Los vicios del «compadre hablado» que develó el nombramiento de gobernadores
El presidente @BArevalodeLeon decidió devolver la terna a gobernador titular y gobernador suplente al CODEDE de Izabal, porque las propuestas no reúnen las condiciones para ser depositarios de la confianza pública. pic.twitter.com/J1XOb2ehib
— Gobierno Guatemala (@GuatemalaGob) March 21, 2024
Los vicios del «compadre hablado» que develó el nombramiento de gobernadores
Bernardo Arévalo rompió con la manera «tradicional» de designar a los jefes de las 22 gobernaciones, pero apenas sacudió las redes clientelares que atrapan a quienes nominan las candidaturas. A menos de un mes de cumplir 100 días al frente del Ejecutivo, el mandatario afronta un reto mayúsculo: elegir en un campo minado a funcionarios que prolongan en el resto del país el proyecto anticorrupción que vendió en las elecciones y que lo llevó al poder.
Desde antes de ser investido como presidente en enero de 2024, Bernardo Arévalo supo que debía hackear la forma de nombrar a los 22 gobernadores, los responsables de representar al Poder Ejecutivo en los departamentos.
Entre noviembre y diciembre de 2023, un equipo de transición gubernamental liderado por Víctor Hugo Godoy, hoy secretario de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia (SCEP), organizó 21 talleres en el país con organizaciones ciudadanas para identificar qué cambios debían introducir las nuevas autoridades estatales en el funcionamiento de los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes).
En cada Codede hay un mínimo de 15 sillas que se pueden agrupar en tres bloques: gobierno, municipalidades y sectores no gubernamentales. La ley faculta a estos últimos —miembros de oenegés, empresas, cooperativas y otras instituciones— a nominar a tres candidatos titulares y a tres suplentes para ocupar las gobernaciones departamentales, que se renuevan cada cuatro años.
En el papel, estas entidades trabajan como faros que sacan a luz las necesidades de infraestructura, salud y educación más urgentes de las comunidades. Cada año, bajo la coordinación del gobernador, plantean al Ejecutivo qué obras deben recibir presupuesto público para ponerlas en marcha.
Tras los diálogos sobre los Codedes, Godoy concluyó que: «Para gobernador, se ha votado por quien garantiza proyectos para ciertos sectores y ha habido gente que manipula [el proceso], especialmente de las compañías constructoras. Entonces había que transparentar el asunto para evitar esa manipulación».
Quince días después de su accidentada investidura, Arévalo atendió la sugerencia del ahora secretario de la SCEP. Reformó el procedimiento para designar a sus delegados departamentales y mandó a los representantes civiles de los Codedes a filtrar a los postulantes con base en siete criterios y a discutir de forma pública quiénes conformarían las nóminas de las que él escogería.
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«Antes la convocatoria era pública porque salía en el diario oficial, pero había un poquísimo número de candidatos. Ahí veíamos que solo era un requisito formal: ya se sabía a quién iba a nombrar el presidente, era compadre hablado», cuenta Linsleyd Tillit, representante de los colectivos de mujeres del Codede del departamento de Guatemala.
Las nuevas directrices impuestas por Arévalo sacudieron a los Consejos. «Algunos miembros se quejaron conmigo por la apertura del proceso porque ya no iban a tener solo a sus candidatos», reconoce un delegado departamental de la Secretaría de Planificación de la Presidencia (Segeplan), la cual participa en las sesiones de los Codedes para opinar técnicamente sobre las obras que buscan financiamiento. El representante optó por ocultar su identidad por temor a represalias.
La sacudida a los Codedes vino con el incremento de los interesados en ser gobernador. Según las actas de cada departamento publicadas en el portal del Sistema de Consejos de Desarrollo (Siscode), en 2024 hubo 1,516 postulantes en todo el país, mientras que la convocatoria de 2020 sumó solo 441. «Eso fue positivo. Nunca se había visto tanta atención en las gobernaciones», opina Argentina Osorio, del Codede de Petén.
Pero ese aumento del 244 % en la participación no fue suficiente para cumplir con el objetivo que trazó Arévalo. Las redes clientelares que ahogan a los Codedes resistieron la agitación que provocó el proceso. En las ternas se colaron personajes vinculados a los partidos políticos que la ciudadanía repudió en las urnas en 2023. Eso disgustó a colectivos ciudadanos y profesionales que monitorean el proceso.
«Vale más tardar unos meses para designar a un buen gobernador que someternos a otros cuatro años de corrupción», argumenta Ana López, de la Asociación de Abogadas Indígenas Chomija’. A inicios de marzo, esta organización pidió a Arévalo desechar las nóminas de 12 departamentos porque consideran que los integrantes no gubernamentales de los consejos no seleccionaron a aspirantes idóneos ni honorables.
Con mayor demora en el trámite que sus tres antecesores, el 20 de marzo Arévalo anunció que rechazó los listados definidos por los Codedes de 14 departamentos. Así, dejó a más de la mitad del país sin un nuevo delegado gubernamental. Solo designó a los funcionarios titulares de cinco departamentos y a los suplentes de seis.
«No hemos encontrado a personas [...] que nos dejen satisfechos en términos de las condiciones para recibir la confianza pública», justificó Arévalo durante el anuncio que hizo en el Palacio Nacional de la Cultura.
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¿Qué provocó esa desconfianza en los procesos de selección que involucran a alrededor de 300 miembros de Codedes? Estos son tres vicios del poder local a los que están sometidos estos consejos y que el gobierno de Semilla intenta desarmar.
1. Compra de voluntades
«La selección de las ternas para gobernador titular y suplente es motivo para ejercer presiones y manipular la elección de los representantes no gubernamentales, especialmente por parte de personas vinculadas a diputados distritales, con peligro de incurrir en tráfico de influencia y corrupción», concluye un estudio sobre el funcionamiento de los Codedes que la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes) publicó en septiembre de 2023.
Luis Linares, autor del informe, amplía el porqué: «Alcaldes, congresistas u otros gobernadores buscan controlar qué empresas están a cargo de realizar las obras propuestas por los Codedes. Con un gobernador afín es más fácil, entonces parte de la sociedad civil en los consejos se vuelve un peón para ese objetivo».
Alba Batres, integrante del consejo de Izabal, lo confirma. Asegura que desde agosto de 2023, seis meses antes de votar para definir las ternas, recibió unas 20 invitaciones a almuerzos por parte de potenciales aspirantes a la gobernación, cuyos nombres prefiere omitir.
Equipara esas llamadas a intimidaciones: «La gente insiste en doblegar voluntades. Conmigo no pudieron. Yo tenía que estar del lado del clamor popular, que no quería politiqueros. Si ya les dijeron que “no” en las urnas, ¿por qué insistir en llevar estos perfiles a puestos de toma de decisión?»
Izabal es uno de los departamentos que deberán enviar una nueva nómina de candidatos a Arévalo. En un inicio, el mandatario nombró al abogado Mauricio Boanerjes Sazo Vásquez como gobernador suplente, pero horas después se retractó.
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«Se tuvo acceso a documentación que previamente no había sido consignada», se limitó a justificar el gobierno sobre la decisión de dar marcha atrás. Cuando anunció a sus delegados, el presidente explicó en el Palacio Nacional que la Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado (SIE) usó «fuentes abiertas» —publicaciones en redes sociales o de la prensa, de acuerdo con el mandatario— para investigar a los postulantes.
Testimonios como los de Batres en Izabal se replican en todo el país. Y varios se hicieron públicos el 27 de febrero, durante una sesión del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural (Conadur), la instancia que coordina el trabajo de los 22 Codedes. En esa junta, representantes no gubernamentales de los consejos denunciaron ante Arévalo que sufrieron presiones para elegir a ciertos candidatos en las nóminas.
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A juicio de Linares, estas denuncias ratifican la captura de una porción de la sociedad civil que interviene en el nombramiento de los gobernadores. El estudio de Asíes expone que los Consejos Municipales de Desarrollo (Comudes) pueden tardar 11 minutos en las discusiones para aprobar proyectos de inversión que después proponen a los Codedes.
«[Esto] evidencia que no existe una efectiva participación de la población en la identificación de los problemas y de las soluciones, pues su carácter es puramente formal, para “cumplir” con el requisito de obtener el aval de los Comude, confirmando con lo recogido en varios testimonios sobre que los alcaldes manipulan a las comunidades», asevera la investigación.
2. Sed de control de presupuestos
De cada 100 quetzales contenidos en la bóveda del presupuesto público, los Codedes están a cargo de decidir el destino de casi tres. En los últimos dos gobiernos, han tenido a su disposición entre 2 mil millones y 4 mil millones de quetzales —de US$257 millones a US$510 millones aproximadamente— cada año, según el Portal de Control de Desembolsos y Transferencias a los Codedes (Codet). «Es un hoyo negro», admite el secretario Godoy.
Aunque las municipalidades son las responsables de gastar esos montos y ejecutar las obras de desarrollo —como ampliaciones de escuelas—, los gobernadores tienen la llave para abrir o cerrar el grifo. La normativa del Conadur los manda a autorizar los desembolsos para cada proyecto.
Esa facultad los convierte en otro peón que, de acuerdo con la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), sirve para que algunos políticos sostengan un sistema de financiamiento de propaganda y posible corrupción.
Así lo explicaron en este informe: «El financiamiento de campañas electorales se convierte en una inversión para ganar cuotas de poder político. Se espera que los candidatos financiados por estas empresas […] devuelvan el favor. [...] Muchas de las empresas de construcción en el ámbito local dependen de los arreglos que alcancen con diputados, alcaldes e incluso con las estructuras de los consejos de desarrollo. En algunos casos, estas empresas pagan comisiones».
A algunos gobiernos no les da pena inflar los bolsones anuales de los Codedes. En tres años, de 2021 a 2023, el expresidente Alejandro Giammattei aumentó los aportes presupuestarios de este rubro en un 35%.
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Los alcaldes que participan en la repartición del botín reconocen que las obras de los Codedes les sirven para pulir su imagen durante la época electoral. De hecho, durante la época electoral de 2023, el dinero de los Codedes fue uno de los incentivos que Giammattei dio para que 144 jefes ediles que buscaban la reelección se movieran a las filas del partido oficialista. Así lo expuso un reportaje colaborativo que Plaza Pública divulgó en junio de ese año.
Arévalo no ha insinuado que hará lo mismo en el proceso electoral de 2027. Pero ya dio luces de que busca que fluya más o menos la misma cantidad de dinero del grifo de los Codedes. El Ministerio de Finanzas propone que, en 2025, los gobernadores y el resto de los consejos dispongan de 3 mil 444 millones de quetzales para construir obras. El Congreso de la República podría trastocar esa cifra cuando discuta el borrador del presupuesto estatal a finales de 2024.
3. Artimañas legales
Es más fácil trucar una votación cuando las reglas se pueden interpretar de forma antojadiza. Tillit señala que eso sucedió en este proceso de designación de gobernadores: «Cada quien hizo lo que pudo y como quiso».
En el nuevo reglamento, Arévalo ordenó a los miembros no gubernamentales de los Codedes examinar a los aspirantes con base en seis categorías obligatorias: plan de trabajo, visión estratégica, empatía con la participación ciudadana, conocimiento de las potencialidades y problemáticas del departamento, capacidad y experiencia en administración y liderazgo para trabajar en equipo y bajo presión.
De acuerdo con Tillit, los criterios fueron «muy ambiguos» y abrieron la puerta a que cada departamento calificara de manera distinta a los postulantes.
«Puede que en un lugar hayan evaluado la capacidad con títulos universitarios, pero que en otro lo hayan hecho con cartas, cursos o cierres de pénsum. O con que el candidato haya participado en el Codede antes. Entonces, como tienes formas distintas de valorar, puedes priorizar las que sabes que beneficiarán a tu candidato», critica.
Godoy, el titular de la SCEP, que ayuda a coordinar la ejecución de los proyectos de los Codedes, argumenta que el presidente decidió mantener la apertura de los principios examinadores para que se pudieran adecuar «a la cultura de cada departamento».
«Pudiera ser que la empatía con la participación valiera 50 puntos en oriente. Allí pudieron haber pensado que era importante que [el candidato] no sea autoritario y que no ande con la pistola al cinto y la ponga en la mesa», comenta.
Bajo la óptica del secretario, la tabla evaluadora no fue la responsable de facilitar la manipulación de los nombramientos, sino que fueron las «triquiñuelas» a las que acudieron algunos miembros de la sociedad civil para invalidar expedientes por errores formales —como presentar documentación incompleta— antes de asignarles una puntuación.
Así lo ejemplifica Godoy: «Me consta el caso de alguien que metió su papelería y que ha vivido siempre en Alta Verapaz. Él puso en su declaración jurada que allí nació y ha vivido siempre, pero se encontró con que tenía que decir: “Por cinco años o más”».
Consultada por Plaza Pública, la Presidencia de la República afirmó desconocer cuántas candidaturas finalizaron su recorrido por ese tipo de argucias.
Una integrante de un Codede del occidente del país, quien prefirió omitir su nombre por seguridad, describe otra debilidad del instructivo que planteó Arévalo: no especificó si los Consejos debía consensuar una sola calificación para cada aspirante o si cada miembro no gubernamental debía determinar una nota de forma individual.
«En mi departamento yo propuse que decidieramos una calificación todos juntos y colocar esa, pero la mayoría quería que cada quien pusiera un número para cada criterio y luego promediar todo. Ante eso ya no pude hacer nada. Inflaron y desinflaron las puntuaciones para favorecer y perjudicar a los candidatos que ellos querían», reclama.
Justo en el occidente del país surgió una de las denuncias más fuertes de presunta manipulación en las votaciones a gobernador. La Hora publicó el 2 de marzo un reportaje que muestra mensajes telefónicos que al parecer evidencian cómo algunos miembros de la sociedad civil del Codede de Sololá estuvieron de acuerdo en catapultar a postulantes afines a Allan Rodríguez, diputado de Vamos reelecto por ese departamento.
Moisés Estrada Atz, abanderado de los sindicatos en el consejo y uno de los señalados en el artículo periodístico, declinó a dar declaraciones sobre el caso en una conversación por teléfono con este medio. En el Congreso, Rodríguez negó la acusación y tildó el reportaje de ser un contenido «pagado».
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Mientras el 64 % de los departamentos envía ternas nuevas, Arévalo ya descabezó a 17 Consejos Departamentales de Desarrollo. En un comunicado difundido el 25 de marzo, informó que destituyó a los gobernadores herederos de la administración de Giammattei. El anuncio corresponde a los territorios en donde los Codedes deberán repetir nóminas o el mandatario eligió solo a representantes suplentes, quienes fungirán ahora como titulares.
Este año, los Consejos tienen a su disposición 3 mil 392 millones de quetzales, el mismo monto con el que cerraron 2023, ya que la Corte de Constitucionalidad (CC) suspendió la validez del plan de gasto estatal del primer año de la gestión de Semilla.
El presidente afirmó haber cambiado las reglas de la designación de los gobernadores para que quienes manejen esos millones preserven la promesa anticorrupción que reiteró en las elecciones. Los personajes que, a criterio de Arévalo, fallaron en la primera selección de las ternas volvieron a tener la confianza para revisar los perfiles.
Arévalo mantuvo intacta su reforma al reglamento de los Codedes, que no están obligados por ley a incluir a candidatos distintos en las listas que deben rehacer. La devolución de las ternas se notificó el viernes 22 de marzo y tuvieron cinco días hábiles para remitirlas de nuevo, esto se vence el miércoles 3 de abril.
«Lo que estamos esperando es que, así como en algunos casos lograron producir candidaturas que han sido consideradas suficientes, en estos departamentos se entienda que no se aceptarán candidaturas que no reúnan las condiciones básicas», explicó Arévalo en el Palacio Nacional cuando Plaza Pública le preguntó por qué anticipa alcanzar resultados diferentes al jugar con las mismas cartas.
El delegado de Segeplan sugiere al gobierno replantear el cálculo: «Se podría cambiar la metodología sin que se obligue a los Codedes a mandar a otra gente. Por ejemplo, se podría especificar bien a qué se refieren los criterios de puntuación para reducir la posibilidad de manipulaciones».
El tiempo dirá si el presidente tuvo razón en fiarse tanto de Consejos de Desarrollo asfixiados por redes clientelares. Alba Batres, de Izabal, dice que algunos de sus colegas en otros departamentos dudan de participar en la segunda convocatoria: «Es inseguro formar parte de estos procesos cuando no se aceptan las prácticas viejas. ¡Imagínese que nos devuelvan esa papa caliente!»
En Chiquimula y Petén, la presidencia ni siquiera puede devolver la papa caliente. Dos amparos interpuestos por ciudadanos particulares en contra del trabajo de los Codedes de ambos lugares impiden, de momento, que Arévalo pueda nombrar a representantes en esos sitios. «No puede proceder a nada. Se debe esperar a que estos sean recursos definitivos y verificar qué es lo que indican», aclaró el gobierno en un mensaje a este medio.
La integrante anónima del Codede ubicado al occidente del país lamenta esa limitación que Semilla afronta para completar el equipo de gobernadores. «El partido tuvo una intención de hacer bien las cosas, pero, en realidad, no sucedió como ellos pretendían. Esto está cooptado desde hace muchos años. Solo que ahora ha sido más evidente», subraya.
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