para liquidar las avenidas por donde estos actores y sus patrocinadores han circulado para llegar al poder. Y nuevamente, ahí es donde el gobierno debe fomentar una nueva correlación de poder local auspiciando a actores nuevos y sanos que han sido marginados por las mafias. Y para eso dispone de herramientas normativas, financieras y hasta de sensibilización local que debe usar deliberada y sistemáticamente.

—¿Y con respecto a la disputa con la Fiscal General qué opina?

—Lo que ya ha se ha dicho y yo comparto es que no se trata de una disputa personal del presidente. En realidad, es el presidente el que está obligado a generar condiciones propicias para una democracia con contenido para la gente, y el rescate de la justicia es una condición sine qua non. 

Rescatar el MP es necesario para juzgar a los criminales que han quebrado este país y para eliminar o al menos reducir la impunidad. Por otro lado, yo vería el rescate del MP como un resarcimiento del país por el enorme desprestigio que ha sufrido después que más de treinta países han sancionado a sus cabezas por ser considerados actores corruptos y antidemocráticos.

—¿Cuáles son los actores de poder con los que debería reforzar la cercanía para lograr cambios?

—Creo que en todos los ámbitos del sistema hay actores sanos y dispuestos a colaborar con el gobierno desde las arenas donde les corresponde jugar. Y esto también sería una novedad, porque históricamente, una vez alcanzado el poder, los gobiernos han visto a toda fuente de disidencia y fiscalización popular como un estorbo para concretar sus objetivos particulares, para afianzar o ampliar privilegios, para desfalcar, de las más variadas maneras los más de 100 mil millones de quetzales del presupuesto público.

Dentro de esos actores están, principalmente, los movimientos campesinos del área rural que protagonizaron las manifestaciones durante más de 100 días, grupos de periodistas de medios alternativos, algunas universidades prodemocráticas comprometidas con la labor universitaria profunda, grupos de defensores de derechos humanos, grupos de productores de pequeña y mediana escala y algunos de gran escala comprometidos con la democracia.

Creo que el Gobierno deberá recurrir a sus propias capacidades de inteligencia para ubicar y dimensionar estos grupos, o bien puede utilizar la investigación al respecto que ya se ha generado fuera de las esferas gubernamentales, en las universidades, por ejemplo, o en los medios de comunicación y organismos internacionales. Pero también debe mantener y fortalecer los vínculos con gobiernos de países amigos de Guatemala, comprometidos con la democracia de pesos y contrapesos. Y si nos inclinamos por categorías etarias, hay que fomentar la organización de los jóvenes a partir de cuya creatividad e ímpetu se explica en buena medida la victoria electoral del movimiento semilla. Si estos jóvenes fueron contundentes desde la llanura, lo serán aún más con acompañamiento público.

—¿Qué pregunta le haría Bernardo Arévalo?

—En otras condiciones —menos hostiles— le debería preguntar sobre el nuevo balance al final de su gobierno con respecto a la pregunta inicial: derechos humanos Desca, bienes públicos y calidad ambiental —Ojala los Ministerios avancen en esto—.

Pero a tono con el contexto actual le preguntaría si está consciente y gestionando activamente el riesgo al que está expuesto su gobierno frente a amenazas criminales. Si ha previsto cómo frenar un posible escenario en el que el grupo del MP, la CC y otros sectores regresivos se ve fortalecido con una junta directiva adversa en el Congreso de la República.